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La comunidad ashéninka de Diobamba se encuentra a una hora en vuelo de la capital peruana a la ciudad de Pucallpa –en la región Amazónica de Ucayali–, luego otros 45 minutos en avioneta y cuatro horas en bote. Desde el 2017, esta localidad y sus poco más de 260 habitantes esperan la ampliación en 165 hectáreas de su territorio indígena. Los líderes señalan que de aprobarse este proceso las familias podrán realizar actividades forestales y aumentar sus ingresos, que hoy provienen principalmente de la venta de cacao y otros frutos de la zona. Sin embargo, con la llegada de la pandemia y con el inicio de investigaciones penales contra exautoridades de la Dirección Regional de Agricultura de esta región (DRAU) el trámite que comenzó el 2018 se detuvo.

Al norte del Perú, también en Amazonas, pero en Colombia, Nazareth Cabrera, lideresa indígena del sector de Araracuara, donde las comunidades también buscan empoderarse y proteger sus territorios con la ayuda del Estado, dice que aunque no conoce las cifras exactas, la deforestación ha aumentado. “Cuando vengo en avión vengo dándome cuenta de que por Caquetá o por San José del Guaviare, las selvas están azotadas. Y uno piensa: en esta lejanía, de dónde vienen, por dónde deforestan. Es mentira que la selva sigue intacta, eso es mentira”.

La ampliación de territorio de la comunidad de Diobamba en Perú, y las acciones para la protección de bosques en Colombia, son dos de las varias actividades que forman parte de los compromisos asumidos en el marco de la Declaración Conjunta de Intención (DCI). Se trata de un acuerdo suscrito el 2014 entre los gobiernos de Noruega, Alemania y Perú; y en 2015, entre Noruega, Alemania, Reino Unido y Colombia, con el objetivo de disminuir las emisiones de gases del efecto invernadero provenientes de la deforestación. Y es en este punto, donde los territorios indígenas tienen un papel fundamental, pues son los espacios donde mejor se conservan los bosques. 

Durante los últimos años, ante el avance de la crisis climática, la Amazonía sudamericana, que comparten Bolivia, Perú, Colombia, Brasil y Venezuela ha recibido un millonario financiamiento para contener la destrucción de los bosques. 

Estos fondos, incluyendo recursos como los de la DCI, buscan evitar los peores impactos del calentamiento global. En el Acuerdo de París y otros tratados internacionales, los países más ricos (responsables del incremento de la temperatura en el mundo) se comprometieron a aportar dinero al mundo en desarrollo para transformar los sistemas energéticos, industriales y agropecuarios y proteger a las comunidades más vulnerables. Pero con fondos limitados y entregados parcialmente a nivel global, el uso eficiente de cada proyecto es vital. 

Perú y Colombia son dos de los países con más acuerdos de financiamiento climático en marcha. OjoPúblico analizó los usos del fondo que forma parte del acuerdo de la DCI con Noruega, Alemania y Reino Unido, revisó informes de gestión de recursos en Perú y Colombia, solicitó reporte de gastos y ejecución a través de la ley de transparencia y entrevistó a líderes indígenas, expertos y exfuncionarios vinculados a este convenio internacional en ambos países para entender cómo y en qué se invierte y el impacto en las comunidades. 

ESPERA. Desde 2018, la comunidad ashéninka de Diobamba (Ucayali) aguarda que se apruebe la ampliación de 165 hectáreas de territorios.

Foto: OjoPúblico / Marco Garro. 

 

En Perú, a cinco años de la implementación del acuerdo, el objetivo de titular cinco millones de hectáreas de comunidades indígenas para el año 2020 ha avanzado en menos del 40%. Sin embargo, no todo este atraso puede atribuirse a las complicaciones relacionadas con la crisis de la covid-19. De acuerdo con un reporte del propio Ministerio del Ambiente, antes de la pandemia ya se evidenciaba un incumplimiento a la meta: en 2019 se tituló un 84% menos, respecto al 2018. 

A la par de estos acuerdos, diferentes publicaciones científicas y de la sociedad civil han destacado el rol de las comunidades tituladas en la conservación de bosques y su relevancia en la disminución de emisiones de dióxido de carbono (CO2) vinculadas con la deforestación. Es decir, las actividades donde se les ha considerado en la DCI son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos relacionados con la mitigación de la crisis climática, incluyendo las metas macro del Acuerdo de París.

Las comunidades indígenas parecieran ser una inversión lógica para este financiamiento. Sus comunidades cuidan del 80% de la biodiversidad del planeta y aportan enormes beneficios en conservación, captura de carbono y resiliencia. Sin embargo, en la última década, las comunidades en los países con bosques tropicales han recibido apenas el 1% de los fondos para la protección del clima y la biodiversidad, de acuerdo con el más reciente estudio de Rainforest Foundation Norway.

La atención del mundo parece estar moviéndose hacia este vacío en el financiamiento de la conservación. Durante la Cumbre Mundial de Líderes de alto nivel en la Conferencia Climática de Glasgow  (COP 26), los gobiernos de Reino Unido, Noruega, Alemania, EEUU, los Países Bajos y otros 17 donantes estadounidenses se comprometieron a apoyar con 1.470 millones de euros a los pueblos indígenas desde ahora y hasta 2025, por su papel comprobado en la prevención de la deforestación que alimenta el cambio climático.

Frente a los anuncios de la COP 26, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y sus miembros, en los nueve países de la cuenca amazónica, difundieron un pronunciamiento donde pidieron que las comunidades sean quienes gestionen y coordinen mecanismos de financiamiento directo, con el fin de que los fondos lleguen a quienes “habitan y defienden los territorios” por ser “actores clave con la capacidad de ofrecer soluciones viables y concretas para la protección de la naturaleza y la mitigación del cambio climático”. 

ACTIVIDADES. Los miembros de la comunidad de Diobamba se dedican en su mayoría y a la agricultura de productos como el maíz, plátano y cacao. 

Foto: OjoPúblico / Marco Garro. 
 

 

Los nuevos montos, calificados como “históricos” por políticos asistentes a la COP, se han anunciado años después de los compromisos suscritos en la DCI por Perú y Colombia con Noruega, Alemania y Reino Unido, y apuntan a los mismos objetivos establecidos hace, al menos, cinco años. Pero, ¿qué avances ha tenido la implementación de estos fondos internacionales y cuál es el rol que tienen los pueblos indígenas?

En Perú, los retrasos en el cumplimiento de los objetivos, como se detalla en esta publicación, responden a la llegada de la Covid-19 pero también a la gestión de funcionarios públicos, que incluso se encuentran investigados por actividades ilícitas como el tráfico de tierras o retrasan la aprobación y registro oficial de los títulos a favor de los pueblos indígenas de la Amazonía, quienes en algunos casos no cuentan con recursos para trasladarse a la capital de las regiones y dar seguimiento a sus trámites. 

En regiones amazónicas como Ucayali, que el año pasado lideró la pérdida de bosques, desde 2018 no se ha titulado —como parte de la DCI— a ninguna comunidad. Esta situación no ha permitido que se cumpla con la meta de reducir a la mitad el área de bosques (calculada en 11 millones de hectáreas, cinco de ellas correspondiente a titulación de comunidades indígenas) que no contaba con una categoría territorial asignada, previo al acuerdo internacional. 

Mientras, en Colombia, aunque hubo una disminución comprobada de la deforestación entre 2013 y 2016 —que generó un pago por resultados al Programa REM Visión Amazonía—, en el año 2017 se revirtió la tendencia y se perdieron más de 144 mil hectáreas de bosque, el doble respecto al año anterior. 

A la par, en 2018, la Organización Nacional Indígena (ONIC) emitió un informe donde se evidencian inconsistencias en al menos cinco hitos (señalados como avanzados o cumplidos por el Ministerio del Ambiente), en los que se reportó participación o beneficio de comunidades indígenas, que la ONIC interpela. En 2020, la entidad reportaba, de nuevo, “un rezago en la garantía de la seguridad jurídica de los territorios ancestrales”, y afirmaba que aún había “procesos importantes para la garantía de derechos indígenas que, como la política de protección de resguardos de origen colonial, el enfoque étnico del Pago por Servicios Ambientales (PSA) o la creación de la mesas de Concertación Indígena Ambiental” esperaban avances.

Tanto Visión Amazonía como el Fondo Colombia Sostenible, implementadores del acuerdo (aunque no de forma exclusiva), destacan la relevancia de la participación de los grupos étnicos en la protección de bosques, y priorizan los programas de fortalecimiento de capacidades de las comunidades involucradas, afirmando que desde el empoderamiento hasta acciones directas en el medioambiente, todas las medidas contribuyen con la baja de emisiones. No obstante, desde el Fondo Colombia Sostenible, un proyecto propuesto por la entidad con este fin tardó más de tres años en ser aprobado.

Perú: titulaciones y ampliaciones sin aprobar

 

Al llegar a Diobamba, como lo hizo un equipo de OjoPúblico a fines de noviembre del 2020, un amplio campo de fútbol recibe a los visitantes en el centro de la comunidad. A pocos metros del punto donde se realizaba un encuentro deportivo, rodeado de plantaciones de plátano, camu camu y cacao, la directiva de esta comunidad ashéninka recibió a este medio para atender las dudas sobre su proceso de titulación que forma parte de las actividades de la Declaración Conjunta de Intención (DCI), un acuerdo cuyos objetivos y metas son desconocidos para los dirigentes de Diobamba. 

—No, no sabemos lo que es. Solo vino un ingeniero y dijo que había un proyecto donde nos habían elegido para ampliar la titulación de nuestro territorio— señala Jarvi Tamani López, presidente de Diobamba, e intenta recordar el nombre del profesional del gobierno regional de Ucayali que los visitó en 2018, pero no consigue brindarnos ese dato.    

Siete años después de la firma de la DCI entre Perú y los gobiernos de Noruega y Alemania, las cifras muestran que la meta principal de evitar la deforestación se encuentra incumplida. En el 2020, el territorio peruano registró el nivel más alto de deforestación de las últimas dos décadas: más de 203 mil hectáreas de bosques perdidos, principalmente en las regiones Ucayali, Loreto y Madre de Dios, todas consideradas en las actividades de la DCI.

Uno de los principales compromisos vinculados a territorios indígenas de la DCI en Perú corresponde al incremento de, por lo menos, cinco millones de hectáreas de tierras comunales para el 2020. Este apoyo permitiría, en teoría, mejorar la protección de la biodiversidad en sus territorios. Pero el avance muestra que se ha alcanzado poco más de un 1,9 millones de hectáreas. Es decir, hay casi un 60% de la meta sin cumplir, un año después de haber pasado el plazo. En el 2019, se avanzó con poco más de 83 mil hectáreas tituladas y con el inicio de la pandemia en Perú se titularon poco más de 50 mil hectáreas, diez veces menos a lo alcanzado en 2018. 

El 2020 tuvo como escenario a la pandemia que retrasó las actividades de campo así como los trámites administrativos en las direcciones regionales de agricultura, despachos a cargo de la aprobación de titulaciones y ampliaciones de territorios indígenas. Sin embargo, el atraso ya era evidente antes de que llegara la Covid-19 al país: en 2019 se titularon poco más de 83 mil hectáreas, una cifra 84% menor a las más de 526 mil hectáreas registradas en 2018. 

Atrasos en zonas críticas

Una revisión al número de comunidades tituladas como parte de las acciones de la DCI, muestra que Ucayali ha tenido poca atención en los últimos años, pese a ser la región donde el 2020 se concentró la mayor cantidad de pérdida de bosques en el Perú: tuvo el 23,2% de los más de 203 mil hectáreas deforestadas en el país. A pesar de la relevancia de que comunidades indígenas cuenten con sus territorios titulados en esta región, para el 2019 y 2020, el Ministerio del Ambiente solo ha reportado procesos de titulación en comunidades de Junín, Loreto y San Martín. 

En Ucayali, según un reporte de avances al que tuvo acceso este medio, se tenía proyectada como parte del DCI la titulación de 40 comunidades indígenas al 2019, pero la realidad evidenció atrasos y procesos inconclusos. Solo se declaró la finalización completa del trámite en seis casos. En estos, las comunidades recibieron sus títulos de propiedad y se inscribieron en registros públicos. En otro grupo de tres expedientes se reportó la inscripción en registros públicos pero estaba pendiente la entrega de esta documentación a las comunidades. Y uno último requería la aprobación de un trámite ante el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). 

Otros 30 procesos de territorios indígenas, la mayoría correspondientes a comunidades ubicadas en la provincia de Atalaya, donde la presencia del narcotráfico ha aumentado en los últimos años, se encuentran a la fecha en la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU). 

Entre las actividades de la DCI también se ha considerado declarar más de 11 millones de hectáreas de bosques (el 45,4% de ellas vinculadas a la titulación de comunidades indígenas). Esta categorización, que permite un orden al uso y cuidado de los bosques, también incluye otros rubros que tampoco han evidenciado avances como los de reservas indígenas y de títulos habilitantes forestales, que desde el 2018 no cuentan con ninguna hectárea categorizada. Esta actividad, que debía cumplirse hasta 2020, tiene un avance de poco más del 50%.

Gustavo Suárez de Freitas, exmiembro del equipo técnico que diseñó la DCI en el Perú, considera que el Ministerio del Ambiente no cuenta con una unidad que permita el desarrollo óptimo de este financiamiento. El también coordinador del programa Perú del Earth Innovation Institute explica que la aplicación de este acuerdo debe tener una mirada intersectorial y no solo del sector ambiental. “En Brasil [el responsable de implementar la DCI] era un equipo de 15 ministerios, ¿aquí en Perú quién es?”, señala.

Para conocer el trabajo de las diferentes carteras en la ejecución de la DCI, este medio solicitó al Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri), vía la ley de transparencia, las coordinaciones realizadas por este sector y el Ministerio del Ambiente, pero en su respuesta la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (Digespar) señaló que no contaba con los “archivos requeridos” y recomendó realizar el pedido al Minam. 

Como parte de su respuesta, el Midagri también adjuntó un informe de cinco páginas preparado en noviembre del año pasado como respuesta a una solicitud del excongresista Lenin Bazán Villanueva. En dicho documento se mencionó de forma general que, como parte de la DCI, se habían titulado en una primera etapa 27 comunidades en Loreto y Ucayali entre inscritas y sin inscripción. Mientras que en una siguiente fase se habían logrado tres comunidades tituladas en Ucayali y San Martín. 

El documento remitido al exlegislador Bazán no especifica los números de titulación por región, pero los reportes oficiales muestran que Ucayali es la zona donde se ha tenido menos atención pese al creciente avance de la deforestación.

ENCUENTRO. Al centro de sus territorios, los miembros de Diobamba cuentan con un campo de fútbol para practicar este deporte en comunidad. 

Foto: OjoPúblico / Marco Garro.
 

En esta respuesta se destacó que el sector estaba a cargo de la iniciativa “más importante” sobre titulación, denominado Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT3), cuyo objetivo principal es formalizar la propiedad rural en la selva y zonas focalizadas de la sierra peruana. Sin embargo, a mediados de octubre, los retrasos en este programa generaron en Lima un plantón de líderes indígenas frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

James Leslie, asesor técnico de ecosistemas y cambio climático del PNUD, indicó a través del área de prensa del organismo técnico que según el proyecto en Perú, las titulaciones del programa DCI-PNUD para la primera y segunda etapa alcanzaban las 450 mil hectáreas y que las direcciones de agricultura de los gobiernos regionales deberían contar con mayor presupuesto para los procesos de titulación de comunidades. "Se observa que aún existen brechas de equipamiento necesario para realizar los procesos de titulación", señaló el especialista vía correo electrónico. 

Leslie también indicó que en la ejecución de proyectos se brindan capacidades como la logística y recursos humanos para el trabajo de campo  pero que la emisión de títulos "dependía absolutamente de la Dirección Regional de Agricultura''. El experto, al ser consultado por el poco avance en la titulación de comunidades de Ucayali, recordó la detención en 2018 de funcionarios de la DRAU y que en los años posteriores, además de la emergencia sanitaria, tenían conocimiento de "dificultades para consolidar su área de comunidades nativas". 
 

Expedientes en el limbo

En la reunión que sostuvo este medio con la directiva de Diobamba, los dirigentes recordaron el episodio fiscal donde estuvo involucrado la máxima autoridad de agricultura, Isaac Huamán Pérez. Este hecho, ajeno a las actividades que desarrollan como comunidad, marcó el retraso en la ampliación de 165 hectáreas de territorios que hoy le permitirían generar ingresos por la comercialización de madera.

— [En la Dirección de Agricultura de Ucayali] nos dicen que nuestros documentos todavía los tiene la fiscalía y sin eso no podemos avanzar— se queja el jefe de la comunidad, Jarvi Tamani López, mientras expande un mapa de Diobamba y señala con el dedo índice los nuevos límites que tendrían si le aprobaran su ampliación.

A fines del 2018, una incautación de la fiscalía penal de Coronel Portillo a la DRAU recogió una serie de expedientes que tenía en trámite el entonces director de Agricultura y hoy con prisión domiciliaria, Isaac Huamán Pérez. Entre los legajos intervenidos se encontraban los de las comunidades de Diobamba, Quempitiari, Nueva Esperanza de Tabacoa y Santa Clara de Uchunya. Esta última ha denunciado desde 2015 el desbosque en territorios que exige como suyos y hoy son usados para el cultivo de aceite de palma. 

El caso de Diobamba —que recibió su nombre por el canto que realizan los tucanes en sus vuelos, según relatan sus miembros— es un ejemplo del manejo en la titulación y ampliación de territorios indígenas que ha tenido a su cargo la dirección de agricultura de Ucayali, despacho donde un grupo de exautoridades incluyendo Huamán Pérez está investigada por la fiscalía de crimen organizado de Lima por tráfico de tierras en esta región amazónica. 

Jarvi Tamani López indicó a OjoPúblico que a la fecha ningún funcionario regional le había informado sobre los avances en el proceso de ampliación de sus territorios. La falta de señal telefónica e Internet, sistema eléctrico y presupuesto que implica trasladarse a la ciudad también han influido en que Tamani López no pueda darle seguimiento al trámite. 

"Hace un año que fui a Pucallpa [capital de Ucayali] y en la Dirección de Agricultura me dijeron que van a pedir la información a fiscalía para de nuevo a empezar [a retomar el trámite] y van a llamarnos cuando ya esté la titulación. Sin embargo, cuando vino la pandemia se demoró todito. Ahora no tenemos recursos para ir", recuerda el jefe Tamani López luego de mostrar el plano donde se encuentra la propuesta de ampliación de sus territorios. 

Pese a no estar involucrada en la investigación penal, el expediente de Diobamba no ha retornado a las oficinas de la DRAU. Este medio conoció que desde el 2019 tampoco se han realizado trámites para que los documentos relacionados a la comunidad regresen a la dirección regional. Fuentes fiscales del caso señalaron a OjoPúblico que la incautación de documentos no debe retrasar los procesos administrativos para otorgar títulos a comunidades indígenas. 

APOYO. El presidente de Diobamba, Jarvi Tamani López, lidera el pedido de ampliación de su comunidad. Sin embargo, la falta de recursos para trasladarse impide darle seguimiento al trámite. 

Foto: OjoPúblico / Marco Garro.

Al ser consultado sobre el retraso en el expediente de Diobamba, el director de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria de Ucayali, Gino Castagle Ríos, dijo a este medio que el pedido de ampliación se encontraba en la última etapa y tenía un “proceso de gabinete” culminado en campo, pero no podía avanzar porque los documentos todavía no regresaban a la dirección agraria. Castagle Ríos también señaló que desconocía “el proceder de la fiscalía” pero desde su dirección se comprometían a realizar “la consulta y pedido correspondiente [del expediente]”. 

De acuerdo a información entregada por los dirigentes de Diobamba a OjoPúblico, la Dirección Regional de Agricultura aprobó en octubre del 2018 el plano de demarcación territorial de esta comunidad ashéninka y solo quedaba pendiente la resolución de titulación para su inscripción en registros públicos, última instancia a la que no llegó pese a haber iniciado el proceso hace más de tres años. 

Pedro Tipula, geógrafo e investigador del Instituto del Bien Común (IBC), indicó que la responsabilidad en este proceso recaía en los funcionarios de la DRAU debido a que la aprobación de la demarcación territorial era una “etapa casi final del 99%” en el proceso de ampliación. “En verdad cuando tienes el plano perimétrico ya han pasado todas las etapas de verificación para ver si hay superposición, predios o derechos anteriores adquiridos. Entonces, ya con esa aprobación es una etapa que no tendría por qué demorar. Es una cuestión de trámite burocrático”, explicó. 

Por su parte, el exministro del Ambiente, Gabriel Quijandría Acosta, recuerda que los gobiernos regionales tienen un rol principal en el otorgamiento de títulos a comunidades indígenas y desde este sector se debe priorizar el avance de estos procesos para "tener un efecto importante en reducir la deforestación" y se pueda recibir "pagos por resultados" en el marco de la DCI. 

Quijandría Acosta también cuestiona que las autoridades regionales de agricultura estén a cargo de la titulación de comunidades porque “al no tener una mirada estandarizada tenemos 26 formas de ver los procesos de titulación y además se ha convertido en una fuente de corrupción de parte de los gobiernos regionales incluyendo los títulos asociados a territorios indígenas”, indica. 

Al avance en los procesos de titulación de comunidades indígenas, Quijandría Acosta también plantea que se debe mirar a la categorización de bosques porque se encuentran en un "limbo legal" y representan "zonas en las cuales ocurre la deforestación con más intensidad".

Gastos y actividades retrasadas

La Declaración Conjunta de Intención (DCI) fue firmada por los gobiernos de Perú, Noruega y Alemania el 23 de setiembre del 2014. Y a fines de mayo último, el gobierno de Francisco Sagasti aprobó una adenda que amplió hasta 2023 las dos primeras de las tres fases de la DCI. En esta nueva etapa se sumó el gobierno del Reino Unido y la agencia estadounidense USAID como observadora del proceso. 

Para el desarrollo de estas actividades, divididas en tres etapas, el gobierno noruego se comprometió a desembolsar alrededor de USD 300 millones pagados a medida que se cumplieran los resultados del programa cuya última y tercera fase todavía no se ha implementado, pese a que de manera inicial se tenía planeado ocurra hacia el 2020. En Perú, la responsabilidad de cumplir el acuerdo recae en el Ministerio del Ambiente a través de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación. ¿Qué avances se tiene a la fecha?

Entre 2016 y 2021 se han ejecutado más de USD 16,5 millones de acuerdo a cifras reportadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a cargo de administrar los fondos en Perú. Estos gastos han correspondido a la primera y segunda fase, cuyas principales tareas se han centrado en la aprobación de normas alineadas a la reducción de las emisiones producidas por la deforestación y la degradación de los bosques. 

Si se revisan las partidas de gasto, el mayor monto corresponde a pagos para consultores y servicios contractuales. En este grupo se encuentran los profesionales y técnicos locales que han ejecutado las actividades del programa, como el trabajo de campo para los procesos de titulación o ampliación de territorios indígenas. En el período analizado, este concepto representó el 61,7% del total de gastos (más de USD 9,2 millones). 

Las dos siguientes partidas fueron las de viajes (7,4%) y la denominada formación, talleres y conferencias (6,6%) todas vinculadas al cumplimiento de las actividades del proyecto. En un último bloque se encuentran una veintena de desembolsos (24,1%) correspondientes a gastos administrativos como adquisición de equipos de comunicación, mobiliario, alquiler de locales, entre otros.

Estos desembolsos responden a las actividades y objetivos del programa que si bien tenían como administrador al PNUD la institución responsable de la ejecución era el Ministerio del Ambiente, que a su vez coordinaba con otros sectores como el Ministerio de Agricultura o gobiernos regionales de la Amazonía incluidos en la DCI. 

Lucía Ruiz Ostoic, exministra del Ambiente, indicó que resultaba complejo que todos los niveles de gobierno puedan alinearse para cumplir las actividades del acuerdo, pero se debía tener claridad sobre los objetivos y parámetros a tener como guía. “No se puede hablar de proyectos separados sino de miradas territoriales integrales. Hay un rol que juegan los gobiernos regionales para saber si se está avanzando en esta lucha contra la deforestación”, explicó.

OjoPúblico también consultó, vía la ley de transparencia, sobre las coordinaciones del Minam con los gobiernos regionales de San Martín y Ucayali en el marco de la DCI pero, sin detallar su respuesta, el sector indicó que solo hubo una “carta de intención” para desarrollar las actividades de la DCI. El ministerio tampoco entregó la ejecución detallada del presupuesto e indicó que esa información la manejaba el PNUD. 

Colombia: las comunidades indígenas quieren involucrarse más

En Colombia, los territorios colectivos son indispensables para la gestión de los bosques: para 2018, concentraban el 53,4% de los bosques naturales del país, de los cuales el 46,1% corresponden a resguardos indígenas y el 7,3% a territorios colectivos de comunidades negras o afrocolombianas, de acuerdo con un informe del Ministerio del Ambiente y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). El 81% del total de estos resguardos indígenas se encuentra en las regiones de la Amazonía y Orinoquía, al sureste del país.

Entre los años 2000 y 2018, la deforestación en el país afectó más de 358 mil hectáreas en resguardos indígenas, 13% del total nacional (2.678.195 hectáreas), según el informe más reciente (2020) del Departamento Nacional de Planeación. Por ello, no es extraño que la Declaración Conjunta de Intención en el país concentre gran parte de su atención en fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas para la conservación de los bosques. 

El acuerdo, firmado entre Alemania, Noruega y Reino Unido con Colombia, en la COP 21 en París en 2015, se renovó en España, durante la COP 25 en el 2019, con un marco de trabajo hasta el 2025. Funciona por pago por resultados (los donantes desembolsan el dinero tras el cumplimiento de los objetivos) en dos modalidades distintas: la primera enfocada en la implementación de políticas, y la segunda en la disminución de emisión de gases provocados por la deforestación. 

El papel protector de los pueblos indígenas es fundamental para alcanzar ambos objetivos, por lo que el acuerdo hace énfasis en que estos grupos “tendrán la oportunidad de participar de manera plena y efectiva en la planificación e implementación de los programas”.

En Colombia, dos organismos concentran la mayor responsabilidad en la ejecución de objetivos orientados a la DCI: Fondo Colombia Sostenible, cuyos recursos son administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de una Unidad Técnica, y Visión Amazonía, un programa de MinAmbiente, cuyos recursos son administrados por el banco alemán de desarrollo Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 

PROTECCIÓN. La DCI en Colombia fue renovada hasta 2025 para amplificar el impacto de estrategias que busquen mitigar el cambio climático.

Foto: Visión Amazonía. 
 

Aunque los montos totales desembolsados para el acuerdo 2015-2020 no son claros (al cierre de este texto OjoPúblico no había recibido los reportes de gastos solicitados a MinAmbiente, a pesar de que los pidió desde el 18 de octubre), para la renovación de la Declaración, los países europeos se comprometieron a desembolsar hasta USD 366 millones, recursos a los que Colombia podrá acceder una vez cumpla con los objetivos e hitos acordados en el año 2019. De ese monto, 51 millones se destinarán al logro de objetivos y 260 millones a la reducción de emisiones.

¿Cómo involucra la gestión de estos recursos a las comunidades indígenas colombianas? En la DCI 2015-2020, Colombia se comprometió a ejercer “diferentes acciones para el fortalecimiento de capacidades dirigido a organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas”. La DCI 2020-2025 amplía el alcance del beneficio, y establece que para 2022 “se habrá formulado una propuesta para la implementación de esquemas de pagos por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación, dirigidos a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. Su planteamiento se hará con las comunidades y estará en fase de ejecución”.

No obstante, a la par, los informes de seguimiento de la ONIC revelan que el panorama para las comunidades indígenas no es tan alentador.
 

Fondo Colombia Sostenible: el retraso del fortalecimiento étnico

Por su relevancia en la conservación de los bosques, la ejecución de planes vinculados con las comunidades indígenas debería ser constante. Sin embargo, el proyecto Fortalecimiento de Capacidades de Grupos Étnicos para Reducir la Deforestación y Mejorar la Gestión de los Bosques, propuesto por el Fondo Colombia Sostenible (FCS) y clave para este proceso, tardó más de tres años en ser aprobado.

Con base en la información del Banco Interamericano de Desarrollo, suministrada por FCS a OjoPúblico, hasta el 31 de diciembre de 2020 el FCS recibió un total de USD 35,6 millones en contribuciones de los donantes, de los cuales se destinó el 7% del total para gastos de administración y ejecución (overhead para las agencias ejecutoras) en los proyectos 2018 y 2019.

De estos recursos, USD 29,8 millones se comprometieron para los proyectos del Plan Operativo Anual (POA) 2018 y 2019. Según el Resumen de Ejecución de los POA de estos años, para el fortalecimiento de grupos étnicos se propuso una suma de USD 4,8 millones (el 16% del total presupuestado para dicho período). Es la partida más grande, en comparación con los 16 proyectos restantes.

En la distribución de recursos propuestos se evidencia que las acciones para detener la deforestación y para el control de bosques son prioritarias sobre los programas de fortalecimiento de capacidades. 

No obstante, hasta la fecha el proyecto no registra desembolsos por cumplimiento, por el retraso en su aprobación. Andrés Salazar, especialista en Planeación y Monitoreo del FCS, explicó a OjoPúblico que aunque el proyecto fue preformulado desde las rondas de donación de 2018-2019, su aprobación se firmó recién en noviembre de 2021, después de los ajustes necesarios para su funcionamiento, por lo que está próximo a ser ejecutado. 

Aunque el proyecto estuvo presente en las rondas de donación de 2018 y 2019, los planes operativos posteriores evidencian que desapareció los dos años siguientes.

De acuerdo con el Plan Plurianual 2021-2022, el monto disponible para inversión en 2020 fue de USD $10,3 millones, usado para 8 proyectos, mientras 2 proyectos se mantendrían en fase de formulación y aprobación, por lo que se tenía previsto serían aprobados en 2021 por un monto de USD 6,6 millones. Estos últimos dos proyectos son el de Fortalecimiento de capacidades de grupos étnicos para reducir la deforestación y mejorar la gestión de los bosques y la Promoción de la economía forestal en apoyo a la lucha contra la deforestación.

Sin embargo, en el Plan de Acción de 2021 del FCS, el programa de Fortalecimiento de Capacidades de Grupos Étnicos desaparece nuevamente, y el componente vinculado con comunidades indígenas queda representado como parte del programa de Restauración Ecológica, ejecutado por Minambiente. “Los proyectos no priorizados en el PAA 2021, tienen calidades similares a los presentados, por lo que cumplieron los criterios de elegibilidad. Sin embargo, al no existir disponibilidad presupuestal para el PAA 2021, estos conformarán los proyectos del PAA 2022”, indica el documento enviado por el FCS a OjoPúblico.

En efecto, en el Plan Plurianual 2021-2022 del FCS, después de dos años, se retoma el proyecto. “Se recibieron 85 temas sugeridos por los participantes, para ser considerados y contrastados en los instrumentos de planeación y gestión del FCS, de los cuales 27 fueron realizados por los grupos étnicos. De estas propuestas se destacan las relacionadas con: la inclusión de los territorios étnicos en la línea de inversión 1.5, reconociéndolos como diseñadores e implementadores de políticas públicas”, asevera el documento.

El componente étnico no es exclusivo del proyecto de fortalecimiento, por lo que, aunque este se aprobó apenas este año, FCS ha seguido ejecutando programas vinculados con comunidades indígenas. Como parte de otros objetivos orientados al cumplimiento del DCI, el Fondo Colombia Sostenible iniciará en 2022 procesos de restauración en 200.000 hectáreas en zonas de alta deforestación, incluidas las tierras ubicadas en territorios colectivos de grupos étnicos; y establecerá estrategias de ocupación, el uso y tenencia para ocho áreas protegidas clave en Colombia.
 

Visión Amazonía: fortalecimiento para mitigar la crisis

El programa REM Visión Amazonía es una iniciativa del gobierno colombiano para  la reducción de emisiones provenientes de la deforestación. Para ello, busca establecer un modelo de desarrollo sostenible y bajo en carbono para la región amazónica que permita un mejor uso de la tierra y otros recursos naturales. Tras la firma de la Declaración Conjunta de Intención, el órgano se convirtió en uno de los implementadores del acuerdo.

El Primer Informe de cumplimiento de hitos bajo la modalidad 1 (2021), emitido por MinAmbiente, detalla que a través de Visión Amazonía se han beneficiado 139 proyectos de comunidades indígenas, como parte del pilar Gobernanza Ambiental (uno de los seis pilares del programa). Este pilar concentra 22% de los recursos del presupuesto total, y entre julio de 2016 y junio de 2019, Visión Amazonía había planificado y aprobado USD 60,7 millones, de un total de USD 85 millones que los donantes proyectan desembolsar por reducción de emisiones hasta 2021.

Todos los proyectos han sido propuestos e implementados por organizaciones indígenas, de acuerdo con Eduardo Ariza, antropólogo líder del pilar. La mayoría de los programas se han enfocado en el fortalecimiento de capacidades, gobernanza, soberanía alimentaria, ordenamiento territorial, lengua y tradiciones. 

Visión Amazonía participó también, durante 2020 y hasta marzo de 2021, en la asesoría técnica a los municipios que concentran los más altos niveles de deforestación, para la incorporación de los lineamientos desarrollados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el proceso de revisión y ajuste de sus planes de ordenamiento territorial.

Aunque menos de 10, en Amazonas, Putumayo y Guainía, plantean explícitamente estrategias para la mitigación del cambio climático, a través de los otros pilares se ejecutan más proyectos de esta índole. En conjunto, todos buscan contribuir con la baja de deforestación y, por lo tanto, de las emisiones que provocan, afirmó a OjoPúblico José Yunis, director del programa REM. “Derrotar la deforestación es complejo. La respuesta de Visión Amazonía se hace desde muchos frentes, articulando políticas para reforzar la protección de los bosques”, explica. Afirma que el empoderamiento de estas comunidades tiene un impacto en el territorio y, por lo tanto, en el cumplimiento de los objetivos. Asegura también que en las comunidades que han sido intervenidas, la deforestación se mantiene o baja, pero no aumenta.

Ariza coincide con Yunis, y señala que uno de los aspectos que más ha influido en la protección de los bosques es la tenencia de tierras. “Estas áreas [controladas por grupos étnicos] son las que menos deforestación tienen. Por eso los recursos están orientados a los mecanismos de gobernanza ambiental que tienen y los sistemas de vida que manejan”, añade.

Respecto a esto, el informe de seguimiento de la ONIC publicado en 2020 señala: “celebramos estos pasos en la ejecución de programas en terreno y de proyectos con organizaciones indígenas y campesinas. Sin embargo, el porcentaje de inversión reportado, del 21%, es bajo respecto del 79% para creación de condiciones y políticas relacionadas. Muestra un desnivel que es conveniente equilibrar”.
 

Grupos étnicos inconformes

Los reportes de cumplimiento de objetivos de la Declaración Conjunta de Intención (publicados por MinAmbiente) relacionados con grupos étnicos difieren de los reportes de comunidades indígenas.

El POA 2019 del Fondo Colombia Sostenible señala, por ejemplo, que “los grupos étnicos en el proceso de preparación de REDD+ (llevado a cabo en el período 2015-2018), identificaron algunas posibles soluciones, las cuales fueron incluidas en documento de Estrategia Integral de Control a la Deforestación y la Gestión de los Bosques”.

No obstante, el Primer Boletín de Seguimiento de la Organización Nacional Indígena a la Declaración Conjunta de Intención, publicado en febrero de 2019, reporta fallas que contrastan con esta afirmación, e interpela, además, la evolución de las medidas para frenar la deforestación.

De acuerdo con la ONIC, “mientras el gobierno colombiano anunciaba un cumplimiento del 80% de los hitos de la DCI y con ello una lucha frontal contra la deforestación, la rama judicial colombiana en cabeza de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia estimó con su sentencia STC4360-2018 del 5 de abril de 2018, que el fenómeno lejos de atenuarse se ha fortalecido en regiones como la Amazonía Colombiana, debido a serias debilidades en las políticas públicas y estrategias propuestas”.

Aseguran, también, que entre 2016 y 2017 solo se hicieron dos seminarios sobre monitoreo de cobertura forestal, donde participó una representación de apenas dos organizaciones (como asistentes y no como panelistas), y que la convocatoria se limitó a la publicación en la página web del Sistema de Información Ambiental de Colombia; que pese a su uso de los canales regulares no son escuchados, y que el mecanismo de Peticiones, Quejas y Reclamos no es de respuesta inmediata y es virtual, por lo que muchas comunidades no pueden acceder a él; y que si bien algunas convocatorias permiten la postulación de comunidades indígenas, estas son “restrictivas y excluyentes”, por lo que los grupos étnicos no tienen acceso real a la gestión y ejecución de los recursos.
 

PROTAGONISMO. Más de un tercio de los proyectos ejecutados por Visión Amazonía tienen como lideresas a mujeres indígenas.

Foto: Visión Amazonía.
 

La ONIC atribuye estas inconsistencias a que “los informes del gobierno hacen sus clasificaciones de cumplimiento sobre la valoración de algunas actividades ejecutadas y no de una ponderación directa de su impacto ambiental real”, y exhorta a la comunidad internacional a revisar, aclarar y modificar algunos compromisos suscritos. OjoPúblico intentó contactar, sin éxito, a representantes de la ONIC para verificar si su acusación fue atendida.

El mismo informe destaca fallas también en la formalización de tenencia de tierras, y afirma que, para la fecha 2,6 millones de hectáreas se encontraban pendientes por titulación colectiva. “A la fecha solo se han formalizado 44 resguardos para los pueblos indígenas, y se encuentran en fila cerca de 1.200 solicitudes a nivel nacional”, dice el informe.

Gabriel Muyuy Jacanamejoy, Secretario Técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC), opina que estas diferencias entre los reportes se deben a que el gobierno nacional invierte más dinero en gastos administrativos que en medidas que propicien un impacto ambiental tangible. “Más que declaraciones lo que se requiere es acción, muchos recursos se invierten solo en planificación”, afirmó el también exvicepresidente de la ONIC a OjoPúblico. 

Para Muyuy, el impacto ambiental de la DCI solo es posible “con voluntad política y decisiones correctas”, que estén acompañadas de “pedagogía y socialización de documentos que involucre a los pueblos indígenas”.

El dirigente indígena, licenciado en Filosofía y Teología, afirma también que la vinculación de los grupos étnicos en la conservación de bosques debe contemplar el respeto de sus derechos territoriales y el  fomento del diálogo intercientífico a partir del reconocimiento de sus conocimientos milenarios. “Los pueblos indígenas tienen muchas dificultades en la garantía de sus derechos individuales y colectivos. Si no se garantizan sus derechos y no se trabaja de forma articulada entre el sector público, privado y comunidades indígenas y no indígenas, no habrá un impacto ambiental real”, asegura.

Ante el señalamiento de Muyuy, Eduardo Ariza, líder del pilar indígena de Visión Amazonía, hace énfasis en que desde la organización sí se invierte dinero en acciones precisas y contundentes que contribuyen con la conservación del medioambiente “en toda la bioma amazónica, no solo en el área de deforestación”, y no solo en planificación y capacitaciones. 

Pese a esta afirmación, la inconformidad de la comunidad indígena sigue latente. En su reporte de 2020, la ONIC hallaba, de nuevo, faltas importantes. “Persiste un rezago en la garantía de la seguridad jurídica de los territorios ancestrales. No ha operado  el  procedimiento  de  protección  legal  de  los  territorios  indígenas. Hay una mora inmensa en la constitución de resguardos indígenas. Los trámites para ello son lentos y engorrosos, con procedimientos no contemplados en la Ley”, destaca el documento. 

En este pronunciamiento también se asegura que “la aplicación del mecanismo de la consulta y consentimiento previo, libre e informado, como derecho fundamental de los pueblos ancestrales, deja mucho que desear en el cumplimiento de compromisos, pero sobre todo en el bajo respeto al diálogo diferencial con culturas diversas”.

La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), por su parte, también se pronunció en setiembre de 2021 ante el silencio del gobierno nacional en el reconocimiento de sus derechos y la exclusión de la que afirman ser víctimas: “El gobierno colombiano, en reiteradas ocasiones, ha negado en forma manifiesta la participación real, activa y efectiva de los Pueblos Indígenas Amazónicos en las decisiones que conciernen sobre nuestro territorio”, aseguran, y citan como ejemplo la discusión y aprobación del Pacto de Leticia, enmarcado entre los logros de la DCI. 

En medio de reportes, presupuestos, adendas y actividades de financiamiento climático no se debe perder la labor de las comunidades indígenas quienes desde sus territorios —en muchos casos con el uso de sus saberes ancestrales— tienen una misión clave en el cuidado de los bosques para mitigar los efectos de la crisis climática.