El fracaso del diálogo en Las Bambas: no hay acuerdos para contratar a empresas comunales

Diez comunidades de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, mantienen bloqueado el corredor minero del sur, luego de que se rompiera el diálogo al no lograr negociar con la minera Las Bambas los montos y cifras de sus contratos como proveedoras. La empresa ofrece alquilar 14 unidades para transporte de concentrado y 12 camionetas, el mantenimiento de vías y S/100.000 anuales para obras, mientras que las comunidades exigen que sean 17 y 50, respectivamente. La minera anunció la suspensión de la producción de cobre desde mediados de diciembre.

PROTESTAS. Desde hace siete años el conflicto sigue latente en las zonas de impacto de Las Bambas.

PROTESTAS. Desde hace siete años el conflicto sigue latente en las zonas de impacto de Las Bambas.

Foto: José Víctor Salcedo / OjoPúblico

La minera china MMG, unidad de la empresa estatal China Minmetals Corp., decidió suspender la producción de cobre en la mina Las Bambas, debido a que la carretera por donde se abastecen de insumos para la operación y trasladan los minerales extraídos ya lleva 24 días bloqueada por las comunidades locales. Se trata de una de las unidades mineras de cobre más importantes del Perú.

La vía, conocida como el corredor minero, atraviesa decenas de comunidades de Cusco y Apurímac. Y desde el 31 de agosto de este año, un grupo de comunidades quechuas de Chumbivilcas (Cusco), representantes del gobierno y la compañía minera, arrastran un diálogo que hasta el momento no ha logrado levantar el bloqueo. Durante estos más de tres meses, se han registrado hasta cinco rupturas de las conversaciones, porque las partes no se ponen de acuerdo en los términos de las negociaciones.

En las últimos semanas la discusión se concentró en dos temas puntuales: las comunidades solicitan ser incluidas dentro del área de influencia social directa de la mina Las Bambas y convertirse en proveedoras. Este último punto, ya forma parte de un acuerdo entre las partes firmado el 5 de octubre; sin embargo, según los dirigentes falta precisar cuánto se contratará en los diferentes servicios de transporte que comenzarán a brindar.

El último intento para alcanzar un acuerdo final tuvo lugar el 7 de diciembre en la comunidad campesina de Cruzpampa, ubicado en el distrito de Ccapacmarca, en Chumbivilcas. Ese día, luego de casi ocho horas de reunión, el diálogo volvió a fracasar. Según el acta de esta reunión, Las Bambas mantuvo su oferta de alquilar 12 vehículos de transporte de concentrado de minerales y 12 camionetas, y mantener la carretera en el tramo que atraviesa Chumbivilcas.

El sábado 11,  Las Bambas elevó su propuesta a 14 vehículos de transporte de concentrado de minerales, ratificó las 12 camionetas y sumó S/100.000 anuales para obras en cada comunidad. Por su parte, los dirigentes de las comunidades replantearon su propuesta y redujeron su pedido inicial: solicitan que estas cifras sean 50 camionetas y 5% (antes pedían que sea el 20%) del total de la flota de camiones encapsulados, es decir 17 unidades. El martes 14 de diciembre habrá una nueva reunión para discutir estas nuevas propuestas.

Según Villa Zambrano, otro aspecto por el que fracasó el diálogo es que Las Bambas plantea pagar a las comunidades montos muy bajos por el alquiler de vehículos de transporte.

La Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de Las Bambas (MEIA), esta compañía minera tiene autorización para el transporte de minerales de 125 encapsulados de ida y 125 de vuelta, así como más de 60 vehículos para el traslado de insumos y personal. Pero las comunidades aseguran que esa cifra no es correcta. “Son 375 camiones encapsulados”, dice Víctor Villa Zambrano, asesor de las comunidades campesinas de Chumbivilcas.

Según Villa Zambrano, otro aspecto por el que fracasó el diálogo es que Las Bambas plantea pagar a las comunidades montos muy bajos por el alquiler de vehículos de transporte de minerales y camionetas. En una de las reuniones, la empresa minera informó que la utilidad mensual de un camión encapsulado es de USD 2.000 mensuales, USD 300 de una camioneta y USD 5.000 por el mantenimiento de vías. 

conflicto en Las Ba,bas

CORREDOR MINERO. La vía lleva bloqueda 24 días por las comunidades locales de Chumbivilcas.
Foto: Comunidades campesinas

 

Según el abogado, estos montos no son exactos. “La minera no ha transparentado cuánto paga actualmente por cada servicio. Nosotros sabemos que paga USD 10.000 por viaje, lo que genera una utilidad de USD 3.500, y nos quieren pagar USD 2.000 mensuales. Ese trato es discriminatorio y no lo podemos aceptar", señaló.

Villa Zambrano sostiene que un camión minero cuesta USD 178.000, una camioneta USD 41.000 y el mantenimiento requiere una inversión de USD 248.000. “Si aceptamos la propuesta de la minera, deberían pasar entre 7 y 11 años, para recuperar la inversión y recién después habría ganancias”.

El conflicto en las zonas de impacto de la operación minera de Las Bambas comenzó hace casi siete años. En 2015, las comunidades de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, protestaron en contra de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que cambió la propuesta de trasladar el mineral por un mineroducto bajo tierra a hacerlo por la superficie a través de la carretera colindante a terrenos comunales. Las protestas ocasionaron la muerte de tres personas y varios heridos.

En Chumbivilcas, el problema es similar, pero se agravó cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) –a solicitud de los Gobiernos regionales y municipales de Cusco y Apurímac, pero sin consulta ni aprobación de las comunidades propietarias de estas tierras– reclasificó algunas vías comunales y las convirtió a vías de categoría nacional. 

 

El entrampamiento en las negociaciones

 

La posibilidad de alcanzar una salida al conflicto entre las comunidades de Chumbivilcas y Las Bambas se ha complicado. “Si bien MMG sigue comprometida con el diálogo constructivo, las acciones de agentes externos, las demandas desproporcionadas y la incapacidad de llegar a acuerdos duraderos siguen limitando las operaciones de Las Bambas, la inversión futura y la contribución económica a las comunidades regionales y a la economía peruana”, señaló la minera en su comunicado del 5 de diciembre.

Por su parte, los presidentes comunales cuestionan el anuncio de cese de la producción en la unidad minera. El presidente del Frente de Defensa de la Provincia Chumbivilcas, Wilber Fuentes Agüero, calificó este anuncio como una “amenaza” y una “estrategia para presionar al gobierno a fin de que declare el corredor minero en estado de emergencia”.

¿Cuál es el papel del gobierno? En la reunión del 7 de diciembre –como se puede leer en el acta de esa reunión– el jefe de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Marco Sipán Torres, avaló la postura de las comunidades campesinas. "El Minem rechaza la actitud de la empresa minera Las Bambas al negarse a mejorar la propuesta para atender a las comunidades tal como habían acordado en las reuniones de coordinación previa", se lee en el primer punto del acta.

En medio de esta crisis, el viernes 10 de diciembre empezó a circular en redes sociales un audio de la reunión del 7 de diciembre, en el que se escucha a Sipán Torres recriminar a los funcionarios de Las Bambas por maltratar a la población y dar por concluida la cita. 

Actualmente el diálogo se desarrolla solo con ocho de las diez comunidades que iniciaron la protesta.

Sipán Torres es un sociólogo que fue parte del Movimiento de Afirmación Social (MAS); y que ha sido militante de Democracia Directa (hasta mayo de 2019) y del Movimiento Nueva Izquierda (hasta octubre de 2017), según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Fue parte del equipo de la campaña del ahora presidente Pedro Castillo, aunque recién se afilió al partido Perú Libre en septiembre del 2020.

OjoPúblico intentó comunicarse con el funcionario, pero no obtuvimos respuesta. En una entrevista con Exitosa, cuando le preguntaron sobre los cuestionamientos sobre su postura dijo que no estaba en contra de la minería. “Lo que queremos es democratizar este tema del capitalismo popular. Esto de Las Bambas nos debería llevar a eso”, señaló. 

Sobre el anuncio de cese de operaciones dijo: “[...] Allí hay un doble discurso, porque si bien la casa matriz menciona eso, cuando hemos conversado con los gerentes se dice que esa es la información que se tiene que dar a sus clientes que son los que le compran el mineral, (mientras) hay proyecciones de nuevos tajos para Las Bambas donde van a estar unos 50 años en el país”. 

El 7 de diciembre, Sipán Torres viajó a Chumbivilcas acompañado de los otros funcionarios del gobierno: Pastor Paredes, Jaime Laos y Luciano Ataucuri Chávez. Este último es parte del gabinete de asesores del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Antes de llegar a ese cargo se desempeñó como presidente de la Federación Interprovincial de Defensa Territorial y de Ambiente de Cotabambas- Chumbivilcas- Espinar - Paruro y Grau (FIDTACCHEPG), que agrupaba a gremios y comunidades del corredor minero entre Apurímac y Cusco. Actualmente este gremio está inactivo. 

El asesor legal de las comunidades, Víctor Villa Zambrano, acusa a la minera de entrampar la solución del conflicto y de querer dividir a las comunidades. “Cada que hay un intervalo entre mesa y mesa la minera comienza a visitar a las comunidades diciendo que se salgan (del diálogo). ¿Qué les ofrece? Tractores, proyectos, semillas, canchas de gras sintético. Lo consiguieron con dos comunidades”, señaló.

Las Bambas

DEMANDAS. Las comunidades solicitan que la minera les alquile 50 camionetas y 17 camiones encapsulados que trasladan mineral.
Foto: Comunidades campesinas

 

Actualmente el diálogo se desarrolla solo con ocho de las diez comunidades que iniciaron la protesta: Huininquiri, Cancahuani, Cruzpampa, Yanque Lacca Lacca Parccobamba, Ahuichanta Huisuray, Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya, Tincurca Laccaya y Huaylla Huaylla.

Tuntuma y Hatun Ccollana, del distrito de Velille, decidieron dejar este espacio las comunidades para impulsar sus propias mesas de diálogo con Las Bambas. Daniel Colque Apaza, presidente de Hatun Ccollana, dijo que espera que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) pague el precio justo por las tierras comunales usadas para construir el corredor minero.

La semana pasada, el 3 de diciembre, mientras MMG anunciaba la suspensión de producción de cobre en Las Bambas, los comuneros de Hantun Ccollana comenzaron a colocar chozas, viviendas rústicas armadas con palos e ichu, en medio de la vía. Colque Apaza dijo que si no hay atención a sus reclamos planificarán otras acciones de protesta.

Las Bambas también mantiene negociaciones directas con las comunidades de Ccapacmarca, Huascabamba y Sayhua del distrito de Ccapacmarca.

 

Las reacciones de las autoridades regionales

 

El anuncio de la suspensión de las actividades de producción en la mina Las Bambas provocó reacciones a favor y en contra. El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, pidió al Ejecutivo que imponga el principio de autoridad en el corredor minero y lo declare en estado de emergencia para levantar el bloqueo.

“Señor presidente, hay que hacer ver a Chumbivilcas que no puede ser zona de influencia directa; solamente Challhuahuacho es la zona de influencia directa (de Las Bambas). Presidente, principio de autoridad, declare en emergencia (el corredor minero), porque no hay otra manera, no puede hacerse uso y abuso de la toma de carreteras en nuestro país, eso va a dar mala imagen en el exterior", dijo Lantarón Núñez, dirigiéndose al presidente Pedro Castillo en la reunión del Muni Ejecutivo (espacio de coordinación del gobierno central con las municipalidades), desarrollado el 7 de diciembre en Apurímac.

Según Lantarón Núñez y los alcaldes de la provincia de Cotabambas, "la región pierde S/1.5 millones de regalías contractuales y más de S/1 millón del canon que está proyectado para el siguiente año por cada día de paralización”, señaló.

De igual forma, los alcaldes de la provincia de Cotabambas enviaron un oficio al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, solicitando que se imponga la autoridad, porque el bloqueo de la carretera "pone en grave riesgo la asignación de regalías contractuales y el canon minero" para Apurímac. 

En el mismo comunicado plantean que si no se encuentra una pronta solución, el Ejecutivo nacional debe implementar un fondo de compensación social por S/800 millones para asegurar el financiamiento de obras y proyectos de desarrollo durante el 2022. 

Los alcaldes también recomendaron habilitar una ruta alterna al corredor minero para el transporte de los minerales, que pasaría por Challhuahuacho, Haquira, Antabamba, Aymaraes, Abancay, Puquio, Nazca y Máncora.

Para Erick Ramos Luna, secretario del Sindicato de Trabajadores de Las Bambas, la suspensión de actividades de la minera, afecta el derecho al trabajo de 9.000 personas, de las cuales 2.500 son empleados directos de MMG. Los empleados protestarán este lunes en Cusco, Apurímac y Arequipa para pedir al presidente Castillo pronta solución al conflicto.

Una opinión contraria tiene el Frente de Defensa y Desarrollo de Intereses de Apurímac. "Rechazamos las expresiones del gobernador regional de Apurímac, quién invocó declarar en estado de emergencia en todo el ámbito del corredor minero, bajo el principio de autoridad, promoviendo de esta manera la represión de las fuerzas policiales y militares en contra del pueblo", señalan en el documento

El asesor de las comunidades, Víctor Villa Zambrano, dijo que el bloqueo continuará. Sobre el anuncio de MMG señaló: "Creo que victimizarse es parte de la estrategia de la empresa y por eso dice vamos a cerrar las operaciones".

 

¿Cuál es la estrategia del gobierno?

 

El investigador y sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, José Antonio Lapa Romero, dijo a OjoPúblico que el gobierno ha sido desbordado por los conflictos sociales y mantiene las mismas estrategias de los gobiernos anteriores. “El Estado está actuando bajo una lógica de diálogo, comprometiendo inversión en el corredor, pero eso no va a resolver las causas del conflicto que son la contaminación del ambiente y los derechos de las comunidades”, señaló. 

En tanto, Juan Aste Daffós, economista y consultor de la Red Muqui, colectivo que reúne a ONG y comunidades, sostuvo que la solución de los conflictos se dificulta porque el gobierno solo reacciona cuando el conflicto ya llegó a su máximo nivel. 

Según el economista, en las actuales condiciones es posible encontrar una solución satisfactoria en el aspecto económico, pero seguirán latentes los otros puntos de la agenda comunal vinculada a acciones de mitigación de impactos ambientales. “Los acuerdos se pueden dar en términos temporales, pero no será una solución integral”, señaló.

En tanto, el abogado de las comunidades, Víctor Villa Zambrano, consideró que el trabajo del gobierno mejoró con la presencia de los nuevos funcionarios, porque desde su punto de vista estos “ya no se ponen del lado de las empresas mineras”.

El gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente García, anunció que este martes sostendrá una reunión en Lima con el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, y los congresistas cusqueños para encontrar una solución al conflicto en Chumbivilcas. La autoridad cusqueña rechazó el pedido de su homólogo de Apurímac, Baltazar Lantarón, para declarar en estado de emergencia el corredor minero del sur.

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