PROTESTA. Pobladores de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso (Grau), en Apurímac, bloquearon el corredor minero del sur desde el 19 al 27 de octubre. La medida de fuerza ya fue levantada y se ha iniciado el diálogo entre comunidades, Ejecutivo y Las Bambas.

Comunidades y proveedoras mineras: el efecto Chumbivilcas en el corredor minero

Comunidades y proveedoras mineras: el efecto Chumbivilcas en el corredor minero

PROTESTA. Pobladores de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso (Grau), en Apurímac, bloquearon el corredor minero del sur desde el 19 al 27 de octubre. La medida de fuerza ya fue levantada y se ha iniciado el diálogo entre comunidades, Ejecutivo y Las Bambas.

Foto: Miguel Gutiérrez Chero

Mientras 10 comunidades de Chumbivilcas, en Cusco, se organizan y dialogan con Las Bambas a fin de registrar empresas para proveer de servicios a la minera, en Apurímac varias comunidades mantienen conflictos vigentes. OjoPúblico conoció que las diferentes directivas en Cusco han comenzado a elaborar las minutas para la constitución de las empresas comunales que serán inscritas en Sunarp. Se formarán diez empresas comunales y todas serán sociedades anónimas cerradas. ¿Cómo afecta esto a las diferentes demandas y disputas en la zona? 

31 Octubre, 2021

Un día antes de dejar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido Ugarte firmó un acta en el que diez presidentes de comunidades quechuas de Chumbivilcas, en la región Cusco, y cinco altos funcionarios de la minera MMG Las Bambas acordaron establecer relaciones comerciales. El acuerdo, al que se alcanzó luego de un paro de varios días, permite que las comunidades sean proveedoras de la compañía en servicios para el transporte de concentrado de minerales, transporte interno de personas, mantenimiento vial, alquiler de cisternas para regadío de vía, línea amarilla (maquinaria pesada), entre otros.

“Las partes acuerdan establecer mecanismos o relaciones comerciales para incorporar a las comunidades campesinas del corredor vial de la provincia de Chumbivilcas en la cadena de valor, a través de empresas comunales, bajo las condiciones, necesidades y requerimientos de la minera Las Bambas”, indica el documento firmado en Lima el 5 de octubre, aunque no precisa fecha para el inicio de estos contratos. Las comunidades de Chumbivilcas beneficiarias serán Huininquiri, Cancahuani, Cruzpampa, Yanque Lacca Lacca Parccobamba y Ahuichanta Huisuray. También Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya, Tincurca Laccaya, Tuntuma, Hatun Ccollana y Huaylla Huaylla.

 

¿Cómo será el proceso?

 

Luego de la firma del acta en Lima el 5 de octubre, las comunidades y los funcionarios de la compañía minera se reunieron dos veces. La primera fue el 13 de octubre y la segunda el 24 de ese mismo mes. En ambas citas la minera informó a los líderes comunales cómo funcionarán los servicios que prestarán las empresas comunales.

Los siguientes pasos consistirán en procesos de información y de capacitación para el traslado de concentrado de minerales, mantenimiento de vías y otros servicios con cada una de las comunidades. Las capacitaciones comenzaron con la comunidad Yanque Lacca Lacca Parccobamba este 26 de octubre.

“Ahora que hemos llegado a un acuerdo, esperamos que pronto podamos empezar a proveer y así, por fin, podamos recibir beneficios de la actividad minera de Las Bambas. Vamos a esperar que nos toque la reunión para saber qué tenemos que hacer”, dijo José Carlos Cayllahua, presidente de la comunidad de Cruzpampa (Ccapacmarca).

Chumbivilcas paro - octubre 2022 - Miguel Gutiérrez

MOVILIZACIÓN. Los manifestantes de Cotabambas y Progreso bloquearon durante nueve días el corredor minero del sur. Tras la llegada de la primera ministra Mirtha Vásquez, el 27 de octubre, el paro fue levantado. 
Foto: Miguel Gutiérrez Chero

 

OjoPúblico conoció que las diferentes directivas comunales han comenzado a elaborar las minutas para la constitución de las empresas comunales que serán inscritas en la Superintendencia Nacional de Registro Públicos (Sunarp). Se formarán diez empresas comunales [una en cada comunidad] y todas serán sociedades anónimas cerradas (S.A.C.).  

Víctor Villa Zambrano, asesor legal de las comunidades de Chumbivilcas, explicó que inicialmente las nuevas empresas comunales buscarán asociarse con compañías que ya tengan experiencia en prestar servicios de transporte de concentrado y otros. “Hemos hablado con la Cámara de Comercio del Cusco para que nos dé un listado de las empresas que tienen experiencia en estos rubros”, señaló el abogado.

En una segunda etapa, las empresas comunales quizás se fusionen en una sola gran empresa, estima Villa Zambrano. “Los presidentes comunales o representantes elegidos en asamblea [comunal] integrarán el directorio que, a su vez, se encargará de designar a la plana administrativa (gerente, administrador, contador, etc.)”, explicó a OjoPúblico Villa Zambrano.

Un aspecto importante es que los representantes han informado que una vez que las empresas estén constituidas y firmen contratos con Las Bambas, las directivas de las comunidades venderán los terrenos por donde pasa el corredor minero. Es decir, desistirán de su pedido de anular la Resolución Ministerial 372-2018 del MTC, que recategorizó a vías nacionales seis tramos de la carretera que antes eran vías comunales y departamentales.

Desde el 2019, el MTC negocia la adquisición de terrenos en el corredor minero en base con los alcances del Decreto de Urgencia 027-2019, que aprueba medidas extraordinarias para la adquisición de áreas e intervenciones viales en el corredor vial Apurímac – Cusco. 

 

¿Cómo se financiará la compra de camiones?

 

El corredor minero del sur atraviesa 37 comunidades campesinas quechuas: 12 de ellas ubicadas en la provincia de Cotabambas (Apurímac), 24 en Chumbivilcas y Espinar (Cusco) y una en Caylloma (Arequipa). Solo en Chumbivilcas esta vía atraviesa los terrenos de 13 comunidades campesinas que abarcan 180 kilómetros.

Según el cálculo de Villa Zambrano, las comunidades de Chumbivilcas recibirán una compensación por la compra de las tierras comunales del corredor minero de entre S/2 millones y S/10 millones. “El MTC paga en promedio S/240.000 por hectárea. Hay comunidades que recibirán más de S/2 millones y otras hasta S/10 millones. Con ese dinero se van a comprar los camiones encapsulados, maquinaria pesada y todo lo que se pueda proveer a la minera”, señaló.

El abogado explicó que buscan asegurarse mediante un contrato de servicios con la minera y luego vender sus tierras. Con este dinero obtenido comprarán los camiones encapsulados para transportar mineral desde el campamento en Apurímac. 

Chumbivilcas paro - octubre 2022 - Miguel Gutiérrez

PEDIDOS. La población reclama obras y proyectos de desarrollo al Estado; y a Las Bambas aporte económico, empleo y ser proveedores.
Foto: Miguel Gutiérrez Chero

 

Entre 2019 y agosto de 2021, el MTC adquirió los predios de cinco comunidades y 223 comuneros en Apurímac, que forman parte del corredor minero. Por esos terrenos canceló en total S/24.9 millones. Por ejemplo, pagó S/8.2 millones a la comunidad campesina de Fuerabamba y S/5.8 millones a la comunidad de Arcospampa Congota, ambas ubicadas en la provincia de Cotabambas (Apurímac). En este último caso, sin embargo, el abogado Martín Chávez Sotelo embargó vía judicial S/ 2’320.000 de ese dinero como pago por el contrato de locación de servicios por asesoramiento que firmó con la comunidad en mayo de 2017.

En la actualidad, el corredor minero del sur es utilizado por tres empresas mineras: Las Bambas, Hudbay y Glencore Antapaccay, que operan en Apurímac y Cusco. Estas empresas contratan los servicios de empresas locales. Antapaccay, por ejemplo, trabaja con 56 proveedores formales de Espinar que brindan servicios de reparación de productos elaborados con metal, transporte de concentrado por carretera, tratamiento y revestimiento de metales, venta al por mayor de materiales de construcción y otras actividades empresariales del rubro del sector minero. 

Estas empresas facturaron S/132,9 millones por servicios brindados a la empresa durante el 2020, informó Antapaccay, que además precisó que se trata de una suma inferior a la registrada antes de la pandemia.

Por su parte, Las Bambas informó a OjoPúblico que el gasto realizado por la empresa en la contratación de proveedores locales (pequeñas y medianas empresas de las provincias de Cotabambas y Grau en su mayoría) superó los US$ 110 millones en los últimos tres años. Asimismo, indicó que, en lo que va de este año, brindó asistencia técnica y capacitación a 364 empresarios locales.

 

Escalada de conflictos  en el corredor minero

 

Expertos en minería consultados por OjoPúblico coincidieron en que la solución al conflictivo panorama en el corredor minero del sur no se soluciona al convertir a las comunidades en proveedoras, ni tampoco comprando las tierras comunales por donde pasa la vía usada por las mineras. 

El responsable del área legal de Derechos Humanos Sin Fronteras, Helio Cruz Chuchullo, consideró que es un error mirar solo el aspecto económico y descuidar los componentes ambiental y social, que caracterizan a estos conflictos. “Hay comunidades, por ejemplo, a las que les preocupa más la contaminación de sus cultivos, del agua, y de cómo el paso de vehículos ocasiona contaminación con polvo”, indicó  Cruz Chuchullo.

Por su parte, el especialista en conflictos sociales y sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, José Antonio Lapa Romero, dijo que se está dejando de lado el problema de fondo, que es la afectación ambiental. “Hay zonas urbanas por donde pasan los camiones y eso tiene un efecto directo en la vida de las personas. Integrarlos en la cadena de valor no resuelve este grave problema. Se está generando una lógica perversa: Con tal de que haya ingresos, los impactos ambientales y sociales son negociables”, alertó. 

Además, Lapa Romero advirtió que el acuerdo de Chumbivilcas con Las Bambas ocasionará un proceso de mayor conflictividad y problemas entre las comunidades vecinas. Pues aquellas que no sean proveedoras se sentirán excluidas y emprenderán protestas. “Va a provocar un proceso de fragmentación entre comunidades dentro de los distritos, porque quienes van a ser incluidas en la cadena de valor serán las comunidades que están en el trayecto y eso significa que las otras dirán ¿y nosotros qué? Habrá entonces un mayor nivel de conflictividad”, indicó. 

 

Chumbivilcas paro - octubre 2022 - Miguel Gutiérrez

DIALOGO. La mesa de diálogo se reactivará con una resolución de la PCM este 8 de noviembre y, a partir del día siguiente, empezarán a funcionar los grupos de trabajo para resolver el pliego de demandas.
Foto: Miguel Gutiérrez Chero

 

De hecho es lo que ha ocurrido con las comunidades de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso (Grau), en Apurímac, que del 19 al 27 de octubre mantuvieron una huelga para demandar al Ejecutivo que atienda sus demandas. El 21 de octubre, los comités de lucha de todos los distritos consensuaron una plataforma de lucha que incluye nueves ejes referidos a justicia y derechos humanos, corredor minero, convenio marco, canon minero, entre otros. 

El punto central señala que Las Bambas debe brindar puestos de trabajo para los pobladores de los siete distritos de la provincia Cotabambas y del distrito de Progreso. También solicitan que estos ocho distritos sean proveedores de servicios directos de la compañía minera. En respuesta, Las Bambas dijo en un comunicado que “no tiene compromisos pendientes con las comunidades de Cotabambas y Challhuahuacho”. 

Antes de iniciar la protesta, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, pidió a las comunidades desconocer los acuerdos entre la minera y las comunidades de Chumbivilcas, en Cusco. “Rechazamos rotundamente que se tomen acuerdos a espaldas y en contra de los intereses del pueblo de Apurímac […] Exigimos de manera contundente la urgente solución a las diversas demandas de las comunidades de la provincia de Cotabambas, la incorporación de la provincia de Grau al área de influencia del proyecto minero MMG Las Bambas, el pago del canon minero y los compromisos contractuales pendientes de atención”, señaló en un comunicado. Desde el 27 de octubre, cuando las comunidades y el Ejecutivo llegaron a un acuerdo, la huelga fue levantada y el diálogo para la atención de sus demandas se reactivará el 8 de noviembre.  

No obstante, según Ana Leyva, especialista legal en temas minero-ambientales de CooperAcción, la controversia en la zona continuará, porque si las otras comunidades demandan ser proveedoras, la empresa no podrá incluirlas a todas. “La empresa necesita una cantidad determinada de vehículos de transporte de carga y ya hay contratos con gente de Challhuahuacho. Imagino que esa torta se va a repartir con las comunidades de Chumbivilcas, porque no se va a ampliar la flota, seguirá siendo la misma, y eso generará tensiones entre las poblaciones”, advirtió. 

Los pobladores señalan que Las Bambas debe brindar puestos de trabajo".

Cabe precisar que el Estado autorizó el uso de 125 camiones cargados y 125 camiones de regreso sin carga por día, además de 60 vehículos para abastecer con insumos a Las Bambas. Esta compañía cuenta con vehículos propios y subcontrata servicios a empresas de Cotabambas y de otras regiones del Perú.  

Según la especialista Leyva, el gobierno debe plantear un proyecto integral de desarrollo en el trayecto del corredor minero y acciones de mitigación de los efectos ambientales, trabajo que deben hacer en conjunto el gobierno y la minera. "Se debe mejorar la vía [corredor minero], controlar los impactos, impulsar proyectos de desarrollo que incluya a todos [las comunidades], pero solo se encuentran salidas momentáneas y no se resuelven los asuntos de fondo. Entonces, los conflictos se encienden nuevamente". 

En consecuencia, si el gobierno no atiende la integralidad del problema, los bloqueos seguirán siendo constantes, tal como ocurre desde el 2015. En lo que va del año, hasta el 21 de octubre, el transporte de minerales de Las Bambas ha sido interrumpido durante 58 días por protestas en Chumbivilcas y Espinar (Cusco), y ahora en Cotabambas (Apurímac). 

Según el reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, hasta setiembre había 198 conflictos (142 activos y 56 latentes) en todo el país. De esta cifra, 129 (65.2 %) están relacionados con la actividad minera. Asimismo, la Defensoría del Pueblo mapeó 34 conflictos en las regiones Cusco y Apurímac, por donde pasa el corredor minero. De esa cantidad, cinco se localizan en Apurímac y nueve en Cusco y están relacionadas a problemas con las mineras Las Bambas, Hudbay Perú y Antapaccay.