Durante las últimas semanas, se han acentuado las acciones desde el Congreso para debilitar la reforma universitaria en el Perú, que tiene entre una de sus instituciones claves a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Las presiones vienen, sobre todo, de universidades con licencia denegada; pero en los últimos meses se han sumando también las autoridades de las casas de estudio más antiguas del país, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Un análisis realizado por OjoPúblico, a los representantes e integrantes de los comités directivos de las universidades más activas en sus gestiones ante el parlamento, determina que están vinculadas a cuatro grupos familiares de Puno, Junín, La Libertad y Cajamarca. Se trata de los Cáceres Velásquez, en la Universidad Néstor Cáceres Velásquez; los León Untiveros, en la Universidad Peruana del Centro; los hermanos Noriega, en la Universidad Privada de Trujillo; y la familia Ramírez, en la Universidad Peruana del Oriente.

Proyectos de ley de Acción Popular, Renovación Popular y Perú Libre han despertado las alertas en Sunedu. 

Las tres primeras forman parte de la Asociación de Universidades Asociativas sin Fines de Lucro (AUF Perú), un colectivo –que no aparece en los Registros Públicos ni ante la autoridad tributaria, hasta el momento– integrado por siete universidades con licencia denegada por la Sunedu. Los otros cuatro miembros de esta asociación son las universidades Científica del Perú (Loreto), José Carlos Mariátegui (Lima), Católica Los Ángeles de Chimbote (Áncash) y Particular de Chiclayo (Lambayeque).

La familia Ramírez Prado ─natural de Cajamarca y relacionada a la Universidad Alas Peruanas─ hoy aparece detrás de la Universidad Peruana del Oriente (Loreto). Aunque esta institución no integra la AUF Perú, medios como el diario “El Comercio” han reportado las visitas de sus representantes a más de un despacho del Congreso. Otra entidad que registra visitas al Parlamento es la Universidad San Pedro (Áncash), que tampoco integra la asociación, pero que sí ha visitado al autor de uno de los proyectos de ley que, de prosperar, podría debilitar el rol y la autonomía de la Sunedu.

 

ALIADOS. De izquierda a derecha: el rector de la Universidad Néstor Cáceres, Juan Benites; el congresista Esdras Medina; y los rectores de las universidades José Carlos Mariátegui y Científica del Perú, Daniel Reinoso y Roger Cabrera.

Foto: La Prensa Regional

 

Desde hace unos años, la labor supervisora de la Sunedu ha frenado la expansión de universidades sin las credenciales básicas de calidad educativa. Y en el camino ha denegado la licencia a otras como la Universidad Privada Telesup, vinculada al actual congresista José Luna Gálvez, líder de Podemos. Precisamente, a través de esta bancada partidaria y de Alianza para el Progreso, de César Acuña (político y fundador de la universidad privada César Vallejo), se ha buscado, en el pasado, retrotraer los avances de la Ley Universitaria.

El legislador José Luna Gálvez, investigado por la Fiscalía en los casos Lava Jato y Los Cuellos Blancos, es actualmente presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. El 14 de setiembre último, dicho grupo de trabajo aprobó una moción que los faculta a investigar los organismos supervisores, entre las cuales podrá ser considerada la propia Sunedu. Esta es una de las aristas de la más reciente contrarreforma.

 

Una nueva contrarreforma

La contrarreforma universitaria está conformada por tres proyectos de ley que han despertado las alertas en la superintendencia, de acuerdo a fuentes de la institución. El primero tiene como autor al legislador de Renovación Popular y presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina Minaya, con el apoyo de su bancada. La iniciativa propone que el Consejo Directivo de la Sunedu sea elegido a través de un mecanismo similar al utilizado por la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR), en el pasado.

Actualmente, el Consejo Directivo de Sunedu es presidido por un superintendente elegido a propuesta del Ministerio de Educación, y es integrado por un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), así como otros cinco ciudadanos, por concurso público. La propuesta de Renovación Popular devuelve la designación de la mayoría de integrantes del Consejo Directivo ─cuatro de siete miembros─ a las universidades públicas y privadas, que están bajo supervisión de Sunedu.

El congresista Esdras Medina, de Renovación Popular, propone proyecto para volver a esquema de la ANR.

“El organismo supervisor no puede ser elegido por quienes van a ser supervisados”, dijo Flor Pablo, congresista del Partido Morado e integrante de la Comisión de Educación, durante la sesión del 16 de noviembre. En dicha sesión, las rectoras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jerí Ramón, y de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lidia Ascencios Trujillo, respaldaron también la propuesta de volver al viejo esquema de la ANR.

El segundo proyecto de la ley que puede afectar la reforma fue presentado por Darwin Espinoza Vargas, congresista de Acción Popular, con el apoyo de seis compañeros de bancada: Luis Flores Ancachi, Elvis Vergara Mendoza, Silvia Monteza Facho, José Arriola Tueros, Raúl Doroteo Carbajo y Carlos Alva Rojas. La iniciativa propone que las universidades privadas asociativas ─es decir, sin fines de lucro─ cuya licencia fue rechazada tengan un “plazo de emergencia” de dos años, para “superar las deficiencias identificadas” por la Sunedu.

De esta forma, según el proyecto, el plazo de dos años para cesar actividades será enfocado a “realizar acciones necesarias para alcanzar las condiciones básicas de calidad”. La norma omite, sin embargo, que las casas de estudio que no lograron el licenciamiento pueden pedir una extensión del plazo de cierre de hasta tres años adicionales y, eventualmente, solicitar de nuevo su licenciamiento. El proyecto de ley, además, propone que la Sunedu “no podrá identificar nuevas deficiencias” durante este periodo “de emergencia”.

 

APOYO. La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jerí Ramón, se mostró a favor del proyecto de ley de Renovación Popular que debilita la Sunedu.

Foto: Congreso de la República

 

El tercer proyecto que ha levantado alertas es el del legislador Samuel Coayla Juárez, de Perú Libre. La iniciativa legal propone crear un equipo de trabajo para cada universidad privada asociativa con licencias denegadas, bajo el nombre de Comisión de Asesoría Técnica. Este grupo asumirá las funciones académicas y administrativas durante el plazo de emergencia, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio educativo a sus alumnos, y con la posibilidad de volver a solicitar licenciamiento al acabar el periodo.

¿Quiénes apoyan estas medidas que buscan debilitar a la Sunedu? OjoPúblico perfiló a los grupos vinculados a las universidades que destacan por su apoyo a la contrarreforma. A través de sus correos institucionales, llamadas a sus oficinas y a sus áreas de imagen, este medio intentó comunicarse con estos centros de estudios para recoger sus comentarios sobre este reportaje, pero no hubo respuesta hasta el cierre de edición.

 

Los Cáceres Velásquez y la reforma

La familia que más destaca del grupo contra la reforma impulsada por Sunedu es la Cáceres Velásquez, de Puno. Es fundadora de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, en Juliaca, en 1981. Dos años después, la constitución se consolidó a través de la Asociación Promotora de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, registrada en 1983. Nueve años después, en 1992, la extinta ANR le otorgó autorización definitiva, según el portal web de esta casa de estudios.

La asociación promotora de esta universidad tuvo, precisamente, como primer presidente al político puneño José Luis Cáceres Velásquez, uno de los fundadores, junto a sus hermanos Néstor, Roger y Pedro Cáceres Velásquez, del hoy extinto partido político Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (Frenatraca). A través de esta agrupación política, Cáceres Velásquez alcanzó la alcaldía de San Román, en Puno, e intentó llegar a Palacio de Gobierno, aunque sin éxito.

 

DENEGADA. La Universidad Andina Néstor Cáceres Velasquez, fundada por la familia puneña del mismo nombre, no alcanzó el licenciamiento en la Sunedu.

Foto: Facebook de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velasquez

 

El año pasado, su hijo —Javier Rodolfo Cácerez Pérez— pasó a ocupar la presidencia de la Asociación Promotora de la Universidad, mientras que el propio José Luis Cáceres fue designado como vicepresidente de dicha institución, según los Registros Públicos. Ese mismo año, la Sunedu denegó la licencia institucional a esta casa de estudios; después de determinar que la universidad contaba con 46 locales no autorizados, no cumplía con “la regulación de sus procesos de admisión” y solo acreditó contar con 10% de docentes a tiempo completo, entre otras observaciones.

Ante la denegación de la Sunedu, Javier Cáceres Pérez declaró en la prensa que los bienes de la universidad son propiedad de su familia como dueños originales, agrupados alrededor de las asociación promotora. A la fecha, la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez no registra ningún inmueble a su nombre en los Registros Públicos. En junio pasado, el patriarca de esta familia falleció por una infección intrahospitalaria, explicó su hijo Javier Cáceres al diario La República.

Según la norma, desde que se les deniega la licencia, las universidades tienen dos años para el cese de operaciones e incluso pueden pedir ampliación excepcional de este periodo y volver a solicitar su licenciamiento, si cumplen con ciertos requisitos. En ese sentido, la Universidad Néstor Cáceres Velásquez registra como actual rector a Juan Benites Noriega, quien además preside la AUF Perú. Según el diario “La Prensa Regional”, las autoridades de esta casa de estudios se reunieron en setiembre último con el congresista Medina, autor de una de los proyectos de ley que han puesto en alerta a la Sunedu.

 

La Universidad del Centro

Según los Registros Públicos, en 2005, tres de los hijos de los esposos Telesforo Epifanio León Colonia y Emilia Untiveros Peñaloza ─Miguel Ángel, Gina Fiorella y José Luis León Untiveros─ constituyeron el primer consejo directivo de la Asociación Promotora de la Universidad del Centro, en Lima. Cinco años después, la casa de estudios fue registrada oficialmente en Huancayo.

El cuarto hijo de la familia, Paul Albert León Untiveros, fue incluido entre los fundadores de la casa de estudios. Este último representante de la familia es el más conocido, pues fue candidato al Congreso este año por el partido Perú Libre como representante de la región de Junín, aunque sin éxito. Su hoja de vida ante el JNE detalla que es médico de profesión, registra una sentencia por alimentos del año pasado, y tiene ingresos anuales del sector privado por más de S/45.000.

 

CANDIDATO. En sus redes sociales, Paul León Untiveros aparece en fotografías de campaña al Congreso junto con Waldemar Cerrón, dirigente de Perú Libre.

Foto: Facebook de Paul León

 

En sus redes sociales, Paul León es un activo defensor de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre. El excandidato registra, además, fotografías junto a miembros del grupo cerronista de la bancada oficialista, como Alex Flores y el hermano del líder, Waldemar Cerrón. En dichas plataformas, Paul León también ha mostrado su apoyo al congresista de Renovación Popular, Esdras Medina. El pasado 13 de noviembre, el político incluso atacó a Joseph Dager, secretario general de la Sunedu, quien advirtió sobre el proyecto impulsado por el legislador Medina.

En el año 2013, Paul León Untiveros fundó la Clínica Peruana del Centro Lym en Huancayo, que registró un capital inicial de S/20.000; mientras que su hermano José Luis León tiene el cargo de gerente del Grupo León-Ramirez, dedicado al sector educativo, desde su creación en el año 2003. La madre, Emilia Untiveros, por su parte, es directora general del Instituto Pedagógico del Centro, que funciona desde 1994, y es la actual rectora de la Universidad Peruana del Centro, también en Junín.

El 2020, la Sunedu denegó la licencia a esta universidad luego de detectar deficiencias en su plan de adecuación a la Ley Universitaria. En ese contexto, Emilia Untiveros también se ha unido a la AUF Perú, de acuerdo a comunicados de dicha agrupación.

 

Trujillo y Loreto

Los directivos de la Universidad Privada de Trujillo también se han opuesto a la reforma impulsada por Sunedu. La historia de esta universidad se remonta a 1999 con la fundación de la Asociación Promotora, presidida en ese entonces por el empresario José Lino Bauner Velasquez Novoa, junto con el ciudadano Martín Velasquez Vargas.

Según los Registros Públicos, se constituye en el 2012 luego de recibir luz verde de la ANR, a través de uno de sus órganos. Un año después, sin embargo, el diario La Industria publicó que la División de Investigación de Lavado de Activos (Divila) de la Policía vinculó a Velasquez Novoa con un caso de lavado. Unos años después, el 2015, la asociación promotora pasa a manos de un nuevo consejo directivo, que es presidido por el empresario Juan Mauricio Noriega Escobedo y también lo integra su hermano Juan Carlos Noriega. 

El 15 de enero del 2020, la Sunedu denegó la licencia institucional a la Universidad Privada de Trujillo, al detectar que no podía garantizar el abastecimiento continuo de agua potable ni asegurar los servicios de tópico, seguridad y vigilancia, y acceso a la biblioteca, entre otras deficiencias. En octubre de 2021, la Superintendencia además impuso una multa de más de S/328.000 contra esta universidad por no garantizar la continuidad de los estudios de sus alumnos, durante el proceso de cese de la institución. Desde noviembre, la Universidad Privada de Trujillo es parte de la AUF Perú.

La AUF Perú agrupa a siete universidades no licenciadas por la Sunedu, entre ellas la Universidad Privada de Trujillo.

Hacia la Amazonía, los representantes de la Universidad Peruana del Oriente de Loreto, también con licencia denegada, apoya el debilitamiento de la Sunedu. Los Registros Públicos detallan que entre los fundadores de este centro de estudios aparecen Fidel Ramírez Prado (fallecido) y su hermano Algemiro Ramírez Prado, en 2005. A la fecha, y desde el año 2018, la gerencia de esta universidad está a cargo de Maribel Ramírez Gallegos, integrante de la familia y exregidora de Lima por el partido político Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular).

A la fecha, esta institución educativa es propietaria, en calidad de beneficiaria, de dos inmuebles ubicados en los distritos de Iquitos y San Juan Bautista. Ambos bienes fueron transferidos por los hermanos Ramírez Prado, aunque el segundo está embargado en el marco de una investigación por lavado de dinero.

En octubre del 2019, la Sunedu concluyó que dicho centro de estudios contaba con locales que no cumplían con los estándares de seguridad; no había logrado implementar, de manera eficaz, mecanismos orientados a la investigación; ni contaba con los recursos humanos ni presupuestales necesarios para “garantizar la producción académica”.

La familia Ramírez Prado también está vinculada a la Universidad Alas Peruanas, que tuvo como fundador al fallecido Fidel Ramírez Prado. En enero del 2020, la Fiscalía incluso llevó adelante un allanamiento al local de esta casa de estudios en la capital, como parte de la investigación al exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.