El último viernes, con el allanamiento de las viviendas de siete funcionarios de Essalud, las oficinas de la institución y locales de empresas proveedoras del Estado, se conocieron los detalles del caso El Club de las Farmacéuticas. El Ministerio Público investiga a 14 personas acusadas de integrar una organización criminal que concertó compras sobrevaloradas, por más de S/18 millones, en plena emergencia sanitaria. 

La presunta organización, según la hipótesis fiscal, es liderada por Fiorella Molinelli Aristondo, presidenta ejecutiva de Essalud desde el 6 de marzo de 2018, quien habría centrado las coordinaciones de las compras irregulares, realizadas por la entidad. Otros seis funcionarios de la institución también están involucrados. 

Entre los investigados también se encuentran siete directivos y accionistas de las empresas Tecnología Nacional e Industrial SA (Tecnasa), Importaciones Via Ayaychan SAC. y Speedymen's SAC. Una cuarta empresa, Q-Medical SAC, fue incluida en el allanamiento por presuntamente participar en una cotización sobrevalorada, en perjuicio del Estado.

Según la fiscalía anticorrupción, tres contrataciones registraron una sobrevaloración de S/18 millones.

Un dato relevante en este contexto es conocer cómo estas compañías aumentaron sus contratos durante los últimos años. De acuerdo a un análisis realizado por OjoPúblico, dos de estas cuatro empresas  investigadas por la fiscalía anticorrupción incrementaron sus ventas con Essalud entre el 2018 y 2020, precisamente durante la gestión de Molinelli Aristondo. El caso más resaltante es el de Importaciones Via Ayaychan S. A. C., que entre junio y noviembre de 2020, registró ventas de dispositivos médicos por más de S/19 millones, aunque no tenía experiencia previa como proveedora del sector salud. 

Según su partida en Registros Públicos, Importaciones Via Ayaychan, fue fundada en 2016 por Manuel Altamirano Ramírez y Carlos Reyes Montoya, con un capital de S/30 mil. La empresa con sede en el distrito de La Victoria (Lima), registró como rubro económico el de prensa y publicidad. Antes de la pandemia, había obtenido contrataciones por servicios publicitarios con otras entidades del Estado, como el Poder Judicial, el Ministerio de Energía y Minas, y el Banco de la Nación, entre otras, por un total de S/1’034.537. 

En junio de 2020, la empresa suscribió un contrato con Essalud para la venta de alcohol isopropílico, por S/4,2 millones. Según el Ministerio Público, un mes después, en el marco de una indagación de mercado de Essalud para la adquisición de lentes antisalpicaduras, Importaciones Via Ayaychan S. A. C. modificó su rubro económico, agregando la venta de productos como mascarillas y lentes protectores. 

EN MAL ESTADO. Conversación entre Fernando Obregón y Rocky Carrillo, donde se menciona la coordinación con funcionarios de Essalud para la recepción de productos dañados.

Foto: Requerimiento de allanamiento

En octubre, logró otro contrato por la venta de lentes de seguridad por S/9 millones, de los cuales, al menos, S/8,37 millones corresponden a una sobrevaloración respecto al precio del mercado, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público. La hipótesis fiscal sostiene que esta empresa coordinó con los funcionarios para adecuarse a las bases del proceso de contratación y pagó coimas para ingresar lotes de productos en mal estado a los almacenes de Essalud. 

Una tercera venta de lentes protectores, por S/5,9 millones, también está en investigación por una sobrevaloración de S/4,9 millones, según la fiscalía anticorrupción.- Después de concretar todas estas ventas, Via Ayaychan S. A. C. entró en liquidación.

La fiscalía anticorrupción también plantea que un accionista de esta empresa, Manuel Altamirano, tenía comunicación personal con Molinelli Aristondo, quien “autorizó las contrataciones directas” que hoy son materia de investigación. Además, habría intervenido en la adquisición de seis tomógrafos, ofrecidos por la empresa Tecnasa, con una sobrevaloración de casi S/5 millones.

En el caso de los lentes protectores, Importaciones Via Ayaychan, vendió cada unidad hasta a S/21,5, cuando su precio en el mercado es de S/2,88. Según la Fiscalía, esta empresa concertó con otro proveedor, Q-Medical S. A. C., para que cotice el precio unitario de este producto en S/23, de modo que su propuesta sea bien recibida.

Q-Medical S. A. C. es una empresa fundada en 2002 por José Díaz Sandoval, Christian Portugal Valenzuela y Rodolfo Pacheco Salas, con un capital de S/3 mil. Según información de Registros Públicos, se constituyó para importar y vender productos médicos. En setiembre de 2020, como informó OjoPúblico, esta empresa importó pruebas rápidas de Covid-19 sin certificación sanitaria.

Desde marzo de 2008 hasta marzo de 2018, esta compañía suscribió contratos con Essalud por S/3 millones, según información del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce). A partir de esa fecha, logró ventas totales por S/33 millones con el seguro social.

A diferencia de Via Ayaychan, Q-Medical ha logrado ventas en el rubro médico por S/119 millones con otras instituciones públicas, entre 2008 y 2021. Entre los productos más vendidos se encuentran material quirúrgico y dispositivos médicos, a los hospitales Hipólito Unanue, Cayetano Heredia, establecimientos del Ministerio de Salud, entre otros. El análisis de los datos permite identificar que las ventas a otras instituciones se incrementaron progresivamente a lo largo de los años. No obstante, en el caso de Essalud hubo un crecimiento marcado, a partir de 2019.

OjoPúblico intentó comunicarse con las empresas Q-Medical y Tecnasa, así como con Manuel Altamirano, accionista de Via Ayaychan. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no obtuvo respuesta. Asimismo, este medio se contactó vía telefónica con la empresa Speedymen's, pero el interlocutor se negó a brindarnos mayor información.

Así funcionaba la organización

De acuerdo a la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, seis funcionarios de Essalud liderados por la presidenta ejecutiva de la entidad intervinieron en la compra irregular de seis tomógrafos y 779 mil lentes de seguridad contra salpicaduras. El esquema permitió favorecer a ciertos proveedores, al establecer montos de dinero, generar documentaciones y regularizar trámites.

La investigación fiscal inició en 2020, a partir de las escuchas legales del caso Los Gánsters de la política, que involucró al congresista y líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez. Durante estos seguimientos, los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) identificaron indicios de compras irregulares en las conversaciones que mantenía el fallecido Fernando Obregón Mansilla, presunto operador político de Luna Gálvez, con otros interlocutores de Essalud. Esta unidad alertó al Ministerio Público, que solicitó ampliar el seguimiento de las comunicaciones para el caso El Club de las Farmacéuticas.

Según la fiscalía anticorrupción, Molinelli Aristondo era la persona clave en la organización, al tener el control de las labores administrativas. “Habría permitido y avalado la ejecución de las actividades ilícitas, previa concertación con otros funcionarios y personas ajenas a la institución”, sostuvo el Ministerio Público. La presidenta ejecutiva de Essalud fue mencionada en varias comunicaciones telefónicas, que dieron cuenta de una relación cercana con Manuel Altamirano, accionista de Importaciones Via Ayaychan S. A. C.

Habría permitido y avalado la ejecución de las actividades ilícitas", sostiene el Ministerio Público sobre Molinelli.

Un primer grupo incluido en la indagación está integrado por funcionarios públicos de Essalud: el gerente general de la entidad, Alfredo Barredo Moyano, considerado el brazo derecho de Molinelli Aristondo, y Carolina Cabanillas Horna, gerente de Abastecimiento de Bienes Estratégicos, quien tenía a cargo el requerimiento de los bienes. Ambos firmaron los contratos con las empresas Via Ayaychan y Tecnasa.

De acuerdo a la tesis fiscal, también están involucrados los funcionarios Marco Ortiz de la Cruz, quien como subgerente de Adquisiciones de Bienes Estratégicos, tenía a cargo la formulación y preparación de los expedientes de contratación, y César Carreño Díaz, gerente de la Central de Operaciones, quien emitía informes favorables a las contrataciones. A ellos se suman, Jorge Polanco Zevallos, especialista en contrataciones y presunto encargado de revisar la documentación presentada por los proveedores favorecidos, y Rafael Sotelo Zorrilla, ayudante de almacén que recibió los productos en mal estado, sin reportar el hecho en la institución. 

El segundo grupo considerado en el esquema de la organización figuran Manuel Altamirano Ramírez, accionista de Via Ayaychan, y quien es considerado financista, proveedor favorecido y presunto intermediario en las negociaciones con otras empresas. La fiscalía anticorrupción sostiene que Altamirano Ramírez, junto al fallecido Fernando Obregón, realizaron las coordinaciones para internar determinados bienes adquiridos sin controles, además de realizar gestiones para conseguir la buena pro en la contratación de Tecnasa.

En este grupo de investigados también están Duilio Mesinas Chiabra y Jorge del Busto Herrera, representante legal y dueño de Tecnasa, respectivamente, por la sobrevaloración de los tomógrafos. Además, Bertha Ángeles Chumacero (esposa de Altamirano Ramírez), Alfonso Wun García, José Chumaranga Santibáñez y Rocky Carrillo Gutiérrez, por integrar la empresa Speedymen’s, a través de la cual Vía Ayaychan realizó la importación de productos de acuerdo a la tesis fiscal.

Compras sobrevaloradas

Tres contrataciones han servido de sustento para requerir el allanamiento y descerraje de las viviendas de los involucrados. Las dos primeras están relacionadas a la compra de 779 mil lentes de seguridad contra salpicaduras, por un monto de S/15 ’613.237, a Importaciones Via Ayaychan S. A. C. Cada unidad fue adquirida por Essalud en S/21,50, en el primer proceso de compra, y en S/18 en el segundo. Es decir, hasta más de siete veces su precio estimado en el mercado. Lo que da como resultado, una sobrevaloración de más de S/13 millolnes de soles.

Otra irregularidad advertida en la investigación es que Importaciones Via Ayaychan S. A. C. no tenía experiencia como proveedora del sector salud. Incluso, no registró importaciones de los productos que vendió a Essalud. Según el Ministerio Público, Manuel Altamirano creó esta empresa como una fachada de Speedysmen’s S. A. C., que sí importó varios lotes de lentes protectores desde China a USD 0,75 la unidad. Esta firma  pertenece a su esposa —Bertha Ángeles Chumacero—  y fue sancionada por Osce, en 2015, por presentar información falsa.

COORDINACIÓN.De acuerdo al Ministerio Público, Altamirano y Obregón intercedieron a favor de Tenasa, ante funcionarios de Essalud.

Foto: Requerimiento de allanamiento

El tercer contrato que sustentó los allanamientos fue el de la compra de seis tomógrafos básicos de emergencia, a Tecnasa. Según la investigación fiscal, inicialmente, esta empresa cotizó los equipos con una sobrevaloración de un millón de soles cada uno. Sin embargo, los intermediarios Manuel Altamirano y Fernando Obregón, intercedieron para que la empresa bajara sus precios y gane, así, el proceso de contratación.

Para mantener los beneficios, los intermediarios propusieron a la empresa ofrecer tres tomógrafos a precio de mercado y otros tres con una sobrevaloración. Las actualizaciones de precios coincidieron con las fechas de las comunicaciones entre Altamirano y Obregón. De acuerdo a la documentación recabada, Tecnasa habría importado tres tomógrafos valorizados en USD 165.000, para venderlos a USD 391.575, el precio de un modelo superior.

En las comunicaciones, la Fiscalía advirtió que Manuel Altamirano tenía un vínculo directo con Molinelli Aristondo. Incluso, según las conversaciones del intermediario, fue la presidenta ejecutiva quien le indicó que un funcionario de Essalud, Juan José Bobadilla Aguilar, había advertido la sobrevaloración. Más adelante, Altamirano Ramírez reveló que Molinelli Aristondo le pidió información para retirar a este funcionario “por haber cuestionado el proceso de contratación de los tomógrafos”.

El proceso de allanamiento en las viviendas de los involucrados en el Club de las Farmacéuticas se extendió el último viernes por más de ocho horas. El fiscal Carlos Nivin Valdiviezo informó que Molinelli Aristondo —quien no estuvo presente durante las labores de la Fiscalía— será citada en los próximos días para brindar su declaración por el caso.