El camino para llegar a El Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó, en Colombia, es sinuoso. En un zig zag continuo, el ómnibus escala las pronunciadas lomas de la Cordillera de los Andes, por donde se extiende el cinturón del cobre de Latinoamérica que abarca a Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Panamá. Es una parte de la ruta que hacen las mulas que llevan el cobre del Carmen, donde está Minera El Roble, la única mina de cobre que hay en el país, bajando por La Pintada hasta Buenaventura y de ahí en buque hasta China. 

En Shanghai la empresa Trafigura lo refina: lo separa de otros metales y lo deja listo para ser convertido en alambres para el cableado eléctrico de las ciudades, en microprocesadores del computador en el que escribo y en cables para conducir la energía de los paneles solares con los que se espera lograr la anhelada transición energética. El cobre es la fibra por donde circula el futuro y por eso los precios están por las nubes. Colombia quiere convertirse en un jugador importante en ese mercado. 

Es también una de las apuestas del gobierno de Iván Duque para reactivar la economía y compensar la caída de la demanda de carbón. La minería de cobre promete generar empleo local y ser un motor de desarrollo social y económico en un momento en que el país intenta asomar cabeza tras la crisis económica producida por la pandemia. Con el atractivo de tener un impacto ambiental menor que la minería de oro pues no requiere cianuro o mercurio para su explotación. 

La experiencia con Minera El Roble tiene mucho que contar sobre el futuro de Colombia.

UBICACIÓN. El Carmen de Atrato. Al fondo el parque principal, abajo el río Atrato, donde nace.

Foto: Natalia Arbeláez.

 
Después de casi cinco horas desde que arrancó el bus en Medellín, por fin llegamos al pueblo. Allá nace el río Atrato, que en este punto no es más que un hilo de agua. Nada que ver con el caudal que adquiere recorriendo el Chocó aguas abajo. No hace calor. No se siente la humedad de la selva. Lo que hay son montañas con pasto interrumpido por uno que otro vestigio de cafetales y cañaduzales. Es un paisaje típico antioqueño, solo que en Chocó.
  
“Somos chocopaisas, paisas habitando suelo chocoano”, me dice con acento paisa Nhora Aguilar, una carmeleña, de piel blanca y ojos claros, que es la dueña de la casona donde queda mi hotel. Mientras me muestra el solar, señala unos pepinos gigantes que cosecha su hermana. Dice que antes el pueblo era la despensa agrícola de Quibdó: “Todos los domingos religiosamente salía una línea (una chiva) cargada de fríjol, tomate, cebolla –me nombra tantas verduras y de climas tan variados, que pierdo la cuenta– ya no producimos casi nada”. Todo lo traen de Medellín y el costo es alto.

Ella fue la primera, pero con los días me di cuenta que los carmeleños expresan todo el tiempo nostalgia por el pasado y miedo por el futuro. Se aprendieron bien la lección de que los recursos naturales son finitos y usan la palabra “pasajero” con frecuencia.  

Aunque extrañan la época en la que Miner S.A.  (es el nombre corto de Minera El Roble) no dominaba la vida del pueblo, la perspectiva de que se vaya los pone muy nerviosos porque cada vez más han dejado de hacer lo otro que sabían hacer y si no trabajan en la mina tienen negocios que se mueven por la mina. Por eso creen que cuando se acabe el cobre que hay y la empresa se vaya, sólo les van a quedar los huecos que ha cavado en la montaña para sacar el mineral.

De hecho, existe el mito de que la minera ha abierto túneles por debajo de todo el pueblo y que un día se va a hundir. Porque desde que los carmeleños tienen uso de razón, la mina se está yendo. Nadie sabe en el pueblo de cuánto son las reservas y probablemente tampoco la minera.

Los carmeleños expresan se aprendieron bien la lección de que los recursos naturales son finitos".

La mina lleva treinta años produciendo cobre, pero los carmeleños nunca habían visto sacar tanto como en los últimos siete años, desde que  Atico Mining, una empresa canadiense liderada por dos hermanos peruanos —Jorge y Fernando Ganoza— compró el 90 por ciento de sus acciones a finales de 2013 y la catapultó. Ahora los overoles azules de la minera están en todas partes del pueblo.  

Mientras como algo, llega la chiva de la que Nhora me habló. Ahora está llena de empleados de la empresa que vienen de regreso a sus casas. La mina tiene 500 empleados directos, 200 contratistas y otros mil empleados indirectos entre transportadores de material y proveedores de alimentos. Son, de lejos, el principal empleador del pueblo, de 14 mil habitantes. Y uno de los pocos del Chocó.

Aunque no todos los que trabajan en la mina son carmeleños. Cuando Atico Mining compró la mina, había unos 60 peruanos trabajando en la empresa pues eran los únicos que sabían cómo operar todos los equipos nuevos que importaron. Ahora que muchos colombianos ya saben hacerlo, son cerca de 14, según las cuentas de Fernando Malpartida, un peruano que es el jefe de seguridad de la mina. 

Aparte de los peruanos, los del sindicato de la mina calculan que un 68 por ciento de los trabajadores son de afuera del Carmen de Atrato. Minera El Roble dice que un 73 por ciento son personas de Chocó y Antioquia, sin desglosar la cifra. 

Eso no ha caído bien entre la gente del pueblo. Arítides Ceballos, uno de los integrantes del sindicato ha sido operario de la planta de beneficio por casi treinta años y está próximo a pensionarse. Me enumera con la mano todas las prerrogativas que tienen los de afuera: “que les pagan las tres comidas, la PCR cuando llegan al pueblo para poder entrar a la mina, la vivienda, los tiquetes de avión y a veces un salario más alto”. A ellos, en cambio, no les dan nada de eso. 

Me deja claro en todo caso, con preocupación, que él no se opone a la mina. Porque ha tenido empleo todos estos años. Otros han podido pagarle la universidad en Medellín a sus hijos con su trabajo o construido casas de material.

 

La mina y sus ruidos

La mina está ubicada en la parte de arriba del pueblo, clavada en sus montañas.  Sus instalaciones ocupan 42 hectáreas, 90 más están reforestadas y 200 son de conservación. 

El área de explotación es mínima, comparada con Cerromatoso —por ejemplo— cuya mina a cielo abierto tiene cerca de 600 hectáreas.  Aún así, la extracción del cobre produce grandes cantidades de lodo –relaves– porque para sacar una cantidad pequeña de mineral se requiere extraer mucha roca. Eso obligó a la empresa a construir un imponente muro de contención de concreto, empotrado en la montaña, donde antes de la presa los carmeleños veían ganado pastando; y antes de eso, caña. 

“En un momento había 20 mil reses en el Carmen. Ahora hay cerca de 7 mil según el último censo de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)”, cuenta Pedro Bravo el ganadero que vendió el terreno donde hoy está la presa.

 

El paisaje se ha ido transformando. Y con cada cambio, surgen predicciones catastróficas, que recorren el pueblo de boca en boca sin ser nunca totalmente desmentidas. La construcción de esa presa de cola, que es su nombre técnico, hace como cinco años, causó revuelo en el pueblo, y la ruptura en 2019 de una en Brumadinho, Brasil, reavivó los ánimos. “No estoy de acuerdo con que nos hayan puesto esa cosa en la cabeza”, dice Natalia Mazo, la secretaria de Salud. 

Ya ha habido accidentes. Según Codechocó, la autoridad ambiental en el municipio, en 2017 una parte de la presa de cola se desprendió y durante cerca de seis horas los relaves cayeron al río Atrato. El año pasado, se dañó una válvula de los tubos que conducen los relaves a la presa y también cayó el lodo durante una hora al río. 

Codechocó cerró la mina durante una semana la primera vez, y la segunda le exigió a la minera cambiar todas las válvulas. Pero, Harry Escobar, subdirector de Calidad y Control de esa entidad, reconoce que tienen limitaciones: “El problema en materia sancionatoria es que tenemos que demostrar la afectación y cuando una contingencia ocurre a las 3 a.m. es muy difícil poder hacer las evaluaciones y recoger las pruebas ahí mismo”. 

Codechocó tiene un presupuesto muy bajo además, según Escobar, 16 mil millones al año, contra 900 mil que tiene Corantioquia, y la supervisión es costosa porque muchas partes del territorio chocoano se pueden recorrer solo en lancha y cada viaje cuesta. 

Recientemente, Miner S.A. compró una planta de tratamiento que va a permitir reutilizar al menos en un 50 por ciento los relaves para llenar los huecos que ellos mismos han hecho en la montaña para extraer el cobre y el otro 50 irá a unos depósitos secos que reemplazarán las antiguas presas. Ha ubicado, además, estaciones de monitoreo arriba y abajo del río por las que presionaron sus defensores. Pero esto es recientemente.
  
Un estudio de la organización ambiental WWF y de la Corporación Terrae de octubre de 2019 encontró un aumento en la concentración de metales pesados y otros elementos como zinc, cromo, plomo y arsénico en el río Atrato, aguas abajo de la mina, y alertó que había riesgo de derrumbes en las presas que podrían afectar a la población. 

Pese a ser la cuna del Atrato, que es famoso por haber sido reconocido por la Corte Constitucional como “sujeto de derechos”, los carmeleños interactúan muy poco con él, no se bañan, ni tampoco pescan ahí. Dicen que no tiene peces. Creen que está contaminado.

 

La secretaria de Salud, Natalia Mazo, dice que la mina ha acarreado, además, un problema de salud mental complicado. Una de las calles paralelas al parque principal del municipio por donde antes solo caminaba gente y pasaba uno que otro carro, ahora es el paso obligado de las mulas que sacan el mineral del pueblo y ocupan todo el ancho de la vía. Claramente, la infraestructura del pueblo no ha crecido a la par con la operación de la mina.

Minera El Roble ha reparado las casas agrietadas y reconstruido los andenes. Pavimentó la vía que antes era de adoquín y fijó unos horarios para el tránsito, después de que los padres de familia de uno de los colegios que queda cerca, se lo pidiera. Pero la solución definitiva que sería construir una vía alterna para los camiones parece imposible. Los dueños de las tierras que tendría que comprar la minera para hacerla están pidiendo por dos o tres hectáreas: 800, 900 millones de pesos y en algunos casos, no tienen ni siquiera formalizada su propiedad.

Aunque muchos en el pueblo piensan que esos precios son demasiado elevados, Pablo Jaramillo, profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Los Andes y autor del libro “Mining Leftovers: Making Futures on the Margins of Capitalism”, que participó en este reportaje analizando la información, me explica que es una práctica generalizada de las mineras culpar a la gente de que cobren por sus terrenos lo que saben que van a valer en unos años.

Pedro Bravo cree que las 12 hectáreas que le vendió a la mina por 300 millones de pesos en un momento que tenía deudas, valía en realidad 800 millones en ese entonces. 
 

El escándalo de las regalías

Aunque de dimensiones pequeñas porque las cantidades de mineral que extrae anualmente Minera El Roble equivalen a la producción de las minas de cobre en Perú en un día, la infraestructura de la mina está muy bien montada. Pude comprobarlo con mis propios ojos. 

Tuve el privilegio que han tenido muy pocos en el Carmen, excepto quienes trabajan allí, de conocer la mina. Después de pasar los controles de seguridad, y ya disfrazada de minera con el overol azul y el casco, entramos por la boca de la mina en una camioneta doble cabina.  

Entrar en la mina sería una experiencia similar a la del túnel de La Línea o de cualquier otra carretera si no fuera porque la camioneta en la que vamos desciende en espiral hasta unos 1880 metros sobre el nivel del mar.  A lado y lado de las paredes del túnel hay unos ojos de gato rojos que nos indican que estamos entrando. A la salida se ven blancos. Son la guía para no perderse en el laberinto —plagado de ramificaciones— que es la mina. 

Soy consciente de que estoy en las profundidades de las montañas carmeleñas, pero me siento segura. Fernando Malpartida, mi guía, me asegura que no ha habido accidentes mortales ni graves por la actividad minera en los últimos años.
 
Malpartida es un peruano experto en seguridad. Llegó a Colombia hace cinco años después de trabajar en siete minas en Perú, el segundo productor de cobre del mundo. Con 20 años de experiencia encima, habla con propiedad y me muestra las entrañas de la mina como si me estuviera mostrando su casa. Al salir del túnel me dice: “Así como están no sirven para nada — señalando una pila de rocas — Si se las quieren llevar no pueden hacer nada con ellas”.

INTERIOR. La mina por dentro es tan grande que hay espacio para un taller donde en ese momento están arreglando una Jumbo de seis metros de largo. 

Foto: Natalia Arbeláez.

 

Las rocas que sacan del túnel van a un molino gigante que las tritura y después caen a una solución de productos sintéticos –que me aseguran que son 99 por ciento biodegradables– que producen unas burbujas color dorado en las que flota el cobre separándose de la roca estéril. Luego esas burbujas pasan por un filtro que les quita el agua y con el producto hacen la pulpa o concentrado que es lo que la empresa exporta.
 
“El concentrado tampoco sirve, no hacen nada con eso”, repite Malpartida. Hay que llevarlo a una refinería donde ya lo dejan listo para convertirlo en los cables que se usan en el alumbrado, en los equipos electrónicos, en los paneles solares.

La diferencia entre el material que sacan del túnel y el concentrado que exportan es importante porque ahora mismo Minera El Roble enfrenta un escándalo por el no pago de regalías de cobre, que salió a la opinión pública sólo hace dos meses. 

El contrato de concesión tiene una cláusula según la cual si no superan un tope de producción de 100 mil toneladas anuales no tienen que pagar una contraprestación económica (participación nacional) por la explotación. 

Este límite de las 100 mil toneladas buscaba proteger en su momento la pequeña minería, pero el Dane cataloga a Minera El Roble como una empresa “Grande”.  Y aunque tanto la norma (Decreto 2477/86) como el contrato hablan de mineral bruto, la interpretación que le dio Minera El Roble a dicha cláusula es que las toneladas que se tienen en cuenta son las de concentrado que, por supuesto, son menores. Y con esa interpretación, la mina no ha pagado un peso ni de contraprestación económica ni de regalías en los treinta años que lleva explotando el cobre de la región.

 

Cuando Atico Mining se hizo cargo de la operación en 2013, el volumen de toneladas de concentrado de cobre aumentó considerablemente. Los carmeleños lo tienen medido: dicen que la mina pasó de sacar “tres o cuatro volquetas semanales de mineral, a entre 10 y 12 mulas ahora”. 
  
Al año serían cerca de 280 mil toneladas de material. Y están sacando unas 12 mil toneladas de concentrado de cobre (ya separado de la roca estéril) cada tres meses y medio, unas 42 mil toneladas anuales; casi cinco veces lo que producía la mina antes de ser comprada, según los cálculos de Néstor Monsalve, quien fue el jefe de la planta hasta hace sólo unos años.
 
En plata, según Monsalve, son 900 millones de pesos diarios los que produce la mina. Sus ingresos reportados en 2020 fueron superiores a los 228 mil millones. Sin embargo, Minera El Roble dice que no debe nada en regalías porque se basa en las 42 mil toneladas de concentrado y no en las 280 mil toneladas de material. 

Solo este año la Agencia Nacional de Minería (ANM) les comenzó a cobrar la contraprestación económica que no han pagado desde 2014 y regalías, unos 22 mil y 25 mil millones de pesos, respectivamente.

¿Por qué no lo hizo antes? La ANM podía declarar la caducidad del contrato de concesión y terminarlo por el incumplimiento en el pago. Pero según me explica Hernán Rodríguez, el abogado de Minera El Roble, eso habría tenido un impacto negativo muy grande en los carmeleños por lo que habría implicado que la mina dejara de operar. 

Entonces la ANM optó por demandar la cláusula sólo hasta 2017 y que fuera un Tribunal el que decidiera. El juicio, que ya lleva tres años, según Rodríguez, está en un estado “incipiente”. Ahora es la ANM la que está en el banquillo, después de que la Contraloría le abriera este año un proceso por detrimento patrimonial por no cobrarle las regalías a la minera.
 

La flexibilidad laboral debilita la organización sindical

Fuera de este pleito jurídico, en este momento la minera mantiene un pulso fuerte con el sindicato por la jornada laboral. Los trabajadores que vienen de afuera suelen optar por la jornada de 14 días, de doce horas diarias, por siete días de descanso que les ofrece la empresa, en vez de la de ocho horas diarias que tienen otros empleados. Pueden trabajar y luego regresar a sus casas y visitar a sus esposas e hijos. 

Incluso, Aristides Ceballos, uno de los miembros del sindicato, reconoce que algunos compañeros que antes estaban en la jornada ordinaria, se han sumado a este horario. Esto, más allá del debate jurídico y de las preferencias de cada empleado, tiene un trasfondo político. 

La creación de “enclaves“ está documentada en la literatura sobre minería. “Consiste en aislar la parte técnica, de la social”, dice Pablo Jaramillo, el profesor de Antropología de la Universidad de Los Andes: “En Australia hay muchas minas con aviones con los cuales mueven a sus trabajadores desde sus lugares de origen al sitio de trabajo”.

 

 

La minera obtiene un doble beneficio: “Puede tener la máxima flexibilidad laboral, por un lado, porque los trabajadores locales tienen otras necesidades de socialización. Y disminuir la conflictividad laboral, por el otro”, anota Jaramillo. Por eso, las mineras, según él, incumplen a menudo la promesa con la cual se promocionan, que es la de promover la mano de obra local. 
 
“La jornada de doce horas diarias, cuenta Juan Pablo Taborda, el presidente del sindicato de la minera, le impide a los que son carmeleños compartir más tiempo con la familia, con amigos, ir a la Iglesia”. Agrega, dándole la razón a Jaramillo, que “algunos compañeros tampoco participan de la organización sindical porque en el período de los siete días se van de paseo”.  

Jaramillo dice que tampoco es gratuito el esfuerzo de la industria minera de separar el lugar de extracción del de procesamiento (donde separan los minerales y los dejan listos para ser utilizados en la industria). Minera el Roble extrae el mineral en el Carmen, pero la refinería está en China, antes estuvo en México y antes en Japón. 
 
“Los procesos de refinamiento requieren más mano de obra y que sea tecnificada. El trabajo se hace en una fábrica en lugar del socavón de la mina. Eso propicia mucho más la organización política. Por eso separar ambos centros de la operación disminuye el conflicto social”, explica Jaramillo.

 

La inversión social es poca

Aunque la mina mueve el pueblo —como me dijo la dueña de “Balcones” uno de los restaurantes más concurridos del Carmen — hay al mismo tiempo una sensación generalizada de que es más lo que se lleva que lo que les deja, no sólo porque no han pagado regalías sino porque creen que la inversión social que han hecho es mínima. 

Después de mi recorrido por la mina, Paola Henao, la directora de comunicaciones de Miner S.A., me insiste en que vaya a conocer dos proyectos productivos que apoya la mina: “La historia no sólo se cuenta en la planta”, me dice.  Yo tenía afán, pero alargué la jornada porque, al fin y al cabo, es eso lo que puede justificar los costos que tiene la minería. 
 
El primer proyecto se llama “Mujeres construyendo porvenir”. Lo escueto de la instalación contrasta con la infraestructura de la mina que acabo de ver. Marisbey Correa y cerca de cinco mujeres cabeza de hogar, perfectamente vestidas con uniforme de chef, nos dan la bienvenida. Me estaban esperando.

INICIATIVA. Marisbey Correa con las otras mujeres jefes de hogar que trabajan en el emprendimiento “Mujeres construyendo porvenir”.

Foto: Natalia Arbeláez.

 

“Esto es gracias a Miner S.A.” Así arranca la conversación y lo repite un par de veces con voz enérgica. Me cuenta que tres o cuatro veces por semana se reúnen para hacer pulpa de fruta. En ese local llevan poco, la Alcaldía se los entregó en comodato.

“No tenía ni techo cuando nos pasamos, pero limosneando una cosa y otra lo logramos adecuar: que unas tejas, que la baldosa, yo bajé esta nevera de mi casa, —me señala una nevera gris de tamaño mediano—y esta otra —una de tamaño similar— me la dio Miner. Lo mismo esta licuadora industrial. Miner ha sido muy importante”, me repite.

Luego abre un congelador blanco que le donó cualquier conocido donde no cabe una pulpa más y me dice: “Nosotras queremos hacer mermeladas y dulces, pero ya no nos da el espacio. Queremos sacar también el permiso del Invima para exportar”. Marisbey está llena de sueños, lo que le falta es más apoyo. De los 15 sabores con que hacen las pulpas, un poco más de la mitad son frutas que traen de Medellín porque ya no se producen en el Carmen.
 
Su principal ingreso es un contrato que tiene con la mina para llevarle pulpa por ocho millones de pesos mensuales. Cuando le pregunto por la cantidad de pulpa que les vende, trastabilla. Me aclara que la cantidad depende del menú del mes de la mina: “A veces es más, otras veces menos”. Una de las compañeras de Marisbey, que es venezolana, me cuenta que ganan en promedio 360 mil pesos mensuales. Marisbey la interrumpe: “Yo espero que pronto pueda pagarles mucho más”. 
 
De ahí seguimos a la finca de Gilma Cardona, una zootecnista mayor de 60 años, que con su esposo también zootecnista tienen una pequeña empresa de quesos y yogures. Se llama “Campinella”.  Después de una larga pausa en Medellín, a dónde huyeron de la violencia del Frente 34 de las Farc que azotó al Carmen en los 90, comenzaron de cero hace tres años gracias a un fondo de emprendimiento del Sena. 

Justo el día que la visité, se le estaba terminando. Con esa plata pagaba la nómina de tres empleadas que tenía. A una ya la había despedido esa semana, y estaba negociando con la contadora reducirle sus honorarios a la mitad. Angustiada, se rascaba el pelo mientras me contaba.
 
La oficina donde estábamos era nueva, se la había anexado a la casona vieja donde vive. “Miner me ayudó con cemento, varillas, arena. Darney Ceballos —el encargado de las relaciones con la comunidad— que hace días no viene por aquí, se enamoró del proyecto y me dijo ‘díganos que necesita y nosotros tratamos de ayudarle’”, me cuenta.
 
“¿Qué les pidió, doña Gilma?, le pregunto. “Una descremadora, que también se me acaba de dañar”.

 

TRABAJO. Gilma Cardona armando la descremadora que le dio Miner S.A. y que se le dañó.

Foto: Natalia Arbeláez.

 

“¿Cuánto vale esa máquina?”, continúo. “Unos tres o cuatro millones”, me responde. Y también me compran productos. La cantidad varía. A veces me dicen: ‘doña Gilma, este mes son menos porque también tenemos que apoyar a otros productores del pueblo’. Yo entiendo, por supuesto”, comenta.
 
Según Angélica Ríos, la directora administrativa de Minera El Roble, la empresa ha invertido en los últimos tres años cerca de 30 mil millones de pesos en ayudas sociales. “En la época del covid donamos, por ejemplo, un ventilador ambulatorio que permitía que los enfermos pudieran ser trasladados a Ciudad Bolívar, el pueblo más cercano. Ese trayecto toma mínimo 45 minutos, y la capacidad del ventilador que había era únicamente para 30 minutos”, cuenta.
  
Esos son el tipo de aportes que hace la Minera. Pero los carmeleños no quieren cosas “consumibles”, como dicen algunos. La mina no ha construido un colegio, no ha hecho un proyecto de vivienda, no ha mejorado el edificio del hospital que está totalmente desvencijado.
 
“Cuando yo estaba del otro lado, del del sindicato, entiendo que es que la mina no es el Estado, ellos contribuyen con los impuestos”, me dice el alcalde actual, Jaiberh de Jesús Ríos Oquendo, que trabajó en la mina, como por lo menos los últimos dos alcaldes del Carmen, y formó parte de su sindicato.

Con una mochila arhuaca colgada de su silla, una manilla de chaquiras y dos anillos dorados uno en cada mano, me habla mientras mira al parque del pueblo: “Hoy que estoy de este lado, como alcalde, encuentro que son un aliado estratégico. Si usted como mandatario no cuenta con la mina, tiene las manos atadas”.

La mina no ha construido un colegio, no ha hecho un proyecto de vivienda, no ha mejorado el edificio del hospital".

¿Atadas de qué forma? La mina no paga Industria y Comercio al municipio porque las regalías —que tampoco ha tenido que pagar— reemplazan el pago de este impuesto. Y sólo desde 2017 le retiene ese impuesto a sus proveedores, porque antes el municipio no sabía que podía declararla retenedora. Pero es plata de terceros en cualquier caso.

Ríos me explica que El Carmen es un municipio muy pobre y que la mina les ha prestado su maquinaria para reparar las vías que se han dañado por la oleada invernal, por ejemplo. “Si no hubieran quedado incomunicadas muchas veredas”, me cuenta. Ríos intenta hablar desde diferentes lugares, pero sólo puede hacerlo desde los zapatos de la mina.

Jaramillo, el profesor de Antropología de Los Andes, citando a la profesora Margarita Serje de su departamento, dice que la idea del abandono del Estado hay que reemplazarla por la idea de que “lo que hay en Colombia es una presencia del Estado, una forma de administrar el territorio en muchos lugares, a través de privados”, anota. 

En otras palabras, en el Carmen es difícil distinguir entre el Estado y la mina, y la distancia y control que pueden ejercer las autoridades son muy limitadas por lo mismo.

A Minera El Roble se le vence su contrato actual de concesión en enero de 2022. Su abogado Hernán Rodríguez me da lo que pareciera ser un parte de tranquilidad por lo menos hacia futuro: “No hay lugar a prórroga. Tenemos que celebrar un nuevo contrato que lo regirá la normatividad actual y de acuerdo a la misma, Minera El Roble pagaría y cumpliría, en adelante, con el pago de regalías, el plan de gestión social, y las demás obligaciones a que haya lugar”. 

En el Carmen es difícil distinguir entre el Estado y la mina. El control que pueden ejercer las autoridades es limitado".

Colombia basa el 60 por ciento de sus exportaciones en la explotación de recursos naturales y el cobre es fundamental para reducir el calentamiento global. La pregunta, entonces, no es si hacemos o no minería en el país. Sino qué tipo de minería, o bajo qué condiciones.

El profesor Jaramillo cree que cada vez es más fuerte la idea de que sólo las empresas multinacionales pueden hacerse cargo de la actividad minera para que sea rentable, segura, sostenible con el medio ambiente. “Se plantea un falso dilema entre este tipo de minería y la minería independiente –por muchos llamada ilegal– que supuestamente sólo puede ser contaminante y riesgosa para los trabajadores”. Algo que se resolvería, en su concepto, si el Estado le diera asistencia técnica a los mineros independientes. 

La diferencia de fondo para el investigador entre una y otra es en realidad su capacidad redistributiva. “La mediana y gran minería tiene inversionistas en todo el mundo que están afuera y terminan concentrando la riqueza en muy pocas manos”, dice. 

Minera El Roble hasta ahora no ha demostrado lo contrario. Aún así, muchos carmeleños creen que la minera podría irse y dejarles toda la maquinaria, toda la infraestructura, y ninguno sabría qué hacer con eso. Ni qué hacer, en general.