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opinión 28 Junio, 2021

Los jóvenes migrantes son claves para la reactivación económica

Los jóvenes migrantes son claves para la reactivación económica
María José Gómez

Especialista en desarrollo

La reactivación económica es impostergable y debe incluir a los sectores más marginados y golpeados por la Covid-19. En este artículo, las especialistas en migración y directoras de la Fundación Forge Perú y Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) Perú, analizan el impacto que podría tener la promoción del empleo de jóvenes migrantes y refugiados en el desarrollo y crecimiento económico del país, mientras garantiza el acceso a derechos básicos.

MIGRANTES. Perú es el país de acogida de más de un millón de personas venezolanas de entre 18 y 30 años.

MIGRANTES. Perú es el país de acogida de más de un millón de personas venezolanas de entre 18 y 30 años.

Foto: Andina/Norman Córdova

Con Erika Alfageme*

 

Durante los últimos 30 años, Perú ha gozado de un crecimiento económico sostenido en una región caracterizada por la inestabilidad. Sin embargo, ese liderazgo no ha supuesto un movimiento significativo en las cifras de informalidad y desempleo juvenil. Como parte de las buenas noticias, aunque ha sido el país con mayor pérdida de horas de trabajo a escala mundial por la pandemia, las proyecciones de 2021 del BBVA Research apuestan a un crecimiento de la economía del 10%.

En este escenario es importante recordar que la población joven ha sido particularmente afectada por la crisis mundial, por lo que la implementación de planes de empleo juvenil debe ser prioritaria dentro las iniciativas de reactivación económica.

Dentro de ellas, sería deseable considerar a grupos de la población particularmente marginados y golpeados por la pandemia -mujeres víctimas de violencia, jóvenes de bajos recursos económicos, población refugiada y migrante o personas con discapacidad-, para estimular el desarrollo inclusivo y evitar que se profundicen las desigualdades.


Juventud venezolana, una oportunidad

 

Hoy, Perú es el país de acogida de más de un millón de personas venezolanas de entre 18 y 30 años, calificadas, con voluntad de trabajar y tributar, de balancear la desigualdad y de aportar a la innovación e interculturalidad del país.

El 57% de las personas venezolanas en edad laboral en Perú han realizado estudios superiores, de las cuales cerca de la mitad ha completado sus estudios universitarios. Pero, aun así, el 80% trabaja en el sector informal y tan sólo el 7% ejerce una actividad vinculada a su profesión.

La falta de oportunidades para la juventud se traduce en una pérdida para el país, y esto incluye a la población venezolana. Según el Banco Mundial, si esta población refugiada y migrante tuviera acceso a empleos compatibles con sus calificaciones, su fuerza de trabajo podría aportar más de S/ 2.200 millones en ingresos fiscales netos al Perú en cinco años (cerca del 1,2% del PBI actual). 

No obstante, para alcanzar dicha meta se requiere priorizar la migración dentro de la agenda pública peruana, comenzando por la disolución de barreras. La primera de ellas implica reconocer el aporte de esta población al país, que incluso podría incrementarse con la regularización migratoria de las personas refugiadas y migrantes.

El 57% de los migrantes venezolanos en edad de trabajar que viven en Perú cursó estudios superiores".

En otras palabras, más del 55% de la población venezolana en el Perú no cuenta con documentos que los habiliten a gozar de sus derechos fundamentales, incluyendo el acceso a un trabajo digno, lo cual afecta directamente sus aportes tributarios.

A la necesidad de flexibilizar los estándares de regularización migratoria, se suman otros cambios políticos importantes relacionados con los marcos legales que restringen la contratación de personas refugiadas y migrantes.

Estos cambios permitirían fomentar la empleabilidad, considerando que sólo 2% de la población venezolana trabaja en medianas y grandes empresas, y cuentan con precedentes: la Ley de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Ley N° 31047), revoca las dos restricciones previamente mencionadas.

Promover la empleabilidad de la población joven, entre ella las personas refugiadas y migrantes, no es sólo una vía tangible que fomentaría el desarrollo y crecimiento económico del país, sino que permitiría garantizar los derechos humanos de miles de personas extranjeras.

Alrededor del 80% de los migrantes trabaja en jornadas laborales más extensas que las establecidas por el marco legal".

La Fundación Acción contra el hambre señala que más del 80% de la población venezolana trabaja en jornadas laborales más extensas que las establecidas por el marco legal de 48 horas semanales. Más de la mitad de ellos incluso supera las 60 horas de trabajo. A eso se añaden, también, las diferencias salariales entre la población peruana y extranjera: las y los jóvenes migrantes ganan hasta 37% menos por hora de trabajo que sus colegas nacionales ocupados en tareas similares.

Esta precaria situación económica muchas veces les genera problemas para afrontar una canasta mínima familiar y de subsistencia, y los pone permanentemente en riesgo de experimentar una situación de calle.

A estas condiciones se suma la vulneración de derechos fundamentales, como el acceso a salud, cotizar en una pensión, recibir licencias de maternidad y paternidad, pedir permisos para atender las necesidades de sus propias familias y recibir el pago acordado en los tiempos asignados, así como el miedo permanente a ser despedido.

La falta de acceso a información sobre sus derechos y el desconocimiento de las instituciones sobre cómo actuar cuando reciben denuncias completan un rompecabezas macabro, que se expande cada vez más.

 

Definir la nueva normalidad

 

La pandemia ha puesto en jaque las economías del mundo y ha cuestionado todo sistema que considerábamos normal. Estamos frente a una posibilidad de cambio única, basada en un tiempo de exposición y reflexión sobre la realidad asediante que viven millones de jóvenes en nuestro país.

Pero, para eso, se requiere unir esfuerzos entre las entidades del Gobierno, el sector público y la sociedad civil. El programa de formación para el empleo “Tu Futuro” -enfocado en desarrollar habilidades transversales y competencias digitales de más de 2.000 jóvenes de Perú y Venezuela- es un ejemplo.

Es hora de decidir si queremos ser referentes del desarrollo sostenible apostando por la población joven, a través de alianzas que permitan evitar la duplicación de esfuerzos y avanzar conjuntamente en la implementación de soluciones sostenibles.

El Estado peruano no sólo cuenta con recursos e infraestructura, sino con una sociedad civil que reitera su compromiso por asegurar la integración de una población joven, diversa, refugiada, migrante y capaz, pero sobretodo dispuesta aprender y trabajar para aportar y retribuir al país económica y socialmente.

 

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*María José Gómez es directora de la Fundación Forge Perú.

*Erika Alfageme, es directora de Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) Perú