Eduardo Pérez Cedano (31) vive en Tablapampa, una comunidad de Huancavelica que se encuentra en la zona de influencia directa de la mina Julcani, propiedad de Buenaventura. A lo largo de los años, el joven ha visto cómo extraen plata desde el territorio para exportarla hacia otros países, pero siente que los beneficios económicos por la venta del mineral no se ha traducido en una mejor calidad de vida para su comunidad. “En setiembre, octubre no hay agua para nuestros animales, porque se secan los riachuelos”, dice. 

A pesar de los recursos que deja la explotación minera, el distrito de Ccochaccasa tiene al 44,4 % de su población en situación de pobreza y, en 2020, la región Huancavelica volvió a ser la más pobre del país. Las cifras, publicadas hace una semana por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), señalan que esta región incrementó sus niveles de pobreza en 7,8 puntos porcentuales: pasó de 36,9%, en 2019, a 44,7% el año pasado. 

Huancavelica, sin embargo, no es la única región que experimenta este problema. El estudio del INEI concluye que, a nivel nacional, la pobreza monetaria pasó de 20,2%, en 2019, a 30,1%  durante el 2020. En otras palabras, aumentó 9,9 puntos porcentuales, y hoy alcanza a 9 millones 820 mil personas en todo el Perú. 

Un estudio del INEI concluye que el 2020 se incrementó la pobreza: pasó de 20,2%, el 2019, a 30,1% en 2020". 

La investigación se basa en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), que cubre las 24 regiones y la provincia constitucional del Callao y utiliza un enfoque monetario. En otras palabras, considera como pobres a las personas de hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y servicios como vivienda, vestimenta, educación, salud y transporte, entre otros. 

Así, los que gastan menos de S/ 360 al mes en la canasta de alimentos y otros servicios básicos son considerados en condición de pobreza; mientras que los hogares cuyo gasto per cápita está por debajo del costo de la canasta básica de alimentos, fijada en S/191, son contemplados en la categoría de pobreza extrema.  

De acuerdo con el documento del INEI, las regiones con mayor porcentaje de pobreza monetaria en Perú son: Huancavelica (47,7%), Ayacucho (46,4%), Pasco (44,8%), Huánuco (42,6%) y Cajamarca (42,5%), cinco regiones que albergan importantes proyectos mineros, como Julcani (Buenaventura), Cobriza (Doe Run), Apumayo (compañía del mismo nombre), Pallancata (Hochschild Mining), las minas de Volcan y de las compañías Raura y Antamina -que también benefician a Huánuco- y Yanacocha (Buenaventura). Por ese motivo, reciben canon minero y, en contraste con los indicadores de pobreza, sus presupuestos anuales están entre los más altos de todas las regiones del país. 

En un segundo grupo de pobreza monetaria están Apurímac (35,5%) y Cusco (32,1%). En estas localidades, el crecimiento económico producto de la extracción y venta de metales tampoco se ha traducido en una mejor calidad de vida para sus habitantes. A pesar de la presencia de la industria extractiva, las brechas sociales de salud y educación se han agudizado y la deficiencia de servicios básicos de agua y desagüe es evidente.

 

El jefe del INEI, Dante Carhuavilca, aseguró que la pobreza impactó de forma desigual en todo el territorio nacional. Por ejemplo, en el área urbana pasó de 14,6%, en 2019, a 26%, el año pasado. En la zona rural, la variación fue de 4,9 puntos porcentuales durante el mismo periodo y, para 2020, alcanzaba al 45,7% de la población. En otras palabras, la pobreza monetaria creció más en las ciudades durante el primer año de pandemia, pero la mayor cantidad de personas en condiciones de vulnerabilidad monetaria continúan localizándose en las zonas rurales. 

En este sentido, Carhuavilca precisó que “en general, todos los departamentos han aumentado sus niveles de pobreza [monetaria]”. Sin embargo, las regiones de la sierra son las que, en la actualidad, presentan los índices más altos: Cajamarca, Huánuco, Pasco, Huancavelica y Ayacucho.   

Jorge Carrillo Acosta, docente de Pacífico Business School, explicó a OjoPúblico que la crisis sanitaria por la Covid-19 es uno de los factores que explica el incremento de la pobreza monetaria. Durante la cuarentena de 107 días en el Perú, del 16 marzo al 30 de junio de 2020, se paralizaron casi todas las actividades, salvo las primarias como alimentos, combustibles y minería. 

“Al haber muchas actividades cerradas, la gente se quedó sin trabajo. La informalidad antes de la pandemia era del 70%. Lo que implica que 7 de cada 10 peruanos, al no estar en planilla, no contaban con beneficios laborales para subsistir luego de ser despedidos, como ocurrió en muchos casos”, señaló.

Otras conclusiones del estudio del INEI son que 4 de cada 10 niños son pobres en nuestro país, y que los hogares que son dirigidos por una mujer se incrementaron en 16,2 puntos porcentuales respecto al 2019. Es decir, se pasó de 42% de hogares jefaturados por una mujer, en 2019, a 58,2% en 2020.

 

El retroceso de una década

 

Si miramos esos números en términos globales, el año pasado retrocedimos una década en la lucha contra la pobreza monetaria, pues en 2010 el promedio nacional era de 30,8%, cifra similar a la reportada recientemente por el INEI para el 2020. No obstante, por sectores territoriales “se retrocedió cinco años en zonas rurales, 13 años en Lima y 12 años en las otras zonas urbanas”, explicó Carhuavilca. 

La investigación detalla, asimismo, que el 6,9% de personas en condición de pobreza no cuenta con una refrigeradora en casa, lo que explica que durante la pandemia se vieran obligados a salir casi todos los días a la calle y exponerse al contagio de la Covid-19. Además, el 85,7% no tiene una computadora en su hogar y el 82% tampoco cuenta con acceso a Internet, una carencia que impide que los niños estudien en buenas condiciones bajo la modalidad no presencial y que los adultos desarrollen actividades de trabajo remoto.  

El análisis del INEI también aborda la vinculación entre la pobreza monetaria y la informalidad, y concluye que el 92,4% de personas en condición de pobreza tiene un empleo informal. Otro resultado del estudio es que la pobreza extrema también ha aumentado. En todo el país el 5,1% de la población, es decir, 1’ 663.900 personas, se ubican en esa categoría; lo cual representa un incremento de 2,2 puntos porcentuales respecto al 2019. 

 

PANDEMIA. Los especialistas explicaron que la paralización de las actividades económicas generó el incremento de la pobreza.

Foto: OjoPúblico/ Marco Garro

 

Norma Correa, antropóloga especializada en políticas públicas y desarrollo e investigadora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, considera que en los últimos 20 años la evaluación de la pobreza ha atravesado tres fases: una de reducción, desde el 2003 hasta el 2014; otra de estancamiento, por la desaceleración de la economía desde el 2015; y una tercera de incremento, a partir de la pandemia. 

Mientras tanto, Jaime Borda, secretario ejecutivo de la ONG Red Muqui (una plataforma que reúne a varias instituciones en 11 regiones del país), señala que los datos del INEI muestran cómo “los ingresos por más regalías, no significan necesariamente que disminuya la pobreza”. Como ejemplo destaca la provincia de Espinar, que desde hace 30 años acoge a empresas mineras, pero cuyos distritos -incluso la capital- no cuentan con agua potable de calidad todos los días ni con una planta de tratamiento de residuos sólidos.   

Una de las razones -explica Borda- es la mala gestión de los recursos económicos por parte de los gobiernos locales y regionales, que reciben el canon minero; así como la poca inversión del gobierno central en las zonas de pobreza. El comunicador social especialista en minería y conflictos sociales, precisa que ambos niveles del gobierno no priorizan proyectos para cerrar las brechas en cuanto a servicios básicos, ni generan mayor empleo.

El 92,4% de personas en condición de pobreza tiene un empleo informal".

Otro de los factores del deficiente gasto público, según Borda, puede estar asociado a la corrupción en los tres niveles de gobierno. “En Challhuahuacho, provincia de Cotabambas (Apurímac), muchos de sus alcaldes están prófugos. Veían el cargo como un botín para asaltar”, indica. 

Por su parte, el economista César Flores, subdirector de CooperAcción, explicó a OjoPúblico que la minería contribuye a la macroeconomía peruana, pero en la economía de las regiones no genera tantos empleos directos. “Aporta a través de las regalías, pero ese dinero muchas veces se gasta en fierro y cemento y no en fortalecer capacidades y mejorar los servicios básicos”, indicó.   

 

La costa norte y el costo de la corrupción

 

En el segundo grupo de regiones con alta incidencia de pobreza monetaria también figuran las ubicadas en la costa norte: Piura (35%), Tumbes (32,6%), La Libertad (31,9%) y Áncash (29,8%). A pesar de que sus economías son diversificadas (pesca, agroexportación, hidrocarburos, turismo), la pandemia agudizó sus niveles de pobreza monetaria, como resalta el estudio del INEI.    

Para el presidente de la Mesa de Concertación Para la Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas, uno de los factores que incidió en este incremento fue el Niño costero del 2017, que destruyó servicios básicos, infraestructura de salud y educación en 13 regiones de la costa peruana. Si bien ocurrió hace cuatro años, su impacto se extiende hasta hoy en los servicios básicos y en la infraestructura de salud y educación, que hasta la fecha no ha sido reconstruida. 

El informe elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señala que este evento ocasionó 138 personas fallecidas, 459 heridos y 18 desaparecidos, además de 63.802 viviendas inhabitables, 2.870 colegios y 943 puestos de salud afectados. 

 

NIÑO COSTERO. Las lluvias del 2017 destruyeron infraestructura pública que contribuyó al crecimiento de la pobreza en la costa norte. 

Foto: OjoPúblico/ Ralph Zapata

 

En Piura, el coordinador regional de la mesa de concertación, Víctor Palacios, añade otro factor: la corrupción. Como ejemplo indica que durante la pandemia hubo irregularidades en la compra de canastas por parte de los municipios, y “en la adquisición de equipos de protección para la policía, plantas de oxígeno, ventiladores mecánicos y mascarillas”. Uno de los casos más resaltantes es el del gobernador de Áncash, Juan Carlos Morillo, quien en la actualidad cumple prisión preventiva acusado de corrupción por la remodelación de dos locales para luchar contra la Covid-19. 

El decano del Colegio de Economistas de Piura, Humberto Correa Cánova, aseguró que de 2007 a 2019 las brechas se han profundizado en la sierra andina de esta región. “¿Qué pasó? Poca eficiencia en el gasto. Hay varios distritos de la sierra de Piura con índices de pobreza por encima del 30%. Entonces, esos lugares, como varios en el país, no perciben los beneficios del canon petrolero y minero [que son la principal fuente de ingresos en la región]”, explicó. 

Para revertir esa situación, Palacios recomendó que el Estado trabaje con políticas diferenciadas de acuerdo al territorio, pues las estrategias para las zonas andinas o amazónicas no serán las mismas que para la costa. “Es clave la coordinación en los tres niveles de gobierno y fortalecer las capacidades de gestión de los funcionarios de rangos medios, que son la parte operativa del Estado, y que los proyectos encajen con las particularidades de cada territorio”, indicó. 

 

Las brechas en los pueblos indígenas u originarios 

 

La pobreza está relacionada con las necesidades básicas insatisfechas (servicios básicos, acceso a salud y educación). En ese sentido, el jefe del INEI dijo que si se toman como referencia estos indicadores, en lugar del dinero del que disponen los hogares, Loreto, Ucayali, San Martín y Amazonas encabezan el ránking. En estas zonas el acceso a agua potable, desagüe y energía eléctrica sigue siendo precario. 

Según lengua materna, el estudio del INEI indica que la pobreza monetaria afectó más a la población que aprendió una lengua indígena durante su niñez: quechua, aimara o las amazónicas. En el año 2020, incidió en el 38,4% de esta población, lo que representa un incremento de 7,9 puntos porcentuales respecto al 2019. 

Al respecto, Norma Correa indicó que en la población de lengua indígena hubo un avance significativo en la reducción de la pobreza desde 2003 hasta 2014. Por ejemplo, en el 2009 la cifra era de 53,8% y al 2019 disminuyó al 30,5%. Sin embargo, la pandemia hizo crecer de nuevo esas brechas. 

El estudio del INEI precisa que el impacto fue mayor en la población rural amazónica, donde se reporta 48,2% de pobreza monetaria en el 2020. La especialista Correa explicó a OjoPúblico que el gobierno introdujo programas sociales en la selva peruana para intentar bajar los índices de pobreza. Sin embargo, precisó que dichas ayudas fueron insuficientes, porque hubo dificultades en los padrones y no se pudo identificar a las familias más pobres.

"El estudio del INEI precisa que el impacto fue mayor en la población rural amazónica".

“No basta con inyectar dinero a las economías familiares, sino que se debe pensar seriamente en cómo generar circuitos de desarrollo. Se debe promover la autonomía económica con una visión respetuosa de la vida en las comunidades y cuidando el medio ambiente”, señaló.

Otro de los factores que observó la antropóloga Correa es que la clasificación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social colocó a todos los indígenas en situación de extrema pobreza. Esta norma se aplicó en 2014 para permitir su acceso a los programas sociales. “No es posible que la política pública encasille a los indígenas como pobres extremos, porque el criterio monetario no es el más adecuado por la dinámica de las comunidades. La idea es trabajar en políticas propias que busquen el desarrollo de la Amazonía”, dijo.

En ese sentido, Correa sostuvo que se deben mejorar algunos programas sociales. Por ejemplo, propuso realizar compras locales a los productores agrícolas y ganaderos para el programa alimentario Qali Warma. También propuso afinar los padrones de hogares, con un adecuado levantamiento de los datos de las familias.  

 

El duro impacto de la pandemia 

 

Todos los especialistas consultados por OjoPúblico coinciden en que el incremento de la pobreza monetaria se explica, entre otros factores, por la pandemia. El estudio del impacto socioeconómico de la Covid-19 en los hogares peruanos del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) profundiza en este aspecto. 

Dicho análisis evalúa los efectos de la emergencia sanitaria sobre los ingresos de los hogares, la seguridad alimentaria y los obstáculos para la reactivación económica. Para ello, se hicieron entrevistas telefónicas en 1.819 hogares de zonas urbanas y rurales a inicios de setiembre del año pasado. La principal conclusión es que, debido a la pandemia, hubo una reducción significativa de los ingresos por trabajo. 

Entre marzo y setiembre de 2020, el 24% de los entrevistados se quedó sin empleo. Aunque el impacto fue diferente por género: 36% de las informantes mujeres perdieron el trabajo, mientras que en el caso de los hombres solo fue el 14%. 

 

VULNERABLES. Un estudio del PNUD estableció que la pandemia afectó sobre todo a los trabajadores informales y de los estratos sociales más bajos. 

Foto: OjoPúblico/ Marco Garro

 

Asimismo, el 50% de los encuestados disminuyó sus ingresos en más de la mitad, y solo el 20% pudo mantener su ingreso o mejorarlo. El golpe de la crisis, de acuerdo a este análisis, fue más duro para los independientes informales y aquellos que pertenecen a los niveles socioeconómicos más bajos. Pero los más perjudicados por la caída de ingresos fueron los jóvenes de entre 18 y 25 años.  

Otro de los aspectos que aborda el estudio del PNUD está referido a la seguridad alimentaria, es decir, la disponibilidad de alimentos. En ese sentido, la investigación señala que los mayores niveles de inseguridad alimentaria se presentan en el área rural y entre los más pobres. “Sin embargo, también se observan elementos de inseguridad alimentaria incluso en el grupo de mayor nivel socioeconómico del área urbana, que debió disminuir el tamaño de ración de alimentos (21%) y el consumo de carne (36%)”, precisa el documento.

En el caso de las zonas rurales, el 18% de niños y niñas de 0 a 5 años omitió una comida en el mes anterior a la encuesta y el 40% redujo el tamaño de su almuerzo. Una de las medidas que implementó el gobierno para paliar la crisis por la Covid-19 fue la entrega de bonos a los más vulnerables. Sin embargo, el estudio del PNUD concluye que los montos “fueron relativamente pequeños y no recibidos de manera regular durante todo el período de emergencia”. 

El 50% de los encuestados disminuyó sus ingresos en más de la mitad por la pandemia". 

Por lo tanto, continúa el informe, “no tuvieron un impacto estadísticamente significativo en el consumo de alimentos de los hogares que lo recibieron”. Al respecto, el economista Javier Herrera, director de Investigación del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), señaló que los bonos han sido insuficientes para mitigar la pobreza. No obstante, precisó que sin ellos la pobreza monetaria hubiera sido superior en tres puntos porcentuales. “Se deben promover programas de empleo temporal”, propuso. 

Otra de las recomendaciones que señala el estudio del PNUD es ampliar los niveles de protección social, por ejemplo, entregando bonos con mayor regularidad a todos los hogares, con excepción de los que perciben ingresos altos o medios. El monto a entregar debe ser diferenciado según el nivel socioeconómico. 

La entrega de dichos fondos económicos, sostienen, debe combinarse con subsidios directos a la alimentación, otorgados a través de las organizaciones sociales y de comedores establecidos en los distritos. “Para ello, un aspecto central es asegurar un transporte más fluido entre centros poblados rurales y las ciudades”, detalla el informe. 

La tarea pendiente es esa: lograr que las inversiones en nuestro país se traduzcan en mejores condiciones de vida para todos, en especial para aquellos que, como Eduardo Pérez Cedano, de Huancavelica, viven en una zona rica en recursos pero sumida en la pobreza.