La persona que será elegida presidente del Perú el próximo 11 de abril recibirá un país con una economía trastocada por la pandemia, luego de 22 años de crecimiento ininterrumpido. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 2020 se cerró con una producción de -11,12%, el escenario más bajo registrado en tres décadas, desde que afrontamos los golpes de la hiperinflación y la violencia.

OjoPúblico revisó los planes de gobierno de las cinco agrupaciones políticas que ocupan los primeros lugares de las recientes encuestas: Acción Popular, liderado por Yonhy Lescano; Victoria Nacional, de George Forsyth; Renovación Popular, con Rafael López Aliaga a la cabeza; Juntos por el Perú, de Verónika Mendoza; y Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, e identificó las 105 propuestas económicas que dichos partidos buscan aplicar en el país.

Se trata de medidas con impacto financiero, tributario, empresarial y de generación de empleo que, en su mayoría, coinciden en plantear modificaciones en la política de recaudación de impuestos, así como promover la formalización de las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes), las más afectadas por la crisis, y facilitarles un mayor acceso a créditos.

En todas las hojas de ruta, excepto la de Victoria Nacional, se indica que la generación y recuperación de puestos de trabajo se sostendrá en las inversiones que se puedan impulsar desde el sector público. Sin embargo, algunas voces especializadas, entre ellos, la consultora de negocios Thorne & Associates, dirigida por el exministro de Economía Alfredo Thorne, aclara que este ofrecimiento es irreal, pues la capacidad del Estado para movilizar el empleo es limitada. 

“En la práctica, la inversión pública representaba el 4,6% del PBI antes de la pandemia; y la privada, el 18%, por lo que no es viable que la inversión del sector público sea suficiente para recuperar el empleo perdido: 2,9 millones de puestos al tercer trimestre del 2020”, señala la consultora en un informe técnico donde también comparan los planes de gobierno.

Sin considerar la viabilidad o pertinencia de estos ofrecimientos, OjoPúblico encontró que del total de promesas económicas plasmadas en los planes de gobierno, el 48,5% son intenciones o enunciados que no esbozan una alternativa, ni explican cómo se ejecutará en caso lleguen al gobierno. Esto se evidencia con más frecuencia en las propuestas de financiamiento a los pequeños negocios y en las metas de empleo o incremento del Producto Bruto Interno (PBI). Acción Popular es el partido con el mayor número de estos ofrecimientos declarativos.

Cabe recordar que, esta semana, el candidato Yonhy Lescano declaró a la prensa que el documento de 26 páginas que presentó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solo contempla lineamientos generales, y que su plan de gobierno completo será entregado “más adelante”. Hizo esta afirmación luego que sus competidores lo acusaran de prometer aspectos no contenidos en su hoja de ruta, y de que un estudio sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de las Naciones Unidas, ubicó sus propuestas en el último lugar.

 

Acción Popular: un círculo de militantes

A menos de un mes de los comicios, Acción Popular no ha presentado a su equipo técnico de campaña. Sin embargo, OjoPúblico pudo conocer que su reducido círculo de confianza está integrado por militantes de larga data e integrantes del Comando Nacional de Profesionales del partido. El único rostro visible entre ellos es Luis Alberto Oballe Mora, economista por la Universidad San Martín de Porres y jefe del plan de gobierno.

Oballe ha sido director regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la región Ucayali, entre el 2003 y 2007, y actualmente se desempeña como asesor de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), un espacio de diálogo con sindicatos, gremios empresariales y funcionarios del sector, y que es presidido por el Ministerio de Trabajo.

Los otros dos personajes que lo ayudaron a plasmar las propuestas técnicas son Luis Yovera, economista por la misma casa de estudios, dirigente en el partido y excandidato al Congreso en 2016; y Ricardo Monteagudo Valdez, postulante a regidor por Miraflores en 2002 por Acción Popular. Monteagudo también ha ocupado cargos directivos en la agrupación, y como Secretario de Comunicaciones en 2008 presentó una queja en el Consejo de la Prensa Peruana contra una columna de opinión que cuestionaba las decisiones que se tomaban en su agrupación política. El reclamo no prosperó.

PLANCHA PRESIDENCIAL.Yonhy Lescano, acompañado de los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, Gisela Tipe y Luis Alberto Velarde. 

Facebook: Acción Popular

 

Fuentes vinculadas a la campaña de Lescano señalan que el plan de gobierno es un compromiso que se actualiza de forma anual, independientemente de la contienda electoral. Buscamos contactar al jefe de campaña del partido y candidato al Congreso en 2016, Juan Navarro Pando, para tener más detalles de algunas de sus propuestas, pero no respondió las llamadas ni mensajes. Él también ha sido funcionario del Ministerio de Trabajo y se desempeñó como jefe de Asesoría Jurídica en el Sistema Metropolitano de Solidaridad (Sisol) de la Municipalidad de Lima, entre junio y noviembre de 2019, en la actual gestión de Jorge Muñoz.

La hoja de ruta de Acción Popular es contradictoria. Por un lado propone “desglobalizar la economía” y priorizar proyectos de inversión nacional para recuperar el empleo, con lo cual espera generar 5 millones de puestos de trabajo. “Proponemos la ejecución de una política expansiva con gasto eficiente, con la ejecución de los proyectos de inversión pública de mayor impacto social, que tiene la cartera de proyectos del Estado, previa revisión del MEF y del CEPLAN, a fin de recuperar no solo la economía sino el empleo perdido”.

ACCIÓN POPULAR. Las palabras más repetidas entre sus propuestas económicas están relacionadas a la generación de ingresos públicos, créditos financieros y recaudación tributaria.

Visualización: OjoPúblico

 

Pero, páginas más adelante, señala que la reactivación estará en manos de la gran, mediana y pequeña empresa. “Debemos tener presente que el Estado no tiene ni tendrá capacidad para generar empleo productivo y que esta se soportará en la iniciativa privada principalmente en el sector de Pymes”, añade.

Asimismo, se propone revisar la idoneidad de las exoneraciones tributarias y promete reducir la informalidad de un actual 75% a un drástico 30% para elevar la recaudación, una meta a la que no se ha llegado en décadas. Al mismo tiempo, plantea extender el gasto público con la creación de un “Fondo Especial Revolvente” para entregar bonos y recursos a los sectores más vulnerables, y otorgar un nuevo beneficio tributario a quienes contraten personas entre 55 y 65 años de edad. 

Su hoja de ruta propone “desglobalizar la economía” y priorizar proyectos de inversión nacional para recuperar el empleo.

El experto en Gestión y Políticas Públicas, Marcel Ramírez La Torre, señala que la formalización de empresas no es un procedimiento sencillo y por eso los países no logran solucionarlo en un par de años. Sostiene que existen muchas trabas para que las empresas accedan a este sistema, y la más importante es su baja productividad. 

"Reducir la informalidad será clave en un país que necesita recuperarse de la crisis por la pandemia, pero no se trata solo de incluir a las empresas en una lista. Se requiere un paquete de capacitación, educación tributaria, incentivos, acompañamiento en el proceso y, sobre todo, asegurar que el mercado genere rentabilidad a su producción a largo plazo", señaló a OjoPúblico.

 

Victoria Nacional: formalización e impuestos

El equipo del plan de gobierno de Victoria Nacional está integrado, entre otros, por el candidato al Congreso y exministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Jorge Nieto; el también candidato y economista Joaquín Rey; y la ex gerenta municipal del distrito de La Victoria, Luz Yanina Abanto. Además de Jhon Fernández de Paredes, secretario general del partido desde que se fundó como Restauración Nacional. 

Otro personaje cercano a Forsyth es Juan Roberto Rojas Montes, exsecretario de Juventudes en Perú Posible; y quien hasta hace poco fue su asesor externo en la Municipalidad de La Victoria. Antes se desempeñó como asesor de la exalcaldesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera Vásquez, y participó en el proceso de transferencia en la municipalidad de la Molina, con Álvaro Paz de la Barra.

Pero el jefe del equipo técnico es el economista por la Universidad de Lima, Jorge Chávez Álvarez, quien postula al Congreso y la segunda vicepresidencia con George Forsyth. Durante una década, entre el 2003 y 2013, ocupó el cargo de vicepresidente de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en Indecopi. Actualmente es CEO de la consultora de negocios y análisis de riesgo Maximixe y, desde 2019, director en la Cámara de Comercio de Lima (CCL), gremio que agrupa a las principales empresas.

EQUIPO TÉCNICO. El equipo técnico de Victoria Nacional está liderado por el economista Jorge Chávez Álvarez. Él diseño el plan de gobierno de Alberto Fujimori y de Alianza para el Progreso.

Foto: Andina.

 

Su desempeño en el sector estatal se inició en el gobierno de Alberto Fujimori, quien lo nombró presidente del Banco Central de Reserva (BCR), entre 1990 y 1992, cuando el ministro de Economía era Carlos Boloña. Es más, Chávez diseñó su plan presidencial y lo ayudó a formar su equipo de gobierno, y se alejó tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, como él mismo reconoció en entrevistas anteriores.

Pero en 2016 Chávez volvió a acercarse a la política como asesor económico de Alianza para el Progreso, partido de César Acuña, y también le ayudó a preparar su plan de gobierno.

La hoja de ruta que ahora ha preparado para Victoria Nacional contiene 156 páginas. Es el más voluminoso respecto a los planes de sus competidores, y en este se plantea crear programas, fondos y facilidades para reducir la informalidad empresarial y laboral. “Trabajaremos en un paquete integral de acceso al crédito, asistencia técnica y herramientas digitales que permita mejorar la rentabilidad de las empresas informales y Pymes”, dice el documento.

La consultora Thorne & Associates considera que la estrategia de formalización expuesta es más completa que la de sus competidores, pero encuentra cuestionable la posible aplicación de un tributo fijo a las Micro y Pequeñas empresas (Mypes), independientemente de su nivel de facturación. “Esto no difiere en esencia de los regímenes RUS y RER, pues incentiva el enanismo empresarial y el sub-reporte de ventas. De este modo, iría directamente en contra de la estrategia de formalización analizada en los párrafos anteriores”, advierten.

VIICTORIA NACIONAL. Las palabras más frecuentes entre sus propuestas están referidas a impulsar las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) y la inversión.

Visualización: OjoPúblico

 

El economista Marcel Ramírez sostiene que este tipo de esquemas tributarios requieren de una supervisión adicional, pues, como contempla un impuesto mínimo a quienes no excedan los S/8 mil de facturación mensual, los contribuyentes que empiezan a crecer optan por fraccionar sus boletas e, incluso, dividir su empresa en diferentes razones sociales porque le conviene mantenerse en ese subregistro.

En el ámbito fiscal, Victoria Nacional también prevé elevar la recaudación de Impuesto a la Renta y de Patrimonio por encima de los impuestos indirectos, que son los que gravan el consumo, la producción, etc. Para ello, aplicará una amnistía extraordinaria a todas las personas que no hayan declarado la totalidad de sus rentas y patrimonio para evitar el pago de impuestos. De esta manera, los infractores solo abonarán “un 8% de lo no declarado, eliminando todo factor de reclamo por parte del Estado”. 

Otra particularidad en este plan de económico es que se propone aplicar salarios mínimos diferenciados de acuerdo al tamaño de la empresa y la región donde estén ubicadas, “en función a las productividades sectoriales y el costo de vida regional”. Además, se reducirá el límite de inversión de las AFP en el exterior de 50% a un 30%, canalizando la diferencia en inversiones en un fondo de fideicomiso que será financiado con el 20% de los recursos generados por las compañías que promueven el canon, regalías, derechos de superficie o servidumbre.

Renovación Popular y sus vínculos empresariales

El equipo técnico de la agrupación que dirige Rafael López Aliaga está integrado por el ingeniero Máximo San Román, que ejerce como presidente de su consejo consultivo, además de Eduardo Ponce de Vivanco, quien fuera embajador del Reino Unido y Secretario General de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Alberto Fujimori; y profesionales vinculados a la carrera pública y al sector empresarial.

Por ejemplo, Alfonso Velásquez Tuesta, exministro de la Producción y expresidente ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora durante el gobierno de Alejandro Toledo, y quien también ocupó la presidencia de la Asociación de Exportadores (Adex) en dos periodos: del 2002 al 2004, y del 2009 al 2011. Lo acompaña el médico Luis Rubio Idrogo, creador de los Hospitales de la Solidaridad y quien fuera brazo derecho del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

En la lista también aparece Carlos Herrera Descalzi, quien asumió la cartera de Energía y Minas en noviembre de 2020, durante el breve mandato de Manuel Merino, pero ya había ocupado dicho cargo durante los gobiernos de Valentín Paniagua y Ollanta Humala. Otro exministro convocado por López Aliaga es Alfonso Miranda Eyzaguirre, que también formó parte del breve Gabinete Merino. 

PROPUESTAS. El plan de López Aliaga anuncia reformas fiscales radicales, como eliminar los regímenes tributarios actuales. También impulsar la reparación de andenes y reforestación para generar empleo en zonas rurales.

Foto: Andina

 

Él fue viceministro de Pesca entre 2004 y 2009, durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. Su salto del sector público al privado lo llevó a ser presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar en el Pacífico Sur (Calamasur), la Cámara Peruana del Atún y la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) e, incluso, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industria (SNI).

Entre los varios personajes que integran el equipo técnico de Renovación Popular destaca también Carlos Canales, actual presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), uno de los gremios que ha ejercido presión en el Ejecutivo para reactivar la actividad económica en esta pandemia. 

El equipo técnico de Renovación Popular está integrado por dos exministros de la breve gestión de Manuel Merino y dirigentes de gremios empresariales

Finalmente, el economista Eloy Durán Cervantes, fue director general de Inversión Pública del MEF, entre los años 2012 y 2016, y es fundador de la empresa de análisis económico Efectividad Consultores. Durán es el responsable de los planteamientos económicos incluidos en el plan de gobierno. Sin embargo, este documento, al igual que el de Acción Popular, no se prevén medidas específicas en torno al impacto económico por la pandemia.

En este se indica que una de las fuentes de generación de empleo será otorgar “retribución por horas de trabajo” en labores de reparación de andenes y reforestación, en zonas rurales; y en trabajos comunales, en las zonas urbanas. Además, sostienen que ayudarán a las Pymes entregándoles un certificado de calidad, a fin de que puedan exportar sus productos; y que crearán dos millones de empleos con un “aparato productivo más industrializado” que no detallan.

Es más, se anuncian reformas fiscales radicales como eliminar los regímenes tributarios actuales “para crear uno solo que sea amigable y permita la formalización de emprendedores”, y reducir el Impuesto General a las Ventas (IGV) que paga el sector informal. De igual forma, proponen extender las zonas libres de impuestos en territorios fronterizas -conocidos como Zonas Francas- “especialmente en jurisdicciones con alto potencial de inversión”. 

RENOVACIÓN POPULAR. El breve plan de gobierno de este partido incluye muchas frases enunciativas y ofrecimientos, pero no planes concretos para reactivar la economía.

Visualización: OjoPúblico

 

Además, se permitirá la exoneración del Impuesto Predial a los dueños de inmuebles que son cedidos gratuitamente para fines educativos, y se promoverá la Ley del Contribuyente para condicionar los alcances de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) en el cobro y regulación de impuestos.

El abogado tributarista y catedrático de la Universidad Pacífico, Francisco Pantigoso, sostiene que es necesaria una simplificación de los regímenes tributarios, y de su normativa para que sea de fácil comprensión, pero también de educar a los ciudadanos como contribuyentes responsables. Sin embargo, considera que los candidatos han incluido estas propuestas fiscales solo como un medio para demostrar que habrá más ingresos, sin siquiera estructurar y detallar el impacto de estas propuestas. 

"Son como un extenso eslogan para capturar el voto. Muchas de  estas promesas en materia tributaria suenan bien para la platea, pero faltan más datos para saber si serán viables. Concentrarse en formalizar y facilitar crédito a las Mypes es solo una parte del problema, y no lo más inmediato. Un problema actual es el cargo de IGV: la emisión de una factura ya genera el cobro de este impuesto, el cual debería ser cargado al pago que hace el cliente, pero ellos no están abonando a la fecha. Reciben la mercadería, pero demoran meses en cumplir con su proveedor. El empresario debe pagar de su bolsillo o ingresa a la lista de deudores. Hay que cuidarlos de la quiebra. Si no tienes contribuyentes, no habrá recaudación”, explicó.

 

Juntos por el Perú: bonos e inversión pública

El equipo técnico de Juntos por el Perú, de la candidata Verónika Mendoza, está conformado por economistas y académicos con los que ya ha trabajado anteriormente en otras campañas presidenciales. Estos son Pedro Francke, exdirector de Foncodes y jefe del plan de gobierno de la plataforma de izquierda; Óscar Dancourt, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR); Eduardo Zegarra, investigador principal de Grade; José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental; y Humberto Campodónico, expresidente de Petroperú. 

De acuerdo con su hoja de ruta, se considera indispensable disponer de la vacuna contra la Covid-19 para reactivar la producción y el empleo urbano en el corto plazo. Se han fijado como meta recuperar 3 millones de puestos de trabajo al 2022, en base a proyectos de infraestructura estatal, pero también aumentando el gasto público con el objeto de financiar programas de empleo temporal, entrega de bonos a sectores vulnerables y compras públicas de productos agrícolas.

Es más, se indica que el BCR deberá fijar en cero la tasa de interés de referencia, y propone ampliar la entrega de créditos a través del programa Reactiva Perú, “otorgando bonos universales mensuales adicionales a los que se han distribuidos”. Específicamente, otorgar créditos masivos con garantía parcial del Estado a los agricultores y a las Mypes, y a quienes tienen actualmente un crédito de Reactiva Perú se les dará dos años de periodo de gracia para cumplir con el pago.

CONOCIDOS. Los economistas que acompañan el plan de gobierno de Verónika Mendoza ya han trabajado con ella en anteriores campañas electorales: Pedro Francke, Eduardo Zegarra, Óscar Dancourt y otros.

Foto: La República.

Pedro Francke explicó que el Tesoro Público cuenta con S/ 70 mil millones disponibles en ahorros fiscales, en el Perú, disponibles para hacer este tipo de inversiones. Sostiene que si bien en el corto plazo puede parecer que se genere mayor gasto, el objetivo es crear condiciones macroeconómicas y de infraestructura, como carreteras, para dinamizar la inversión privada. 

“Es innegable que el sector privado genera más inversión que el público, pero en esta crisis, las empresas tampoco están en su mejor momento. No nos oponemos a que ingresen a dinamizar la economía, pero es un trabajo en que el Estado no puede estar de costado. Nuestro plan, los primeros seis meses, es activar los proyectos de inversión pública que ya están aprobados, otorgar bonos por S/15 mil millones y financiar un programa de alimentación temporal”, explicó a OjoPúblico.

En el mediano plazo, Juntos por el Perú plantea la revisión integral y racionalización de los beneficios tributarios; aplicar el impuesto a las grandes fortunas por encima de los US$100 millones de dólares, incrementar la recaudación del Impuesto Predial sobre las grandes propiedades, y “zanjar el problema de las deudas tributarias”. No indica cómo lo hará.

JUNTOS POR EL PERÚ. Entre sus principales ofrecimientos está reducir las tasas de interés y facilitar el crédito a las Mypes.

Captura: OjoPúblico

 

Fuerza Popular y Baca Campodónico

Finalmente, se encuentra el plan de gobierno de Fuerza Popular, un documento que ha sido bautizado como Rescate 2021, pero es una adaptación a los conceptos y propuestas contenidos en el Plan Perú que Keiko Fujimori llevó en 2016. Dos de los miembros de su equipo económico que han estado detrás de su elaboración son Hernando Guerra García, jefe del plan de Gobierno Rescate 2021 y candidato al Congreso; y Luis Galarreta, secretario general de partido y postulante al Parlamento Andino.

Pero el jefe del Programa de Reactivación Económica, contenido en esta hoja de ruta, es Jorge Baca Campodónico, jefe de la Sunat en 1997 y ministro de Economía entre 1998 y 1999, durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Como se recuerda, Baca Campodónico fue sentenciado en 2007 a tres años de prisión suspendida por malversación de fondos, debido a su vinculación con el irregular salvataje financiero del Banco Latino cuando era funcionario del mencionado régimen.

En 2007, Baca fue condenado por el salvataje al Banco Latino, y en 2008 por crear el RUC Sensible para ayudar a Montesinos

Y en febrero de 2008 recibió otra condena por los delitos de cohecho y falsedad ideológica por participar en la creación del RUC Sensible, un mecanismo para proteger la información tributaria de un selecto grupo de funcionarios y políticos, entre ellos, Vladimiro Montesinos. Actualmente es director de la empresa de consultoría Predice Perú SAC, especializada en proyecciones macroeconómicas. 

Por eso llama la atención que en el plan de gobierno diseñado para Keiko Fujimori se plantee cambiar la gobernanza de la Sunat “a través de la implementación de un directorio que permita, a su vez, la recuperación de los niveles institucionales y profesionales que la caracterizaron en la década de los 90”. 

FUERZA POPULAR. Infraestructura e inversión pública es lo que ofrece este partido para salir de la crisis, en una alianza con el sector privado.

Visualización: OjoPúblico

En las 90 páginas que describen su hoja de ruta se esboza la necesidad de mejorar la recaudación y aumentar la formalización del empleo, pero, salvo excepciones, no explican cómo lograrán cumplir los objetivos. También se ofrece eliminar barreras de entrada al mercado a las Mypes, como la inscripción en Registros Públicos, licencia municipal, registro de marca y nombre, certificado de Defensa Civil, y otros; y prohibir la doble sanción (cierre y multa) a los pequeños negocios infractores.

El plan coincide con Juntos por el Perú, Acción Popular y Renovación Popular en darle mayor relevancia a la inversión estatal en la recuperación de los empleos perdidos, pero su planteamiento es mixto. “Una política de empleo liderada desde el Estado de manera excepcional. Esta iniciativa involucra una alianza entre el Estado, los ciudadanos y la empresa privada (...) para la realización de pequeñas obras de infraestructura en las zonas más deprimidas de nuestro país”, se lee en el documento.

En setiembre de 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió el informe "Perú: Desafíos del desarrollo en el post COVID-19", donde recomienda al Estado aprovechar la crisis para acelerar el proceso de transformación digital e innovación en sus empresas, y concretar mecanismos  de  coordinación  público - privada más efectivos. Sin embargo, para el tributarista Francisco Pantigoso, el contenido de los planes de gobierno demuestra que los candidatos han diseñado sus ofrecimientos sin analizar el impacto cotidiano que está teniendo la pandemia sobre la economía local y las empresas. "Son propuestas de laboratorio, que nacen de un escritorio, y cuyos efectos en su mayoría no se reflejarán en el corto plazo, o son planteamientos reciclados de otras contiendas electorales", consideró.