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opinión 16 Marzo, 2021

Una sociedad solidaria y feminista necesita una reforma fiscal justa

Una sociedad solidaria y feminista necesita una reforma fiscal justa
Magdalena Sepúlveda

Investigadora en derechos económicos y sociales

Durante la pandemia las mujeres han sido las primeras en pagar el precio de décadas de recortes presupuestarios y privatizaciones de servicios esenciales; y las proyecciones para la próxima generación no son tranquilizadoras. No obstante, la directora ejecutiva de la Iniciativa Global por los derechos económicos y sociales sostiene en esta columna que la adopción de un impuesto efectivo mínimo para las empresas de todo el mundo allanaría el camino hacia sociedades más justas y ayudaría a ponerle fin a la evasión fiscal.

BRECHAS. La pandemia afecta de forma desproporcionada a los más vulnerables, profundizando las desigualdades. 

BRECHAS. La pandemia afecta de forma desproporcionada a los más vulnerables, profundizando las desigualdades. 

Ilustración: Shutterstock
 

En Estados Unidos, fue la vicepresidenta Kamala Harris quien dio la voz de alarma a finales de febrero, señalando que 2,5 millones de mujeres se habían visto obligadas a abandonar el mercado laboral desde el inicio de la pandemia. “Nuestra economía no puede recuperarse si las mujeres no pueden participar plenamente. Se trata de una emergencia nacional”, recalcó, pidiendo un plan nacional para hacer frente a la situación.

Aunque los avances en la inmunización contra la Covid-19 en Estados Unidos ofrecen la esperanza de una rápida recuperación económica, las cicatrices seguirán siendo profundas. Las mujeres representan el 43% de la mano de obra en este país, pero sufrieron el 56% de las pérdidas de empleo asociadas a la pandemia. Y las más afectadas son las mujeres sin estudios superiores, las negras y las hispanas.

Estados Unidos es solo un ejemplo. En todo el mundo, la pérdida de puestos de trabajo asociada a la pandemia ha afectado, sobre todo, a las mujeres. El impacto en los ingresos es evidente, pero las consecuencias se dejarán sentir por un largo plazo, ya que esta situación supone también una disminución en sus derechos de pensión -cuando los hay-, aunque las mujeres tienen mayor expectativa de vida que los hombres.

La pérdida de empleo asociada a la pandemia ha afectado, sobre todo, a las mujeres".

Incluso para las que han conseguido mantener su empleo, la situación se ha deteriorado. Para algunas, el aislamiento social ha reducido sus oportunidades de escapar de la violencia doméstica. Mientras la mayoría ha tenido que dedicar aún más horas al trabajo doméstico no remunerado. Ellas son las principales responsables de la salud de sus familias y de los nuevos protocolos de seguridad e higiene. Cuidan de los enfermos y los ancianos, que son más vulnerables que nunca, y se han convertido en maestras dentro del hogar para los niños que se han visto privados de asistir a la escuela desde el estallido de la pandemia.

El reparto desigual del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados entre hombres y mujeres es más visible que nunca. Sus consecuencias son ya conocidas: las mujeres y las niñas tienen menos tiempo para dedicar a su educación y formación continua. Les resulta más difícil entrar y progresar en el mercado de trabajo remunerado, lo que significa salarios más bajos, pero también menos protección social y pensiones. Además, hay un límite de la cantidad de trabajo que se puede realizar sin afectar la salud.

Las perspectivas para la siguiente generación no son más tranquilizadoras. Más de 1.700 millones de niños se han visto afectados por el cierre de escuelas. Aunque los retrasos en el aprendizaje afectan a todos, para muchas niñas supone una salida permanente del sistema. Algunas trabajan en el campo o como trabajadoras del hogar, y la ONG Save the Children calcula que para el año 2030 habrá 13 millones más de matrimonios infantiles de los que habrían ocurrido sin la Covid-19.

Esta es la característica de esta pandemia: sus consecuencias afectan de forma desproporcionada a los más vulnerables, profundizando las desigualdades de género, clase y raza. 

Para el 2030 se estima que habrá 13 millones más de matrimonios infantiles de los que habrían ocurrido sin la Covid-19"

En todo el mundo, la gente se ha visto obligada a tomar conciencia del papel crucial de los servicios públicos, como los servicios sanitarios universales, la atención a los ancianos y a los niños, la educación; pero también el acceso al agua y al saneamiento, mientras que la higiene se ha convertido en un imperativo. 

Detrás de estos servicios, encontramos en su mayoría a las mujeres, cuyas condiciones de trabajo son a menudo deplorables. Son las primeras en pagar el precio de décadas de recortes presupuestarios y privatización de servicios esenciales. Por lo tanto, es también en nombre de la igualdad de género que los gobiernos deben tomar medidas inmediatas y a largo plazo, para invertir en servicios públicos, protección social e infraestructuras.

Todas estas medidas tienen obviamente un coste, y necesitan responder una simple pregunta: ¿Quién los pagará? En la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés), una iniciativa comprometida con la reforma del sistema fiscal internacional de forma justa y equitativa, respondemos de forma inequívoca que es hora de hacer que los más ricos paguen.

Sobre todo, porque durante este año de pandemia se han enriquecido aún más, como ha demostrado un reciente informe de Oxfam. Los diez mayores multimillonarios del mundo -todos hombres, como se podía esperar- han visto aumentar su riqueza en 540.000 millones de dólares desde marzo de 2020. Eso sería más que suficiente para evitar que cualquier persona del planeta caiga en la pobreza a causa del virus, y para financiar una vacuna contra la Covid-19 para todos. Por tanto, esta pandemia debe marcar un punto de inflexión en la fiscalidad de los más ricos.

Esta pandemia debe marcar un punto de inflexión en la fiscalidad de los más ricos".

También es una oportunidad para abordar realmente la evasión fiscal de las empresas y poner fin a la competencia fiscal a la baja -es decir, las sustanciales diferencias que existen en la aplicación de tributos- entre los distintos países. Parece complejo, pero tenemos una solución al alcance de la mano: la adopción de un tipo impositivo efectivo mínimo del 25% para las empresas de todo el mundo. 

Así, cualquier compañía multinacional que contabilice sus beneficios en un paraíso fiscal tributaría en su país de origen hasta ese tipo mínimo, por lo que ya no tendría ningún incentivo para recurrir a estos territorios que captan dinero extranjero a cambio de tasas tributarias nulas o ínfimas. 

Esta medida, utópica hace apenas unas semanas, es ahora posible, ya que el gobierno de Joe Biden ha declarado que quiere “intentar poner fin a lo que ha sido una destructiva carrera mundial hacia el fondo en materia de impuestos de sociedades”, como dijo la Secretaria del Tesoro Janet Yellen, durante su audiencia de confirmación.

El compromiso de Estados Unidos haría posible una reforma global para que las multinacionales y los más ricos paguen su parte justa de impuestos. Pero es esencial que estas negociaciones se lleven a cabo de la manera más transparente e igualitaria posible, idealmente en el seno de la ONU, el único foro legítimo para estos intercambios.

Hoy más que nunca, gravar a los más ricos allanaría el camino hacia sociedades que ponen el cuidado y la solidaridad en su centro; y esta crisis ha demostrado -una vez más- que para ello se deben priorizar los derechos de las mujeres.

 

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* Magdalena Sepúlveda es Directora Ejecutiva del Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT). Entre 2008-2014 fue la Relatora de Naciones Unidas sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos.