Por: Ralph Zapata, Magali Estrada, Geraldine Santos, Gustavo Callapiña, Karín Chacón, Alba Rivas, Clarys Cárdenas y Alicia Tovar

 

El empresario de la educación César Acuña Peralta fue congresista, alcalde provincial de Trujillo, gobernador de La Libertad y logró postular a la Presidencia de la República en el 2016. Sin embargo, fue excluido de aquella contienda por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debido a que violó la ley de partidos políticos al entregar dinero en efectivo a un grupo de ciudadanos que acudían a sus presentaciones políticas en Lima y Piura.

Desde entonces, el dueño de la Universidad César Vallejo quiere cobrarse la revancha del 2016, en medio de una investigación fiscal por lavado de dinero que rastrea los orígenes de su patrimonio y amenaza con alcanzar su fortuna, la misma que se hizo visible a través de sus millonarios aportes en las campañas electorales del 2006, 2011 y 2016; así como por sus inmuebles ubicados en Lima, en diferentes regiones del Perú y hasta su residencia en una zona exclusiva de España.

OjoPúblico hizo una radiografía de su plancha al Congreso en representación de diferentes regiones. En la lista –en donde destaca su hermana María Grimaneza Acuña, cuyo esposo fue condenado por corrupción– aparecen investigados por lavado; candidatos que no han brindado información completa al JNE; así como exfuncionarios públicos bajo sospecha de las autoridades por irregularidades, exaportantes del fujimorismo y hasta denunciados por difundir noticias falsas en pandemia.

 

Candidatos investigados por lavado de activos en Piura y Huánuco

 

En Piura, en la frontera con Ecuador, APP lleva como Nº 1 de su plancha a César Augusto Reyes Peña (62), natural de Tumbes. En diciembre de 2019, a puertas de concluir su mandato como rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP) –en cuyo período acumuló denuncias por presunta corrupción vigentes hasta hoy– el candidato se afilió al partido de Acuña.

Reyes Peña es ingeniero de minas de profesión por la citada universidad, en donde ha hecho casi toda su carrera. Fue docente universitario, director de su escuela de postgrado (2011-2014) y llegó hasta la rectoría del centro de estudios (2015-2020). Igualmente, su participación en política es antigua: en 2002 postuló y ganó el cargo de regidor distrital del municipio de Castilla con el partido Perú Posible, del expresidente Alejandro Toledo.

Tres años después de terminar su mandato, en 2009, la fiscalía le abrió una investigación a él y otros siete exfuncionarios de la comuna, por peculado doloso, al haberse incrementado, sin sustento, sus dietas. A esto se sumó un contundente informe de la Contraloría que concluyó que el hoy candidato y otros exregidores aprobaron el aumento indebido de sus pagos por el concepto antes indicado.

El candidato por Piura, César Reyes Peña, es investigado por lavado de activos".  

Luego de ocho años de pesquisas contra Reyes Peña y, tras una serie de hechos a su favor (entre ellos, la demora en los plazos y la pérdida y posterior recomposición de la carpeta fiscal), el Ministerio Público retiró la acusación en contra del hoy candidato. Con esta decisión, el Poder Judicial falló absolviendo a los imputados, y solo estableció que Reyes Peña incurrió en una infracción administrativa al aumentarse las dietas de regidor. Por ello, le impuso el pago de una reparación civil solidaria por S/ 112.600.

Pero si bien dicho caso se cerró, otra investigación se inició contra Reyes Peña. La Fiscalía de Piura le abrió una investigación por lavado de dinero al presentar un supuesto desbalance patrimonial. Según la tesis fiscal, el entorno familiar del candidato –hermana, esposa, hijo y su pareja extramatrimonial– “hace presumir que lavan activos de origen ilícito del señor César Reyes, provenientes de delitos contra la administración pública”.

Al revisar el patrimonio del exrector de la Universidad Nacional de Piura en Registros Públicos, OjoPúblico verificó que el candidato llegó a figurar con cinco inmuebles, aunque actualmente no es titular de dichos bienes. Uno de estos predios, de 38 hectáreas y ubicado en Piura, lo compró junto a su esposa por US$1.600 en el 2000 al Proyecto Especial Chira Piura, cuyo objetivo es ampliar la frontera agrícola y asegurar la sostenibilidad del sector.

DENUNCIAS. En Piura, César Acuña dijo que desconocía las investigaciones que enfrenta su candidato por Piura, una de ellas por lavado de activos.  

Foto: Facebook de César Reyes

 

Once años después, el candidato de APP donó el 50% de las acciones de aquel inmueble a su hijo César Reyes Alvarado. Al año siguiente, él y su madre Carmen Alvarado vendieron la propiedad a la inmobiliaria Los Portales S.A. por S/ 2 millones. OjoPúblico comprobó además que el mismo hijo del candidato tiene en la actualidad tres inmuebles, su hermana Ligia seis propiedades en exclusivas urbanizaciones de Piura, su esposa Carmen Alvarado cinco inmuebles; y su pareja exmatrimonial otras cuatro propiedades.

Además de la indagación por lavado, Reyes Peña enfrenta otros seis procesos –que se encuentran en etapa de formalización– por peculado, colusión agravada y abuso de autoridad. Recientemente, la fiscalía ha formalizado un caso por malversación de fondos, debido a que el candidato incluyó en la planilla de la Universidad Nacional de Piura (mientras era rector) a tres personas que trabajan –y así lo han reconocido ante el Ministerio Público– como miembros de seguridad en su domicilio, ubicado en Los Ejidos de Piura.

Otra acusación que enfrenta es por colusión en la obra “Mejoramiento del Servicio Académico de la Facultad de Arquitectura Urbanismo en la Universidad Nacional de Piura”, cuyo costo fue de S/ 7 millones. Las pesquisas se extienden a presuntos malos manejos en los ingresos de la UNP, fruto de convenios con universidades extranjeras.

Además de la indagación por lavado, Reyes Peña enfrenta otros seis procesos penales". 

La Contraloría halló irregularidades en el otorgamiento de becas, firma de convenios y recaudación de ingresos entre 2017 y 2018, que causaron un perjuicio de más de S/ 600 mil a la casa de estudios superiores. Uno de esos convenios, advirtió el ente de control, fue firmado con la Fundación Comunal “San Martín” de Sechura, donde Reyes es miembro del directorio.

En su hoja de vida ante el JNE, Reyes declaró ingresos anuales del sector público por S/ 229.260 y bienes muebles (una camioneta y un camión) por S/ 100 mil. No declaró ingresos de fuente privada ni bienes inmuebles. Once años antes, en 2009, en su declaración jurada ante la Contraloría, había informado de bienes por S/ 99 mil.

OjoPúblico intentó comunicarse con el candidato, pero no fue posible. Su jefe de prensa, Fernando Barrantes, dijo que nos daría una entrevista, pero hasta el cierre de este artículo no se concretó.

Recientemente, la fiscalía ha formalizado un caso por malversación de fondos".

Pero no es el único candidato del partido de Acuña que es investigado por lavado de activos. En Huánuco, puerta de acceso a la selva central del Perú, la lista de APP la lidera el expresidente regional Luis Raúl Picón Quedo (63), condenado a prisión suspendida en 2017 por incumplimiento de deberes funcionales y actualmente comprendido en investigaciones por corrupción y lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Es médico de profesión y está inmerso en la política desde hace 20 años, cuando postuló por primera vez para congresista, pero sin éxito. Ha sido regidor provincial de Huánuco (2003-2006), vicepresidente regional (2007-2010) y presidente regional (2011-2014).

En su última hoja de vida presentada al JNE, el candidato declaró once inmuebles en Huánuco, San Martín y Lima por la suma de S/ 3.7 millones. OjoPúblico comprobó que siete de estos predios (ubicados en Juanjuí, Tarapoto y Lima) los adquirió entre 1991 y 2012, de manera conjunta con sus hermanos Orfilio Isaac y Juan Orfilio. Sin embargo, dichas propiedades no las declaró en su hoja de vida de 2018, cuando postuló para gobernador regional y no resultó elegido.

FALTA. El candidato Luis Picón, de Huánuco, no declaró al JNE sus acciones en la empresa Picón SAC. 

Foto: Facebook del candidato.

 

Ante el ente electoral, Picón solo declaró ingresos de fuente pública por S/ 122.165 anuales. No informó de ingresos del sector privado, pese a que en 2018 sí lo hizo. Además, es director médico de Santa Lucila Clínica Integral EIRL, cuya dueña es su esposa Lilian María Alcántara Leyva. Según la Sunat, en 1990 el candidato y sus hermanos Orfilio Isaac y Juan Orfilio crearon la empresa Clínica Santa Lucila SA, ubicada en la Av. Ucayali 637, en Tingo María. La empresa fue dada de baja en 2012, pero mantiene una deuda coactiva por más de S/ 41 mil.

En esa misma dirección empezó a funcionar, tres años antes, la Clínica Especializada Santa Lucila SRL, que fue dada de baja en 2016 pero mantiene una deuda coactiva por S/ 923.781. Finalmente, en 2016, la esposa del candidato fundó Santa Lucila Clínica Integral EIRL, donde actualmente trabaja el candidato de Acuña.

Según Sunarp, el postulante también figura como accionista –junto a sus hermanos Juan Orfilio y Orfilio Isaac– de Picón SAC, dedicada a la venta de materiales de construcción y transporte de carga, que cuenta con 54 trabajadores, una oficina administrativa en Lima y tres locales anexos en Huánuco. Pero dichas acciones no las declaró al JNE. La empresa fue sancionada, en tres oportunidades, por el Tribunal de Contrataciones del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), entre 2015 y 2019, por presentar información falsa y haber contratado en la jurisdicción del Gobierno Regional de Huánuco, que entonces presidía Picón Quedo.

El candidato por Huánuco, Luis Picón, no declaró sus acciones en Picón SAC, dedicada a la venta de materiales de construcción". 

El candidato también fue presidente del Club Social Deportivo León de Huánuco, de 2008 a 2015, y durante su gestión se le acusó de usar el club para fines políticos. En 2017 fue condenado a 11 meses de pena suspendida y al pago de una reparación civil de S/2.000 por omisión de actos funcionales en agravio del Gobierno Regional de Huánuco, al no haberle transferido el cargo a su sucesor.

Además, es investigado en 12 carpetas por colusión y negociación incompatible; y una pesquisa, desde 2010, por lavado de activos, donde también está incluido su hermano Isaac. Este caso se refiere a una presunta vinculación de las empresas de Picón con actividades ilícitas y dinero del narcotráfico.

“En un primer momento se archivó el caso, pero interpusimos una queja de derecho y se restableció la investigación. Ahora sigue vigente y avanzando. Estamos intentando que el caso se traslade a Lima, porque en Huánuco no hay garantías de que culmine con éxito”, explicó a OjoPúblico la procuradora Antidrogas, Sonia Medina.

Si bien no registra vehículos a su nombre, fue multado en tres ocasiones entre 2008 y 2016 por incumplir las normas de tránsito. Consultado por OjoPúblico, Picón aseguró que sus acciones en Picón SAC fueron transferidas a su hermano Orfilio Isaac hace cuatro años y se comprometió a entregar el documento del caso, pero al cierre de este reportaje no lo hizo. Precisó que desconoce las deudas coactivas de sus anteriores clínicas; y que sus investigaciones por corrupción responden a su sucesor en el cargo de gobernador regional, Rubén Alva Ochoa, quien “lo denunció sin sustento”.

 

Hermanos de Acuña postulan por Lambayeque y La Libertad

 

En Lambayeque, una de las mayores regiones agroexportadoras del Perú y que también registró casos emblemáticos de corrupción en los últimos años, Acuña tiene una de sus bases más sólidas del país. Precisamente, su linaje político empezó en el norte, en La libertad, cuando él se hizo legislador (2001-2006), luego su hijo Richard Acuña (2011-2019) y a continuación su hermano Humberto Acuña (2020-2021). Hoy, el dueño de la Universidad César Vallejo pretende que sus hermanos María y Segundo Héctor Acuña Peralta lleguen al Parlamento para seguir su camino.

María Acuña postula por tercera vez al Congreso, luego de intentarlo sin éxito el 2006 y 2011. Ahora encabeza la lista como Nº1 por Lambayeque. Desde que estuvo afiliada al partido, en 2005, participó como secretaria regional y como delegada regional. Es abogada por la Universidad Señor de Sipán y doctora en gestión pública por la Universidad César Vallejo, ambas de propiedad de su hermano César.

La candidata –que llegó a estar involucrada en diferentes investigaciones fiscales archivadas– está casada con Elver Díaz Bravo, quien el año pasado fue sentenciado junto a Humberto Acuña a cuatro años de prisión por corrupción. Según el fallo, el citado congresista autorizó a la pareja de María Acuña a que entregue S/1.500 soles al suboficial PNP, Joel Ugaz Cubas, para que ayude al mismo Humberto Acuña en una denuncia interpuesta por Jackeline Medina, excandidata de APP en los comicios municipales del 2014.

VÍNCULO. María Acuña está casada con Elver Díaz Bravo, que el año pasado fue sentenciado junto a su hermano Humberto Acuña. 

Foto: Facebook de la candidata

 

La evolución patrimonial de la candidata de APP es notoria en los últimos años. En su hoja de vida presentada al JNE, la postulante declaró 14 inmuebles en Lambayeque, Piura y La Libertad por S/ 2.6 millones, dos vehículos valorizados en S/71.840 e ingresos anuales de fuente privada por S/364.486. En cambio, en su primera postulación, en 2006, no informó de bienes, pero sí de experiencia laboral como gerente de una empresa independiente desde 1986 y como trabajadora de Radio Difusora Gran Plaza desde 2000.

Ante el ente electoral, María Acuña también dijo ser representante legal del Consorcio Algarrobos, dado de baja el 2013, según la Sunat. Además, señaló haber sido administradora del Consorcio Nueva Esperanza, otra empresa que no registra actividades desde 2014. También consignó que fue empleada administrativa de Radio Difusión Gran Plaza SA, fundada en 1991 por su hermano Virgilio Acuña. En dicha compañía, según la Sunarp, María Acuña fue gerente general hasta el 2009.

La actual dirección de Radio Difusión Gran Plaza –cuyo nombre comercial es Radio Cadena Nororiental RCN– coincide con el local de la Universidad Señor de Sipán, administrada por su sobrino Richard Acuña. OjoPúblico intentó, en varias oportunidades, comunicarse vía telefónica con María Acuña, pero la candidata no contestó el celular.

La evolución patrimonial de la candidata de APP es notoria en los últimos años". 

Pero María Acuña, de Lambayeque, no es la única del entorno familiar del candidato César Acuña, que busca llegar al Congreso. En La Libertad también postula su hermano Segundo Héctor Acuña Peralta (63), ingeniero civil que intentó ser regidor por Trujillo en 2002 y representante del Parlamento Andino, en 2006. Sin embargo, en ambas ocasiones no tuvo éxito.

Héctor Acuña es militante de Alianza para el Progreso (APP), y entre 2007 y 2014 ejerció el cargo de director nacional de Ética, Honor y Justicia de dicho partido. Además, aportó al partido S/ 360 mil en la campaña del 2006. El candidato es un empresario del sector Educación, pero como persona natural mantiene una deuda coactiva por S/ 1.289.

En su última hoja de vida presentada al JNE, Héctor Acuña declaró que desde 2010 hasta el 2020 fue gerente general de Afar Consult SAC, una empresa dedicada a actividades inmobiliarias en donde además posee el 60% de las acciones, y su hijo Alan Fernando Acuña, el 40%. Dicha compañía fue sancionada dos veces, en 2018, por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar información inexacta.

Como persona natural, el candidato Segundo Acuña mantiene una deuda coactiva por S/ 1.289".

La primera sanción fue por seis meses, debido a que Afar Consult renovó en 2015 su inscripción como consultora de obras, señalando que no contaba con impedimento para contratar con el Estado. Sin embargo, luego se comprobó que la empresa sí estaba prohibida de contratar con las entidades públicas, porque en aquella fecha su accionista mayoritario era Segundo Héctor Acuña, tío del entonces congresista Richard Acuña Núñez. Es decir, eran familiares, lo cual es un impedimento según la ley de contrataciones del Estado.

La segunda sanción contra Afar Consult, de ocho meses, fue por un hecho similar, cuando la empresa nuevamente acudió a tramitar su renovación de inscripción ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), pese a que continuaba el impedimento debido al vínculo familiar del candidato con el congresista Richard Acuña.

En su última hoja de vida, Héctor Acuña informó que del 2010 al 2020 fue gerente general de dos empresas: el Colegio Bruning SAC, con sede en Lambayeque y dos sucursales en La Libertad; y de Afar SAC Ingeniería y Construcción. En esta última empresa tiene el 20% de acciones; mientras que su hermana, María Acuña, quien también postula por Lambayeque, el 41% de acciones. El resto de las participaciones están a nombre de Marco Antonio Ruiz Castillo.

ANTECEDENTES. La empresa Afar Consult, del candidato por La Libertad, Héctor Acuña, fue sancionada en dos oportunidades por OSCE.

Foto: Facebook de Héctor Acuña

 

Héctor Acuña también fue gerente general de otras dos empresas: Educación y Cultura Bruning SA, de baja en 2006; y de la agroexportadora Romy EIRL, dada de baja tres años después. En su hoja de vida también informó ingresos anuales del sector privado por S/ 63.285, así como 17 inmuebles valorizados en S/ 3.4 millones; y un vehículo por S/ 7.140.

 

 Dos postulantes de Acuña por el Cusco fueron sentenciados

 

En Cusco, la región turística más importante del Perú, la lista de APP es liderada por el abogado Alejandro Soto Reyes (60), quien se inscribió en el partido de Acuña recién en septiembre de 2020. En su última hoja de vida presentada al JNE, Soto –quien ejerce como conductor de noticias en dicha región– declaró dos sentencias, una de las cuales fue dictada en 2014 por indemnización de daños y perjuicios por inejecución de obligaciones, en mérito a que Soto realizó cobros indebidos cuando era regidor del distrito de Santiago.

Para el 2013, el postulante había sido sentenciado a un año de pena reservada y al pago de S/10.000 de reparación civil por incurrir en el delito de difamación agravada en contra de un coronel de la Policía Nacional destacado en la comisaría de Cusco. En su hoja de vida además informó –en la opción de anotaciones marginales– que fue querellado en tres ocasiones por el mismo delito debido a los mensajes que propala en su condición de conductor de un programa de televisión local.

Su labor en la televisión también originó que el año pasado la Procuraduría Pública Regional del Cusco lo denunciara penalmente por los delitos contra la paz pública y falsedad, al difundir en su programa información inexacta relacionada con la pandemia. En mayo del 2020 –en plena pandemia– el candidato denunció sin pruebas el entierro de 16 cadáveres en una fosa común del cementerio de Huancaro, en el distrito de Santiago, dejando entrever que fueron fallecidos por la Covid-19.

Alejandro Soto, postulante por Cusco, registra dos sentencias en su hoja de vida". 

Sin embargo, se trataba de cadáveres clasificados como NN, es decir no identificados. Frente a esa noticia, el Colegio de Periodistas de Cusco indicó, a través de un comunicado, que la información no cumplía con los principios básicos de la profesión, como evitar el sensacionalismo, el pánico y la zozobra en la población. A raíz de aquella información, la Procuraduría Regional de Cusco entabló una denuncia contra el hoy candidato por alterar la paz pública al difundir imágenes que originaron confusión en la población.

En su defensa, el postulante dijo a OjoPúblico que su caso está en investigación fiscal, y que nunca causó alteración del orden público. “Por informar al pueblo, me han denunciado (...) La gente saca sus conclusiones, es la interpretación que ha podido hacer la gente. Yo soy el conductor del programa, no hago reportajes, y allá quién interprete a su modo”, señaló el candidato.

Soto Reyes ha postulado en cuatro ocasiones a cargos públicos: en tres de ellas fue elegido regidor por el distrito de Santiago y la provincia de Cusco. En su última declaración al JNE, declaró ingresos anuales del sector privado por S/ 176.006, cuatro inmuebles cotizados en S/ 282.673 y un vehículo de S/ 137.520. La evolución de su patrimonio es tangible. En 2008 –al inicio de su mandato como regidor provincial– declaró a la Contraloría bienes por S/ 77.000 e ingresos de fuente pública y privada por S/ 7.120 mensuales.

PESQUISAS. Alejandro Soto es investigado por falsedad al haber emitido en su programa periodístico noticias falsas durante la pandemia. 

Foto: OjoPúblico/ Clarys Cárdenas

 

El candidato está registrado como proveedor del Estado y, entre 2009 y 2015, prestó servicios como abogado a los municipios de Paruro, Calca y Lares, por la suma total de S/32.222. Actualmente, el postulante es investigado en otra carpeta del Ministerio Público, por el delito de estafa, luego de una denuncia entablada por la empresa de transportes Waynapicchu, donde Soto Reyes fue asesor legal.

La Nº 2 en la lista de Acuña por Cusco es Rosa Isabel Pino Monzón (43), empresaria del sector automotriz, expresidenta de la Cámara de Comercio de Cusco (2017-2018) y actual vicepresidenta de Perú Cámaras. Es la primera vez que postula a un cargo público, para lo cual se inscribió en el partido de Acuña recién en septiembre del año pasado.

Pino Monzón –quien también es presidenta del Comité Consultivo de Gestión Reactiva Cusco para el reinicio de actividades económicas por la Covid-19– declaró al ente electoral que recibe un ingreso anual del sector privado por S/101.673, y que posee tres inmuebles por S/ 3.3 millones. La postulante además es gerente propietaria de Andes Motors SAC y socia fundadora de Kunaq Consultoría SAC.

La candidata Nº 2 por Cusco, Rosa Pino, fue sentenciada en 2017 por incumplimiento en el pago de un préstamo". 

Precisamente, como propietaria de Andes Motor’s SAC fue sentenciada en 2017, y se ordenó el remate de garantía en materia de ejecución, debido al incumplimiento del pago de préstamos a entidades bancarias. Actualmente, la candidata afronta una investigación –en etapa de formalización– por apropiación ilícita común en agravio de la empresa Motor Mundo SA. Pese a ser una empresaria del rubro automotriz, Pino Monzón no declaró vehículo alguno en su hoja de vida.

 

Polémicas exautoridades buscan llegar al Congreso por Cajamarca, Tacna y Apurímac

 

En Cajamarca, la histórica región minera del norte del Perú, el partido de Acuña lleva en su lista al Congreso al gerente de una universidad privada que no obtuvo la licencia de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Se trata de Manuel Antenor Becerra Vílchez (49), quien postuló en 2014 por Fuerza Popular y fue elegido alcalde provincial de Cajamarca. Cuatro años antes había intentado ser regidor provincial con el APRA, pero no tuvo éxito.

En su hoja de vida presentada al JNE, declaró que desde 1999 mantiene vínculos laborales con la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo y en la actualidad se desempeña como su gerente general. No obstante, en 2017, cuando era alcalde por el partido fujimorista (2015-2018) el consejo regional pidió su vacancia por un convenio interinstitucional que firmó en 2015 el municipio y la universidad.

Los regidores cuestionaron que, aunque él no mantenía cargo alguno en la casa de estudios superiores, su esposa sí se desempeñaba como presidente del directorio, lo cual era un conflicto de intereses. Su relación con el centro de estudios superiores casi le cuesta el puesto.

Manuel Becerra, candidato por Cajamarca, es investigado por la Fiscalía por el delito de peculado". 

Por sus actividades como alcalde de Cajamarca en dicho periodo, hoy el candidato de APP enfrenta una acusación de la Fiscalía de dicha región por el presunto delito de peculado. Adicionalmente, en febrero del 2020, la Sunedu le denegó la licencia institucional a la universidad Antonio Urrelo, al advertir que no tenía los estándares de calidad mínimos para operar.

El jefe de prensa del candidato, Juan Zapata, respondió a OjoPúblico que “no hay ningún proceso que [Manuel Becerra] recuerde sobre este caso”. “No tienen ninguna notificación sobre eso [peculado]”, añadió. Sin embargo, un documento de la Fiscalía señala que el caso se encuentra en acusación fiscal. 

En 2018, ante la Contraloría, el candidato de Acuña informó de bienes por S/ 8.1 millones, pero en su actual declaración ante el JNE dijo poseer solo cuatro inmuebles y una camioneta que en conjunto suman S/ 6 millones. También informó de ingresos anuales del sector privado por S/ 944.986.

Otra de las candidatas de APP es Luz Delia Huancapaza Cora (44), quien encabeza la lista en Tacna. Actualmente, ella tiene el cargo de consejera regional en Tacna (2019-2022), pero desde diciembre del 2020 solicitó licencia para postular al Congreso. En su hoja de vida presentada al JNE, informó ser gerente de las empresas Mundo Distribuciones Luz EIRL y Deportes Athenas S.A.C; y propietaria de la empresa Mundo Deportes.

INFRACCIONES. La candidata por Tacna contrató con el Estado entre 2019 y 2020, en su período como consejera regional.  

Foto: Facebook de Luz Huancapaza

 

Precisamente, OjoPúblico comprobó que Mundo Distribuciones Luz EIRL obtuvo contratos con el Estado por S/ 481.596 entre 2015 y 2020. De ese total, tres órdenes de bienes y servicios fueron con las municipalidades de Tarata, Jorge Basadre y Susapaya, por S/ 5.395, entre mayo de 2019 y diciembre del 2020, en su período como consejera regional, lo cual viola la ley de contrataciones del Estado aplicada para funcionarios públicos en el ámbito nacional.

Huancapaza Cora es, junto a sus hermanas Lourdes y Mery, socia y accionista en Deportes Athenas S.A.C, que también registra contratos con el Estado entre 2008 y 2019 por S/ 2.8 millones. En 2016, dicha empresa fue sancionada con 13 meses de inhabilitación por el Tribunal de Contrataciones del Estado al haber contratado con el gobierno regional de Tacna, en 2013, cuando su hermana Lourdes se desempeñaba como regidora provincial (2011-2014) y estaba impedida de hacerlo.

La postulante –bachiller en Educación por la Universidad Jorge Basadre Grohmann de Tacna– informó al JNE ingresos de fuente pública y privada por S/ 64.668; así como cuatro inmuebles valorizados en S/ 418.500. En anotación marginal de su hoja de vida precisó también ingresos anuales de S/ 84.000 por sus tres empresas. OjoPúblico llamó en reiteradas oportunidades a la candidata, pero hasta el cierre de este artículo no respondió el teléfono.

En Apurímac la lista del partido de Acuña la encabeza David Salazar Morote (67 años), exgobernador de dicha región (2007-2010). Su historial político comenzó en 2002, cuando postuló para presidente regional, pero sin éxito. En 2016 llegó a participar en las elecciones en calidad de candidato a la segunda vicepresidencia de la alianza electoral entre Alan García y Lourdes Flores Nano. Aquella plancha, finalmente, no tuvo aceptación popular.

El candidato por Apurímac, David Salazar, registra dos infracciones de tránsito graves".

En la hoja de vida del JNE, Salazar informó su participación en cuatro empresas, tres de ellas del rubro alimentos y venta de bebidas: Agroindustrias Andahuaylas E.I.R.L., Nutrecorp del Perú SAC, Empresa Comercializadora de Servicios Los Productores S.A., e Idear buen gobierno SAC., dedicada al asesoramiento. Esta última hoy se encuentra de baja en la Sunat y tuvo como gerente general a Nelson Chui, exgobernador regional de Lima y candidato actual por APP para Lima Provincias.

En su declaración ante el JNE, el postulante declaró ingresos de fuentes privada y pública por S/ 132.464; así como dos inmuebles por S/ 260 mil. El candidato además registra dos infracciones de tránsito graves: una ocurrió en 2004, con un auto que ahora está fuera de circulación; y otra mientras conducía el vehículo de una de sus empresas (Agroindustrias Andahuaylas), el cual aún está activo y en circulación.

Durante su gestión de presidente regional se concretó la firma del contrato con la empresa minera Las Bambas, un proyecto que durante los últimos años ha generado protestas sociales.

 

Cantante y periodista que figuran como aportantes del fujimorismo van por San Martín

 

En la plancha congresal de APP también figura Cheryl Trigozo Reátegui (33), quien postula con el número 3 por la región San Martín. La candidata, bachiller de Administración en Turismo, es hija de Tulio Trigozo, fundador de una conocida orquesta de cumbia Sonido 2000. Ella misma lidera el conjunto musical en los últimos años.

En su hoja de vida presentada al JNE declaró que desde el 2013 hasta la actualidad es persona natural con negocio, la cual cuenta con cinco trabajadores y mantiene una deuda coactiva de S/ 4.229, por pagos no efectuados a la ONP y Essalud, de diciembre de 2019 a enero de 2020.

En 2016, la candidata aportó S/ 18.000 para la campaña de Fuerza Popular, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para estas elecciones, informó de ingresos del sector privado por S/ 515.761, seis inmuebles por S/ 591.935 y dos motocicletas valorizadas en S/ 9.240. Además, indicó que es accionista, con el 50%, de la constructora Gabcher SAC.

RELACIÓN. La candidata por San Martín, Cheryl Trigoso, realizó aportes de S/ 18 mil al fujimorismo en la campaña del 2016. 

Foto: Facebook de Cheryl Trigoso 

 

OjoPúblico intentó comunicarse desde el jueves 25 de febrero con la candidata, mediante mensajes a su cuenta de Facebook y a través de su responsable de prensa, quien se comprometió a gestionar una entrevista, pero hasta el cierre de este artículo no se concretó.

Otra postulante por APP es la periodista Glenda Mello Pinedo, quien encabeza la lista al Congreso por San Martín. En las elecciones del 2016 también hizo dos aportes en especie (avisos publicitarios) por S/ 5.000 al partido de Keiko Fujimori, según la base de datos de la ONPE. Entre 1999 y el 2020, Mello contrató con el Estado por S/ 335.461, como persona natural y a través de dos empresas en donde es gerente general: Editora Selva SAC y Ferr Comunicaciones SAC. Entre sus clientes figuran el Gobierno Regional de San Martín y la municipalidad provincial de San Martín.

La candidata aseguró a OjoPúblico que no realizó ningún aporte a Fuerza Popular, sino que los montos que figuran en la ONPE eran de un saldo por un servicio de publicidad que le prestó en 2016 a dos empresas del postulante fujimorista –y luego congresista– Rolando Reátegui Flores. “Me pidieron que firme una declaración jurada por ese monto, indicando que era una donación [a Reátegui]. Nunca me dijeron que aparecería en alguna lista de aportantes de Fuerza Popular. No soy la única, hay más de 60 periodistas y dueños de medios de comunicación que aparecen como aportantes sin serlo”, explicó.

 

Candidato por Ica no reportó inmuebles

 

Otro candidato cuya información en Registros Públicos se contradice con lo declarado al JNE es César Jordán Brignole (65), número 1 de APP por Ica, una de las regiones agroexportadoras más relevantes del país. El postulante de Acuña es un general de la Policía Nacional en situación de retiro, que recibe una pensión mensual de S/ 8.573. Se hizo conocido en el conflicto social conocido como ‘Moqueguazo’ en el 2008. Hasta el 2020 dijo haber laborado en calidad de asesor en la Asociación de Municipalidades del Perú y como gerente de Seguridad Ciudadana en la Municipalidad de La Molina.

En su hoja de vida presentada al JNE, el candidato declaró dos bienes inmuebles en Lima: una casa en Magdalena del Mar y un departamento en San Isidro. En los Registros Públicos, sin embargo, Jordán también aparece incluido como titular de otras cuatro propiedades ubicadas en Chincha y Pisco (Ica), que no aparecen en su reporte al ente electoral. Jordán declaró ingresos de fuente pública y privada por S/ 309.697 y tres vehículos valorizados en S/ 165.140.

El candidato dijo a OjoPúblico, sobre los inmuebles en Chincha y Pisco, que no declaró esos predios, que aparecen en Registros Públicos a su nombre, porque no le pertenecen. “Yo no tengo ninguna [propiedad en Ica]”, aseguró. Cuando insistimos sobre los cuatro predios hallados en la Sunarp indicó que en realidad son “de sus bisabuelos, su madre y demás familia, y quizá aparezcan más [propiedades], porque los Jordán tienen muchas propiedades en esa región”.

Consultado sobre el predio del pasaje Santa Rosa N° 139, en Chincha Alta (Ica), dijo que es de su mamá. Cuando le indicamos que, según la Sunarp, en enero del 2019 dicho predio fue entregado a sus hermanos y a él como herencia de su madre, Gloria Brignole de Jordán, el general en retiro dijo: “No, pero eso no es mío, eso es de toda la familia… no es mi propiedad, yo no soy dueño, eso es algo que se está haciendo una herencia… se está haciendo el testamento".