Calidad educativa: la promesa detrás de las millonarias exoneraciones tributarias

Calidad educativa: la promesa detrás de las millonarias exoneraciones tributarias

Ilustración: Claudia Calderón.

Las empresas educativas sin fines de lucro están exoneradas del pago del Impuesto a la Renta. Sus excedentes deberían ser reinvertidos en obras y servicios dentro de su institución, pero algunas le dieron un uso indebido a estos recursos. OjoPúblico identificó que entre aquellas que se acogieron a este beneficio se encuentran centros de estudios con las pensiones más altas del Perú, una universidad con un proceso judicial y otras dos que no obtuvieron el licenciamiento de la Sunedu. En total, son 569 las asociaciones educativas, colegios, institutos, universidades, que están exceptuados de unos 100 millones de soles anuales en tributos.

28 Octubre, 2020

En el Perú la educación privada está liberada de tributos. No paga el Impuesto Predial por los inmuebles que posee, tampoco el Impuesto General a las Ventas (IGV) por la matrícula, pensiones y servicios de enseñanza; ni aranceles por equipos y bienes importados. Además, algunos colegios, institutos y universidades están exonerados parcial o totalmente del Impuesto a la Renta, si destinan sus ganancias en obras y servicios para los estudiantes.

Esto último le sirvió a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) y la Universidad San Martín de Porres (USMP) para acceder a millonarios fondos que fueron destinados a actividades sin objetivos educativos, razón para que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) las multara con S/ 8 millones, a cada una, en 2019. Entre las principales irregularidades que se sancionaron está el incremento irregular de sueldos, utilización indebida de vehículos e inversiones en subsidiarias de otros rubros.

Ambas casas de estudio se constituyeron como asociaciones sin fines de lucro. Es decir, empresas que no generan utilidades y solo tienen permitido reinvertir sus excedentes anuales en obras o servicios dentro de la misma institución. A cambio de ello, según el artículo 119 de la Ley del Impuesto a la Renta, se les exonera del 100% de este pago, si así lo solicitan ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). 

De acuerdo con información de la Sunat, obtenida por OjoPúblico, de las más de 15 mil entidades educativas privadas que existen en todo el país, son 569 las asociaciones educativas, colegios, institutos y universidades, que se constituyeron como empresas sin afán de lucro y pidieron acogerse a este beneficio. Solo el año pasado, este grupo no aportó rentas por S/ 107 '516.000, según cálculos del ente tributario.

 

Entre las empresas educativas que reciben este beneficio se encuentran casas de estudios que registran las pensiones más elevadas del sector, como la Universidad de Lima y la Universidad del Pacífico, y una institución con altos indicadores de producción científica, la Universidad Peruana Cayetano Heredia; pero también la Universidad San Martín de Porres, que fue multada por la Sunedu por hacer uso indebido de sus recursos, y otras dos que no obtuvieron el licenciamiento debido a deficiencias en su infraestructura y nivel de enseñanza.

 

Demanda judicial y licencias denegadas

La información de Sunat coloca a la Universidad San Martín de Porres (USMP) como la tercera casa de estudios que accedió al mayor monto de exoneración de renta por sus excedentes, en los mismos años en que la Sunedu detectó operaciones irregulares en el manejo de sus recursos. Como se recuerda, en 2019 la Sunedu sancionó a esta universidad por haber desviado S/ 293 millones, entre 2013 y 2018, a siete subsidiarias y un fondo de inversión extranjero que no tenían fines educativos. 

Además, se la multó por más de S/ 8 millones y se ordenó un proceso de vacancia contra su entonces rector, José Chang Escobedo. No obstante, a inicios del presente mes, el también exministro de Educación obtuvo una licencia por parte del Consejo Directivo de la USMP para retirarse del cargo que ocupaba desde 1996 de forma casi ininterrumpida.

El apoderado de la Universidad de San Martín de Porres, Víctor Bolaños, confirmó a OjoPúblico la información que adelantó a otros medios, respecto a que la universidad presentó una acción contencioso administrativa contra la Sunedu por una presunta vulneración del debido proceso. Hasta que el Poder Judicial no resuelva esta demanda, dijo, no pagarán la multa. 

A través de un escrito, Bolaños Velarde explicó que las siete empresas en las que la USMP hizo préstamos e inversiones fueron constituidas o adquiridas durante la vigencia de la anterior Ley Universitaria (Ley 23733), que permitía efectuar este tipo de operaciones económicas, siempre que las actividades sean compatibles con el objetivo de su institución. 

José Chang

EXRECTOR. José Chang se retiró del rectorado de la USMP y la universidad entabló una acción contencioso administrativa contra la Sunedu.
Foto: USMP

 

“Cómo no va ser compatible con la finalidad de una universidad, que tenía su Facultad de Educación, tener dos colegios. Cómo no va a ser compatible, teniendo una Facultad de Ciencias de la Comunicación, tener un canal para hacer televisión. Cómo no va a ser compatible, teniendo un Instituto del Deporte, y habiendo previsto en sus normas que uno de los fines institucionales es promover el deporte, tener un club de fútbol”, se preguntó Bolaños.

“No cabe hablar de desvío de fondos para referirse a los préstamos e inversiones realizados (...) Se nos ha sancionado realmente porque los préstamos e inversiones en nuestras empresas, a criterio de la Sunedu, no fueron rentables. Esto a nuestro entender, hace a la sanción nula. Hemos interpuesto la demanda contenciosa administrativa precisamente para que se declare la nulidad de lo resuelto”, sostiene.

La versión de Bolaño es distinta a los hallazgos del sector Educación, los mismos que fueron reportados en 2019 por OjoPúblico. Estos detallan la existencia de una planilla de funcionarios que recibieron cuantiosas bonificaciones mientras ejercían cargos académicos y dirigían un club de fútbol, una aerolínea comercial y un hotel de lujo, entre otras transacciones sin fines educativos que fueron detectadas por la Sunedu en su investigación. 

De acuerdo con sus estados financieros, la Universidad San Martín de Porres registró ingresos de S/ 444 millones por sus actividades académicas del 2019, pero su utilidad neta fue de S/ 27 millones. La cifra demuestra una recuperación frente a los S/ -9 millones con los que cerraron el 2018 e, incluso, el 2016, cuando llegaron a registrar un déficit de S/ -21 millones. Sin embargo, este medio encontró diferencias en sus reportes no auditados del 2018, para pasar de S/ 5 millones a S/ -9 millones en su última declaración.

2019. Los ingresos y utilidad neta de la Universidad San Martín de Porres cerraron en azul el año pasado.
2018. Los estados financieros de ese año muestran variaciones en comparación a los citado en el reporte anterior.
2017. El manejo financiero de esta universidad arrojó un fuerte déficit en comparación al 2016.

Además de la USMP, otra de las instituciones educativas sin fines de lucro que concentra los mayores montos de exoneración del Impuesto a la Renta es la Universidad Particular de Chiclayo, que tiene como rector a Danilo Escobar Gutiérrez, y desde setiembre se encuentra en pugnas internas porque no puede concretar un nuevo proceso electoral. Esta casa de estudios no transparenta sus estados financieros ni montos de reinversión.

En julio de 2019, a través de la Resolución 097-2019, la Sunedu rechazó su licenciamiento y ordenó el cese paulatino de actividades y cierre de sus puertas para agosto de 2021, debido a que no cumplió con el 90% de los indicadores de calidad evaluados. Se encontró, por ejemplo, que más del 50% de los programas ofertados no cuentan con ambientes de enseñanza adecuados, y existen diferencias en la calidad del equipamiento y aulas asignadas a los alumnos de la sede central en comparación con su filial de Jaén.

"Adicionalmente, no fomenta acciones orientadas a promover la actividad investigadora, pues los docentes encargados de desarrollar investigación no cuentan con la disponibilidad horaria para ejecutar los proyectos, ni se evidenció la ejecución de proyectos de investigación financiados por la Universidad (...) El porcentaje de docentes a tiempo completo está por debajo del 25% que exige la Ley Universitaria", señala la Sunedu en un comunicado.

A esto se suman multas por un total de 445 UIT que le impuso el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Lambayeque, entre 2016 y 2019, por incumplimientos en el registro de notas, en el otorgamiento oportuno de grados y títulos, y en la prestación de servicios educativos en los plazos previstos. Además, una sanción de Sunedu por no tomar medidas correctivas contra personas acusadas de hostigamiento sexual en el campus.

Universidad de Chiclayo

DENEGADA. La Sunedu rechazó el licenciamiento de la Universidad Particular de Chiclayo porque no cumplió con el 90% de los indicadores de calidad evaluados.
Foto: Sunedu.

 

En la misma situación se encuentra la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, con sedes en Puno y Arequipa. A través de la Resolución 034-2020 la Sunedu le denegó el licenciamiento en marzo porque más del 25% de los estudiantes no accedía a laboratorios, talleres, equipamiento y herramientas digitales, y la institución no pudo demostrar que cuente con recursos para darle mantenimiento a los bienes ya existentes. 

"Se evidenció la incorporación de docentes mediante pacto colectivo, sin considerar un proceso meritocrático y público (...) El 71% de docentes declarados como que realizan investigación no dispongan de tiempo, experiencia y/o cuenten con un proyecto adjudicado que cumpla la normativa vinculada a la integridad científica", se lee como parte de las nueve deficiencias encontradas.

Esta universidad ya había sido sancionada por la Sunedu con 31,6 UIT por no presentar el Informe Anual de Reinversión de Excedentes por los gastos incurridos en 2015. De igual manera, el Indecopi le impuso 23 multas por 350 UIT, entre 2016 y 2019, por infracciones a la Ley de Protección al Consumidor en perjuicio de sus estudiantes.

OjoPúblico se comunicó por correo electrónico con las cuentas oficiales de la Universidad Particular de Chiclayo y con el jefe de Relaciones Públicas de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, para solicitar una entrevista, pero no respondieron.

 

Beneficios en Trujillo, Piura y Huancayo

En la lista de empresas educativas exoneradas de renta también aparece la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). La institución, con sedes en Piura y Trujillo, y dirigida por Felicita Peralta Chávez, fue sancionada este año por la Sunedu por no tomar acciones frente a casos de hostigamiento sexual ocurridos dentro de la comunidad universitaria.

Al cierre de 2019, esta casa de estudios declaró haber reinvertido unos S/ 29 millones de sus excedentes, principalmente en la construcción y equipamiento de nuevos ambientes. No se evidencia fondos destinados a los rubros Programas deportivos y Apoyo a deportes de alto rendimiento, pese a que es auspiciadora principal del equipo de fútbol Club Carlos A. Mannucci. 

De acuerdo con sus estados financieros, los servicios de enseñanza y sus centros de producción y de salud facturaron S/ 218 millones el año pasado. Y, si bien al empezar este 2020 sus flujos de efectivo disponibles bordearon los S/ 18 millones, la universidad accedió a un préstamo de S/ 10 millones del Banco de Crédito del Perú (BCP), en el marco del programa Reactiva Perú.

Otras dos instituciones regionales que no están sujetas a pago de renta son la Universidad Peruana Los Andes (UPLA), de Huancayo, que reporta ingresos anuales por S/ 119 millones, pero una utilidad neta de solo S/ 924 mil; y la Universidad Peruana Unión, afiliada a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y con campus en Lima, Puno y San Martín, que registró una utilidad operativa de S/ 8 millones.

De igual forma, la Universidad de Piura, constituida por el apostolado Corporativo Opus Dei, y que tiene como rector a Antonio Abruña, registró ingresos por S/ 170 millones como parte de sus actividades educativas en 2018, la última información disponible. En 2019 reinvirtió S/ 17 millones en sus sedes de Piura, Lima y en su Escuela de Dirección PAD, y este año accedió a un préstamo de S/10 millones del programa Reactiva Perú. 

A diferencia de las otras universidades mencionadas, esta casa de estudios destinó un mayor porcentaje de sus excedentes en becas, y no en infraestructura y equipamiento. Días previos al cierre de esta investigación, contactamos con estas tres instituciones, a través de llamadas telefónicas a sus voceros de prensa o por correo electrónico, y en algunos casos quedaron en responder un cuestionario, pero hasta el cierre de edición, no lo hicieron.

 

Las reformas planteadas por Sunedu

Marco Castañeda Vinces, secretario general del Ministerio de Educación (Minedu), explica que no hubo precedentes de supervisión en la educación privada hasta que se publicó la Ley Universitaria, en 2014, y más concretamente desde que se aprobó el Acta de Sesión del Consejo Directivo 032 de Sunedu, de 2018, que define el nuevo enfoque de supervisión en materia de beneficios tributarios. 

Hasta ahora, dicho control se limita a las universidades. Por eso, su sector está tomando esta experiencia como guía para reforzar el marco regulatorio de colegios e institutos privados y, por primera vez, supervisar el uso del dinero que recaudan cada año.

“Las universidades evitaban el control bajo el argumento de la reserva tributaria, pero con la Sunedu ya quedó claro que sí tenemos competencia sobre este tema (...) Se suele creer que aquellas con fines de lucro son las que tienden a no hacer un buen uso de este beneficio tributario, pero no necesariamente es así. Los resultados de la supervisión de Sunedu demuestran que ambos tipos de instituciones, con y sin fines de lucro, pueden tener este tipo de incumplimientos”, señaló Castañeda.

Sunedu

FISCALIZACIÓN. No hubo precedentes de supervisión del uso de rentas hasta que se publicó la Ley Universitaria. Esta labor se extenderá a institutos y colegios.
Foto: Andina.

Las asociaciones sin fines de lucro mantienen la exoneración gracias a siete prórrogas aprobadas en el Congreso, entre 2012 y 2018, que modifican la Ley del Impuesto a la Renta. La última de estas vencía en diciembre de 2019, pero, con el Parlamento disuelto, fue el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el que emitió el Decreto de Urgencia 025 para extender el beneficio por un año más. Este caduca en diciembre y, de no emitirse otra modificación, este tipo de empresas se verán obligadas a pagar el impuesto.

Además, en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, presidida por el legislador Omar Chehade, están en debate tres proyectos de ley que buscan modificar el artículo 19 de la Constitución para que universidades, institutos y colegios del sector privado, con o sin fines de lucro, queden sin inmunidad tributaria. No solo para ser gravados con el Impuesto a la Renta, sino también con el IGV, aranceles y el Impuesto Predial.

“El Estado les reconoce facilidades tributarias a las empresas educativas para fomentar las actividades que eleven la calidad. Es un incentivo. Creemos que la exoneración tiene un impacto positivo, pues ayuda al desarrollo de las labores educativas. El problema está en asegurar que la finalidad se cumpla. Como Minedu queremos garantizar la calidad del servicio, y eso pasa por impulsar el licenciamiento, fiscalizar la legalidad de la oferta y supervisar el buen uso de los recursos y beneficios tributarios", añadió Castañeda. 

 

Millonarias exoneraciones y excedentes

Por reserva tributaria, la información de Sunat no individualiza el valor de las exoneraciones, pero confirma que más de la mitad de la renta que no aportan las instituciones educativas sin fines de lucro, es decir, S/ 61 '671.028, corresponde a las diez universidades mencionadas en este reportaje. La Universidad de Lima, la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) y la Universidad San Martín de Porres (USMP) concentran, en total, el 58% de lo que se deja de recaudar en este sector universitario.

Las otras casas de estudio son la Universidad del Pacífico, fundada por la Compañía de Jesús; la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especializada en carreras profesionales de la salud. Todas exceptuadas del pago de renta para reinvertirlo en la mejora de su calidad educativa, como señala el artículo 119 de la Ley Universitaria.

La Universidad de Lima se encuentra entre los centros de educación superior con las pensiones más altas, de entre S/ 1.600 y S/ 3.600 mensuales, según el ranking del Grupo Educación al Futuro. De acuerdo con sus estados financieros, analizados por OjoPúblico, esta casa de estudios cerró el 2019 con ingresos calculados en S/ 461 millones recaudados por sus servicios de enseñanza, cursos de extensión y el centro preuniversitario, pero también por intereses obtenidos de sus inversiones financieras.

La institución inició el 2020 con una liquidez de S/ 145 millones. Su modelo de negocio les permite rentabilizar sus excedentes anuales, colocándolos en fondos mutuos y portafolios de inversión en los cuatro bancos más importantes del país: BCP, Interbank, Scotiabank y BBVA, así como en carteras internacionales del JP Morgan Private Bank y la financiera suiza UBS Group AG. Todo valorizado en S/ 399 millones. Las normas tributarias y educativas no le impiden realizar este tipo de operaciones.

En marzo de este año, la Universidad de Lima cumplió con enviar a la Sunedu el listado de las obras de infraestructura, equipamiento, capacitación docente y becas a las que destinó S/ 109 millones de sus excedentes acumulados hasta antes de 2018. A través de un escrito, José Antonio Lizárraga, director de la Dirección Universitaria de Administración y Finanzas de la institución, indicó que no han estado sujetos al pago de Impuesto a la Renta desde su creación, en 1962.

“De concretarse [la caducidad del beneficio tributario] se afectará a la universidad, debido a que las inversiones que realizamos en favor de los estudiantes se verán disminuidas, al igual que otras actividades importantes tales como la promoción de la investigación y la internacionalización (...) No entendemos esta inafectación como un ahorro, sino como una medida de promoción de la educación”, señaló Lizárraga.

Universidad de Lima
INVERSIONES. La Universidad de Lima optó por invertir S/ 399 millones de sus excedentes en fondos mutuos y portafolios de banca nacional y extranjera, según sus estados financieros del 2019.
Captura: OjoPúblico

Por su parte, la Universidad del Pacífico -que tiene como fundadora y promotora a la orden religiosa Compañía de Jesús- se mantiene como el centro de estudios con las pensiones más altas, entre S/ 2.013 y S/ 4.871 mensuales. 

De acuerdo con sus estados financieros, al cierre de 2019, sus actividades académicas y servicios le generaron S/ 236 millones de ingresos y una disposición de efectivo en caja de S/ 19 millones, En el mismo período, según el informe auditado por la firma Ernst & Young, la universidad invirtió S/ 15 millones de sus excedentes principalmente en nueva infraestructura y compra de equipos como maquinarias, vehículos y muebles.

Esta casa de estudios cuenta con su propio Patronato para apoyar su labor académica, y tiene como benefactores a los bancos BCP, BBVA y Santander, las mineras Buenaventura, Volcan, Southern Copper, Minsur, las cementeras Yura y Pacasmayo, y las empresas Ferreycorp, Trafigura y Hochschild. A través de su equipo de prensa, pedimos una entrevista con los voceros de la universidad, pero indicaron que no participarían de este reportaje.

Otra de las instituciones sin fines de lucro exenta del pago de renta es la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especializada en carreras de la salud y que lidera la producción científica en el ámbito académico, según Scimago Institutions Ranking (SIR), que mide la influencia de este sector en las revistas académicas; y es la segunda con más investigadores en el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología y de Innovación Tecnológica (Renacyt) del Concytec.

Con pensiones mensuales en escalas de S/ 1.919 a S/ 4.053, de acuerdo con el ranking del Grupo Educación al Futuro, sus estados financieros muestran que las labores de enseñanza, proyectos de investigación, servicios de salud y consultorías realizadas en 2019 le generaron ingresos por S/ 247 millones. Sin embargo, luego de cubrir sus costos operativos, cerraron el año con una utilidad neta de -S/ 4 millones.

En sus reportes, la Universidad Peruana Cayetano Heredia declaró haber reinvertido S/ 12 millones de los excedentes en infraestructura técnica y equipamiento para investigación e innovación. En tercer lugar aparecen las becas y, por último, el rubro innovación en ciencia y tecnología, programas deportivos y capacitación docente.

La jefa de la Oficina Técnica de Asesoría Legal, Melissa San Martín Broncano; y el director general de administración, Juan Miyahira Arakaki, se presentaron en la sesión virtual del Congreso, el pasado 2 de setiembre, para explicar el uso de los recursos a los que accede esta universidad, en el marco del debate para restringir los beneficios tributarios a las instituciones privadas. Según su equipo de prensa, ellos son los voceros en este tema.

“Nuestros excedentes no son muy grandes. Estos son fiscalizados tanto por la Sunat como por Sunedu, y se invierten principalmente en investigación y el área académica. Destinamos unos S/ 3 millones al año para becas a los estudiantes, pero el impacto que tendría la universidad, si nos aplican el Impuesto a la Renta, reduciría nuestros excedentes en  unos S/5 millones, por lo cual no podríamos invertir en líneas de investigación y, menos aún, otorgar medias becas a los estudiantes”, señaló Miyahira en su exposición.

 

No publican estados financieros

Los datos recabados por OjoPúblico también permiten conocer, por primera vez, cuáles son los institutos y colegios a los que se les exonera el mayor porcentaje de Impuesto a la Renta para que puedan reinvertir sus excedentes en mejorar la calidad de sus servicios. 

Aquí encontramos al Instituto Adex, del gremio empresarial de exportadores que lleva el mismo nombre; el Instituto de Ciencias y Humanidades (ICH) que agrupa a las academias preuniversitarias Aduni, César Vallejo y el Colegio Bertolt Brecht; y el Instituto Tecsup, del grupo económico liderado por Eduardo Hochschild, el tercer hombre más rico del Perú.

De igual forma, la cadena de centros educativos Saco Oliveros-Apeiron y los colegios particulares Prescott, de Arequipa; y Sophianum, Newton y San Silvestre; ubicados, respectivamente, en los distritos de San Isidro, La Molina y Miraflores, en Lima. Estos dos últimos figuran entre las diez instituciones de educación básica con las pensiones más altas del país, según el portal Identicole del Minedu y la plataforma Educación al Futuro, con cobros de S/ 3.400 a S/ 3.700 al mes.

En conjunto, dichos institutos y colegios fueron liberados del pago de S/ 17 '613.000 en renta el último año. Estos no transparentan sus estados financieros en sus páginas web y tampoco respondieron nuestros pedidos de información, con excepción de Carlos Gallardo, gerente general de la Asociación Educativa Saco Oliveros. 

 

“Tenemos un modelo de enseñanza especial y procuramos invertir en el sueldo de nuestros 1.400 docentes, becas y proyectos de innovación en nuestros 25 colegios y cuatro academias preuniversitarias. Cada año, nuestros ingresos no superan los S/ 65 millones, y los directivos no tenemos sueldos exorbitantes. Sabemos que otras instituciones han incurrido en un uso inadecuado de sus recursos, pero nosotros somos un colegio con Marca Perú y cuidamos nuestro prestigio”, sostuvo Gallardo.

Lourdes Castillo, coordinadora del Área de Beneficios Tributarios de la Dirección de Supervisión de Sunedu, indicó que es necesario un intercambio de información con la Sunat para saber a qué otras instituciones educativas se les reconoce la exoneración de renta. “Estas empresas hacen una serie de compromisos para acogerse al beneficio. Si incumplen, se les debe retirar del registro o hacerles pagar el tributo sobre la operación cuestionada”, explicó. 

Según Castillo, el punto de partida es analizar los gastos y uso de activos, no solo de la universidad, sino de los programas y proyectos no educativos que se realizan en sus instalaciones, pues no siempre llevan contabilidades separadas. Además, revisar las empresas y fondos de inversión vinculados a sus directivos, pues pueden desviar recursos para fines no educativos.

Ocho empresas que administran institutos y colegios fueron liberadas del pago de S/ 17 '613.000 en Impuesto a la Renta.

“Son varias las modalidades en que se pueden desviar los excedentes que obtiene cada institución educativa. Por transparencia las universidades deberían detallar, incluso, los sueldos de sus directivos. Lo están haciendo, pero solo indican la remuneración base, no los bonos y adicionales que terminan multiplicando esta cifra”, señaló.

Como señaló Castañeda, representante del Minedu, hasta la fecha no se ha fiscalizado el destino de los recursos que recaudan y administran los centros de educación básica e institutos superiores. Tampoco se ha velado por la transparencia de sus tarifas. Sin embargo, durante la pandemia por la Covid-19, se publicó el Decreto Legislativo 1476 para que los colegios privados puedan informar su estructura de costos, ahora que el servicio se ofrece de manera virtual.

Esta norma generó el rechazo de los principales gremios del rubro: la Asociación de Institutos Superiores (Asiste Perú) y la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes), la misma que demandó a la Sunedu para mantener las exoneraciones fiscales en las entidades educativas con fines de lucro, en una causa que se mantiene vigente, como lo denunció OjoPúblico.

El sector empresarial se unió a este reclamo y en un comunicado conjunto, suscrito el 25 de mayo, la Confiep, la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias, Canatur, Adex y Amcham, alegaron que el decreto "afecta el derecho a la reserva tributaria de las entidades privadas y desincentiva la inversión en el sector educativo". La norma, sin embargo, continúa vigente y establece multas a los colegios que no transparenten sus tarifas antes los padres de familia.

 

 

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