LARGA HISTORIA. No es la primera vez que la población de Espinar acata un paro indefinido contra la minera Glencore.

Conflicto en Espinar: comunidades se enfrentan a Glencore por fondo minero

Conflicto en Espinar: comunidades se enfrentan a Glencore por fondo minero

LARGA HISTORIA. No es la primera vez que la población de Espinar acata un paro indefinido contra la minera Glencore.

Foto: Álvaro Franco/OjoPúblico

Los recientes enfrentamientos en la provincia cusqueña exponen una larga historia de desencuentros con la minería. Los dirigentes locales solicitan la asignación de un bono de emergencia de S/ 1.000 para enfrentar la pandemia y que este presupuesto salga del fondo que anualmente la minera transfiere a la municipalidad en el marco de un convenio firmado hace 17 años. La minera sostiene que ese dinero tiene otros fines y no contempla este tipo de apoyos. Este pedido se suma a una larga lista de asuntos pendientes como la consulta previa y la atención médica a personas afectadas por metales pesados.

26 Julio, 2020

En los últimos treinta y cinco años, Espinar ha vivido en constante conflicto a causa de la actividad minera en su territorio. El pasado 15 de julio los habitantes de esta provincia del Cusco, ubicada a 4 mil metros de altura, iniciaron un paro indefinido solicitando la entrega de un bono de 1.000 soles para 44 mil personas afectadas económicamente por las medidas restrictivas impulsadas por el gobierno durante la pandemia. Los dirigentes han pedido que el dinero provenga del fondo económico acumulado como parte del convenio marco que la provincia tiene desde el 2003 con el proyecto minero ubicado en la zona.  

La minera Antapaccay, de la suiza Glencore, señala que no puede otorgarles este dinero en efectivo, que representa un monto de S/ 50 millones en total porque el convenio tiene otros fines. 

Con la llegada de la pandemia, Espinar, como muchas otras provincias del país, ha visto afectada su economía. Solo la actividad minera fue declarada esencial y continuó laborando con actividades de mantenimiento, pero la ganadería y la agricultura fueron las más impactadas. El 30% de la población de esta provincia depende de estas actividades. En ese contexto, varias organizaciones locales solicitaron a las autoridades locales adoptar medidas para mitigar el impacto de sus frágiles economías: el 38% de habitantes es pobre y el 40% de la zona rural no tiene acceso al servicio de agua potable y casi el 50% no cuenta con alcantarillado, según el Plan Regional del Cusco 2018-2021. 

 

Espinar

VIOLENCIA. El último conflicto en Espinar ha dejado hasta el momento cinco heridos por impactos de bala y 30 detenidos por la policía. 
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico

 

El pasado 14 de mayo cuatro miembros del Comité de Gestión del convenio marco (el representante de los alcaldes distritales, de la Asociación de Urbanizaciones Populares y Pueblos Jóvenes de Espinar, de la cuenca del río Salado y del Frente Único de Defensa) votaron  a favor de que se dispongan S/ 50 millones del fondo del convenio marco y se entregar un bono de S/ 1.000 a 44 mil personas de la provincia de Espinar. Se abstuvieron de votar el representante de la minera, de la cuenca del río Cañipía y de la Federación Unificada de Campesinos de Espinar. 

Esos 50 millones representan el 38% del monto total de S/ 131 millones que la minera ha comprometido para ejecutar proyectos de inversión este y los próximos años. La minera alega que todo el dinero del fondo ha sido gastado o comprometido; pero las organizaciones sociales solicitan que se cambien algunos proyectos comprometidos para disponer de ese dinero y cumplir con la entrega de bonos. 

En aquella reunión, los que votaron por mayoría, acordaron que el dinero se usaría para que las familias afronten la crisis económica. Sin embargo, el representante de la minera Antapaccay, Livio Paliza, y el gerente general Carlos Cotera, se opusieron y argumentaron que este no cumplía con el objetivo del convenio, pues el fondo tiene como objetivo financiar y ejecutar proyectos de desarrollo en la provincia.

  

Espinar

UNIDOS. La población de Espinar acata un paro indefinido desde el 15 de julio y solicita a la minera la entrega de un bono de mil soles.
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico

 

Por su parte, el presidente del Comité de Lucha de Espinar, Rolando Condori, y el vicepresidente de este grupo, Fredy Llayque, sostuvieron que los habitantes de la provincia están en su derecho de disponer del fondo del convenio marco, porque se trata de una situación de emergencia que nunca estuvo contemplada.

De acuerdo a la información oficial, solo el 34% de la población de Espinar recibió alguno de los bonos impulsados por el gobierno para ayudar a las familias durante los meses de aislamiento obligatorio.

 

El acuerdo

 

El convenio marco que citan los dirigentes, organizados actualmente en el Comité de Lucha por la Provincia de Espinar, se firmó el 2003 cuando el proyecto minero pertenecía entonces a BHP Billiton.  Este convenio contempla entre varios otros compromisos, la creación de un fondo constituido por el aporte de la minera del 3% de sus utilidades anuales, y que sirve para financiar obras y proyectos de desarrollo en los ocho distritos de la provincia cusqueña. 

El fondo económico es administrado por el Comité de Gestión del Convenio Marco, conformado por el alcalde provincial, representantes de los alcaldes distritales, del Frente de Defensa de los Intereses de Espinar, de la Federación Unificada de Campesinos, de la Asociación de urbanizaciones Populares y Pueblos Jóvenes de Espinar, un representante de la cuencas del río Salado y otro de la cuenca del río Cañipía, y un representante de la minera.

Desde el 14 de mayo se realizaron  varias reuniones con el fin de implementar el bono, sin embargo, la minera siempre se mostró en desacuerdo. El 3 de julio, a través de un comunicado, Antapaccay reafirmó su posición en contra de la entrega de los bonos “porque el proceso para esta propuesta no se ajusta a los objetivos del mismo y carece de legalidad”. Días antes, el 24 de junio informó en un comunicado que dos días antes fue impedida de participar en una reunión virtual con los miembros del Comité de Gestión del convenio marco.

 

Espinar

MEDIO AMBIENTE. Uno de los asuntos pendientes en Espinar es el relacionado con la presencia de metales pesados en territorio que denuncia la población desde el 2012. 

 

En su lugar, la minera Glencore propuso impulsar el plan “Reactiva Espinar”, estimado en casi 80 millones de soles y que buscaba mitigar el impacto de la Covid-19. La propuesta contemplaba la entrega de alimentos y medicinas a las familias, la reactivación de los comedores populares, un fondo de S/ 5 millones para créditos con cero intereses para empresarios y emprendedores, Internet gratuito para los ocho distritos de la provincia y empleo con el inicio de 30 proyectos por S/ 48 millones. 

La propuesta de Antapaccay no fue aceptada por los otros miembros del Comité de Gestión del convenio marco porque consideran que, en el contexto de la pandemia, es más urgente entregar dinero en efectivo a las familias afectadas por la pandemia, antes que esperar la ejecución de proyectos de desarrollo como lo plantea la minera. 

 

Las razones de la protesta



El presidente del Comité de Lucha de Espinar, Rolando Condori, dijo que este presupuesto “no es dinero de la empresa minera, sino dinero y fondos del convenio marco”, comentó a OjoPúblico.

Jaime Borda, de la Red Muqui, recuerda que el convenio marco fue un acuerdo entre la minera y los representantes de la provincia de Espinar luego de varias protestas entre los años 2001 y 2002. “Es un acuerdo de buena fe entre dos partes. Los fondos no son un regalo o un donativo de la minera, sino un compromiso de transferencia de un porcentaje de las utilidades de la minera hacia la provincia, y por eso es que la población ahora solicita que se respete ese acuerdo”, dijo. 

Por su parte, la Superintendenta de Comunicaciones de Antapaccay-Glencore, Teresa Charca, declaró a OjoPúblico  que la empresa no aceptó la entrega del bono económico, pues la tercera cláusula del convenio marco que establece procedimientos, detalla que este presupuesto es para la ejecución de obras y proyectos. “(Esta cláusula) habla de proyectos sostenibles y en ningún momento menciona la entrega de dinero en efectivo, no está contemplado porque (ese) no es un proyecto de desarrollo sostenible”, enfatizó. 

Espinar

RECLAMOS. Las demandas de Espinar no se centran solo en la entrega del bono, sino también en la atención en salud y la consulta previa por la ampliación de Antapaccay.
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico

 

Antapaccay informó que desde el 2003 (cuando se firmó el convenio marco) hasta el 2019 aportó S/ 393.5 millones al convenio marco, con los que se han financiado más de mil proyectos productivos. “En la actualidad, el convenio marco tiene comprometidos S/ 131 millones en proyectos productivos”, dijo.

Luego de varias semanas de infructuosas negociaciones con la compañía minera, el 14 de julio, los miembros del Comité de Lucha Provincial de Espinar y el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Espinar (FUDIE) convocaron a un paro indefinido. El proceso de diálogo estuvo mediado por la Alta Comisionada para el Diálogo y el Desarrollo en el Corredor Vial Sur de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Paola Bustamante Suárez.

El presidente del Comité de Lucha de Espinar, Rolando Condori, dijo que este presupuesto “no es dinero de la empresa minera, sino dinero y fondos del convenio marco”

En la primera semana de la protesta se registraron hechos violentos: un grupo de personas  incendió dos vehículos de la empresa minera Las Bambas (Apurímac), que usa el corredor minero sur que atraviesa Espinar; también quemaron de pastizales, y durante los enfrentamientos y violenta represión de la policía se afectaron  también las presas de relaves de Antapaccay. El dirigente Rolando Condori deslindó con estos actos de violencia y acusó a supuestos infiltrados. “Nosotros no vamos a manchar nuestra lucha”, comentó. 

Los enfrentamientos con la policía durante esos días dejaron cinco heridos por impacto de balas, entre ellos dos menores de edad. La organización Derechos Humanos Sin Fronteras informó que hasta el 22 de julio se habían detenido  a 30 jóvenes, pero que todos fueron liberados ese mismo día. Además, a ocho dirigentes de las principales organizaciones de Espinar el Ministerio Público les abrió investigación por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de resistencia o desobediencia a la autoridad. . 

El viernes 24 de julio la Defensoría del Pueblo pidió a la fiscalía local “esclarecer la intervención de la policía durante los enfrentamientos en Espinar”; mientras que los dirigentes de la provincia solicitaron la presencia de una comisión de alto nivel del gobierno central, encabezada por el Primer Ministro Pedro Cateriano para iniciar un proceso de diálogo. También solicitaron al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa el retiro de la Policía y del Ejército.

 

Espinar

PROTESTA. Los representantes de las organizaciones sociales han solicitado que la mesa de diálogo se instale en Espinar y cuente con la participación de 5 ministros. 
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico

Espinar

DESENCUENTROS. En el 2012 los habitantes de Espinar también protestaron contra la minera. En aquella ocasión 4 personas fallecieron en medio de un paro indefinido.  
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico

 

 

El último sábado la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) envió un documento al alcalde de Espinar, al obispo de Sicuani, al gerente general de Antapaccay y al defensor del pueblo para instalar una mesa de diálogo que busque una salida al conflicto. En la misiva plantean  que las reuniones se realicen en la ciudad del Cusco y cuenten con la participación de un representante de la Defensoría del Pueblo. En respuesta las organizaciones sociales dijeron que solo aceptarán reunirse en Espinar y con la presencia de 5 ministros. 

 

Los compromisos pendientes

 

El excongresista Rubén Coa, natural de Espinar y quien vive en esa provincia, dijo a OjoPúblico que la reformulación del convenio marco incluye la revisión del porcentaje (3%) que entrega anualmente la compañía. “Buscan que se revisen las cláusulas del convenio, que se incremente el porcentaje que se transfiere, que se sinceren los montos transferidos anualmente por la minera a dicho fondo, pues no se conoce exactamente el monto de las utilidades de la compañía”, comentó. 

El presidente del Comité de Lucha de Espinar, Rolando Condori, dijo que  la demanda de la provincia no se limita a la entrega del bono económico sino que también incluye la reformulación de los términos del convenio marco (una medida que vienen solicitando desde el 2012), el rechazo al proyecto de ampliación Integración Coroccohuayco de Antapaccay y la atención médica a las personas afectadas por metales pesados.  

La actividad minera en Espinar tiene 35 años, pero no todos los proyectos y ampliaciones han contado con una adecuado mecanismo de consulta previa con las comunidades quechuas ubicadas alrededor del proyecto minero.

 

Espinar

ATENCIÓN. En Espinar está pendiente la consulta previa para el proyecto Coroccohuayco, que es la ampliación de Antapaccay. 
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico

 

En abril del 2018 Glencore presentó al Senace el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) modificado de Antapaccay, donde se incluye el nuevo proyecto de Coroccohuayco. En noviembre del año pasado, el gobierno anunció la implementación de la consulta previa, pero esta fue duramente cuestionada por las organizaciones locales porque excluía a varias comunidades. OjoPúblico -luego de acceder a documentos del proceso- reveló cómo el Ministerio de Energía y Minas impulsó el diálogo solo con 13 comunidades, a pesar de que desde junio del 2019 ya habían recibido el pedido de otras ocho para ser incorporadas en el proceso de consulta. Todo este proceso quedó suspendido por la actual emergencia sanitaria y aún está en investigación. 

Actualmente el proceso de consulta se encuentra en la tercera de las siete etapas. Según el Ministerio de Cultura se han realizado tres reuniones con las comunidades y se ha suscrito el plan de consulta, documento que les fue entregado en febrero de este año. 

“Las comunidades han pedido que para continuar con la consulta previa el Estado atienda las afectaciones causadas en salud, ambiente y en sus territorios por parte de la minera durante los últimos años”, dijo Jaime Borda, de la Red Muqui.

 

Espinar

REMEDIACIÓN. Otro de los temas pendientes relacionados con la minería en Espinar es la atención a las personas afectadas por metales pesados. 
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico

El último 22 de julio (en pleno conflicto por el bono) el Estado publicó la Resolución Ministerial 174-2020-PCM que conforma el Grupo de Trabajo denominado “Comisión Multisectorial encargada de evaluar los posibles daños en el ámbito de las comunidades originarias de Huano Huano, Huini Coroccohuayco, Pacopata, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Ccollana, Huisa y Anta Ccollana de la provincia de Espinar, departamento de Cusco, y el plan de reparaciones que corresponda de ser necesario”. 

Para Borda dicha medida fue parte de una estrategia del gobierno para evitar que las 13 comunidades impactadas por la ampliación del proyecto minero se sumen a la protesta por el bono económico. “Las comunidades acordaron en asamblea no intervenir directamente en el pedido del bono, puesto que ellos tienen su propia plataforma de lucha. Entonces durante las protestas han habido participaciones aisladas de estas comunidades”, explicó a OjoPúblico.  

 

Afectados por metales pesados

 

Entre las demandas de los habitantes de Espinar que figuran en las mesas de diálogo instaladas está también la atención médica a las personas afectadas por metales pesados. 

Aún está pendiente un  estudio encargado al Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) para determinar las causas de la contaminación en esta provincia. 

Un informe del 2013 elaborado por el Ministerio del Ambiente concluyó que de 313 puntos analizados en 19 comunidades de influencia de la minera, en 165 se excedían los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) en agua superficial, en agua para consumo humano, en suelo y aire. Otro estudio realizado por la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras, en base a los registros de cuatro estudios realizado por el Estado peruano, identificó 1.621 personas en Espinar con al menos un metal tóxico en el cuerpo por encima de los límites máximos permisibles. 

Espinar

ALTO IMPACTO. La pandemia ha afectado la economía de las familias de Espinar, por eso es que piden la entrega de un bono de mil soles. 
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico 

 

“El problema de los metales es que no siempre tú vas a tener un síntoma o un signo de intoxicación inmediata, porque no reciben altas dosis de inmediato, sino que acumulan las dosis en el organismo (poco a poco)”, explica Karem Luque, bióloga de esta organización que ha realizado un estudio y seguimiento del caso..

El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), del Instituto Nacional de Salud, realizó estudios el 2010, 2013 y 2017 que concluyeron que las personas analizadas de las comunidades de influencia de la minera tenían presencia de metales pesados en el cuerpo: mercurio, cadmio y arsénico; aunque no identificaba la fuente de la contaminación. 

Entre las demandas de los habitantes de Espinar que figuran en las mesas de diálogo instaladas está también la atención médica a las personas afectadas por metales pesados. 

“La mayoría de personas que yo he entrevistado me han indicado que después de que las autoridades de Salud les han entregado sus resultados no les han dado ningún tipo de atención, les han dicho que tienen que lavarse más las manos para que no sigan con ese problema o que no se preocupen. Por eso la mayoría se siente abandonado”, dijo Luque. 

En marzo del 2018, se publicó la Resolución N° 168-2018 del Minsa, que conforma la Comisión Multisectorial encargada de elaborar y proponer la “Política Nacional para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y sustancias químicas”. Y el último 2 de julio se publicó la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM que crea la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Se trata de los primeros avances para atender a las personas afectadas por décadas de minería en nuestro país. En Espinar también es un pedido urgente de parte de las comunidades de la zona de influencia de Glencore, una compañía a la que ahora le solicitan de manera extraordinaria la entrega de un bono para enfrentar la pandemia, en medio de un contexto difícil no solo por la Covid-19 sino también porque está pendiente la consulta previa para la ampliación del proyecto minero Antapaccay.