Exportación de aceite de palma no garantiza el uso total de insumos sin deforestación

Exportación de aceite de palma no garantiza el uso total de insumos sin deforestación

Ilustración: Jhafet Ruiz - OjoPúblico.

Desde el 2013, las exportaciones de la palma en el Perú crecieron en 94%. El auge ha ido de la mano con conflictos sociales en zonas de cultivo, denuncias por deforestación de la Amazonía y tráfico de tierras. El Grupo Romero concentra la mayor parte de la industria, pero aún no puede garantizar en su cadena de suministros el uso total de palma que no provenga de bosques destruidos. En los planes de sus empresas detallan que solo podrán hacerlo después del 2025. Los principales destinos de exportación durante estos años han sido Colombia, Chile y Ecuador.

8 Junio, 2020

Actualizada: 09-06-2020

El jabón, necesario para enfrentar la actual pandemia del Covid-19, es elaborado en gran parte con aceite de palma. Se trata de un ingrediente silencioso en muchos productos de nuestro consumo y uso diario: desde aceites vegetales, galletas y detergentes, hasta leche, pan, chocolates, cosméticos, entre otros. Todos llevan en sus componentes una cuota de este insumo o sus derivados. La creciente demanda mundial de este producto, cuyo origen está vinculado a conflictos sociales y deforestación, ha obligado a muchas empresas, como las trasnacionales Nestlé, PepsiCo, Kellogg o Procter & Gamble, a adoptar en sus procesos estándares que les aseguren que el aceite utilizado no proviene de palma cultivada en bosques destruidos.

Estos estándares se basan en criterios ambientales desarrollados por la Mesa sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), los cuales deben ser cumplidos por sus más de 4 mil miembros, entre ellos, siete compañías peruanas. Los informes que éstas le presentan anualmente a la RSPO muestran que ninguna aún puede garantizar el uso de palma sostenible en el 100% de su cadena de suministros. Ni siquiera las empresas del Grupo Romero que han concentrado más de dos tercios de las exportaciones entre aceite refinado y crudo (69%).

Si separamos los productos, el Grupo Romero casi monopoliza las exportaciones de aceite refinado (98%), y controla poco más de la mitad del comercio externo de aceite crudo (58%). Esta industria no tiene mucho tiempo trabajando. Hace ocho años no había exportaciones, pero en los últimos siete se han exportado a nivel nacional 346 mil toneladas (US$ 253 millones) entre aceite de palma crudo y refinado. 

Según cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en siete años (2013-2019), el Grupo Romero exportó aceite de palma a través de cuatro empresas: Industrias del Espino (la mayor exportadora del país con 39.5%, un valor de US$ 100.2 millones); Alicorp SA (25.7% o US$ 66,2 millones); R Trading SA (3.5% o US$ 6.5 millones) y Sociedad Industrial Yurimaguas SAC (hoy Industrias del Shanusi SA, con 1.7% o US$ 3 millones). 

Sin embargo, el boyante negocio del mayor exportador del país de palma aceitera se ensombrece por investigaciones oficiales vinculadas a la deforestación y a irregulares certificaciones ambientales.

Lo demuestra una reciente sentencia judicial de diciembre de 2019 por un caso de certificaciones ambientales ilícitas para proyectos agroindustriales de palma aceitera de empresas del Grupo Romero. Este caso actualiza el debate sobre la fiscalización de esta industria. En el fallo, la Corte Superior de Justicia de Lima condenó al exdirector de Gestión de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura, Ricardo Gutiérrez Quiroz, a cuatro años de prisión suspendida por haber aprobado ilegalmente en el 2013 las certificaciones ambientales de cuatro proyectos para palma en Loreto pertenecientes a compañías del Grupo Romero (Islandia Energy SA, Empresa Desarrollos Agroindustriales Sangamayoc SA, Empresa Agrícola La Carmela SA y Empresa Palmas del Amazonas SA). 

Los proyectos se situaban en áreas de bosques amazónicos y ocasionarían deforestación, pero al darse la investigación fiscal, no iniciaron sus operaciones. De acuerdo a la ONG inglesa Environmental Investigation Agency – EIA, estaban en juego 23.143 hectáreas entre los cuatro proyectos ("Maniti", "Santa Catalina", "Tierra Blanca" y "Santa Cecilia"), poco más de 30 mil veces el área del campo del Estadio Nacional de Lima. Según la sentencia, la decisión de la autoridad agraria iba a ocasionar un daño ambiental irreversible contra la Amazonía.

Aunque aún no hay datos sobre exportaciones de aceite crudo de palma en el año 2019, hasta el 2018 las exportaciones de aceite crudo y refinado de las empresas más destacadas del rubro, como Alicorp e Industrias del Espino, crecieron en 39% desde el 2013. A diferencia de sus competidoras, ambas empresas siempre exportaron en los últimos siete años, aunque desde el 2018 han disminuido su volumen, sobre todo Alicorp (de US$3.6 millones en el 2018 a solo US$ 89 mil en el 2019). Si en los dos últimos años las compañías del Grupo Romero tuvieron un descenso en sus exportaciones, pasó lo contrario con cuatro de sus competidoras más cercanas: Industrias Oleana, Sol de Palma, Cargill Americas Perú y Exportadora Romex. 

Por ejemplo, las exportaciones de Industrias Oleana representan el 2.8% de lo exportado desde el 2013 (S/7 millones con solo dos años de actividad). Esta empresa inició sus operaciones en octubre del 2018 y tiene su matriz en Ecuador. En este país cuenta con más de 50 años de experiencia y desde 2012 se ha ubicado como la principal exportadora ecuatoriana de productos derivados de palma aceitera. 

En el caso de Sol de Palma, sus exportaciones representan el 8% del total. La empresa pasó de vender US$ 62 mil en el 2015 a US$ 9 millones en el 2019. Esta compañía, que empezó sus actividades el 2011, se define como un consorcio de seis empresas dedicadas al cultivo de palma y que trabaja con 3.500 pequeños y medianos productores del país. 

Por su parte, la norteamericana Cargill Americas Perú SRL tuvo el 9% aunque exportó sólo en el 2016 y 2017. Inició operaciones en 1953 y tiene a su matriz Cargill en Estados Unidos. Esta firma estadounidense, con presencia en más de una decena de países de la región, formó parte de un informe del ex parlamentario norteamericano y hoy presidente de la organización Mighty Earth, Henry Waxman, donde señaló que Cargill tuvo malas prácticas ambientales en sus procesos productivos en aceite, cacao y soya.

Finalmente, Exportadora Romex SA tuvo el 10.6% de todo lo exportado haciéndolo solo en el 2018 y 2019. Esta empresa se constituyó en mayo del 2009, producto de la división de los negocios de Café, Cacao de Romero Trading. De acuerdo a sus actividades se dedica a la comercialización y prestación de servicios relacionados con la actividad agroindustrial como la exportación de café, cacao y derivados de cacao. Como principal marca tiene a Cafetal. 

Estas cuatro compañías mencionadas representan juntas el 30.5% de las exportaciones del 2013 al 2019. El resto, ha estado concentrado en manos de las cuatro empresas del Grupo Romero.

Las empresas de este grupo económico no solo tienen presencia en la etapa de exportación, sino en toda la cadena productiva de la palma aceitera. Desde la cosecha pasando por la extracción, el refinamiento, la producción y la comercialización. En todo este proceso participa con una serie de empresas y con tres plantas extractoras que juntas alcanzan una capacidad de trabajo de 140 toneladas de palma por hora, mientras su más cercana competencia, el Grupo Ocho Sur, logra solo 45 toneladas de extracción por hora. La siguiente infografía muestra la estructura empresarial del grupo económico en la industria de palma aceitera: 


Organigrama grupo Romero

 

Contorno palma aceitera

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El primer destino del aceite 
 

De acuerdo a cálculos de la Junta de Nacional de Palma Aceitera de Perú (Junpalma), Alicorp es la empresa que domina el 80% del mercado nacional de refinamiento del sector. El derivado de palma que el Perú más ha exportado es el aceite crudo, que representa casi tres veces más del refinado. 

El mercado de la palma en el Perú comenzó a dinamizarse en el 2013. Los tres principales destinos del aceite de palma peruana en los últimos siete años fueron: Colombia (US$ 134,4 millones), Chile (US$ 53,5 millones) y Ecuador (US$ 18,3 millones). Puede ver el listado completo de países en el gráfico de este apartado.

Para explicar el avance de las exportaciones, nos enfocaremos, para empezar, en el caso del aceite de palma refinado.

Por ejemplo, de los catorce destinos que ha tenido este tipo de aceite entre el 2013 y el 2019, nueve son países latinoamericanos y Chile ha sido el principal comprador. En siete años, el país del sur pagó US$ 51 millones por las más de 56 mil toneladas compradas a compañías del Perú. Sus compras han tenido un aumento exponencial de 2.700% hasta el 2018. El comercio exterior con Chile en este producto ha representado las tres cuartas partes de todo lo exportado desde el 2013. 

Desde entonces hasta el 2018, Chile y Bolivia han sido los únicos países que han comprado la palma peruana todos los años sin interrupción. Colombia, por su parte, líder en exportación de palma en Latinoamérica, es el segundo país que más le ha comprado al Perú. Le siguen en menor medida Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador y España. El 97% de exportaciones de aceite de palma refinado fue enviado por la empresa Industrias del Espino SA entre 2013 y 2019. En ese lapso, el negocio de esta compañía creció en 1.470%: de exportar US$ 700 mil en el 2013 a US$ 11 millones en el 2019. 

Industrias del Espino SA forma parte del Grupo Palmas, brazo agroindustrial del Grupo Romero, que también vende en el mercado productos acabados como jabón, aceite y manteca. Según un informe del Minagri del 2012, “la empresa comercializaba entonces el 90% de su producción en la selva peruana, donde tiene el monopolio del mercado de aceites ya que por sus precios competitivos ha logrado desplazar a los productos procedentes de la costa e incluso a los importados desde el Brasil”. 

Esta compañía administra también una parte importante de las plantas de procesamiento en todo el país. A fines del 2018, adquirió el 100% de las acciones de la sociedad Industrias de Grasas y Aceites (Igasa), dedicada a “la fabricación y comercialización de jabones, aceites y grasas tanto vegetal como animal, industrialización de velas y de otros insumos afines".

 

La garantía de la palma sostenible
 

Junto a otras siete empresas del Grupo Romero, Industria del Espino SA es miembro de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) que, como mencionamos al inicio de este reportaje, es un organismo sin fines de lucro que otorga a nivel mundial certificaciones de producción de palma aceitera sostenible a todos sus miembros (desde productores, procesadores y comerciantes pasando por inversionistas y transnacionales como Nestlé o Procter & Gamble). 

La RSPO vela porque sus miembros cumplan con los estándares internacionales y le aseguren que en toda su cadena de producción usan palma sostenible al 100% y productos de la palma certificados por la propia RSPO. Es decir, que den garantías de que la palma que usan no proviene de bosques deforestados u de otras actividades ilícitas. Las certificaciones sirven también para establecer la trazabilidad de la cadena. “Actualmente en el mundo tenemos el 20% de aceite certificado por la RSPO, pero hay un 80% que todavía no lo está. Entonces, entendemos que el cambio en las empresas no pasa de un día para otro y que es un proceso; entonces, en estos compromisos lo que intentamos es que las compañías transparenten sus decisiones corporativas en el tema de sostenibilidad”, indicó el director de la RSPO para América Latina, Francisco Naranjo, en una entrevista con OjoPúblico. 

La empresa Industria del Espino SA (que es representada ante la RSPO por otra compañía del Grupo Romero: Palmas del Espino SA) le ha propuesto a la RSPO en el último informe anual que le presentó, que en el 2025 logrará que toda su cadena de suministros sea certificada al 100%. Este tipo de certificación se renueva cada año luego de que la RSPO comprueba los avances y el cumplimiento de metas que la empresa le propuso, hasta lograr la certificación de toda su cadena de suministros, nos explicó Francisco Naranjo, director de la RSPO para América Latina.

Es decir, solo entonces Industria del Espino SA garantizará que en su cadena de abastecimiento no hay palma que proviene de la deforestación. Esta intención de certificar también a los proveedores incluye sobre todo a los pequeños productores independientes del país, a quienes las empresas del Grupo Romero les compran un total de 91.438 toneladas de racimos de frutos frescos (según el portal del Grupo Palmas), que representa el 13% de su suministro total. 

En suma, la RSPO otorga a sus inscritos un ISO que les da credibilidad y apertura en los mercados. Por eso, a las empresas del Grupo Romero les interesa recibir estas certificaciones. OjoPúblico encontró que las compañías extranjeras que han comprado más aceite de palma peruana tienen la certificación de la RSPO. En teoría, como miembros de la RSPO, sus acuerdos comerciales se deberían dar con sus pares que tengan la misma acreditación.

Otra de las atribuciones de la RSPO está el recibir denuncias sobre deforestación contra las empresas, auditar su trabajo y sancionarlas, y hay un caso peruano en su archivo que ejemplifica las irregularidades de la industria de la palma en nuestro país.

 

En abril de 2016, la RSPO ordenó detener las operaciones de Plantaciones de Pucallpa (hoy con otro nombre y parte del grupo empresarial Ocho Sur). Esta decisión se basó en una queja de la comunidad Santa Clara de Uchunya, que acusó a la compañía de haber destruido más de 5.000 hectáreas de su bosque ancestral y de haber intimidado a sus líderes, entre otras irregularidades. En sus investigaciones, la RSPO corroboró muchas irregularidades en lo hecho por la empresa y ordenó paralizar sus operaciones. Cuando la RSPO estaba procesando la queja, Plantaciones de Pucallpa se retiró de la organización.

A inicios del 2018, como parte de una medida cautelar solicitada por la Procuraduría del Ministerio del Ambiente, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional suspendió de forma temporal las actividades que entonces operaba Ocho Sur en la zona Tibecocha del distrito de Nueva Requena y colindante a Santa Clara de Uchunya. 
 
En febrero de este año, el Gobierno Regional de Ucayali, entregó a la comunidad shipiba Santa Clara de Uchunya un título de propiedad de más de 1.544 hectáreas. Sin embargo, muchas áreas han sido parceladas, generando disputas en esta comunidad, y en el control de Plantaciones de Pucallpa (hoy convertida en Ocho Sur P SAC, el segundo grupo empresarial, después del Grupo Romero, con más cultivos de palma en el país con poco más de 10.000 hectáreas). 

Las compañías Ocho Sur P y Ocho Sur U son los nuevos nombres jurídicos de lo que antes eran las empresas Plantaciones de Pucallpa y Plantaciones de Ucayali, respectivamente. El empresario checo-estadounidense Dennis Melka había sido director de estas dos últimas hasta que comenzaron a surgir las investigaciones judiciales, por ello, hasta hoy se le vincula con el denominado grupo Ocho Sur.

En el Perú, hay siete empresas y asociaciones que son miembros de la RSPO. Quizá el mayor desafío de estas compañías y de las del Grupo Romero sea asegurar en toda su cadena de suministros el uso al 100% tanto de aceite de palma sostenible, como de productos certificados por la RSPO. 

 

Camión Alicorp
AUTOREGULACIÓN. Alicorp garantizará el uso de palma sostenible en su cadena de suministros recién desde el 2030.
Foto: Alicorp.

Por ejemplo, Oleaginosas del Perú S.A. ha dicho que cumplirá ese compromiso en el 2026. Industrial Alpamayo se ha fijado como plazo el año 2023; Industria De Palma Aceitera de Loreto y San Martín S.A afirma que lo logrará en el 2030. Por su parte, como ya mencionamos, Industrias del Espino (representada por Palmas del Espino) apunta al 2025, mientras Alicorp cree que en el 2030 podrá garantizar que en toda su cadena de suministros se usa palma sostenible. 

Esta última empresa, la más importante de la industria alimentaria en Perú, fundamentó así el plazo de 10 años: “Lograr la certificación RSPO para nuestros proveedores de crudo de palma representa una intervención a largo plazo considerando la informalidad en la que estos operan en el sector productivo y la falta de recursos para invertir en el cierre de brechas. Estimamos que este trabajo podría tomar, en el mejor escenario, de 2 a 5 años de trabajo y, en algunos casos, hasta 10 años para su implementación”. 

Ojo Público halló que las empresas extranjeras que compran la mayor parte de palma aceitera del Perú son miembros certificados de la RSPO. Tal es el caso de las dos empresas que adquirieron más palma refinada en los últimos siete años. Ambas son chilenas. La compañía que ocupa el tercer lugar es boliviana y pertenece al Grupo Romero. Entre estas tres empresas concentran el 70% de compras totales de palma refinada desde el 2013.
 

Contorno palma aceitera

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Los primeros compradores
 

La mayor compradora de aceite de palma refinado es Camilo Ferrón Chile S.A. por un valor de US$ 22 millones en seis años desde el 2014 (esto equivale a un tercio del comercio total de palma en el exterior desde que se comenzó a exportar en el 2013).

Las adquisiciones de la compañía crecieron en 114.5% hasta el 2019. Camilo Ferrón Chile SA tiene más de 70 años de experiencia en la producción de aceites vegetales, margarinas y mantecas. Figura como miembro de la RSPO desde agosto del 2013 y en su reporte del 2018 indicó que desde un año antes ya usaba aceite de palma sostenible y productos de palma certificados por la RSPO. La empresa se comprometió a tener en su cadena de suministro el uso al 100% de aceite de palma sostenible a partir del 2030. OjoPúblico se comunicó con la compañía, pero al cierre de esta publicación no respondió a nuestras consultas. 

En el segundo lugar de empresas más compradoras de palma refinada peruana está la chilena Watts S.A. con un valor de US$ 12.7 millones. El monto anterior representa el 18.8% del total de exportaciones de este tipo de palma desde el 2013. En siete años, las adquisiciones de esta empresa crecieron en 1280%: de solo US$ 203 mil (2013) a US$ 2.8 millones (2019). 

Watt’s S.A. tiene más de 80 años de fundación y es hoy un conglomerado de empresas ligadas a la industria alimenticia y vitivinícola chilena e internacional. Su directorio es controlado por la familia Larraín, una de las más adineradas de Chile. En el Perú, posee el 37% de acciones de Laive, cuyo control lo comparte con la familia peruana Palacios Moreyra. Watt’s S.A. es uno de los cinco proveedores más importantes de las grandes cadenas de supermercados en Chile como Walmart y Cencosud, y tiene una participación relevante en la producción de todo tipo de leche, yogurt, quesos, margarinas, aceites comestibles, jugos, néctares, mermeladas, conservas, pastas frescas y vinos. 

Esta empresa es miembro de la RSPO desde el 2014. En su informe del 2018 indicó que recién desde el 2020 utilizará aceite de palma sostenible certificado por la RSPO. En cuanto a la consulta sobre el uso al 100% de palma sostenible y certificada por la RSPO en toda su cadena de suministros, la compañía chilena indicó también que en el 2020 adoptaría ese estándar. ¿Por qué no lo hizo antes? La empresa explicó en su informe que “quizá sus proveedores podrían tener problemas, sin embargo, esa no era su responsabilidad”. Watts tampoco atendió a nuestras consultas.

En la tercera ubicación se halla Industrias de Aceite S.A, con sede en Bolivia. con más de US$ 11 millones de compras en siete años (el 17.7% del total comercializado). Esta empresa es parte del Grupo Romero desde 1974 y sus compras crecieron en 117% desde el 2013. Nos referiremos a esta compañía en un apartado posterior.

Aunque Industrias del Espino tiene el 97% de las exportaciones de aceite refinado de palma, le deja a Alicorp un mínimo margen de ventas. Las tres empresas que más le han comprado a Alicorp son también chilenas: Importadora y Comercializadora (US$ 263 mil); Inmobiliaria e Inversiones Kori Wasi (US$ 74 mil) e Importadora y Alimentos ICB Food SE (US$ 40 mil). La proporción de exportaciones de Industria del Espino SA en comparación con Alicorp es de 90 a 1. Pero sus lugares se invierten cuando nos fijamos en las exportaciones de aceite crudo de palma.

 

Contorno palma aceitera

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La maleza alrededor de la industria


Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Perú ocupa el séptimo lugar de producción de palma en Latinoamérica. La lista la lideran Colombia, Guatemala y Honduras. En la región, en los últimos siete años los cultivos del Perú han representado el 3.7% del total. 

En perspectiva, si nos comparamos con Colombia (32.30%) o Guatemala (15.3%), la industria peruana es aún pequeña, pero es innegable su ascenso: la producción de palma aumentó en 56% del 2013 al 2018. No obstante, cada vez más hechos y denuncias prueban que el crecimiento de la industria de la palma parece inevitablemente vinculado a los conflictos sociales, la deforestación, el tráfico de tierras y la violencia contra las poblaciones amazónicas en el país.

Hace ocho meses, en setiembre de 2019, y luego de seis años de investigación de la fiscalía ambiental de Yurimaguas, la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió una denuncia que involucraba a la empresa Palmas de Shanusi SAC del Grupo Romero por la deforestación de 500 hectáreas de bosques en la región San Martín, con el fin de ampliar sus fronteras de cultivo de palma aceitera en la zona. 

La sentencia absolvió a dos representantes de la empresa (Ronald Campbell García y José Mercado Bartolo, entonces gerente general y apoderado de Palmas de Shanusi SAC, respectivamente) de ser los autores mediatos de la tala y quema de bosques; además, no encontró vínculos registrales de la empresa con los terrenos. Sin embargo, se condenó a cuatro años de prisión suspendida a Milton Artiaga Díaz, acusado de ser el autor material del talado y quemado de las 500 hectáreas de bosques (25 veces el Campo de Marte de Lima) sin tener licencia para hacerlo y tras haber comprado terrenos a una serie de pequeños propietarios. Artiaga Díaz, natural de la región Amazonas e identificado por la fiscalía como trabajador independiente, figura como gerente de la empresa Agroservices Altomayo EIRL, dedicada al rubro agrícola y ganadero. 

En su declaración, Artiaga Díaz (47) dijo que había adquirido las tierras para la agricultura y la ganadería, y que no recordaba cuánto había pagado a cada propietario, pero que lo hizo con sus ahorros y en efectivo. La fiscalía sostuvo que no era creíble que el sentenciado hubiese comprado solo los clya que no demostró el origen del dinero con el que los pagó. Para la fiscalía, Artiaga Díaz había sido el encargado de comprar los terrenos a nombre de Palmas de Shanusi SAC y el responsable material de la deforestación. La sentencia ordenó el pago de medio millón de soles de reparación civil y reforestar la zona por el daño irreversible que causó. Fuentes fiscales indicaron a OjoPúblico que el caso se encuentra en apelación pendiente de audiencia. 

En los últimos años ha existido una “articulación entre las grandes empresas y redes de traficantes de tierras” donde “varios de los proyectos del pasado han tenido un grado de irregularidad en la forma en la que han accedido a la tierra”, explica el especialista Juan Luis Dammert, investigador y director para América Latina del Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NGRI, por sus siglas en inglés). 

Aunque no hay cifras oficiales actualizadas sobre los cultivos y producción de palma (funcionarios del Ministerio de Agricultura indicaron a OjoPúblico que la información disponible sobre el tema la manejan al detalle las oficinas de cada gobierno regional), de acuerdo con Devida, Ocho Sur es el segundo mayor grupo privado con cultivos de palma a nivel nacional. Hasta el 2018 era dueño de 10.040 hectáreas, que representan el 12% de un total de 86 mil hectáreas de cultivos a nivel nacional (el Grupo Palmas ocupa el primer lugar con el 29% del total, poco más de 25 mil hectáreas (33 mil veces el campo del Estadio Nacional de Lima).

A mediados del 2019, OjoPúblico reveló el esquema que empleaba la mafia de terrenos en Ucayali. Los documentos que forman parte del expediente fiscal exponen la participación de asociaciones de agricultores fantasma y exfuncionarios de la dirección agraria del mismo gobierno regional. Las pesquisas fiscales describen la existencia de un sistema que permitió la adjudicación de tierras para asociaciones de agricultores representados por supuestos testaferros, para luego venderlas a empresarios vinculados al cultivo de palma aceitera, como Ocho Sur (denominada antes Plantaciones de Pucallpa SAC), compañía vinculada al empresario checoestadounidense Dennis Melka

Las evidencias apuntaron al exjefe de la Dirección de Agricultura de Ucayali y al ex director de saneamiento y titulación de tierras de esta dependencia como cabezas de una organización que traficó por lo menos tres mil hectáreas de terrenos. Según fiscalía, simularon una adjudicación de 128 predios a familiares y amistades de ex trabajadores de la Dirección Regional Agraria de Ucayali, con el fin de venderlos luego a empresas de palma como Ocho Sur. 

El  caso continúa en investigación -hoy en la fiscalía de crimen organizado de Lima- y tiene como nombre ‘Cocha Anía’, como se llama la zona donde se ubican las tierras que iban a ser vendidas en Nueva Requena, distrito que se ha convertido en el centro de las disputas criminales de invasores de terrenos. En esta jurisdicción de Ucayali, seis agricultores fueron asesinados en medio de un conflicto asociado al tráfico de tierras en el 2017.  

 

Contorno palma aceitera

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¿A dónde va el aceite crudo?



A diferencia del aceite refinado, el aceite crudo se extrae de manera directa del fruto. Es decir, no ha pasado por algún proceso químico e industrial que haya modificado al producto original. Lo refinan para empezar a hacer los productos más elaborados como mantequilla, galletas, productos de limpieza (desinfectantes, detergentes). El aceite crudo puede ser materia prima para el biodiesel

Alicorp SAA es la mayor exportadora del país de este tipo de aceite con el 34% del total en los últimos siete años, aunque solo exportó durante tres años: 2013, 2014 y 2018 (US$ 64 millones en total). En el segundo lugar se halla la otra empresa del Grupo Romero, Industrias del Espino S.A., que exportó poco más de la mitad de Alicorp (18% del total), aunque no lo ha hecho desde el 2016. Sin embargo, en los últimos cuatro años, tres empresas competidoras del Grupo Romero han aumentado sus exportaciones: Exportadora Romex SA (US$ 26 millones o 14% del total), la norteamericana Cargill Americas Peru (US$ 22 millones o 12%) y Sol de Palma (US$ 20 millones u 11%). Solo Cargill es miembro de la RSPO.  

Colombia es el primer destino al que se exporta el aceite crudo de palma. Desde el 2013, en este país no se cesó de adquirir este producto que ha tenido doce destinos de los cuales ocho son países latinoamericanos. Las compras que hizo Colombia representan el 68% (US$ 127 millones) del total en los últimos siete años, con un crecimiento del 129% en el volumen. Mientras que Ecuador le sigue los pasos aunque bastante rezagado por volumen de compras: 9.4% (US$ 17 millones). 

Las adquisiciones realizadas en ese país aumentaron en 2.4% desde el 2013. En tercer y cuarto lugar se hallan los Países Bajos con US$ 13,9 millones (aunque no se especifica el nombre de las empresas) y México con US$ 13.6 millones. 

Los que compran el aceite crudo



La compañía que más aceite crudo ha adquirido del Perú es la colombiana Tequendama SAS  (el 23% del total comercializado desde el 2013). Esta empresa solo compró aceite durante tres años (2014, 2015 y 2016). A diferencia del aceite de palma refinado, donde tres empresas concentraron el 70% de las exportaciones, en el aceite crudo – con la  excepción de la colombiana Tequendama SAS – no hay mucha diferencia en el volumen de compras que realizaron el resto de compradores.
 
Tequendama SAS forma parte del grupo Daabon, conglomerado con presencia en el sector agricultura, industria, logística y bienes raíces. La empresa es miembro de la RSPO. En su reporte del 2018 señaló que desde 2011 lleva sus procesos con aceite de palma certificada por la RSPO. También indicó que a partir del 2021 lograrían alcanzar el 100% de la certificación RSPO para toda la cadena de suministros de palma. Desde el área de prensa de esta compañía señalaron que iban a atender nuestras consultas, pero al cierre de este informe no volvieron a responder los mensajes. 

El segundo lugar lo ocupa la mexicana Industrializadora de Oleofinos, con una participación del 9% del total de exportaciones del 2013 a 2019. Esta empresa es parte del grupo Oleomex, uno de los más grandes de la agroindustria de ese país. Produce lácteos, aceite, panes, jabones y otros productos alimenticios. Es miembro de la RSPO desde agosto del 2009. En su reporte del 2018 afirma que utilizan palma aceitera certificada por la RSPO desde el año 2015. 

Asimismo, señala que recién el 2028 su producción basada en palma sostenible alcanzará el 100% del estándar de la RSPO. La compañía justifica este plazo así: “en México hay alrededor de 11,500 pequeños productores, con un promedio de 8 hectáreas por agricultor, lo que hace que sea muy difícil organizarlos para la certificación”. 

En la tercera ubicación se encuentra la ecuatoriana La Fabril S.A. Sus compras representan el 8% de exportaciones desde el 2013. Entre sus productos en el rubro alimentos se encuentran aceites, margarinas, mantecas, aderezos. En el campo de productos de limpieza elabora desinfectantes y lavavajillas. Es miembro de la RSPO desde noviembre de 2018, a través de su holding La Fabril S.A. En su reporte del 2019 informó que desde ese año ya trabajaban con aceite de palma certificado por la RSPO. Se ha fijado como meta el año 2023 para garantizar en todos sus suministros el uso de productos de palma 100% sostenible.

Juntas, Alicorp e Industrias del Espino concentran el 58% de las exportaciones de aceite crudo (US$ 98 millones). Alicorp es el principal exportador con US$ 64.4 millones. Entre sus clientes destacan Tequendama SAS -mencionada líneas arriba- y la dominicana Mercasid S.A, productora de bebidas, margarinas, aceites, artículos de limpieza. Esta última empresa es producto de la fusión de la Sociedad Industrial Dominicana (SID) y Mercalia, S.A. 

En el 2009, Mercasid S.A. adquirió la marca Clorox. Otras compañías que figuran como compradoras de Alicorp son la ecuatoriana La Fabril S.A. y la inglesa Aarhuskarlshamn UK Ltd (AAK). Esta última con matriz en Suecia, produce margarinas, mantecas, aceites, ingredientes comestibles y productos utilizados especializados para hornear, fabricación de alimentos y venta minorista. 

No pudimos identificar a las empresas que compran el 35% de las exportaciones de  aceite crudo de Alicorp. Solo sabemos que se trata de un volumen de US$ 23.3 millones, y que casi la mitad va a Holanda y el resto a otras empresas colombianas. 
 

Contorno palma aceitera

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Últimas noticias desde la selva


Hay fotografías de abril último de camiones cargados de palma que salen del distrito de Nueva Requena, en Ucayali. El país estaba en plena cuarentena y los integrantes de la comunidad de Santa Clara de Uchunya tomaron las fotos. Ellos aseguran conocer a los transportistas. Los líderes que entrevistamos (y que prefieren mantener en reserva su identidad por las constantes amenazas que han recibido) manifiestan que el Grupo Ocho Sur está empezando a transformar la palma que extrae de sus zonas de producción en la región Ucayali. Dicen que incluso durante la cuarentena los camiones han trasladado parte de los frutos a la región San Martín para su posterior venta al grupo Romero.


Ocho Sur
EVIDENCIA. Miembros de la comunidad Santa Clara Uchunya denunciaron y fotografiaron camiones trasladando palma durante el Estado de Emergencia. 
 
Foto: Comunidad Santa Clara Uchunya.
 

El 30 de abril último, en pleno estado de emergencia, la Defensoría del Pueblo solicitó a al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) constatar si las empresas Tamshi SAC (dedicada al cultivo del cacao en la región Loreto) y el Grupo Ocho Sur (de palma aceitera) estaban operando pese a la pandemia. Una semana después, OEFA respondió indicando que supervisaría a ambas empresas. En el caso de Ocho Sur indicó que tenía una supervisión de noviembre del 2019 “cuyos resultados evidenciaron la existencia de presuntos incumplimientos, entre los que se encuentra la realización de actividades sin contar con instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad competente".  

En una nueva comunicación enviada el 15 de mayo, la Defensoría del Pueblo pidió al OEFA priorizar la fiscalización correspondiente contra las compañías mencionadas y, de ser el caso, "imponer las medidas administrativas pertinentes". Hasta la fecha, no hay respuesta del organismo fiscalizador, que tampoco respondió a nuestros pedidos de información sobre el registro de procesos administrativos sancionadores para el sector agrícola. 

La vigilancia estatal en este tema parece blanda. El buscador de procesos administrativos del OEFA no ha reportado ninguna sanción. La herramienta ha sido actualizada hasta noviembre de 2019 y en sus criterios de búsqueda no se incluye al sector agricultura y riego que corresponde a los casos de empresas productoras de aceite de palma. Al cierre de este informe, la oficina de prensa del OEFA no atendió a nuestras consultas sobre el tema. 

Cultivo AmazoníaPRODUCCIÓN. En el país hay 19 plantas transformadoras para el fruto de la palma aceitera. Estas se encuentran en las regiones Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali. 
Foto: Andina.

 

El grupo empresarial Ocho Sur arrastra el pasivo de su anterior propietario (Dennis Melka). Como indicamos, en abril de 2016, la RSPO ordenó detener las operaciones de Plantaciones de Pucallpa (hoy con otro nombre y parte de Ocho Sur ) hasta demostrar que ha cumplido con todos los requerimientos legales en la adquisición, tala y siembra del área de concesión y que no ha talado el bosque primario u otra área de alto valor de conservación, y que no había sido notificada antes del inicio de las actividades de la empresa. 

Según la RSPO, “la queja cita los impactos devastadores para los ríos y la ecología forestal de la que dependen los comuneros para la subsistencia, la destrucción de casas de la comunidad y las restricciones impuestas a los comuneros que quieren entrar al bosque”. La comunidad shipiba de Santa Clara de Uchunya indicó que se destruyeron más de 5.000 hectáreas de su bosque (la mitad de París, la cuarta parte de Montevideo). 

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Ocho Sur se integre a la RSPO como miembro activo, el director de la RSPO para América Latina, Francisco Naranjo, nos indicó que antes debería “aclararse el tema de la queja pendiente” y que era difícil si puede ser aceptado o no porque habrá que analizar el caso y entender cuál es su relación con Plantaciones de Pucallpa”. 

OjoPúblico también consultó a Ocho Sur si planeaba conseguir una certificación de cumplimiento de estándares de producción de palma sostenible, por ejemplo, al convertirse en miembro oficial de la RSPO.  El gerente de sostenibilidad de la compañía, Ulises Saldaña, nos dijo que estaban trabajando en varias opciones “que nos permitan en un futuro cercano establecernos como una compañía cuyo objetivo es promover el crecimiento y el uso de productos sostenibles de palma de aceite a través de estándares globales y la RSPO es una de estas opciones, puesto que contempla no solo la aplicación de principios de transparencia, cumplimiento de la ley y las regulaciones, mejores prácticas, responsabilidad ambiental, conservación de recursos y biodiversidad, etc. y, especialmente, consideración responsable con empleados, individuos y comunidades, que son temas que nos interesa mucho desarrollar”.

Al mencionar los casos judiciales por deforestación en los que se veía involucrada la empresa y sus antiguos dueños, el gerente de sostenibilidad de Ocho Sur nos indicó que “sobre las investigaciones por deforestación, no hay temas judiciales, sino investigaciones fiscales, tenemos conocimiento que hasta la fecha se encuentran en trámite ante las autoridades competentes”.

Cuando le preguntamos sobre las actividades en su planta transformadora en Ucayali que este año comenzó a operar, y si el aceite de palma que extraen tiene como cliente final a Alicorp o cómo se estaba diversificando su producto, el gerente manifestó que no podía revelarnos eso por un tema de la estrategia comercial y por la confidencialidad que le deben y que exigen sus clientes. También evitó responder si pensaban exportar su aceite y qué destinos estaban considerando. El 9 de junio, luego de la publicación de este reportaje, la empresa Alicorp envío una carta a OjoPúblico vía correo electrónico en la que señala nunca haber tenido alguna relación comercial con Ocho Sur, y que su aceite de palma proviene de 9 plantas extractoras que congregan a 7 mil familias dedicadas al cultivo de palma aceitera sostenible como productores asociados a Junpalma.

En el Perú, hay 19 plantas transformadoras de aceite de palma. Según Junpalma, el 68% de ellas en la región Ucayali. En esta zona del país, desde fines del año pasado, la empresa Ocho Sur inició las operaciones en su planta extractora con una capacidad de 45 toneladas por hora. Este volumen la convierte en la segunda más grande del país, detrás del Grupo Palmas que cuentan con tres plantas que juntas tienen una capacidad de 140 toneladas de palma por hora en las regiones San Martín y Loreto.  

 

 




Antes de que la palma ingrese a las extractoras, el Grupo Palmas abastece el 86% de su producción gracias a sus propias plantaciones, pero el resto (91 mil toneladas de racimos de fruta fresca de palma) proviene de terceros. Cuando le preguntamos a Alicorp sobre cómo estaban garantizando que el aceite de palma que exportan no tuviera su origen en la deforestación, la empresa envió a OjoPúblico una carta por intermedio de la consultora Llorente y Cuenca, donde nos indicó que las plantas extractoras que las proveen de palma “se han comprometido y han declarado formalmente que no nos abastecen, ni abastecerán de racimo de fruto fresco proveniente de terreno deforestado”. 

Alicorp nos explicó en su comunicado enviado por mensaje electrónico que desde el 2018 habían diseñado “una política de aprovisionamiento responsable con el objetivo de fortalecer la gestión de nuestra cadena y el cumplimiento de estándares por parte de nuestros proveedores”. No nos respondieron si a la fecha tenían un registro de proveedores sancionados o retirados de su cadena de suministros porque no les garantizaban aceite de palma sostenible. 

Para el director de la RSPO para América Latina, Francisco Naranjo, las empresas exportadoras -miembros de esta organización- deben cumplir con sus compromisos y asumir “su responsabilidad” a la vez que informan sobre sus proveedores. “Alicorp debe haber hecho público a quién le compra. Esa información es pública. Todos los miembros de la RSPO están obligados a dar esa información a cualquier parte interesada que se los pida”. Sin embargo, cuando le solicitamos esta información a Alicorp, la compañía no nos volvió a responder hasta el cierre de este informe. 

Para el período de 2018-2019, la RSPO auditó la cadena de suministros de Alicorp. El auditor Leonardo Gomes, autor del informe encargado a IBD Certificações Ltda, explicó vía correo electrónico a OjoPúblico cómo fue el proceso: 

- Leonardo Gomes: Alicorp no compró productos certificados por RSPO como el aceite de palma Probablemente compraron aceites no certificados pero en esos casos no registramos las compras.

- OjoPúblico: ¿A qué se refiere cuando indica que Alicorp no tuvo compras o ventas de productos RSPO?

- Leonardo Gomes: No hubo compras o ventas de productos certificados RSPO, de manera que no tenemos informaciones respecto de la base de suministro de Alicorp. Ellos fueron auditados bajo la versión 2017 del estándar. 

- OjoPúblico: Entonces en su auditoría ¿no detectaron que Alicorp haya comprado materia prima certificada por RSPO, en ningún porcentaje?

- Leonardo Gomes: Sí, exactamente. Pero como comenté, no significa que no hayan comprado aceite convencional.

- Ojo Público: ¿En las auditorías no hay un listado de proveedores de la compañía o qué información es la que se considera para certificar la cadena de suministros?

- Leonardo Gomes: Durante la auditoría averiguamos [quiénes son] los proveedores, pero solo si también estaban certificados bajo la RSPO. No auditamos los proveedores convencionales. Para la próxima auditoría, debido a una actualización del estándar, lo haremos pues deberán ofrecer esas informaciones de manera pública.

- OjoPúblico: ¿Y esa nueva auditoría será a fines de este año o cuándo se tiene proyectado realizar?

- Leonardo Gomes: La próxima auditoría sería para fines de 2020.

El ex gerente general de Junpalma, Gregorio Sáenz, considera que la ruta productiva de la palma es “trazable porque todo sale por una misma carretera y hay 19 extractoras [de aceite de palma] claramente definidas en el país”. Saénz también sostiene que empresas como Alicorp deben proporcionar información sobre quiénes y cuánto compran de palma. “Cada empresa reporta las salidas de la palma desde el campo al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Producción”. 

Mientras tanto, un proyecto de reglamento de cambio de uso de tierra se prepara en la cúspide del Ministerio de Agricultura. Este tema está vinculado al afán de que se expanda el sector de la palma, nos explicó en una entrevista Luis Alberto Gonzales-Zúñiga, el director saliente del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), que habla de los intereses y obstáculos recientes que encontró en el Ministerio de Agricultura en su afán por mejorar los controles del sector forestal y que desencadenaron su sorpresivo cese en el cargo el 5 de junio, precisamente en el Día Mundial del Medio Ambiente.

Ante la falta de capacidad y voluntad del Estado para reglamentar y vigilar mejor esta industria, solo queda esperar que las principales empresas productoras y exportadoras de palma aceitera en el Perú autorregulen sus procesos y garanticen que en su cadena productiva todos sus proveedores cumplen con los estándares internacionales. Pasarán varios años para que esto ocurra. Los bosques amazónicos y sus comunidades continuarán expuestos.