Áncash: empresarios del negocio pesquero, constructor y gasolinero buscan llegar al Congreso

Lista de candidatos incluye a congresista disuelto del fujimorismo que fundó compañía exportadora de aceite de pescado en Chimbote; al accionista de una constructora inhabilitada por el Estado, que al mismo tiempo es hermano, financista y socio del actual gobernador de Áncash; y al dueño de empresa de gasolina y exalcalde de Casma.

FUERZA POPULAR. El empresario Carlos Domínguez (Der.) busca volver al Congreso por el partido de Keiko Fujimori.

FUERZA POPULAR. El empresario Carlos Domínguez (Der.) busca volver al Congreso por el partido de Keiko Fujimori.

Foto: Facebook del candidato.

Chimbote. Áncash, tierra conocida por sus imponentes nevados del pasado y que alberga a uno de los mayores puertos pesqueros del Perú, vive desde hace una década bajo la estela de la corrupción dejada por sus últimos gobernadores regionales, entre ellos César Álvarez, preso por crimen organizado y quien pasará a la historia como el primer condenado por el Caso Lava Jato en el país. Con una población de 870 mil electores, la región se prepara a elegir a sus cinco representantes para el Congreso.

OjoPúblico analizó el perfil de los 115 candidatos por Áncash (en 22 partidos) y halló que entre ellos figuran, de manera notoria, los siguientes personajes: el congresista fujimorista disuelto, Carlos Domínguez Herrera; el hermano del actual gobernador regional de Áncash, Sacramento Manuel Morillo Ulloa; y el exalcalde de la provincia de Casma, Jhosept Pérez Mimbela, quien afronta cuatro procesos penales por presuntos malos manejos en su gestión, entre otros.

 

El fujimorista que busca retornar al Congreso

 

Uno de los miembros del disuelto Congreso que quiere volver al cargo es el abogado Carlos Domínguez Herrera (40) por Fuerza Popular. Dicho candidato, militante del APRA entre 2009 y 2010, fundó dos compañías dedicadas a la transformación, comercialización y exportación de aceite de pescado, entre otros productos derivados de la pesca: Doil International (creada el 2011) y Kuchi Investment (2005), antes Doil Quality. La primera tiene un capital social de S/3,5 millones y la segunda de S/1,3 millones.

De acuerdo a la Sunat e Infocorp, la mayor de dichas compañías es Doil International ya que cuenta con 64 trabajadores a la fecha y porque realizó exportaciones de aceite de pescado por más de S/19 millones a países como Bélgica, Dinamarca, entre otros. Precisamente, la capacidad económica de la compañía se refleja en las declaraciones patrimoniales del candidato ante el JNE. Domínguez reportó este año ingresos anuales por S/583 mil del sector público y privado y además dijo ser dueño de 12 inmuebles (en Lima y Áncash) por S/850 mil.

El reciente informe al JNE confirma la evolución de su patrimonio en los últimos tres años: de los S/ 315 mil procedentes de ingresos y 16 inmuebles por S/971 mil, que Domínguez reportó el 2016 ante el mismo organismo electoral, a poseer bienes valorizados en más de S/1,3 millones, según su declaración ante la Contraloría General en el 2018, mientras aún era congresista

Entrevistado para este reportaje, Domínguez dijo que Doil International está entre los mayores “cinco exportadores de aceite de pescado del país” y que la empresa le pertenece a su familia pues vendió sus acciones a sus hermanos en junio del 2016, cuando postuló por primera vez al Congreso y por intermedio de un acto notarial no inscrito en Registros Públicos. Sobre Kuchi Investment indicó que ya no tiene acciones en esta empresa y que cree que su familia tampoco.

El postulante por Fuerza Popular dijo que su empresa familiar exportadora de aceite de pescado es una de las más grandes del Perú

OjoPúblico reveló este año un presunto caso de conflicto de interés cuando descubrió que Domínguez promovió y logró que el Legislativo promulgara una ley para modernizar el puerto de Chimbote (Áncash). Tres meses después, Doil International amplió su giro para realizar actividades portuarias. Por este caso, en noviembre pasado el excongresista fujimorista fue denunciado ante el Ministerio Público del Santa por negociación incompatible, tráfico de influencias y otros delitos.

Casi de igual forma, el 2017, Domínguez presentó un proyecto para declarar de interés nacional la modernización del aeropuerto Jaime Montreuil de Nuevo Chimbote (Áncash). El 2018, cuando el proyecto ya tenía dictamen favorable de la Comisión de Transportes del Congreso, Doil International incluyó en su giro la prestación de servicios a aeronaves, actuando como agente y empresa de transporte. Finalmente, la norma se aprobó en mayo último.

Panel publicitario de Carlos Domínguez en Áncash.

PUBLICIDAD. El candidato fujimorista Carlos Domínguez tiene paneles publicitarios ubicados en Nuevo Chimbote para promover su regreso al Parlamento.
Foto: Magali Estrada.

Sobre los proyectos de ley antes citados y el cambio de giro de dicha empresa, Domínguez dijo a OjoPúblico que su deseo era convertirse en operador logístico para exportar por el puerto de Chimbote y dejar de hacerlo por Salaverry (La Libertad) o el Callao, pero que nunca pretendió favorecerse con la norma que él había promovido desde el Parlamento. “Es cierto, mi empresa también puede ser beneficiada (con esa ley)”, confirmó para luego indicar que solo buscaba el desarrollo del puerto de Chimbote. 

En estas elecciones, Domínguez se promociona en redes sociales como un exlegislador muy productivo al haber presentado 68 proyectos de ley (15 de ellos aprobados). Revisamos estas últimas normas y hallamos que siete solo son declarativas ya que proponen que se declare de interés nacional la creación de varios distritos en Áncash (no constituidos hasta hoy), así como la ejecución prioritaria de otros proyectos, como la modernización del puerto de Chimbote y del aeropuerto de Nuevo Chimbote, que igualmente no se concretaron. 

El exlegislador también presentó 323 mociones durante su gestión: 291 de los cuales fueron para expresar un “fervoroso” saludo a cuanta entidad cumpliera aniversario y los 32 restantes buscaban pedir la interpelación de ministros de Estado, para que el Congreso declare la incapacidad moral del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y de su sucesor, Martín Vizcarra, y para realizar exhortaciones por diversos motivos al Poder Ejecutivo, entre otros.

En la misma plancha de Domínguez por Fuerza Popular, aparecen: Jorge Evangelista Montes, quien no declaró ingresos al JNE el 2018, así como Gerson Chávez Miranda, quien en redes sociales dice que promoverá leyes para que las familias sean atendidas por un médico las 24 horas del día, y para que las universidades públicas cuenten con “una facultad de medicina”, con ingreso sin examen de admisión. 

 

Morillo: hermano, financista y socio del gobernador

 

Otro candidato controvertido de Áncash en esta elección es Sacramento Manuel Morillo Ulloa (51), por Somos Perú, el partido que llevó a su hermano, Juan Carlos Morillo Ulloa, a convertirse en gobernador de dicha región. El actual postulante –accionista de una constructora inhabilitada por el Estado por graves irregularidades y sospechosa por corrupción en la época de César Álvarez– declaró en su hoja de vida ante el JNE que no posee estudios superiores y que actualmente labora como gerente de operaciones en la empresa JKMB Generales SRL (de propiedad de sus hijos Juan Manuel y Kevin Morillo Bustamante).

La relación entre el gobernador regional Morillo Ulloa y su hermano, el candidato, supera los lazos familiares ya que este último y su hijo Juan Manuel Morillo Bustamante aparecen en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como los aportantes más importantes de la campaña del 2018 del hoy máximo funcionario regional. Ambos desembolsaron S/147 mil de los S/201 mil que Somos Perú utilizó para financiar sus actividades proselitistas.

El gobernador regional, además de ser hermano del candidato al Congreso, también es su socio. El 2003, ambos fundaron Sacramento An Trade, dedicada al rubro de construcción, que registró contratos con el Estado por S/ 35 mil, con dos municipios distritales de Lima en 2011 y 2012. La empresa fue dada de baja el 2016, pero con una deuda coactiva vigente ante la Sunat por S/74 mil, obligación que se generó por incumplimiento de pagos al tesoro público y a EsSalud. En 2006, los hermanos Morillo (junto a un tercero pariente llamado Eder) fundaron una nueva empresa: JJM Minería & Construcción. 

Candidato Sacramento Manuel Morillo.

SOMOS PERÚ. Manuel Morrillo quiere seguir los pasos políticos de su hermano, el actual gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo.
Foto: Facebook del candidato.

Esta compañía está activa y cuenta con un capital social de S/325 mil. Entre 2011 y 2017, JJM Minería & Construcción S.A.C. contrató de forma individual con el Estado por S/427 mil, y en consorcio con otras empresas por S/97 millones. Respecto de esta última forma, la empresa de los hermanos Morillo integró el Consorcio San Bartolo que (junto a otras tres compañías) se adjudicó por S/17 millones la construcción del canal integrador Santa-San Bartolo (Áncash), parte del Proyecto Especial Chinecas. 

El 2015, la Contraloría reveló que aquel consorcio, integrado por JJM Minería & Construcción, no respetó los plazos de ejecución de las metas del proyecto y terminó cobrando S/36 millones a Chinecas. Por ello, el Ministerio Público inició una investigación contra el hermano del candidato. Según las pesquisas, las consorciadas concertaron de manera ilícita con el exgobernador César Álvarez para ganar la buena pro, conseguir un adelanto por materiales, no estipulado en el contrato, y asegurarse el pago total de una obra que no se concluyó al 100%. 

Manuel Morillo es accionista de una constructora inhabilitada de contratar con el Estado y sospechosa por irregularidades en la época de César Álvarez

Actualmente, JJM Minería & Construcción está inhabilitada definitivamente para contratar con el sector público, luego de que el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) la sancionara por irregularidades en un caso ocurrido en el sur del Perú: la construcción de una represa en Ayacucho, valorizada en S/4,8 millones, que tampoco fue entregada a tiempo. Anteriormente, la empresa del hoy candidato al Congreso recibió cinco sanciones por presentar información inexacta y documentos falsos, entre otros.

Sin  embargo, no solo las empresas del candidato tienen cuestionamientos penales. Morillo Ulloa declaró ante el JNE dos sentencias: una del Primer Juzgado de Paz de Tarapoto por un caso de pensión alimentaria y otra de la Corte Superior del Santa por resistencia a la autoridad. Cabe indicar, que ante el órgano electoral no declaró una sentencia en su contra por obligación de dar suma de dinero a favor del Banco Interbank, por una deuda de S/62 mil, cuyo proceso fue resuelto en el Primer Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote, y cuyo fallo el candidato no apeló. Además, el Poder Judicial ordenó el embargo de sus bienes por el valor de la deuda.

A pesar de los contratos celebrados entre su empresa y el Estado, el candidato Morillo Ulloa solo declaró al JNE un ingreso anual de S/ 49 mil y un departamento valorizado en S/96 mil en Chimbote. Al cierre de edición, OjoPúblico buscó el descargo del candidato, pero aunque se coordinó de manera directa con su responsable de prensa y hasta se le dejó una carta en su domicilio solicitando una entrevista, no obtuvimos respuesta.

 

El contratista gasolinero y exalcalde de Casma

 

Otro de los candidatos es Jhosept Amado Pérez Mimbela (43), quien postula por Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña. El exalcalde de la Municipalidad Provincial de Casma (2015-2018), actualmente es investigado en cuatro procesos a cargo del Ministerio Público del Santa. El primer caso se encuentra en investigación preparatoria por negociación incompatible, mientras que los otros tres están en indagación preliminar en el Ministerio Público, por diferentes delitos que incluyen hasta enriquecimiento ilícito. Todas son pesquisas surgidas durante su época como burgomaestre. 

En sus descargos a OjoPúblico, Pérez dijo que son denuncias sin fundamento y que están siendo archivadas. En su hoja de vida ante el JNE, Pérez Mimbela –quien no posee estudios superiores– declaró ser empresario del rubro de combustibles, además de tener ingresos de S/51 mil del sector público y S/217 mil del sector privado. En el caso de sus bienes, ante el mismo JNE dijo ser dueño de ocho inmuebles valorizados en S/1,1 millones. En la Contraloría, de acuerdo a su última declaración jurada del 2015, dijo que sus bienes sumaban S/1,2 millones. 

El aspirante por Alianza para el Progreso tiene investigaciones que incluyen la negociación incompatible y el enriquecimiento ilícito

El candidato –calificado por la central de riesgo Infocorp como usuario de “riesgo muy alto”– reportó ser gerente general de tres compañías: Estación de Servicios Delusa (de la que también es dueño) y Servicios Delusa, dedicadas a la venta de combustibles; así como del Complejo Turístico Huancamuña (también creada por el hoy postulante). La primera y la última registran diferentes deudas coactivas en la Sunat, siendo la más alta por S/23 mil.

Jhosept Pérez, candidato por Alianza para el Progreso.

APP. El exalcalde de Casma, Jhosept Pérez, postula por el partido de César Acuña, quien postuló de manera fallida a las elecciones presidenciales del 2016.
Foto: Facebook del candidato.

Según Registros Públicos, Pérez Mimbela también ocupaba el cargo de gerente general en Distribuidora de Lubricantes y Repuestos Automotriz Delusa, empresa de su propiedad hasta el año pasado, cuando la traspasó a su madre.

El candidato Pérez Mimbela, mediante su empresa Estación de Servicios Delusa, contrató con el Estado por más de S/ 1 millón entre 2008 y 2017. El 2015, dicha compañía hizo negocios con la Municipalidad Distrital de Comandante Noel, ubicada en la provincia de Casma (Áncash) y bajo la jurisdicción del entonces alcalde y hoy candidato, por un monto de S/35 mil. 

Según la Ley de Contrataciones, están impedidos de contratar con el Estado, cualquiera sea el régimen legal, los alcaldes en el “ámbito de competencia territorial mientras ejercen el cargo y hasta 12 meses después de concluido”. Además, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) indica que la violación a esta ley amerita la inhabilitación para contratar con el Estado.  

En sus respectivos descargos, Pérez Mimbela dijo a OjoPúblico que por aquel caso fue denunciado ante el JNE con el objetivo de vacarlo del cargo que tenía. Según su versión, él probó años atrás que venía contratando con ese municipio y que no tenía injerencia en los mismos. Sobre sus deudas en la Sunat (por S/23 mil), dijo que solo fueron un descuido y que realizará los pagos a la brevedad.

 

Una larga lista de postulantes

 

En la lista de 115 candidatos por Áncash también figuran: el general EP ®, Otto Guibovich (Acción Popular), quien afronta una investigación preliminar por negociación incompatible y colusión relacionada a una frustrada compra de tanques de combate en el 2009, cuando era comandante general del Ejército. El postulante dijo a OjoPúblico que no entiende por qué el Ministerio Público reabrió el caso ya que no se hizo ninguna compra.

También aparecen el abogado Javier Estrada Rodríguez (PPC), conocido por ser el exfiscal del Caso La Centralita contra César Álvarez y regidor de Chimbote entre 2015 y 2018; así como la bachiller en ingeniería civil, Saleciana Zarzosa Rímac (APP), quien declaró ser gerente de la constructora Save, que registra omisiones tributarias en el 2014; y el exalcalde de Pamparomás (Áncash), Adrian Palmadera Milla, gerente de la constructora Inversiones Palmadera. 

Finalmente, en la lista también figuran los representantes de Somos Perú: la exregidora de Chimbote, Norma Alencastre Miranda; el exgerente de Planeamiento del Gobierno Regional de Áncash, Betto Barrionuevo Romero; el periodista Jaime Palma Huerta; y la egresada de Derecho, Celeste Rolando Quiroz, quien declaró ingresos por S/ 5 mil en su hoja de vida del 2018.

 

Actualización: 10 de enero.

 

Actualización: 23 de enero.

El Jurado Nacional de Elecciones excluyó el día 19 de diciembre del 2019 al candidato Sacramento Manuel Morillo Ulloa del partido Somos Perú de las elecciones legislativas 2020, luego de un fallo en primera instancia del tribunal electoral especial de Huaraz.

 

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