La Comisión de Energía y Minas tiene en cartera 63 proyectos de ley planteados desde el 2021. Muchos de ellos regulan aspectos técnicos del sector, como el proyecto 297 que modifica la Ley Orgánica de Hidrocarburos o el proyecto 1121 que cambia la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles. La discusión de varios de estos proyectos es tratada por un grupo de 22 congresistas titulares que, en su mayoría, no tienen experiencia para legislar y fiscalizar actividades mineras, energéticas y de hidrocarburos. Entre sus miembros hay docentes, comunicadores y legisladores que han declarado no tener estudios superiores concluidos

Los tres parlamentarios profesores son Jorge Coayla Juárez de la bancada Perú Bicentenario, y Elizabeth Medina Hermosilla y Segundo Quiroz Barboza del Bloque Magisterial. La comisión también cuenta con tres integrantes que han declarado no tener estudios superiores concluidos: Segundo Montalvo Cubas de Perú Libre, Jeny López Morales de Fuerza Popular y Diego Bazán Calderón de Avanza País. Este último fue elegido recientemente en el cargo de vicepresidente de la comisión.

La elección de la mesa directiva de la comisión de Energía y Minas no se libra de cuestionamientos. Como nuevo presidente se nombró al congresista por Puno Jorge Flores Ancachi, de Acción Popular. El representante de Puno es un arquitecto que ha trabajado como supervisor en obras públicas de la Municipalidad Provincial de El Collao y en el Ministerio de Vivienda. Fue sindicado por la lobista Karelim López Arredondo de ser parte de un grupo de parlamentarios denominado Los Niños involucrados en presuntos actos de corrupción y con vínculos con el Gobierno

Flores Ancachi contrató como su asesor principal al excandidato al Congreso Javier Guido Núñez Llanos, quien trabajó en el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca. Según El Comercio, es procesado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria por el presunto delito de peculado. Ilich López Ureña, compañero de bancada de Flores Ancachi, también integra la comisión y fue sindicado de ser parte de Los Niños.

En el grupo de trabajo se encuentran Luis Kamiche Morante de la bancada Perú Democrático y Segundo Montalvo Cubas de Perú Libre, ambos denunciados por violencia familiar. 

Asesoría a mineros artesanales

Las bancadas con más representación en la comisión de Energía y Minas es Fuerza Popular con cuatro integrantes y Perú Libre con tres miembros. Bloque Magisterial, Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Renovación Popular tienen dos representantes. 

Eduardo Salhuana Cavides es uno de los representantes de APP. Su presencia en el grupo de trabajo es importante para el sector de la minería artesanal e informal. Planteó el proyecto 2742, que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal. 

Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin),  reconoció a OjoPúblico que el congresista asesora a su confederación. El registro de vistas del Congreso muestra que el presidente de Confemin visitó al congresista seis veces, entre el 4 de octubre del 2021 al 17 de febrero del 2022. Antes de ingresar al Parlamento, Salhuana Cavides fue asesor legal de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin). 

Según el informe de Corrupción en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala, elaborado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el congresista fue acusado de “ejercer lobby y presión” para favorecer a un minero que invadió una concesión en Madre de Dios. La denuncia fue realizada en febrero del 2022 por Herasmo Marcelino Mestas, quien envió una carta al entonces presidente de la Comisión de Energía y Minas, Carlos Enrique Alva Rojas. 

ESPERA. Máximo Franco, presidente de Confemin, participará en la mesa técnica con el Gobierno donde se abordará el proceso de formalización minera.

Foto: Ojo Público / Fiorella Montaño

La carta indicaba que el minero Eloy Saxi Arapa ingresó a la propiedad de Marcelino Mestas en diciembre de 2020, por lo cual fue excluido del Reinfo. Sin embargo, Eduardo Salhuana lo asesoró y logró que el gobierno regional lo restituyera. Estos hechos ocurrieron antes de que el congresista asumiera el cargo.

Franco Bequer, presidente de la Confemin, indicó a OjoPúblico que el congresista es su principal aliado en el grupo de trabajo. “A parte que él [Eduardo Salhuana] nos ha asesorado siempre, conoce muy bien el tema minero”, sostuvo. 

Otra norma que promueve Salhuana Cavides es el proyecto de ley 2715. Según Ashley Mamani Dávila, especialista del programa Derechos y Justicia Ambiental de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), dicho proyecto podría poner trabas a las autoridades que luchan contra la minería ilegal.

Esta propuesta regula las interdicciones para que las máquinas incautadas sean puestas a disposición de los gobiernos locales, antes de ser destruidas. Ashley Mamani indicó que hay instrumentos, como las dragas, que no pueden ser usadas por las municipalidades porque solo pueden ser empleadas para realizar actividades mineras en cuerpos de agua.

La otra integrante representante de APP en la comisión de Energía y Minas es Rosio Torres Salinas. Es esposa del exgobernador de Loreto, Fernando Meléndez Celis. La pareja es investigada por el presunto delito de lavado de activos desde el 2014. El caso está a cargo de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Loreto.

El congresista Eduardo Salhuana ha presentado proyectos de ley que favorecen a mineros artesanales e informales".

José de Echave Cáceres, experto en temas mineros, cuestionó los perfiles de los integrantes de la comisión de Energía y Minas. “No debería sorprender que comisiones tan importantes como Energía y Minas estén integradas por personas que no tienen que ver con el tema”, indicó. 

Además, señaló que la presencia de congresistas ligados a la minería informal es preocupante. “En los últimos años han habido cerca de 20 defensores ambientales asesinados, muchos de ellos en zonas de actividad minera ilegal. Es un tema que hay que  mirar con mucha preocupación, pero en el Congreso y en el Ejecutivo se percibe falta de voluntad para enfrentar este problema, que se está volviendo grave, provocando impactos ambientales significativos”, sostuvo.

Pese a que la minería ilegal afecta poblaciones indígenas, la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología no tiene en discusión ningún proyecto de ley referido al tema. Esta comisión de 22 miembros titulares tiene una mesa directiva conformada por la antropóloga María Taipe Coronado en la presidencia, la abogada Ruth Luque Ibarra en la vicepresidencia y Yorel Alcarraz Agüero en la secretaría. Esta última no registra estudios superiores en su hoja de vida. 

Al igual que la comisión de Energía y Minas, la comisión de Pueblos Andinos tiene entre sus integrantes a personas sin mayor experiencia en el tema, como es el caso de María del Carmen Alva Prieto, quien es miembro titular en esta comisión, pese a que rechazó este cargo durante una sesión del Pleno, indicando que no tenía que ver con su profesión. 

Echave Cáceres advierte que el Ejecutivo y Legislativo han descuidado el tema de la formalización minera. “Si bien la minería es una actividad económica importante del país, al mismo tiempo genera mucha conflictividad social”, afirmó.  

Puntos de negociación

Tanto el Ejecutivo como el Congreso han generado espacios para el retroceso del proceso de formalización minera. El pasado 16 de agosto, el presidente Pedro Castillo se reunió con representantes de la Confemin y asumió el compromiso de instalar una mesa técnica para evaluar la derogatoria de decretos supremos que regulan la formalización de mineros artesanales. 

"Existen decretos y normas que son lesivos para nuestros hermanos obreros y deben corregirse", manifestó el jefe de Estado durante la reunión. Este grupo exigió la renuncia de la ministra del sector, Alessandra Herrera Jara, y en respuesta, el mandatario señaló que los ministros estaban en constante evaluación. 

Estos anuncios se realizaron en paralelo a una movilización nacional programada por la Confemin, que desplazó a más de 10.000 mineros de distintas partes del país a la capital, para protestar desde el 15 de agosto. OjoPúblico accedió a parte de los pedidos de la confederación, que serán tratados en la mesa de diálogo con el Gobierno a instalarse desde la próxima semana.

Los mineros artesanales plantean derogar los artículos 3 y 5 del Decreto Supremo 001-2020-EM. El primero de ellos establece cuáles son las áreas restringidas para el desarrollo de las actividades mineras, como son las zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, reservas indígenas, reservas territoriales en proceso de adecuación, áreas de pasivos ambientales, entre otras. 

COMPROMISO. El presidente Pedro Castillo se reunió recientemente con gremios de mineros artesanales en Palacio de Gobierno y les expresó su respaldo.

Foto: Presidencia

El otro artículo que se plantea anular se refiere a causales para la revocación de la inscripción de un minero del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuando este realiza su actividad en un área natural protegida.

La Confemin también negociará con el Gobierno la derogatoria del numeral 13.9 del Decreto Supremo 018-2017-EM, el cual establece como una causal de exclusión del Reinfo el desarrollo de actividad minera en áreas que cuenten con resolución de inicio de actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales. 

También se plantea anular la causal de exclusión descrita en el numeral 13.16, que sanciona a quienes no cumplan con sus obligaciones ambientales, de seguridad y salud ocupacional. Asimismo, se exige que el Gobierno retire el proyecto de ley 2733/2022-PE, que establece que los mineros en proceso de formalización también pueden cometer el delito de minería ilegal si es que dañan el ambiente. La pena máxima por este delito sería de dos años.

Finalmente, se propone derogar el Decreto Supremo 008-2022-EM. Esta norma fue publicada el 20 de julio, como una respuesta al enfrentamiento entre mineros ocurrido en la provincia de Caravelí de la región de Arequipa, que causó la muerte de 14 personas. Establece la exclusión del Reinfo para mineros que no realicen su actividad de forma pacífica, sin vulnerar el derecho a la vida, a la integridad, seguridad o salud de las personas.

Los mineros artesanales plantean derogar el impedimento de realizar actividades mineras en zonas protegidas".

Franco Bequer, presidente de la Confemin, defendió la negociación de estos puntos. Señaló a OjoPúblico que el decreto que los excluye del Reinfo por posibles enfrentamientos podría favorecer que dueños de concesiones donde están asentados mineros informales, los expulsen. Explica que la mayoría de mineros de su sector trabajan en concesiones de otras personas.

El dirigente defendió que se pueda realizar la actividad minera en zonas de amortiguamiento de reservas naturales. "Las leyes se han hecho sin ver la realidad, hay mineros ilegales en esas zonas y no pagan impuestos", refirió.

Jean Pierre Araujo, director de la Iniciativa de Justicia Ambiental, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, señaló a OjoPúblico que esta mesa de trabajo propuesta no puede servir como un espacio de negociación para reiniciar el proceso de formalización y aumentar el número de titulares inscritos en su oportunidad. "Recordemos que este proceso de formalización se creó a fin de poder exigir el cumplimiento progresivo de la normativa ambiental", afirmó. 

Un paso hacia atrás

El 13 de agosto, días previos a la jornada de la Confemin, el Ministerio de Energía y Minas emitió la Resolución Ministerial 298-2022-MINEM/DM, que plantea un proyecto de decreto supremo en el cual ceden ante algunos pedidos del gremio de mineros. Esta norma propone la suspensión de la norma publicada en julio pasado que obliga a los mineros a desarrollar su actividad de forma pacífica.

También se establece quitar como causal de exclusión del Reinfo el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades ambientales y de seguridad y salud ocupacional, por parte de los mineros.

La norma propone, además, establecer una etapa de descargos a favor del minero en vías de formalización, cuando inicie un procedimiento de revocación del Reinfo y suspender su inscripción cuando obstaculice una supervisión realizada por autoridades.

Alberto Rojas Cortegana, jefe de la Dirección General de Formalización Minera del Minem, señaló a OjoPúblico que este proyecto de decreto está abierto a recibir opiniones del público y es una propuesta que busca dar mayor cobertura al proceso de formalización. Indicó que no fue una respuesta a la medida anunciada por la Confemin, aunque haya similitudes en las modificaciones planteadas al proceso de formalización, "más que coincidencia, se trata de un trabajo que se ha venido realizando anteriormente", sostuvo.