La deflagración en el ducto que conduce gas natural desde Cusco hacia Lima, registrada el 1 de marzo, llevó al ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro Lombardi, a admitir las debilidades de la planificación energética del país. “Luego de más de 20 años de Camisea, no tenemos un anillo energético ni un gasoducto alternativo”, dijo el jueves 5 ante el Pleno del Congreso.

La actual crisis de abastecimiento, que afecta al sector transporte, a industrias y comercios que dependen del gas natural, evidencia que el Perú depende de un único ducto para transportar el gas natural desde el yacimiento de Camisea, ubicado en la Amazonía del Cusco, hacia la costa. A diferencia de Argentina, Bolivia y Chile, el país no cuenta con un ducto alternativo que permita mantener el suministro ante una emergencia.

Especialistas consultados por OjoPúblico señalan que es crucial construir un gasoducto de aproximadamente 220 kilómetros entre la Planta Las Malvinas (Cusco) y Chiquintirca (Ayacucho). Esta conexión permitiría contar con una ruta alternativa ante fugas o fallas en el sistema principal. 

El transporte del gas natural está a cargo del consorcio Transportadora de Gas del Perú (TGP), cuyo principal accionista desde 2025 es la compañía estadounidense EIG Global Energy Partners. La empresa obtuvo la concesión de este sistema por 33 años en diciembre de 2000, con la posibilidad de ampliarse hasta un máximo de 60 años.

YACIMIENTO. La planta Las Malvinas en Cusco es el punto de partida de los dos ductos que atraviesan tres regiones para llevar el gas natural a Lima y Callao. 

Foto: Andina

En octubre del año pasado, TGP presentó su propuesta de adenda para ampliar la operación del ducto de 2034 a 2044. Sin embargo, OjoPúblico identificó que esta no contempla la implementación de un ducto de redundancia ni una infraestructura alternativa que permita asegurar el abastecimiento ante emergencias como la ocurrida esta semana. Según las autoridades, la reparación del ducto afectado podría tardar hasta 14 días.

TGP ha señalado que es la primera vez, en más de 20 años, que se registra un accidente de este tipo. Sin embargo, desde el año 2004 a la fecha se han registrado al menos 13 fallas previas, a las que se suma el último incidente.

La emergencia del 1 de marzo afectó a varias comunidades indígenas del distrito de Megantoni, en la provincia de La Convención. Entre las localidades impactadas se encuentran los asentamientos rurales Saringaveni, Kitapiray y Sababantiari. Según el Ministerio de Salud, hasta el momento se han realizado 800 atenciones médicas a las comunidades afectadas, principalmente por síntomas respiratorios y oculares leves.

El Comité de Gestión del Bajo Urubamba, integrado por cuatro organizaciones indígenas y sociales, exige que se investiguen el origen y las consecuencias del accidente, tanto sobre la salud de las personas como sobre la fauna silvestre y el ecosistema del Santuario Nacional Megantoni.

Incidentes reportados

Reportes documentados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) revisados por OjoPúblico muestran que, desde el inicio de las operaciones del sistema de transporte de gas de Camisea en 2004, se han registrado al menos 13 incidentes en los ductos relacionados a la geografía de la zona, por desplazamiento de tierras y lluvias intensas.

Cinco incidentes se registraron entre 2004 y 2006. El más grave ocurrió en Cusco el 4 de marzo de 2006: se derramaron 4.700 barriles de gas líquido, siete personas —entre ellas dos menores de edad— sufrieron quemaduras de primer y segundo grado, según un estudio de la organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Estos accidentes fueron generados por la rotura del ducto de líquidos de gas natural y motivó a que el Congreso inicie una investigación cuyo informe final fue publicado en 2006. Entre las conclusiones del informe se destaca que el diseño del ducto no fue lo suficientemente exhaustivo frente a las condiciones del terreno.

El exlegislador cuya denuncia dio inicio a esta investigación, Walter Alejos Calderón, dijo a este medio que, en su opinión, los problemas que se alertaron hace 20 años probablemente son la causa del último incidente, junto con la falta de mantenimiento. “Que se haga una investigación total para que no vuelva a suceder”, agregó.

Entre 2004 y 2006 se registraron cinco roturas del ducto, lo que motivo al Congreso a iniciar una investigación. Concluyeron que el diseño del proyecto no fue exhaustivo".

Uno de los últimos accidentes fue reportado en enero de 2025. TGP informó que las fuertes lluvias arrastraron rocas que dañaron el ducto que transporta gas líquido. La declaratoria de emergencia duró siete días.

Los ductos que transportan gas natural y líquidos de gas natural se encuentran hasta dos metros bajo tierra. Estos son controlados por estaciones con válvulas ubicadas en distintos tramos. El incidente del 1 marzo ocurrió en uno de estos puntos, en el kilómetro 43, en el sector Saringabeni, distrito de Megantoni.

El 4 de marzo, trabajadores de TGP llegaron a la zona del accidente con materiales y maquinaria para iniciar las reparaciones, que continuarán en los próximos días. Hasta el cierre de esta edición, Osinergmin informó que se mantiene el cronograma estimado de 14 días para restablecer el servicio, aunque este plazo está sujeto a las condiciones climáticas.

Este medio consultó a TGP, Osinergmin, al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sobre las causas de la fuga registrada el domingo 1 de marzo y las acciones que han adoptado.

Solo OEFA respondió que iniciaron tareas para verificar que la empresa haya cumplido sus obligaciones ambientales y que están a la espera de “los resultados de los muestreos” para determinar si hubo afectaciones.

Vulnerabilidad energética

La ausencia de un ducto alternativo se arrastra desde el origen del sistema de transporte de gas. En diciembre de 2000, TGP firmó con el Estado peruano tres contratos —vinculados al gas de Camisea— bajo el esquema BOOT (Build, Own, Operate, Transfer, por sus siglas en inglés) vinculados al transporte de gas natural, de líquidos de gas natural y a su distribución, aunque el tercero fue cedido a otra compañía.

Entre marzo de 2002 y agosto de 2004, TGP instaló dos tuberías de acero que transportan gas natural y líquido de gas natural. Sin embargo, el proyecto no incluyó la implementación de un ducto paralelo que sirva de respaldo si el principal se daña o sufre un desperfecto técnico.

La economista e investigadora en temas energéticos Marusia Ruiz Caro Reyes explicó que cuando se concibió este proyecto se pensó que se construirían más ductos y que la exportación del gas natural generaría recursos para financiar estos proyectos, pero no se han lanzado más iniciativas para explotar nuevos yacimientos.

Durante el gobierno de Ollanta Humala, se promovió el proyecto del Gasoducto del Sur para llevar gas natural a la zona sur del país que incluía a regiones como Cusco, Arequipa y Moquegua. La propuesta, viabilizada por la Ley 29970, también incluía el ducto de redundancia para asegurar el suministro de energía en la infraestructura ya existente.

HITO. En 2014 se firmó el contrato para construir el Gasoducto del Sur, con el objetivo de consolidar la seguridad energética. El proyecto lleva paralizado nueve años.

Foto: Andina

El Gasoducto del Sur se adjudicó a las empresas Odebrecht (Brasil) y Enagás (España). Posteriormente, la peruana Graña y Montero compró la participación de la brasileña. El monto de inversión ascendía a más de USD 4.600 millones, sumado a USD 2.700 millones de operación y mantenimiento.

Debido a actos de corrupción que involucraron a altos funcionarios, entre ellos el presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, el Estado canceló el contrato en 2017. Desde entonces, el proyecto está abandonado.

De acuerdo con los contratos BOOT con TGP, el consorcio puede extender su concesión hasta 60 años. En octubre del año pasado, presentó las propuestas de adendas para renovarlos, pero no contemplan el ducto de redundancia en la zona de la selva, según ha revisado este medio.

Especialistas consultados por OjoPúblico consideran que una ampliación de la concesión, como la que solicita TGP, debería contener la propuesta del ducto de redundancia. Sin embargo, Marusia Ruiz Caro Reyes señaló que el Estado “no tiene capacidad de negociación”, porque tampoco cuenta con una planificación energética de largo plazo que le sirva de referencia.

El Minem y su dirección general de Hidrocarburos, Osinergmin y Perúpetro son las entidades que deben evaluar la propuesta de TGP y plantear modificaciones como la del ducto alterno, de acuerdo a fuentes consultadas.

ESCASEZ. La falla en el ducto registrada el 1 de marzo en Cusco ha obligado a racionalizar el suministro. Más de 350.000 vehículos en el Perú utilizan Gas Natural Vehicular (GNV).

Foto: OjoPúblico / Jackeline Cárdenas I.

El abogado César Gamboa Balbín sostuvo que el principal “error” de la política energética nacional fue no priorizar la masificación del gas natural, lo que habría permitido desarrollar más infraestructura para afrontar incidentes como el registrado el 1 de marzo.

En cambio, durante el Gobierno de Alejandro Toledo, en 2003 se modificó la norma que obligaba a asegurar primero la demanda energética interna por un horizonte de 20 años, antes de iniciar con la exportación del recurso.

TGP propone implementar una nueva inversión de USD 1.800 millones para construir un ducto costero de 817 km de extensión desde Ica hasta Ilo (Moquegua), con dos ramales: uno hacia Arequipa de 90 km y otro hacia Mollendo de 16 km.

El documento también incluye otras modificaciones a la adenda original, como la posibilidad de solicitar más años de concesión, actualmente limitada a 10 años.

Además, se plantea eliminar una cláusula del contrato relacionada con pagos indebidos, la cual establece que ningún accionista, director o funcionario de TGP recibió pagos indebidos durante el proceso de concesión, el contrato o el concurso.

Al respecto, Gamboa Balbín señaló que le genera “suspicacia” que se proponga retirar esta cláusula, dado que en las últimas décadas se han presentado casos de corrupción en el sector energético.

El ingeniero Antonio Gamero Márquez coincidió en que el gasoducto requiere un ducto de redundancia. Sin embargo, no cree que TGP esté dispuesta a implementarlo, porque no es lucrativo para la empresa. Por ello planteó que el Estado convoque a un nuevo concurso para culminar el Gasoducto del Sur.

Entre 2005 y 2018 se registraron 68 días de cortes de suministro de gas natural y de líquidos de gas natural por fallas en el ducto que opera TGP".

En 2017, luego de que el Estado canceló el contrato con Odebrecht, debió buscar una empresa que retome la construcción del gasoducto. Se optó por el camino más largo, de acuerdo al Grupo Propuesta Ciudadana: iniciar el proyecto desde cero con el proyecto Sistema Integrado de Transporte de Gas al Sur, conocido como Sitgas.

Con ese objetivo, un año después, Proinversión encargó a la consultora británica Mott MacDonald Limited la elaboración del estudio de preinversión. La firma concluyó que la mejor alternativa era ejecutar el diseño del Gasoducto del Sur.

“Han pasado nueve años y no hemos podido reiniciar el gasoducto [del Sur]. Todos los años pagamos USD 47 millones por la guardianía y custodia de todos esos tubos. Hasta marzo el Estado ha pagado más de USD 400 millones en total”, señaló Gamero Márquez.

Un informe del Minem de 2022, señala que entre 2005 y 2018 se registraron 68 días de cortes de suministro de gas natural y de líquidos de gas natural por fallas en el ducto. El costo diario por estas interrupciones asciende a USD 630 millones.

Los propietarios

OjoPúblico examinó quiénes controlan hoy la empresa encargada de trasladar el gas de Camisea, la misma que propone ampliar la concesión de este servicio. Cuando el Estado peruano lanzó el concurso para otorgar esta concesión, no estableció restricciones para que las mismas empresas que extraen el gas puedan también transportarlo.

Por ello, mientras Tecgas (Techint), Pluspetrol Resources, Hunt Pipeline Co., Graña y Montero, Sonatrach Petroleum y SK Corporation conformaron el consorcio Camisea, cuatro de estas empresas integraron también Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Pluspetrol y Hunt Oil controlaban cada una el 36% de la compañía, seguidas por SK Corporation con 18% y Tecpetrol (Techint) con 10%. Sin embargo, esta composición accionaria no se mantuvo.

A inicios de 2014, Hunt Pipeline Company (consorcio conformado por Hunt Oil y Repsol) vendió su participación a la empresa española Enagás, especializada en transporte, regasificación y almacenamiento de gas natural, según reportes de la Superintendencia del Mercado y Valores (SMV).

Esta misma compañía integró posteriormente el consorcio que se adjudicó el Gasoducto del Sur, junto a Odebrecht. El proyecto quedó paralizado en 2017 tras revelarse actos de corrupción en su proceso de adjudicación.

ESTADO. Al cierre de 2024, las utilidades netas de Transportadora de Gas del Perú (TGP) ascendieron a USD 269 millones.

Foto: PCM

Debido a ello, Enagás presentó una demanda contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Según un reporte de Enagás de febrero último, el Ciadi falló a favor de la empresa en 2024 y 2025. El Perú deberá pagarle más de USD 300 millones.

En 2014 también ingresó al accionariado de TGP Canada Pensión Plan Investment Board (CPPIB), entidad que administra los fondos del sistema de pensiones de Canadá. Su participación inicial fue de 10,43%, pero se incrementó progresivamente hasta alcanzar 49,87% de acciones en 2025.

La compañía estadounidense EIG Global Energy Partners adquirió posteriormente esta participación, transacción que se formalizó en diciembre del año pasado. EIG ya tenía presencia en el negocio del gas en el Perú a través de Perú LNG, la planta procesadora de gas líquido para la exportación, donde controla el 35% del proyecto mediante su subsidiaria MidOcean Energy; los otros accionistas son Hunt Oil Company (35%), Shell (20%) y Marubeni (10%).

Al 2026, las principales dueñas de TGP son EIG (49,87%), Sonatrach (21,18%) y Enagás (18%). Al cierre de 2024, TGP tuvo ingresos por USD 768 millones y una utilidad neta de USD 269 millones, mientras que el sistema de transporte de gas natural sigue sin contar con un ducto de respaldo.