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Con información de Julio Caicedo, María Belén Arroyo, Alejandro Pérez, Bruno Abbud y Plinio Lopes.
Hace 25 años que Roberto* dejó su natal Colombia y decidió cruzar la frontera para asentarse en Nueva Galilea, un pueblo de la Amazonía peruana, ubicado a una hora en avioneta desde Iquitos, capital de la región Loreto. Esta localidad se encuentra en el corredor más importante para la producción y tráfico de cocaína en la triple frontera que comparten Perú, Colombia y Brasil: la provincia peruana Mariscal Ramón Castilla, cuya ciudad principal es Caballo Cocha, en la rivera del río Amazonas.
“Si tú no te metes [con ellos] no tienen por qué hacerte nada”, dice Roberto, sin haber perdido su acento colombiano, al ser consultado sobre la violencia en este territorio, donde los ‘patrones’ —quienes dirigen la producción de cocaína en los laboratorios instalados en la Amazonía— protagonizan enfrentamientos y asesinatos que no suelen ser denunciados. Actualmente, quien controla la operación de narcotráfico en esta región es el grupo criminal colombiano Comandos de la Frontera.
Las fronteras políticas no existen para los grupos criminales. Una investigación liderada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico junto a los medios socios Sumaúma, La Silla Vacía y Código Vidrio identificó que el narcotráfico domina el 72% de las localidades de las fronteras que comparten Perú, Colombia, Ecuador y Brasil.
A partir de la construcción conjunta de una base de datos con información oficial, fuentes propias y reporteo de campo, la investigación expone el amplio impacto de las economías ilegales y los actores criminales en territorios fronterizos de la Amazonía. El análisis alcanza a las 75 localidades —denominadas distritos, cantones o municipios, según el país— de los cuatro países amazónicos.
Debido a los altos niveles de criminalidad que hay en estas zonas, también se sumaron tres municipios brasileños (Barcelos, Alto Alegre y Amajari) que comparten frontera con Venezuela. Y en el caso ecuatoriano, para delimitar la numerosa cantidad de localidades pequeñas, se seleccionaron trece cantones de su frontera amazónica.
En las 54 localidades identificadas el negocio de la cocaína está dirigido por grupos criminales con vocación multinacional. Los Comandos de la Frontera –que se constituyó con disidentes de las FARC, y el Comando Vermelho, de Brasil –la estructura criminal más antigua de ese país–, tienen control sobre esta región. Su control territorial les permite combinar el tráfico de cocaína con la tala y la minería ilegal.
Desarrollo de mapa: OjoPúblico / Gianfranco Huamán. Fuente: Elaboración propia a partir de una base de datos construida con información de campo, pública y reservada.
Amazonía sitiada
Roberto, como otros habitantes de este distrito de Ramón Castilla, empezó a dedicarse hace unos años a una actividad que es el primer eslabón –y el más débil– en la cadena del narcotráfico: el cultivo de hoja de coca. Cada tres meses cosecha esta planta para luego venderla a un grupo de acopiadores, entre peruanos, colombianos y brasileños.
Sus grandes manos le permiten hacer el ‘raspado’ (deshojar la planta) con gran destreza. “La coca no necesita sombra, crece libre”, explica, mientras señala unos tallos de su parcela en Nueva Galilea, donde ha sembrado esta planta en media hectárea de tierra boscosa, junto al cacao.
“La coca también me enfermó, me hizo ganar enfermedades como el reumatismo o el dolor de huesos, enfermedades fuertes por estar mojado mucho tiempo. Causa más males que bienes”, relata Roberto. En la actualidad, él continúa cosechando coca, pero dice que ahora le genera más ingresos económicos la venta de churros y ‘curichis’, un refresco congelado que en Lima llaman ‘marcianos’ y que se vende en bolsas alargadas de plástico transparente.
En 54 de 75 localidades fronterizas en la Amazonía de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú hay presencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico.
En la zona no solo se cultiva hoja de coca, también se han identificado centros con pozas de maceración. Desde su parcela se escucha el motor de una moto en movimiento que, según Roberto, transporta insumos para producir droga, elaborada en un laboratorio cerca al puerto de Nueva Galilea. Las personas que viven en esta región fronteriza llegan a este lugar en pequeñas embarcaciones que, pese a su tamaño, pueden transportar a más de una decena de tripulantes.
Cuando llueve, el caudal de los ríos sube, lo que permite un tránsito constante de embarcaciones, no solo de pasajeros, sino también de las conocidas ‘bestias’: unos botes que avanzan a gran velocidad y que en su interior pueden contener hasta una tonelada de droga, que recogen de las distintos localidades fronterizas. En esta zona es frecuente encontrarse con ciudadanos peruanos, colombianos y brasileños. Varios, incluso, tienen documentos de identidad de dos países.
Las fronteras son aprovechadas por el crimen organizado debido a la escasa presencia de las autoridades: durante el recorrido de OjoPúblico en la frontera peruano no se observó ningún control o patrullaje de la policía o de los militares. Los testimonios recogidos en las comunidades señalan que las organizaciones criminales responsables del aumento de asesinatos y otros tipos de violencia actúan con impunidad.
CULTIVO. En Nueva Galilea, varias familias se dedican al comercio de hoja de coca, el principal insumo para la pasta básica y el clorhidrato de cocaína.
Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo.
PARCELAS. Las familias que se dedican al cultivo de la hoja de coca tienen, en su mayoría, de una a media hectárea de terreno. La cosecha se realiza cada tres meses.
Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo.
El pasado 27 de marzo, en el puesto de vigilancia de Tierra Amarilla —entre Perú y Colombia— medios locales señalaron que diez delincuentes emboscaron a los policías peruanos que estaban de turno. De acuerdo a estas versiones, los asaltantes robaron ocho armas, municiones y teléfonos celulares. El hecho ocurrió a orillas del río Loretoyacu, en el distrito de Ramón Castilla de la región Loreto.
El puesto asaltado es uno de los 15 que se ubican en la frontera entre Perú y Colombia. El ataque pone de manifiesto la vulnerabilidad que supone contar con poco presupuesto para controlar el orden público situación que fue expuesta por OjoPúblico cuando visitó otros de estos centros de vigilancia en El Estrecho, una localidad en la provincia del Putumayo.
En enero de este año ocurrió otro hecho violento en la localidad brasileña de Tabatinga. Manuel Sánchez Aurich, peruano y analista de sanidad e inocuidad de productos pecuarios del distrito peruano de Santa Rosa, fue asesinado de varios disparos cuando cruzaba el río hacia Perú. Las versiones locales señalan que el trabajador participó en la incautación de embutidos que entraban de forma ilegal de Brasil y, en represalia, fue asesinado.
Videoreportaje: OjoPúblico / Renato Pajuelo / Jonathan Hurtado.
Edición: Gabriel García Barandarián.
En otro hecho reciente, fuentes de la frontera amazónica indicaron a OjoPúblico que en julio último se registró el asesinato de un ciudadano en el puerto de Sheretero, ubicado a una cuadra de la plaza principal de Caballo Cocha. Y hace casi tres años, en 2022, asesinaron a un menor de edad peruano y a otros dos brasileños involucrados en casos de sicariato.
En 2021, OjoPúblico detalló el caso del exsoldado del Ejército peruano, Antonio Rengifo Vargas (20), quien fue torturado y asesinado en Tabatinga, localidad brasileña ubicada frente al municipio peruano de Santa Rosa y donde su cuerpo —con orificios de bala— fue abandonado en un basural.
“Aquí soy el único y debo ver casos de cuatro distritos. A veces no hay presupuesto para la gasolina de las lanchas que nos llevan a nuestro centro de labores”, lamenta un fiscal peruano de la frontera Amazónica y recuerda que varios colegas no aceptan el puesto por temor a amenazas de los grupos criminales que operan y cuyas actividades crecen cada año en el lugar.
Andrés Caijao, especialista de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia, indica que el crimen organizado usa las fronteras como “lugares de tránsito de un lado al otro” debido a que “no hay un control” de las autoridades. Frente a ello, planteó la necesidad de alcanzar “acuerdos binacionales para compartir información” y “entender mucho mejor las dinámicas y lo que pasa en la frontera”.
Caijao aseguró que desde Colombia se viene dando un importante “traslado de cristalizados y la transformación de la cocaína en zonas limítrofes de Perú y Ecuador”.
El narcotráfico se instaló en la Amazonía
A veinte minutos por carretera de Caballo Cocha –capital de Ramón Castilla en Perú– donde la mayoría de casas están construidas con madera local, la comunidad del pueblo ticuna de Cushillo Cocha da la bienvenida a través de un delgado arco de cemento que también cruzan distintos moto taxis. A pocos metros de su plaza de armas hay un pequeño puerto desde donde, según fuentes locales, se parte hacia otras comunidades dedicadas a la producción de hoja de coca.
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) indica que la producción de hoja de coca en el distrito de Ramón Castilla —donde se encuentra Cushillo Cocha— ha disminuido entre 2022 y 2023. Sin embargo, todavía supera las 3.766 hectáreas de cultivo, una cifra que triplica los registros de 2019.
Al igual que en Cushillo Cocha, el narcotráfico también se ha instalado como una economía ilegal en varias localidades a lo largo de la Amazonía que comparten Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.
Los Comandos de la Frontera y el Comando Vermelho tienen control sobre la Amazonía. Además del tráfico de drogas, realizan otras actividades ilegales.
La investigación identificó que la producción y transporte de drogas como la pasta básica de cocaína (PBC) o el clorhidrato de cocaína se da, al menos, en 54 de las 75 localidades revisadas. Es decir, en el 72% de los casos.
Si se observa la incidencia por país, se evidencia que Colombia tiene una cobertura del 100% de localidades con presencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico en ocho de los municipios revisados. Entre ellos se encuentran Leticia, Puerto Leguízamo y Valle del Guamuez, este último con registros de cultivo de coca y con la tasa más alta de homicidios entre las localidades de los cuatro países: 106,8 fallecidos por cada 100.000 habitantes, una cifra que supera cuatro veces la tasa colombiana de homicidios.
Asimismo, como informó la Red Transfronteriza de OjoPúblico, en territorio colombiano se ha presentado en los últimos años una variación en el valor de la hoja de coca que responde a un conflicto de precios entre los compradores. Esto ha provocado un menor acceso al mercado por parte de los productores —en su mayoría campesinos—, que con los cambios en los precios están reduciendo sus clientes.
LLEGADA. En localidades fronterizas como Caballo Cocha, entre Perú y Colombia, grupos criminales dominan el territorio para operar en distintas economías ilegales.
Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo.
En la lista de localidades con mayor penetración del crimen organizado dedicado al narcotráfico sigue Brasil con el 84% de sus 25 municipios, luego Ecuador con el 76,9% de sus 13 cantones y Perú ocupa el tercer lugar con el 51,7% de sus 29 distritos.
En el Perú, además de la presencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico, hay cultivos de hoja de coca en estos mismos 15 distritos fronterizos. Distintas fuentes señalan que el Comando de la Frontera colombiano opera en los cuatro distritos que integran la provincia del Putumayo.
En una reciente visita a la zona de Caballo Cocha y Cushillo Cocha —en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil—, fuentes de la Fiscalía y la Policía peruana indicaron a OjoPúblico que, en los últimos años, el transporte y la protección de la droga han contado con la participación de miembros del grupo criminal Los Crías, una banda local del distrito brasileño de Tabatinga que también trabaja en alianza con el Primer Comando Capital (PCC).
Según relataron fuentes de la triple frontera a este equipo periodístico, otra característica del lugar es la gran cantidad de armas que hay en esta zona. Los entrevistados señalaron que conocen a personas registradas ante las autoridades peruanas como cazadores de animales, pero cuyo permiso para porte de armas es una fachada para su uso real: abastecer a los grupos criminales dedicados al narcotráfico. Y en algunas operaciones antinarcóticos, la Policía ha descubierto que las armas pertenecen a personas que habían obtenido permisos de caza de animales.
Al ser consultados por la aparición del armamento junto a las drogas, los involucrados indicaron a la policía que sus armas se habían extraviado y que desconocen cómo acabaron en laboratorios de cocaína.
El mapa de actores criminales
Esta investigación periodística ha identificado la participación de 11 grupos dedicados al narcotráfico en los cuatro países analizados.
En la lista destaca el Comando de la Frontera, con presencia en 21 localidades de Perú, Colombia y Ecuador. Esta organización, con unos mil miembros según la Fiscalía colombiana, está formada por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se sumaron a los acuerdos de paz, suscritos en el 2016. Otro de los grupos criminales colombianos que también hace presencia y se disputa el control de la zona es el Frente Carolina Ramírez, especialmente en el Putumayo.
En algunos casos hay, al menos, dos grupos que comparten su área de operaciones. Esto es recurrente en Ecuador, donde Los Lobos y Los Choneros, pese a su disputa, han generado alianzas con el Comando de la Frontera colombiano. Los Lobos ya controlan el 75% de las provincias de Ecuador y se ha convertido en el grupo delictivo ecuatoriano de mayor crecimiento transnacional en América Latina
Del lado brasileño resalta el Comando Vermelho, con operaciones en 19 localidades brasileñas, colombianas y peruanas. Esta agrupación criminal, con unos 30.000 miembros, es la más antigua del país —se inició en la década de los setenta— y una de las más poderosas en la región. Poco a poco ha expandido la presencia de sus afiliados en la Amazonía peruana, como informó OjoPúblico en distintos reportajes.
El Comando Vermelho llegó a la Amazonía brasileña con mayor intensidad en 2017, tras la muerte de Jorge Rafaat Toumani, alías ‘Rey del tráfico’, en la frontera con Paraguay, manejada entonces por el otro grupo criminal brasileño de importancia: el Primer Comando de la Capital (PCC). Este territorio solía ser una de las principales rutas de la droga de Brasil y, al estar dominada por el PCC, el Comando Vermelho decidió concentrar sus esfuerzos en el norte de Brasil, en las fronteras con Colombia y Perú.
El Primer Comando de la Capital (PCC), tiene el dominio en el estado de Roraima, según un estudio del Foro Brasileño de Seguridad Pública. En este lugar fronterizo con Venezuela, el PCC controla seis municipios, mientras que otros siete se los disputa con el Comando Vermelho (CV) y con la organización criminal venezolana, el Tren de Aragua, presente en la capital, Boa Vista, y en Pacaraima.
“El PCC es el grupo de Brasil que empieza esa relación con el Tren de Aragua, principalmente en la frontera con Roraima, tanto por el contrabando de diamantes y oro, como también por el tráfico de armas y drogas”, afirma Aiala Colares, investigador del Foro Brasileño de Seguridad Pública.
El especialista también considera que Pacaraima es una zona estratégica para los grupos criminales transfronterizos. “Entran muchas armas y drogas por Venezuela de origen colombiano. Y, por otro lado, Perú hoy es uno de los principales proveedores de cocaína de Brasil, con zonas principales en la triple frontera y el río Solimões”.
Aunque en teoría son rivales por el control territorial, lo que aumenta el número de homicidios en estas localidades, en algunos casos, se ponen de acuerdo para dominar una actividad delictiva diferente cada una.
Por ejemplo, en Santo Antônio do Içá, municipio del estado de Amazonas que tiene frontera con Colombia, se pueden ver grafitis con las siglas de los distintos grupos criminales en las paredes de la ciudad. El PCC sigue ahí, a pesar de la disputa con el Comando Vermelho, sus rivales de Río de Janeiro.
Suben las tasas de homicidio
A las actividades de los grupos criminales en los distritos analizados también se suman registros de aumentos en los niveles de violencia en los territorios de frontera. Las cifras de homicidios se registraron —al menos una vez— en 35 de las 75 localidades revisadas. Es decir, en el 46,6 % de los casos.
Además, es relevante señalar que en nueve de las diez localidades con mayores tasas de homicidio hubo un incremento en las cifras entre 2019 y 2023. Estas corresponden a territorios en Brasil, Colombia y Ecuador con presencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico, donde también se superaron las tasas nacionales de cada país.
Por ejemplo, en el cantón ecuatoriano de Paquisha —territorio en conflicto entre Los Choneros y Los Lobos—, la tasa de homicidios creció cinco veces entre 2019 y 2023. Pasó de 21,1 a 105,6 casos por cada 100.000 habitantes. Ese mismo año, la tasa también duplicó la cifra nacional de 47,25 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En el lado peruano, las cifras no muestran altos índices de violencia, pero el recorrido en campo reveló que que la aparente tranquilidad de las cifras oficiales no se corresponde con la realidad de la zona fronteriza. Varias fuentes señalaron a este equipo periodístico que los centros de salud atienden casos de homicidios que no se denuncian, por lo que hay un subreporte de los datos.
Funcionarios públicos de la triple frontera amazónica que prefieren mantener su nombre en reserva contaron que los homicidios en la zona están relacionados con enfrentamientos entre los compradores de droga, llamados ‘patrones’, o gente de su entorno. Estos hechos se presentan cuando el transporte falla, no se realizan pagos o hay sospechas de que se filtre información interna sobre las organizaciones criminales.
TERRITORIO. En localidades fronterizas de Brasil, miembros del Primer Comando de la Capital (PCC) realizan pintas en las paredes hacer notar su presencia en el lugar.
Foto: Sumaúma/ Michael Dantas.
TEMOR. Aunque los representantes y líderes indígenas de zonas fronterizas señalan que existe una aparente calma, prefieren el anonimato cuando se refieren a los grupos criminales.
Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo.
En el centro de Caballo Cocha se encuentra el llamado ‘Boulevard de la integración y desarrollo fronterizo’ y una plazoleta adornada con la estatua de un caballo blanco. Allí, la mayoría de jóvenes se reúne para pasar el rato, antes de asistir a los bares que nunca cierran, a pocos metros de la plaza, donde la música retumba y la cerveza brasileña es más barata que la peruana. En uno de los muros de esos locales cuelga el retrato del capo de la droga, Pablo Escobar.
Los lugareños miran con suspicacia a cualquier extranjero que se adentre en este territorio fronterizo y, aunque una de las autoridades locales afirma que la seguridad del lugar está garantizada y que “nada va a pasar”, cambia de inmediato el semblante y guarda silencio para no responder sobre la presencia de grupos criminales en su jurisdicción.
El narcotráfico: la puerta de entrada a otros negocios ilegales
La segunda economía ilegal en las localidades fronterizas analizadas por este equipo periodístico es el comercio ilegal de madera, ligada a la pérdida de bosques amazónicos. Al revisar los datos se encontró que está presente en 40 de las 75 localidades (el 53% del total). En Ecuador está en el 100% de los cantones, le sigue Colombia con el 75%, Perú con el 69% y Brasil con el 4%.
“La falta de presencia del Estado genera desatención en la frontera. Por un lado eso y por otro, al estar alejados les genera ventaja [a los grupos criminales], tienen control de esos territorios. Tanto así que cuando nos trasladamos ya no encontramos nada. Se filtra la información”, confiesa una fuente fiscal que trabaja en territorio fronterizo.
LÍMITE. En territorio colombiano, los Comandos de la Frontera dominan las economías ilegales instaladas en localidades fronterizas con Ecuador y Perú.
Foto: La Silla Vacía / Julio Caicedo.
INGRESO. En la triple frontera amazónica —que divide a Perú, Colombia y Brasil—, el crimen organizado se camufla ante la falta de resguardo en el lugar.
Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo.
En julio pasado, OjoPúblico contó cómo opera el tráfico de madera entre Perú y Ecuador a partir de la exportación de madera tipo balsa, también llamada topa. En esta actividad participan tanto empresarios peruanos como ecuatorianos, y algunas denuncias de líderes indígenas señalan que este comercio ilícito se ha desarrollado en la región peruana de Amazonas, donde ha aumentado la minería ilegal.
Los datos también muestran que el 72% de las localidades de Colombia, Ecuador y Perú registran presencia de la minería ilegal. No se consideró Brasil debido a que no hay registros oficiales o fuentes que acrediten esta actividad ilegal en territorio fronterizo de ese país.
RUTAS. El crimen organizado ha encontrado en la Amazonía un lugar estratégico para el desarrollo de sus actividades como el narcotráfico, el comercio ilícito de madera o la extracción ilegal de oro.
Foto: Sumaúma/ Michael Dantas.
OLVIDO. En distritos fronterizos del Perú, la ausencia del Estado permite el ingreso del crimen organizado que —en su mayoría— se dedica al narcotráfico.
Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo.
En territorio ecuatoriano, esta actividad ilegal —que cada año registra un aumento de sus operaciones— tiene la participación de grupos criminales como Los Lobos.
Por su parte, en Colombia, la extracción ilegal del mineral la llevan a cabo miembros de los Comandos de la Frontera, que también controlan esta actividad junto con el paso de la droga desde los ríos que cruzan la Amazonía hasta otros puntos fronterizos.
En Perú no hay muchos detalles sobre las organizaciones presentes en la zona, pero la actividad ilegal se está expandiendo por zonas como el Putumayo o la región de Amazonas, esta última limítrofe con territorio ecuatoriano. La actividad ilícita está presente en 16 de los 29 municipios.
“En la mayoría de los sectores afectados por la minería ilegal no existe un sistema de monitoreo de la actividad (impactos, magnitud, dinámicas, entre otros). Este hecho impide implementar de manera efectiva mecanismos de lucha y prevención de la actividad ilegal, en especial en aquellas zonas donde recién empieza”, concluye un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú) sobre la minería ilegal en territorio peruano.
En estos distritos de frontera, el interés por la actividad minera formal también es relevante. En 56 de los 75 gobiernos locales había por lo menos un lote minero, es decir, el 74,6%. En total, los cuatro países acumularon más de 2.600 lotes encabezados por Brasil con 1.380 concesiones mineras en 24 municipios. La lista la completan Ecuador con 805 lotes, Perú con 420, y Colombia con 14.
Además del narcotráfico, el tráfico de madera y la minería ilegal, las organizaciones criminales que controlan la zona también se dedican en una escala menor a la pesca ilegal, al tráfico de animales salvajes y de personas. Para este reportaje, sin embargo, no se profundizó en las cifras actualizadas de cada una de estas actividades.
La investigación en campo y la sistematización de los datos exponen un panorama cada vez más crítico en las localidades fronterizas de la Amazonía. Estas se han convertido en un centro estratégico para el avance de la criminalidad organizada cuya expansión, por ahora, no tiene un límite.
