Con la colaboración de Jonathan Hurtado y Gianfranco Huamán

 

Las alertas internacionales por el deterioro democrático en Perú y una desaprobación del 88% no han reducido lo intentos del Congreso para controlar el sistema de administración de justicia. 

Luego de promover diversos proyectos de ley que debilitan la labor del Ministerio Público y mociones para remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), seis bancadas —muchas de ellas con integrantes investigados por la Fiscalía— impulsan, al menos, 10 propuestas que buscan aumentar su control sobre el Poder Judicial.

Entre los promotores de los proyectos identificados por OjoPúblico destacan tres congresistas de Perú Libre y otros cinco de Acción Popular, Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Bloque Democrático Popular y el Bloque Magisterial. 

 

De manera individual, sobresale Waldemar Cerrón Rojas, tercer vicepresidente del Legislativo. El parlamentario —hermano del prófugo Vladimir Cerrón Rojas e investigado en el caso Los Dinámicos del Centro— presentó dos proyectos de este tipo. Lo mismo ocurre con su colega de bancada José María Balcázar, exjuez de Lambayeque e investigado en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder, que presentó dos propuestas más. 

A estas 10 iniciativas se suma una del Gobierno de Dina Boluarte enfocada en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. La misma pretende que la presidencia de este grupo de trabajo quede a cargo del Ejecutivo y que la secretaría técnica sea asumida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Los presuntos conflictos de interés se repiten: la mandataria es investigada por las muertes durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023, y por supuestos actos de corrupción. Además, el actual ministro de Justicia, Eduardo Arana Ysa, está comprendido en una indagación por presunto tráfico de influencias. 

Congresistas de Perú Libre, Renovación Popular y otras cuatro bancadas han presentado, al menos, 10 iniciativas para debilitar al Poder Judicial".

En opinión del sociólogo Samuel Rotta Castilla, estos proyectos evidencian el interés de profundizar el desequilibrio de poderes, sobre todo, en favor del Congreso. “Lo que se está buscando es romper la posibilidad de que los otros poderes puedan mantener su autonomía o aplicar instrumentos reconocidos internacionalmente (...)  Hay una agenda de captura, de avasallamiento”.

Clara Mosquera Vásquez, magistrada e integrante de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem), reconoce que hay preocupación en el sector. “Buscan socavar la independencia judicial, desaparecer la separación de poderes y tener el control del Poder Judicial”, dijo.

El potencial impacto de estas medidas, advierte Oswaldo Ordoñez Alcántara, juez y presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, no se limita al Poder Judicial.“El debilitamiento [al Ministerio Público, el Poder Judicial, la JNJ y otros entes autónomos] se ve [también] en el crecimiento desmesurado de la criminalidad organizada y la inseguridad ciudadana”.

 

Los intereses de Perú Libre

Cinco de las 10 propuestas identificadas por OjoPúblico que buscan debilitar la autonomía  del Poder Judicial fueron elaboradas por tres congresistas de Perú Libre: Waldemar Cerrón Rojas, José María Balcázar Zelada y Américo Gonza Castillo. 

El primero de ellos presentó dos iniciativas vinculadas al tema en lo que va del año. Una de estas pretende facultar a los legisladores para acceder a información de procesos judiciales. La propuesta —analizada en la Comisión de Constitución y Reglamento— contempla documentos fiscales y policiales de procesos en curso en cualquier instancia, incluida la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional (TC). Además, reduce el período de ratificación de los jueces de siete a tres años. 

El hermano del prófugo Vladimir Cerrón Rojas también ingresó un proyecto para crear una comisión de fiscalización de la función de jueces y fiscales en el Congreso. Como en el caso previo, el tema es evaluado por la Comisión de Constitución y Reglamento.

Para el sociólogo Rotta Castilla este es un claro intento de control político hacia los magistrados. “Es peligroso que se busque la fiscalización de los jueces. Ya hay mecanismos establecidos en el marco del equilibrio de poderes para fiscalizar. El Congreso no tiene por qué meterse ahí, es una irrupción en sus fueros”, dijo. 

INVESTIGADO. Waldemar Cerrón, investigado por presunta corrupción, presentó dos proyecto sobre el Poder Judicial. Uno pretende crear una comisión de fiscalización de jueces y fiscales. 

Foto: Congreso

 

En paralelo, Balcazar Zelada ingresó dos propuestas más. La primera incorpora modificaciones a la ley orgánica del Poder Judicial para impedir que los magistrados apliquen el control difuso. Es decir, el mecanismo con el cual los jueces analizan si una norma respeta los mandatos constitucionales.

El texto presentado por Balcazar Zelada —bajo análisis de la Comisión de Justicia y la de Constitución— propone que esta sea una atribución exclusiva del TC. El cambio no es superficial: la potestad de los jueces para aplicar esta figura está contemplada en el artículo 138 de la Constitución.

Su otra iniciativa, en tanto, se centra en la restitución de la inmunidad parlamentaria. En otras palabras, pretende que los congresistas no puedan ser investigados, detenidos y procesados hasta después de un año de haber dejado el cargo. 

El exjuez e investigado por corrupción José María Balcázar presentó una iniciativa para que los jueces no apliquen el control difuso".

Al justificar el proyecto, girado a la Comisión de Constitución y Reglamento, Balcazar Zelada señaló que la inmunidad era necesaria para “evitar amenazas y coacciones” del Ministerio Público y el Poder Judicial hacia los congresistas.

Gonza Castillo, el otro congresista de Perú Libre con interés en el sistema de justicia, elaboró una propuesta para cesar de manera automática a los jueces supremos que hayan asumido la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Como las anteriores, esta sigue el trámite regular en la Comisiones de Justicia y en la de Constitución. 

OjoPúblico buscó comentarios de los tres congresistas a través de llamadas, correos e, incluso, mensajes de WhatsApp. Américo Gonza Castillo solicitó que se le devolviera la llamada, pero luego no contestó. Balcazar Zelada y Cerrón Rojas no respondieron por ningún medio.

 

Más iniciativas que debilitan al Poder Judicial 

El interés en el sistema de justicia no es exclusivo de los parlamentarios de Perú Libre. De hecho, integrantes de bancadas con orientaciones políticas disímiles, como Renovación Popular y el Bloque Magisterial, presentaron cinco proyectos de ley que buscan limitar las facultades del Poder Judicial en lo que va del año.

Uno de ellos, presentado por Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular), plantea incorporar sanciones por falta grave para los jueces y fiscales que liberen a personas capturadas en flagrancia. La iniciativa propone penas de entre ocho y 12 años de cárcel para los magistrados. 

Diversos especialistas han alertado que, de prosperar, esta norma vulneraría la independencia judicial. A criterio de Oswaldo Ordoñez Alcántara, juez superior y presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, también afectaría la presunción de inocencia y propiciaría abusos por parte de la autoridades. 

PRESIÓN. El congresista Alejandro Muñante presentó una iniciativa que busca penalizar las decisiones de los jueces, vulnerando la independencia judicial. 

Foto: Andina

 

“Pueden pasar casos como el del señor [Iván] Quispe Palomino, que la PNP decía que lo había detenido en flagrancia. Están pidiendo que creamos todo y no investiguemos. Además, hay algunos casos donde la PNP siembra a las personas”, dijo. 

La propuesta fue acumulada con otra de Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País) sobre el Ministerio Público (no contabilizada en este análisis) en un dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que fue aprobado en primera votación. 

Aunque el último 31 de octubre el texto no alcanzó los votos requeridos para ser aprobado en segunda instancia, Tudela Gutiérrez presentó un recurso de reconsideración y Muñante Barrios anunció que insistirá con el tema en la próxima sesión del Pleno.

Wilson Soto Palacios (Acción Popular), María Acuña Peralta (Alianza Para el Progreso), Isabel Cortez Aguirre (Bloque Democrático Popular) y Katy Ugarte Mamani (Bloque Magisterial), presentaron iniciativas similares. 

Hay dos proyectos que buscan criminalizar las decisiones judiciales: uno por liberar delincuentes y otro por dictar detenciones que luego sean revocadas".

Estas fueron acumuladas en un dictamen —con propuestas de ley de años anteriores (no considerados en este análisis)— que plantea sancionar a jueces y fiscales que dicten prisión preventiva y preliminar, si esta medida luego es revocada. 

Según el texto, en agenda para ser votado por el Pleno, estos funcionarios podrían ser sancionados con penas de 10 a 15 años de cárcel. Oswaldo Ordoñez Álcantara, de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, señala que este dictamen contradice al proyecto que busca sancionar a aquellos jueces que liberan a detenidos en flagrancia. 

“Dicen que se va a sancionar a los [jueces] que sueltan a los delincuentes [y también] a los que decreten una detención preventiva o preliminar y es revocada. Entonces, nos van a sancionar por soltar y por detener. ¿Y quiénes están cerca de que se les dicte estas medidas? ¿No son los congresistas procesados? Se protegen ellos [mismos], pero se les pasa la mano y terminan protegiendo a todos los delincuentes”, sostuvo. 

ATAQUE. La congresista de APP María Acuña presentó un proyecto de ley para sancionar a los jueces que dicten prisión preventiva a preliminar y que luego sean revocadas.

Foto: Congreso

 

El magistrado hace referencia a un hecho que coincide con la pluralidad de actores políticos involucrados en las propuestas de ley que buscan limitar la acción del Poder Judicial: al menos, 67 legisladores están comprendidos en investigaciones del Ministerio Público, según La República. 

En este contexto, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ha hecho un llamado a la reflexión a los poderes públicos para que no se vulnere la independencia judicial y el principio de separación de poderes. Además, le solicitó al Congreso que remita todos los proyectos de ley relativos al Poder Judicial para elaborar una opinión técnica previa. 

Como en el caso anterior, OjoPúblico buscó los descargos de los congresistas mencionados. Wilson Soto Palacios dijo que no daría declaraciones. En el caso de Alejandro Muñante Barrios, mientras tanto, se intentó sin éxito coordinar una entrevista a través de su asesora de prensa. Los demás no contestaron llamadas, mensajes ni correos de este medio.

 

Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia

Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia solo ha tenido dos sesiones: una en enero y otra en setiembre de este año. Un mes después de esa última reunión, el Ejecutivo presentó un proyecto para modificar la norma que creó el grupo de trabajo.

Entre los cambios planteados destaca que la presidencia del consejo tenga carácter permanente y recaiga en el Ejecutivo. Además, propone la designación indelegable del ministro de Justicia como secretario técnico. 

Ahora, en cambio, la presidencia es rotativa. En otras palabras, cualquiera de sus miembros (el presidente de la república, el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente de la JNJ, el contralor y el defensor del pueblo) puede tener el cargo.

El defensor del pueblo y el excontralor plantearon que el presidente del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia sea la mandataria".

Este balance también se manifiesta en la secretaría técnica, encargada de la asesoría jurídica del consejo y de elaborar reportes de los acuerdos. A la fecha, la misma está conformada por representantes de las entidades que integran el consejo y por funcionarios de otros organismos, como el Jurado Nacional de Elecciones, la Academia de la Magistratura, el Ministerio de Economía y Finanzas, y un líder de las rondas campesinas. 

El proyecto de ley ha generado polémica teniendo en cuenta que Dina Boluarte asumiría la dirección del grupo de trabajo mientras es investigada por las muertes durante las protestas y por presuntos hechos de corrupción. Lo mismo ocurre con el actual ministro de justicia, Eduardo Arana Ysa, quien está comprendido en una indagación por supuesto tráfico de influencias.

“La idea es que este consejo le de seguimiento a propuestas que buscan evitar casos como Los Cuellos Blancos. El hecho de que Dina Boluarte, con sospechas de que trató de torcer las investigaciones en su contra [por medio de una presunta coordinación con la exfiscal de la nación Patricia Benavides Vargas], se proponga como la presidenta permanente de la comisión es absolutamente desafortunada”, señaló Rotta Castilla . 

SESIONES. En lo que va del Gobierno de Dina Boluarte, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia solo se ha reunido dos veces.

Foto: Presidencia de la República

 

Al ser consultado por OjoPúblico, Abraham García Chávarri, asesor del despacho del Ministerio de Justicia (Minjus), indicó que la propuesta proviene de sesiones del consejo realizadas en la gestión del exmandatario Francisco Sagasti. En enero pasado, durante el primer consejo en el gobierno de Dina Boluarte, la iniciativa fue planteada nuevamente, pero esta vez por el defensor del pueblo Josué Gutiérrez Cóndor y el entonces contralor Nelson Shack, detalló. 

El asesor del Minjus precisó que las propuestas de modificación fueron aprobadas por todos los todos miembros del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia en la sesión realizada en setiembre de este año. 

Además, aseguró que los cambios planteados no afectan al equilibrio de poderes ni implican conflictos de interés porque el consejo dicta políticas generales sobre el sistema de justicia, pero no debate casos particulares. Señaló, por último, que sus integrantes tienen la misma jerarquía. “La presidencia solo es para efectos de la conducción del debate”, dijo. 

 

Sistema interamericano en la mira

Tras la aprobación de la ley que prescribe delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002 —hecho considerado como un desacato por la Corte Interamericana de Derechos Humanos— Jorge Montoya Manrique (Honor y Democracia) presentó una propuesta que plantea una amnistía.

Esta incluye a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y funcionarios públicos sin sentencia firme por casos de graves violaciones a los derechos humanos, ocurridos entre 1980 y 2000. También a aquellos que están sentenciados, pero tienen más de 80 años. En ningún caso, según el texto, aplica para mandos terroristas.

Josefina Miró Quesada Gayoso, abogada especializada en derechos humanos, considera que esta iniciativa forma parte de un proceso de continuo desacato a los mandatos del sistema interamericano de derechos humanos.

El congresista Jorge Montoya presentó una iniciativa que busca conceder una amnistía a procesados por delitos de lesa humanidad".

“Para los casos calificados como graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, el derecho internacional establece la prohibición de cualquier tipo de prescripción, amnistías, indultos o cualquier excluyente de responsabilidad penal contra los autores de estos delitos”, recordó. 

Otras iniciativas, presentadas entre 2022 y 2023, sobre el tema fueron reactivadas por los congresistas en el transcurso del año. Ese es el caso, por ejemplo, de un proyecto de Alejandro Muñante (Renovación Popular) que busca limitar el control de convencionalidad —proceso por el cual se analiza si una norma es acorde a los tratados internacionales en los que Perú es parte—.

La propuesta fue acumulada con otras 12 sobre el Código Procesal Constitucional (no consideradas en este análisis) en un solo dictamen. Ese texto —que señala que los jueces solo podrán hacer control de convencionalidad con las sentencias en las que Perú es parte del proceso— fue aprobado en segunda votación por el Pleno semanas atrás. Ahora, su aprobación definitiva u observación está en manos del Ejecutivo.

DESACATO. El Congreso sigue promoviendo iniciativas que van en contra de los tratados internacionales y las sentencias de la Corte IDH.

Foto: Andina

 

Para Julissa Mantilla Falcón, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la propuesta encierra una lectura errada del marco normativo, pues la Convención Americana establece, efectivamente, que solo los países en litigio deben cumplir con la parte resolutiva de las sentencias. Los demás, en tanto, deben considerar la interpretación que realiza la Corte IDH en el cuerpo de sus sentencias. 

Por último, se identificaron otros cuatro proyectos de ley de Wilson Soto Palacios (Acción Popular), Edwin Martínez Talavera (Acción Popular), Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre) y Jorge Montoya Manrique (Honor y Democracia).

Los mismos fueron acumulados en un dictamen que propone la creación de una Comisión de Alto Nivel para evaluar reformas a los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En concreto a los reglamentos de la Corte IDH y de la CIDH.

Tras ser aprobada en el Pleno, la norma fue observada por el Ejecutivo y, luego, aprobada por insistencia en la Comisión de Constitución. Desde abril, dicho dictamen está pendiente de incluirse en la agenda del Pleno. 

“Este caso está amarrado a una narrativa del sector ultraconservador, que es hostil a los instrumentos internacionales que buscan garantizar estándares de derechos humanos. En la práctica se busca interferir en cómo los jueces toman decisiones en nuestro país”, advirtió Rotta Castilla.

Este medio intentó comunicarse con los congresistas mencionados. Desde el área de prensa de Alejandro Muñante Barrios indicaron que iban a coordinar con el parlamentario, pero no hubo confirmación hasta el cierre del informe; mientras que el congresista Wilson Soto Palacios informó que no podría atender la solicitud. Los demás no contestaron.