Este es uno de los últimos capítulos del Yacu Kallpa, el barco que en noviembre del 2015 partió cargado de madera ilegal desde Iquitos, navegó el río Amazonas, surcó el Atlántico y llegó hasta México. Lo que fue el operativo de incautación más grande de madera en el Amazonas cierra ahora parte de su historia con la desmantelación del barco involucrado, en el puerto de Campeche, al sur de México, y con un expediente fiscal en Iquitos, Perú, que corre el riesgo de ser archivado.

En el barco iban alrededor de mil metros cúbicos de madera que tenían como destino México y Estados Unidos. Y aunque la fiscalía ambiental de Iquitos ordenó en ese momento la inmovilización del cargamento, la nave continuó su ruta hasta el país del norte, y unos meses después, entre abril y diciembre del 2016, las autoridades mexicanas –a través de una serie de controvertidas acciones diplomáticas con funcionarios peruanos– decidieron devolver irregularmente la madera a un grupo de empresarios mexicanos en el puerto de Tampico, en el convulsionado estado de Tamaulipas.

Luego de un largo proceso penal, en Perú, en 2021, la fiscalía ambiental de Iquitos –a la que no se le informó sobre la devolución de madera en México– presentó ante el Poder Judicial nacional los hallazgos y requerimientos de acusación que involucran a alrededor de 80 personas, entre exautoridades del Gobierno Regional de Loreto, concesionarios forestales y empresarios madereros.

Para los implicados la fiscalía ha planteado penas de entre dos a once años de prisión, por los presuntos delitos de responsabilidad funcional por otorgamiento ilegal de derechos y tráfico ilegal de madera. Desde que inició el caso a la fecha han transitado más de cuatro fiscales.

Los motivos de la demora

El procurador en delitos ambientales, Julio Guzmán, reconoce que es legítima la preocupación de que este caso se pueda archivar debido al tiempo transcurrido, pero señala que ha sido "el único caso que ha tenido esa complejidad de la detección de un cargamento tan grande de madera”, señala a OjoPúblico.

También considera que, aunque algunos delitos del proceso podrían prescribir en lo penal, en otros casos sí es probable una sentencia condenatoria. Una situación diferente ocurrirá –explica– con las sanciones administrativas, donde se han solicitado el pago de reparaciones civiles de entre los dos y nueve millones de soles, dependiendo de la cantidad de madera de origen ilegal.

OPERACIÓN AMAZONAS. En noviembre del 2015 la fiscalía ambiental de Iquitos intervino el millonario cargamento de madera de origen ilegal en la Amazonía que iba a ser exportado a EE.UU. y México

Foto: Archivo / OjoPúblico

 

En el caso de las personas y empresas involucradas, “la mayoría ha asumido una defensa pasiva, en algunos casos niegan su responsabilidad”. Según el procurador, durante el proceso las empresas señalan que compraron la madera de “buena fe” y que por eso “no conocían el origen ilegal”.

Explica que la intervención del Yacu Kallpa se dió “días antes de la modificatoria de la ley que agrava los delitos forestales del 2015”, y que por eso, en este caso, no se aplica la ley (forestal) modificada, sino la ley anterior”. Es decir, penas de 3 a 5 años, mientras que con la modificación se eleva hasta siete años.

La intervención del caso Yacu Kallpa del 2015 se dio en el marco del decreto legislativo 1220 sobre la lucha contra la tala ilegal. El abogado experto en derecho ambiental, César Ipenza explica que esta norma permitió llevar adelante el caso, pero no iniciar “procesos de extinción de dominio porque esta otra norma es más reciente”. A ello, “hay que sumar que se ha vuelto a modificar la ley de crimen organizado, y ha hecho que esta no aplique a delitos forestales”.

Para la directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), Julia Urrunaga, que aún “no hay nadie condenado por estos casos cuando están completamente documentados con data oficial, no es información de una ong, es con data del Estado peruano. Nos preocupa mucho porque sienta un pésimo precedente”.

Lo que fue el operativo de incautación más grande de madera en el Amazonas cierra ahora parte de su historia con la desmantelación del barco involucrado,

Entre los motivos de la demora de este proceso judicial, el procurador Julio Guzmán explica la dimensión de la investigación. Señala que al tratarse del cargamento de madera más grande involucrado en una investigación criminal en el Perú; se abrió una carpeta “madre”, de la que a su vez se desprenden otras 50 carpetas más.

También señala la falta de personal para encarar el caso. “Solo hay 17 profesionales [en la procuraduría]. No solamente vemos estas 51 carpetas, también tenemos otros 37.000 casos vigentes por crímenes ambientales en todo el país”.

“Me gustaría que este caso pudiera tener la celeridad que se requiere, pero entiendo las limitaciones que tienen nuestros jueces y en particular los jueces en la Amazonía”, aclara el procurador ambiental.

Por su parte, César Ipenza, considera que los "cambios de fiscales en este caso" y "la incidencia de grupos políticos" ha afectado el avance y desarrollo de la investigación.

DESMANTELADO. El gobierno del Estado de Campeche anunció que el  desmantelamiento del Yacu Kallpa generaría puestos de trabajo en el puerto de Seybaplaya.

Foto: Página oficial de Layda Sansores, gobernadora de Campeche

 

Luego de partir a fines del 2015 desde el puerto de Iquitos, en Perú, el Yacu Kallpa navegó hasta el puerto de Tampico, en el estado de Tamaulipas, en México, a donde llegó el 26 de enero del 2016. Ahí parecía terminar la odisea del cargamento de madera ilegal que tenía la orden de inmovilización de la fiscalía peruana; sin embargo, en abril de ese año, a través de una declaratoria de abandono del gobierno de México, el barco se convirtió en propiedad de la Nación.

En ese mismo documento se anunciaba oficialmente que la embarcación se convertiría en Escuela de Enfermería Naval y que sería gestionado por el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena), responsable de la enseñanza y formación de marinos en las Escuelas Náuticas Mercantes de México. Sin embargo, eso no ocurrió porque unos años después fue trasladado a otro puerto más al sur, a Campeche, en la península de Yucatán, donde terminó desguazado como parte de un programa para la generación de empleos.

En Perú se han cambiado los procesos de supervisiones forestales y es más difícil garantizar la trazabilidad de la madera.

Según información publicada en las redes oficiales de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el barco Yacu Kallpa arribó al puerto de Campeche el 20 de enero de 2023. Ese mismo año anunció el lanzamiento del “Programa emergente de apoyo al empleo para el desguace de embarcaciones en el municipio de Seybaplaya”. Es decir, anunciaba el desmantelamiento del Yacu Kallpa.

En un video oficial, Fabián León, responsable de la seguridad del programa, describe que el 95% de los responsables del desguace del Yacu Kallpa son personas de la comunidad local del puerto de Seybaplaya. En otro video, muestran imágenes con dron del desmantelamiento. OjoPúblico solicitó entrevista al gobierno de Campeche, y aunque inicialmente confirmaron que atenderían las preguntas, pero no dieron la entrevista.

Avances y retrocesos con el caso Yacu Kallpa

Lo ocurrido en 2015 con Operación Amazonas “es histórico, un hito en el sector, no solo a nivel del país, sino a nivel global que alguien se hubiera atrevido a enfrentarse a esas redes”, dice Rolando Navarro, exdirector del Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y Fauna Silvestre (Osinfor), quien fue el responsable, junto con su equipo, de hacer las revisiones en campo y confirmar el origen ilícito de la madera que transportaba el Yacu Kallpa.

Al hacer un recuento del caso considera que en los últimos años Osinfor "ha retrocedido” porque “ha empezado a tercerizar las supervisiones y eso significa que esa empresa cuando ejecuta su actividad lo que va a hacer es tener el menor gasto posible”.

Mientras que el caso Yacu Kallpa generó que en Estados Unidos se aplicara la Ley Lacey y se bloqueara a empresas como La Oroza, una de las resposables de la madera que llevaba el barco, la situación es diferente en Perú porque, según Rolando Navarro, “estas compañías nunca han sido sancionadas en el país, ni administrativamente ni penalmente”.

Durante los últimos años, en Perú se han cambiado los procesos de supervisiones forestales y se han hecho modificaciones a las Guías de Transporte Forestal (GTP), que según Navarro, hace más difícil garantizar la trazabilidad de la madera.

En 2015, las inspecciones a cargos de Osinfor confirmaron que donde los empresarios afirmaban que habían extraído la madera había inmensos lagos o eran áreas donde los árboles no existían. “Eso significa que esa madera salió de territorios no autorizados y posiblemente de Áreas Naturales Protegidas”, precisa Rolando Navarro y explica que esta información podría permitirle al fiscal una reconstrucción de los hechos y la identificación de los responsables.

DE PERÚ A MÉXICO. La fiscalía ambiental de Iquitos tiene en sus manos el caso Yacu Kallpa, desde el 2015.

Foto: OjoPúblico / Aramis Castro

 

Para la directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental, Julia Urrunaga, fue a partir del caso Yacu Kallpa que el “gobierno norteamericano comienza a mirar con ojos más atentos las demás exportaciones del Perú y empieza a aplicar artículos del Tratado de Comercio con Perú y la implementación de la Ley Lacey”. Por ejemplo, recuerda que en el contexto de estas normas, Estados Unidos prohibió la importación de madera de Inversiones La Oroza.

Sin embargo, dice que “en el caso de Perú lamentablemente hasta el momento no vemos nada. Es más, lo que hemos visto han sido lobbies desde la industria para retroceder y para eliminar piezas que permitan la trazabilidad [de la madera]”.

“Ha habido avances e intentos de retrocesos”, resume la directora de EIA. Entre ellos, la firma de documentos del gobierno peruano con Estados Unidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC), para añadir documentos de exportación para la trazabilidad de la madera. “El gobierno de Perú se comprometió a implementar esto en el primer trimestre del 2017; pero todavía no pasa. Seguimos esperando”, señala.

Julia Urrunaga y Rolando Navarro alertan sobre la importancia de la información que las empresas deben proporcionar a la autoridad tributaria, Sunat, y a Osinfor. “Pero hay un lobby muy fuerte desde las empresas y la industria para eliminar piezas de información, para romper esa cadena”, dice la directora de EIA. A esto se le suma, explica, las exigencias de indemnizaciones de las empresas y el amedrentamiento a fiscales.

OjoPúblico conversó sobre el tema con el responsable de Forest Stewardship Council (FSC) en México, Alfonso Argüelles. Esta certificadora de madera es la más importante del mundo y ha entregado su sello a empresas como La Oroza, a pesar de que estuvo involucrada en el caso Yacu Kallpa. Él considera que “es importante saber con evidencia la decisión que tome el gobierno y si el gobierno, de cualquier país, dictamina que hubo un procedimiento inapropiado o violando la ley del país, pues no cumple con el principio número uno de FSC y en forma automática cualquier operación de este tipo queda suspendida y en su caso cancelada”. 

AÑO 2015. El Yacu Kallpa llegó a realizar 14 viajes desde el Amazonas y se convirtió en el símbolo del comercio de madera extraída de forma ilegal.

Foto: Archivo / OjoPúblico

 

Al preguntarle específicamente sobre el sello que entregaron a La Oroza, Argüelles comentó que la responsable de FSC Perú es quien podría informar sobre el caso, pero hasta el cierre de esta edición los representantes en este país no respondieron el pedido de entrevista.

En el reportaje Las grietas de la certificadora de madera más grande del mundo impactan en el Amazonas, OjoPúblico documentó que FSC mantuvo la certificación de la empresa aún cuando sus funcionarios eran investigados y Estados Unidos prohibió sus importaciones de madera.

La doctora Raquel Gutiérrez Nájera, del Instituto de Derecho Ambiental A.C de México, sostiene que “el caso de Yacu Kallpa es muy emblemático dentro de los casos de tráfico de madera desde Perú”.

Consideró relevante que en Estados Unidos ya hay empresas sancionadas, contrario a lo que ocurre en Perú. “[Esta situación] debe de preocuparnos, porque puede haber una prescripción si no hay ni detenidos ni presuntos culpables, esto puede dar origen a la prescripción del delito por el paso del tiempo y al no haber una acción penal concreta, simplemente se archiva”, expresó la líder en derecho ambiental  de México.

La ambientalista invitó a la sociedad civil “a que no abandonen el caso, a que pregunten el estatus ante el fiscal actual y que el caso pueda servir para marcar precedentes en esta materia”. Gutiérrez Nájera señala que “el hecho de que no haya justicia con el caso Yacu Kallpa, que tuvo todos los elementos de convicción, incluso hasta para activar la Interpol, mandar a detener el buque y que después no se actúe no tiene justificación lógica y esto se traduce en un mensaje de alta impunidad en Perú, de que lo puedes seguir haciendo y ahí no va a pasar nada”.

La impunidad en México 

La madera que viajaba en el Yacu Kallpa fue comprada y recuperada por los empresarios aún cuando había advertencias por parte de Interpol de que esa madera era de origen ilegal. Uno de esos compradores fue José Ernesto Ceballos Gallardo, del grupo GC. Nueve años después,José Ernesto Ceballos Ramos, hijo de Ernesto Ceballos, es presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales, A.C (IMEXFOR).

En este mismo periodo, Ceballos y su familia se mantuvieron como compradores de madera de la compañía La Oroza, involucrada en la venta de madera ilegal de la Amazonía como lo documentó la investigación Madera sin rastro, realizada por Columbia Journalism Investigations (CJI) en Estados Unidos, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y OjoPúblico.

En México tampoco las autoridades investigaron el caso ni a las empresas involucradas. Y cada vez más la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) tiene menos presupuesto e inspectores para todo el país, incluidas las aduanas en puertos, denuncian organizaciones de la sociedad civil como Causa Natura.

En el 2018, dos años después de que arribara el Yacu Kallpa en el puerto de Tampico, en México se aprobaron las reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; si bien hubo cambios, los aspectos relacionados a la importación y exportación de madera se mantuvieron igual.

Un análisis realizado por Aidée Lara Juárez, exsubdirectora de delitos federales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, identifica el papel de un grupo de inspectores de la procuraduría en los puertos de México. Al revisar otros casos de tráfico de especies o tala ilegal, identificó muchas nulidades y errores. "Se caían asuntos por los mismos inspectores”, resalta la abogada. 

Añade que un problema se debe a que en Profepa no hay expertos en las revisiones y que los inspectores no tienen la formación adecuada y reciben un bajo salario.

Sobre el tiempo transcurrido con el caso Yacu Kallpa y el riesgo de que prescriba, el presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales ( Red Mocaf), Gustavo Sánchez Valle, dice que "sería muy lamentable perder la oportunidad de sentar un precedente positivo en materia de lucha contra la impunidad en el mercado ilegal de madera”.