El último jueves, el Parlamento aprobó el proyecto de ley que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad y, con ello, genera impunidad en casos de graves violaciones a derechos humanos. A este se suman, al menos, 26 normas que reformaron la Constitución o introdujeron cambios en leyes orgánicas, que afectan la institucionalidad, y otras cinco pendientes de promulgación. Estas modificaciones tienen impactos negativos en el sistema democrático, la economía, la educación, el enfoque de género, la salud, el transporte y el medioambiente. Especialistas consideran que el Congreso trabaja en una agenda conservadora que, a la vez, busca consolidar el desbalance de poder a su favor. El Ejecutivo, en tanto, no ha mostrado interés por hacer contrapeso.

Delsy Loyola @DelLoyola delsy.loyolaj@gmail.com

7 Julio, 2024