En julio, Mila*, una niña de tan solo 11 años, denunció en una comisaría de Loreto ―la región amazónica en la que vive con su familia― que era víctima de violación sexual por parte de su padrastro y que, previamente, había sufrido tocamientos por parte de un tío al que no identificó. La menor llevaba años sometida a las agresiones sexuales: su primera denuncia policial sobre estos hechos fue en 2021. 

Luego de la última ellas, se detectó que Mila estaba embarazada. Desde entonces, la Unidad de Protección Especial (UPE) del  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) asumió el cuidado de la menor.

Aunque a mediados de ese mes se solicitó un aborto terapéutico, una junta médica del Hospital Regional ―encargada de evaluar el pedido en primera instancia― le negó el procedimiento. Semanas después, al hacerse público el caso, se dispuso el traslado de Mila a Lima, donde fue reevaluada por otro equipo médico del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) que, finalmente, aprobó la interrupción del embarazo.

Entre 2012 y 2022, 68 niñas de 10 años o menos fueron forzadas a ser madres en el Perú".

Este desenlace no ocurre con la mayoría de las niñas que atraviesan situaciones similares. De acuerdo a información a la que accedió OjoPúblico a través de un pedido sustentado en la Ley de Transparencia, solo una niña de 11 años o menos accedió al aborto terapéutico en los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa), entre 2012 y 2022.

En esa misma década, 68 niñas de 10 años o menos fueron forzadas a ser madres en el Perú, según los datos del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea. De ese total, 57 fueron atendidas en establecimientos del Minsa.

 

En cuanto al aborto terapéutico, si el análisis se remonta hasta el 2003, solo se evidencia el acceso de otra niña de 11 años o menos en el sector. Pero no es posible estimar cuántas niñas de esa edad fueron forzadas a afrontar un parto desde esa fecha, pues los datos del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea inician en 2012.

En el grupo etario de 11 a 14 años los números son todavía más alarmantes. Entre 2012 y 2022, 12.087 menores de estas edades fueron obligadas a parir. Estos alumbramientos aumentaron en un 682% en esa década. Lima (con 2.116 casos), Loreto (1.472) y Ucayali (1.126) son las regiones que acumulan más registros. Del total de casos, 11.048 fueron atendidos en establecimientos del Minsa.

No es posible contextualizar esta información con los de abortos terapéuticos de manera clara, pues los rangos de edades utilizados en el Sistema de Registro del Nacido Vivo y los del Minsa para los procedimientos autorizados son distintos. 

De acuerdo a la información analizada por OjoPúblico, 301 menores de entre 12 y 17 años pudieron acceder al procedimiento en los hospitales del Minsa durante esa década. Sin embargo, esta información no permite determinar cuántos procedimientos fueron rechazados.

 

CONFIRMACION. El 12 de agosto, luego de la evaluación de una segunda junta médica, el Minsa confirmó que se había autorizado el aborto terapéutico para Mila.

Documento: Minsa

 

Para Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), no se debe perder de vista que cualquier relación sexual con una menor de 14 años es considerada una violación, según la legislación peruana. Es decir, todos los embarazos de niñas y adolescentes menores de 14 años han sido producto de violaciones sexuales.

“Esto [que se consideren una violación sexual] tiene que ver con la madurez emocional que hay y la capacidad que tiene un menor de edad de reconocer o tener decisión voluntaria para iniciar una relación sexual. En la bibliografía internacional se establece que una relación sexual con menores de 14 años es un abuso sexual”, dice González.

Ahora bien, según la defensa legal de Mila, en más de 14 días en los que la niña estuvo bajo la supervisión de la UPE de Loreto, esta institución no activó el Protocolo Base de Actuación Conjunta para casos de violencia contra las mujeres y otros integrantes del grupo familiar. Es decir, no la derivó a un establecimiento del Minsa, ni solicitó la aplicación del aborto terapeútico. 

Debido a la insistencia de las abogadas Isbelia Ruiz y Edith Arenaza, de Promsex ―la organización que asumió el caso desde mediados de julio―, la UPE de Loreto solicitó, finalmente, la evaluación del caso al Hospital Regional. Esto ocurrió el 18 de julio. Alrededor de dos semanas después, el 3 de agosto, luego de examinar a Mila, la junta médica de dicha institución le negó el acceso al aborto terapéutico a la niña de 11 años. 

“Un embarazo en una niña, en especial de 11 años, que no está físicamente ni emocionalmente preparada, no según nosotras, sino según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, es un grave riesgo y aumenta el riesgo cuanto más avanza el embarazo”, dice la abogada de Promsex Edith Arenaza.

 

Una cadena de vulneraciones

A pesar de que el aborto terapeútico es legal en Perú desde 1924, no es sencillo acceder a este. Como se mencionó —entre 2003 y 2022, antes del caso de Mila— los hospitales del Minsa solo autorizaron el procedimiento para dos niñas de 11 años o menos.

El primer caso de este registro es de 2003. El segundo se dio más de una década y media después, en 2019. En cuanto al grupo de niñas y adolescentes de 12 a 17 años, en la década comprendida entre 2012 y 2022, 301 accedieron al aborto terapéutico. Estas cantidades, no obstante, no permiten conocer cuántos procedimientos fueron rechazados.

Para la abogada Diana Chávez, fundadora y directora ejecutiva de la Organización Proyecta Igualdad, se deben tener en cuenta varios factores que impiden el acceso al aborto terapéutico a menores que han sufrido violaciones sexuales. 

Entre 2003 y 2022 solo dos niñas de 11 años o menos lograron acceder al aborto terapéutico en los hospitales del Minsa".

“Cuando hablamos de la baja cantidad de niñas y adolescentes que solicitan un aborto terapéutico a pesar de estar 100% habilitadas para recibirlo, podríamos mencionar, por ejemplo, los factores de criminalización que reciben en la familia. Muchas veces la familia es el primer nivel en el que se desincentiva el aborto. Lamentablemente, hemos visto que esta narrativa también está fuertemente instaurada en el sistema de salud y en el sistema de justicia”, explica.

De hecho, se han registrado casos de pacientes que accedieron a abortos terapéuticos y, aún así, fueron denunciadas ante la Policía. Entre 2016 y 2021 hubo 55 de ellas, de acuerdo a una investigación de la Asociación Civil Proyecta Igualdad.  

En el de Mila, se han reportado barreras para el acceso al procedimiento. Una trabajadora de la UPE de Loreto, Lisbeth Mori, intentó desanimar a la madre de la niña de solicitar el aborto terapeútico, según una grabación que difundió un reportaje periodístico de Epicentro. “La violencia que ha sufrido tu hija no se va a sanar con el aborto que le van a aplicar”, se le oye decir a la funcionaria que, luego de la publicación del audio, fue retirada de la coordinación del centro. 

DOCUMENTO. La solicitud de acceso al aborto terapéutico fue presentada por Promsex, de acuerdo a oficio.

Imagen: OjoPúblico

 

Además, las abogadas Isbelia Ruiz y Edith Arenaza afirman que el pedido de acceso a la interrupción médica del embarazo se inició a solicitud de Promsex, no del MIMP. Esto consta en, al menos, un par de oficios que la UPE envió al Hospital Regional de Loreto en julio y agosto, a los que tuvo acceso OjoPúblico.

El MIMP, sin embargo, señaló en un comunicado que, desde que tuvieron conocimiento del caso de Mila, iniciaron un proceso por desprotección familiar y asumieron la representación legal de la menor, para garantizar su protección integral y derechos. Por ello, dicen, fueron quienes iniciaron el pedido para la interrupción médica del embarazo. 

El proceso por desprotección al que hace referencia el ministerio es el ingreso de Mila a la UPE de Loreto, a inicios de julio. Entonces, fue separada de su madre y de sus tres hermanos menores. En todo este tiempo —más de un mes—, la mujer no ha tenido contacto con su hija. Tampoco fue notificada sobre el progreso de su evaluación o su traslado a la Maternidad de Lima. “La madre no ha podido ver ni hablar con Mila, desde el 3 de julio”, explica Isbelia Ruiz, coordinadora de Litigio Estratégico de Promsex. 

Para la defensa de Mila, además, en todo momento se obvió que no solo la niña, sino también su mamá era víctima de violencia sexual, psicológica y económica por parte del mismo agresor. Tampoco, afirman, tomaron en cuenta que la mujer no sabía leer, ni escribir y, por lo tanto, le costaba entender los documentos que las autoridades le presentaban. “El Estado quiere ver, en esta familia, como víctima solo a Mila, pero la familia en conjunto ha sido víctima”, dice Isbelia Ruiz.  

CONTRADICCIONES. El MIMP afirmó que solicitó la evaluación del caso por parte de una junta médica. Otros documentos evidencian que esto se hizo a solicitud de la defensa legal de la niña.

Documento: MIMP

 

Por su parte, Johnny Guabloche, uno de los doctores del Hospital Regional de Loreto que decidió negarle el aborto terapeútico a la niña en primera instancia, sostuvo ante Epicentro que Mila quería llevar adelante el embarazo, no abortar. “Ella misma [ha dicho que quería continuar gestando] delante de la tutora [en referencia a la funcionaria de los audios]”, dijo.

“Vivimos en una sociedad en la que, tristemente, se ha naturalizado el hecho de que una niña tan pequeña sea sujeta a una maternidad forzada. De ninguna manera se podría decir que ese supuesto conocimiento, de una niña de 11 años, se ha dado de una forma libre. En qué condiciones esta niña ha dicho que sí quiere [seguir con el embarazo]. En una situación de trauma, de culpa”, afirma la abogada Diana Chávez. 

OjoPúblico se comunicó con el doctor Guabloche, el MIMP, el Minsa y la Defensoría del Pueblo para conocer más sobre sus respectivos alcances en el caso de Mila. Sin embargo, el médico no atendió las llamadas ni mensajes. Las instituciones, por otro lado, respondieron que sus pronunciamientos los estaban haciendo únicamente a través de comunicados públicos.

 

La violencia en aumento

Solo entre enero y junio de este año, los Centros de Emergencia Mujer (CEM), del MIMP, atendieron a 29.151 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de todo tipo en el ámbito nacional. El 17,2% de estos casos correspondió a menores de 6 años. El 33,7% a pequeños de entre 6 y 11 años, y el 49,1% tiene entre 12 y 17 años. Del total, 35% (10.191) fueron por violencia sexual.

En 2022, en tanto, las atenciones totales fueron a 55.144 niñas, niños y adolescentes. De ellos, el 36,7% (19.867 casos) estuvieron relacionados a violencia sexual. Si se comparan con las cifras reportadas por el portal estadístico del Programa Aurora en 2018, cuando se atendieron 8.957 casos de menores víctimas de este tipo de violencia, se observa un incremento del 121,8%. 

En cuanto a las víctimas de violaciones sexuales, entre enero y junio de este año, los CEM brindaron asistencia a 6.092 personas de todo el país. El 66,3% (4.031) de los casos correspondían a niñas, niños y adolescentes.

El año pasado, mientras tanto, las atenciones totales por este tipo de violencia alcanzaron los 11.630 casos. En el 69,6% (8.100) las víctimas fueron menores de edad. Al contrastar las cifras con las de 2018, el alza es drástica. Ese año se registraron 6.086 casos totales. De ese grupo, el 67% (4.104 casos) correspondían a niñas, niños y adolescentes. En otras palabras, las violaciones sexuales a este grupo etario aumentaron en 97,4% entre 2018 y 2022.

La misma tendencia de crecimiento se observa en el caso de las niñas y adolescentes obligadas a parir en Perú. Mientras que, en 2012, 210 niñas y adolescentes de hasta 14 años dieron a luz después de una violación, en 2022, este número se elevó a 1.621, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Linea. Es decir, aumentó 671,9%. 

Para Elisa Juarez, médica, investigadora y una de las autoras del estudio Exploring the prevalence of abortion and its characteristics in Peru, los embarazos de niñas y adolescentes suelen ser producto de violaciones sexuales repetidas o sostenidas durante el tiempo. 

“Muchas niñas que son víctimas de violencia no lo cuentan porque están asustadas, hay un tema de amenazadas, hay muchos temas alrededor. Por lo general, cuando ocurren este tipo de embarazos, estamos hablando de violaciones sistemáticas. Además, es frecuente que el embarazo se descubra cuando está bastante avanzado”, afirma.  

Por su parte, Hugo González, representante de la UNFPA, advierte que no hay que perder de vista que la cantidad de embarazos a causa de violaciones es mayor que el número de niñas y adolescentes que dan a luz a un niño vivo. 

“Debe diferenciar la magnitud con respecto al nacimiento, porque eso implica la maternidad. No todos los embarazos terminan en un nacimiento de un hijo vivo, en el camino se suscitan abortos o puede ser que el niño nazca muerto”, dice. Las cifras de la violencia son mayores de las que se conocen. 

 

Un precedente histórico

La violencia a la que estuvo expuesta Mila y las barreras que enfrentó para acceder al aborto terapéutico ocurren menos de dos meses después de un precedente histórico. El 13 de junio de este año, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que Perú violó los derechos a la salud y a la vida de Camila*, otra niña a la que no se le brindó información ni acceso a un aborto legal y seguro, en 2017.

Camila había sufrido violaciones sexuales por su padre desde los 9 hasta los 13 años, cuando quedó embarazada. Aunque la pequeña, oriunda de la región Apurímac, denunció el hecho y manifestó, en reiteradas oportunidades, que no quería seguir adelante con la gestación, el personal médico de su región no le explicó que tenía derecho a solicitar un aborto terapéutico.

Luego, presentó una solicitud de acceso al procedimiento con el apoyo de Promsex, pero fue ignorada. A contracorriente, el personal médico la instó a seguir con los controles prenatales. Cuando no asistía a los mismos, los doctores la iban a buscar a su casa, a veces acompañados por policías. La presión y la estigmatización fue tal que la pequeña abandonó, primero, la escuela y, más tarde, su comunidad.

Poco después, luego de tener un aborto espontáneo, Camila fue acusada y condenada por el delito de autoaborto. Las pruebas que sustentaron esa acusación fueron las declaraciones que había hecho sobre su deseo de no estar embarazada ni tener un hijo de su papá.

El Comité de Derechos del Niño de la ONU pidió a Perú que garantice el acceso al aborto para las niñas embarazadas".

Además de condenar al Estado peruano, el Comité de Derechos del Niño de la ONU pidió al país que despenalice el aborto en todos los casos de embarazo infantil, que garantice el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto y que modifique sus normativas sobre el aborto terapéutico, para que se cuente con un procedimiento específico en el caso de las niñas. Así, estas no serán tratadas como adultas por el sistema de salud.

A pesar de este precedente, en el Legislativo peruano, se trabajan, desde hace algún tiempo, una serie de iniciativas que complican el acceso al único tipo de aborto que es legal en el país. En abril de este año, el Pleno del Congreso aprobó la “Ley que reconoce derechos al concebido”. El proyecto fue observado por el Ejecutivo. Sin embargo, la comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó el dictamen por insistencia. El mismo se encuentra en agenda del Pleno desde junio. 

La autora de este proyecto es Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo, congresista de Renovación Popular que ostenta posturas abiertamente conservadoras y antiderechos. En distintas ocasiones se ha manifestado en contra de la despenalización del aborto y del enfoque de género. El sábado último, también mostró su desacuerdo en la decisión final del caso de Mila. 

A la de Jáuregui Martínez de Aguayo se suma otra iniciativa, “que promueve la protección del embarazo, de la madre gestante del niño por nacer y de su entorno familiar”. La misma llegó al Pleno, pero se derivó a la Comisión de Salud a través de una cuestión previa. Sin embargo, su autora, la congresista Rosangela Barbaran (Fuerza Popular) presentó una reconsideración, en setiembre del año pasado.

“Son estas personas las que están alterando el sistema, las que están permitiendo que se sigan pisoteando los derechos de las niñas, las adolescentes y todas las mujeres del Perú. Qué podemos pensar cuando son ellas mismas las que llevan la batuta en la agenda legislativa del Congreso”, finalizó Diana Chávez. 

 

*Es un seudónimo utilizado para proteger la identidad de la menor.