Tienes reportajes guardados
Por: Eduardo Goulart, Angus Peacock, Romina Colman, Sana Sbouai y Daniela Castro (OCCRP), Gianfranco Huamán, Alexander Lavilla, Nelly Luna Amancio (de Ojo Público), Valentina Lares (Armando.info), Abdelhak El Idrissi (Le Monde) y Atanas Tchobanov (BIRD).
En el segundo piso de un magnífico edificio parisino, un balcón domina la calle, a pocos pasos del Arco del Triunfo. En el interior, un elegante vestíbulo conduce a un patio lleno de plantas. En el timbre se lee "Zacarías", pero cuando llama un periodista, nadie responde. Algunos vecinos dicen que no conocen a la familia; otros señalan que no los han visto desde la pandemia.
La vivienda, aparentemente vacía, fue comprada en 2016 a través de una empresa que crearon parientes de un exministro venezolano cuya familia es acusada de manejar decenas de millones de dólares de presuntos sobornos. Este es solo uno de los ejemplos de las maniobras de latinoamericanos de alto perfil, investigados por corrupción u otros delitos, para invertir fondos en propiedades inmobiliarias francesas, revela esta investigación realizada por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCRRP), OjoPúblico, Armando.info, Le Monde y BIRD.
Otros compradores de bienes inmuebles de alta categoría incluyen al fallecido expresidente peruano Alan García, quien se suicidó el 2019 cuando iba a ser detenido en el marco de una investigación por presuntos sobornos de Odebrecht, a un venezolano investigados por presuntos negocios fraudulentos con la petrolera estatal y al hijo de un exministro brasileño, investigado también por corrupción.
En todos estos casos, salvo en uno, las personas fueron investigadas en relación con el caso Lava Jato, un escándalo de corrupción y blanqueo de capitales de origen brasileño que reveló el desvío de miles de millones de dólares de fondos públicos en negocios corruptos.
PERÚ. El fallecido expresidente Alan García, gobernó el país desde 2006 al 2011.
Ilustración: James O'Brien
El apartamento de Alan García
Luego de ejercer un mandato como presidente de Perú en los años ochenta, Alan García huyó del país en 1992 para escapar del régimen autoritario de Alberto Fujimori. Llegó primero a Colombia, donde se le concedió asilo, y más tarde comenzó a viajar a Francia.
En noviembre de 1997, García y su entonces esposa Pilar Nores compraron un apartamento de cuatro dormitorios en el lujoso XVI Distrito de París, junto con un sótano y un pequeño dormitorio independiente en la séptima planta del mismo edificio, por unos 2,5 millones de francos, valorados en unos 430.000 dólares de la época. La propiedad está situada en una tranquila calle lateral, cerca de la avenida Henri-Martin.
Pero la propiedad no fue comprada a nombre de ellos. En aquella época, García y su entonces esposa crearon una empresa llamada SCI FIDES para adquirir la vivienda, dividieron sus acciones a partes iguales y las donaron a sus cuatro hijos, todos menores de edad en ese momento salvo uno.
El Congreso peruano empezó a investigar a García por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito durante su mandato. Pero el delito prescribió en 2001 y García regresó a Perú ese año y se presentó de nuevo a las elecciones presidenciales.
La existencia de este apartamento fue dada a conocer años después por el entonces congresista Fernando Olivera en 2001, mientras García Pérez era candidato presidencial. A pesar de que se comprometió a hacerlo, García no incluyó al departamento en sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas presentadas ante la Contraloría durante su segundo periodo de gobierno (2006-2011).
Alan García no ganó ese año, pero volvió a ocupar la presidencia cinco años después. En las declaraciones de la renta o de bienes que presentó en su momento solo declaró tres propiedades en Lima. Luego, en el último año de su segundo mandato, 2011, García manifestó en una declaración jurada que no tenía bienes muebles ni inmuebles en el país ni en el extranjero.
DEPARTAMENTO EN PARIS. Rue de la Faisanderie, donde García y su mujer compraron un apartamento y una bodega.
Foto: Atanas Tchobanov / Bird
Dos años después, en octubre de 2013, el apartamento de Alan García en París fue vendido, junto con otras propiedades, por unos 1,4 millones de euros. Para entonces, el Congreso de Perú y su Ministerio Público investigaban de nuevo a García por presunto enriquecimiento ilícito en relación con sus compras de propiedades en Lima.
Tras dejar la presidencia, García también se vio envuelto en la investigación brasileña por lavado de dinero y corrupción Lava Jato. En abril de 2019 se emitió una orden de arresto preliminar de diez días contra él mientras los fiscales preparaban acusaciones de que recibió sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Se suicidó cuando estaba a punto de ser arrestado.
En reiteradas ocasiones, el expresidente señaló que la compra de este apartamento en Paris la hizo a través de una hipoteca y que el bien había sido inscrito, de manera anticipada, a nombre de sus hijos. Pero, al igual que cuando fue cuestionado por otros negocios inmobiliarios, las explicaciones dadas por García en este caso no estuvieron exentas de contradicciones y omisiones.
Los documentos a los que accedió OjoPúblico también muestran que el expresidente fundó tres empresas en Francia durante la década de 1990 y que tuvo, por lo menos, seis cuentas bancarias en el país europeo. Además, aunque García negó ante el Congreso que su exesposa Pilar Nores Bodereau tuviera alguna cuenta en el extranjero, la información proporcionada por las autoridades francesas muestra que sí abrió una en Francia en 1995.
Las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas presentadas por el examandatario ante la Contraloría General de la República entre los años 2006 y 2011 no consignan información alguna sobre propiedades o cuentas bancarias en el extranjero.
En esos cinco años, García declaró tener propiedades en San Borja, San Isidro y Lurín, pero no en Francia. Aún más, en el año final de su mandato, el expresidente dijo no tener ningún bien mueble o inmueble en el país ni en el extranjero.
Los reporteros de esta investigación enviaron preguntas al exabogado de García e intentaron ponerse en contacto con la entonces esposa de García a través del abogado de la familia, pero no recibieron respuesta.
OMISIONES. El fallecido expresidente nunca declaró esta propiedad en sus declaraciones juradas.
FOTO: Andina / Archivo
Luego de su segundo periodo de gobierno, Alan García afrontó nuevamente acusaciones de un presunto enriquecimiento ilícito. El detonante fue la compra en 2012 de un inmueble de Miraflores por el monto total de 830 mil dólares. Tanto el Ministerio Público como el Congreso de la República decidieron investigarlo para determinar si su patrimonio se había incrementado de manera irregular.
En el caso del Ministerio Público, el entonces fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, decidió archivar, en diciembre del 2013, la investigación seguida contra García por presunto enriquecimiento ilícito.
Para ello, Peláez Bardales utilizó como principal insumo un informe financiero que analizó solo el periodo comprendido entre enero de 2006 y mayo de 2013. La adquisición de propiedades de París, por ejemplo, no fue incluida. “La adquisición del inmueble antes mencionado no formará parte de la determinación patrimonial por encontrarse fuera del alcance del periodo de investigación”, señaló el informe.
Las ventas del departamento (que adicionalmente tenía un dormitorio en otro piso y una bodega) fueron realizadas el 23 de octubre de 2013. Una semana después, el 30 de octubre, Alan García acudió a un interrogatorio programado por la Comisión presidida por Sergio Tejada en el Congreso.
Allí, Tejada le preguntó a García si la hipoteca del departamento se había terminado de pagar o no. “No, todavía no está saldado [el crédito]. Se sigue pagando mensualmente”, respondió el expresidente en aquella ocasión.
Sin embargo, esta declaración era contraria a lo que había informado él mismo al Ministerio Público dos meses atrás. En el escrito presentado en agosto del 2013, García dijo que el crédito ya había terminado de pagarse y que había un saldo de 40 mil euros en la cuenta bancaria utilizada para pagar el crédito.
El fiscal de la Nación Peláez Bardales recogió lo dicho por García. De hecho, en su decisión que mandó al archivo la investigación por enriquecimiento ilícito, sostuvo que la cuenta en el Banque Populaire Rives de Paris y el dinero de esa cuenta no debía ser tomada en cuenta para el análisis del patrimonio del expresidente. Su explicación fue que solo había sido usada para el pago de la hipoteca y, además, esta ya había sido cancelada.
Los parientes de un ministro en Venezuela
En esta investigación el equipo de periodistas descubrieron que familiares cercanos de Haiman El Troudi, exministro de Transporte de Venezuela, poseen un apartamento de 2 millones de euros en París. El Troudi fue ministro de 2013 a 2015 y luego diputado entre 2015 y 2020.
El apartamento, ubicado en la exclusiva Rue du Faubourg Saint-Honoré, figura a nombre de una empresa registrada en París –Saint Mathis 238, rebautizada como SCI Republic– que se creó en 2016. Los propietarios de la empresa son la suegra de El Troudi y su hijo.
VENEZUELA. Haiman El Troudi, exministro de Transporte entre 2013 y 2015.
Ilustración: James O'Brien
Un par de años antes de la compra del apartamento, decenas de millones de dólares en presuntos sobornos de Odebrecht, la constructora brasileña en el centro del escándalo Lava Jato, fluyeron hasta múltiples cuentas bancarias que estaban controladas por la esposa de El Troudi, María Eugenia Baptista Zacarías, y su suegra, Elita del Valle Zacarías Díaz, según investigadores europeos.
Un documento de 2020 –sobre el que informaron los medios Miami Herald y Armando.info– muestra que investigadores portugueses creían que la esposa de El Troudi estaba detrás de una empresa offshore registrada en Panamá, Cresswell Overseas S.A., que había recibido más de 90 millones de dólares en supuestos sobornos de Odebrecht.
Otra serie de documentos procedentes de Suiza, consultados por los periodistas, muestra que las autoridades helvéticas habían descubierto que la esposa y la madre de El Troudi controlaban ocho cuentas bancarias en el país, en las que había un total de 42 millones de euros. Las autoridades vincularon ciertos pagos a contratos para construir el sistema de metro de Caracas, que El Troudi supervisaba.
DE LUJO. Rue du Faubourg Saint-Honoré, en París.
Foto: Audrey Travère
La Fiscalía General de Venezuela declaró públicamente en julio de 2017 que citaría a las dos mujeres por su presunta implicación en la trama de sobornos. En 2018 un juez venezolano desestimó el caso contra la esposa y la suegra de El Troudi. El fiscal asignado al caso dijo que se tuvo que exiliar ese mismo año. No consta que El Troudi haya enfrentado alguna acusación.
Las autoridades portuguesas y venezolanas no respondieron a cuestionarios sobre la situación del caso. La Fiscalía General de Suiza declinó hacer comentarios.
Los periodistas intentaron ponerse en contacto con El Troudi por mensaje de texto y dejaron cartas en las direcciones de su familia que figuran en documentos franceses, pero no obtuvieron respuesta.
La propiedad de París no está lejos de los históricos Campos Elíseos y del Arco del Triunfo. Cuando los periodistas la visitaron, encontraron el nombre Zacarías en el timbre de un apartamento aparentemente vacío.
El empresario venezolano investigado por blanqueo de capitales
Los registros de la propiedad muestran que Luis Oberto, un empresario venezolano presuntamente investigado por blanqueo de capitales, compró múltiples propiedades de elevado coste en la isla francesa de San Bartolomé, en el Caribe.
Una de las empresas, Bucefalus, se creó en 2012. Desde finales de ese año hasta principios de 2013, compró un terreno y dos propiedades conectadas –una casa principal y una unidad más pequeña– en San Bartolomé por un total de 19,9 millones de euros.
Otra empresa, Ganesha, que Oberto comparte con su esposa, se fundó en 2008 para adquirir una villa de tres dormitorios en San Bartolomé por 2,24 millones de euros. En 2013, cambió esta propiedad, más 9 millones de euros, por una villa de tres dormitorios junto a la playa por valor de 11,4 millones de euros. Esta propiedad cuenta con piscina, jardín y terraza cubierta.
Los registros franceses muestran que las propiedades de Ganesha y Bucefalus en San Bartolomé fueron incautadas por las autoridades francesas en febrero y marzo de 2022 como parte de una investigación sobre lavado de dinero dirigida por la Fiscalía de París.
VENEZUELA. Empresario Luis Oberto, presuntamente investigado por blanqueo de capitales.
Ilustración: James O'Brien
Según un reportaje de 2019 del Miami Herald, Luis Oberto y su hermano han sido investigados por blanqueo de dinero en Estados Unidos. El artículo citaba fuentes conocedoras de la investigación que afirmaban que los hermanos eran sospechosos de recibir miles de millones de dólares en cuentas a través de préstamos falsos a la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Más de 4.800 millones de dólares habrían sido supuestamente desviados a través de esta trama.
Funcionarios de Estados Unidos no respondieron a un cuestionario sobre el caso. Los registros judiciales estadounidenses no muestran ningún caso abierto.
El año pasado, el fiscal de Venezuela afirmó que se había emitido una orden de arresto contra Oberto y su hermano, pero no ha habido más detalles. Las autoridades venezolanas no respondieron a las peticiones de comentarios sobre el caso.
Los abogados de los hermanos Oberto no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Brasil: El hijo de un exministro implicado en Lava Jato
Los periodistas descubrieron que Márcio Lobão, hijo de un exsenador brasileño, poseía un apartamento de 110 metros cuadrados y tres habitaciones en pleno centro de París.
Las autoridades brasileñas presentaron en 2019 cargos por blanqueo de capitales y corrupción contra Márcio Lobão y por corrupción contra su padre, Edison Lobão, por haber recibido supuestamente unos 50 millones de reales (12 millones de dólares) de Odebrecht y la empresa de gestión de residuos Estre Group en relación con el escándalo Lava Jato.
Márcio fue detenido brevemente, pero su padre no fue arrestado. Los dos están siendo juzgados en el Tribunal del Distrito Federal de Brasil.
BRASIL. Márcio Lobão, hijo del exsenador Edison Lobão, ambos acusados en el 2019 por blanqueo de capitales y corrupción..
Ilustración: James O'Brien
En enero de 2021 Márcio y su hermano Edison Filho también fueron objeto de un registro e incautación, resultado de la investigación que había provocado la detención de Márcio en 2019. No se presentaron cargos contra Filho y la situación actual del caso no está clara.
El inmueble parisino, situado cerca de una tienda de Gucci en el acaudalado VI Distrito, fue adquirido por 1,4 millones de euros en octubre de 2008 a través de la empresa de Márcio Lobão SCI Guignard, de la que también eran socios sus hijos y su esposa. El edificio, de estilo clásico Haussmann parisino, cuenta con un patio interior.
Cuando los periodistas visitaron la propiedad en abril de 2023, encontraron un timbre con la inscripción "Guignard", pero nadie respondió cuando llamaron. Un vecino confirmó que a veces Márcio podía ser visto en el apartamento y recordó que la última vez fue en febrero pasado. La propiedad no se menciona en documentos judiciales del caso Lava Jato consultados por los periodistas, aunque la decisión judicial que autorizó la detención de Lobão muestra que hizo depósitos en cuentas bancarias que tenía en Francia.
El abogado de Lobão afirmó que su cliente había declarado correctamente todos sus bienes. También subrayó que Lobão no había sido declarado culpable de ninguna de las acusaciones en el escándalo Lava Jato y sostuvo que la cifra de 50 millones de reales declarada por el fiscal era "incorrecta".
"Es importante señalar que la Fiscalía General no ha conseguido probar ninguna de sus acusaciones hasta ahora", dijo.
PROPIEDAD.La entrada al edificio del Distrito 6 de París donde Lobão posee un apartamento
Foto: Audrey Travère
Francia: destino atractivo para el dinero sucio
La abundancia de propiedades de lujo, sobre todo en París y en la Costa Azul, convierten a Francia en un destino atractivo para el dinero sucio. Aunque el país cuenta con registros de la propiedad relativamente abiertos, quienes combaten la corrupción denuncian que la laxitud en la aplicación de la ley y las lagunas jurídicas existentes permiten utilizar la compra de propiedades para blanquear dinero y ocultar fondos ilícitos.
El resultado es que se mantienen en el anonimato a los dueños de más de dos tercios de los bienes inmuebles de Francia que son controlados a través de empresas, analiza la organización Transparencia Internacional y el Anti-Corruption Data Collective en un informe basado en los datos disponibles sobre compañías francesas y propiedad inmobiliaria.
"Sabemos desde hace tiempo que los bienes inmuebles franceses de lujo son una propiedad muy codiciada por delincuentes y corruptos que buscan ocultar y limpiar sus ganancias de origen indebido. Las medidas de transparencia de los últimos años deberían haber cambiado las reglas de juego, pero nos queda un largo camino para garantizar que estas herramientas alcancen todo su potencial", declaró Maíra Martini, experta en flujos de dinero corrupto de esta organización internacional.
BENEFICIARIOS. Cifras revelan la opacidad en el sistema inmobiliario francés, según un informe publicado por Transparencia Internacional Francia y el Anti-Corruption Data Collective.
Ilustracioń: Edin Pasovic / OCCRP
William Bourdon, abogado francés y defensor de la lucha contra la corrupción, afirmó que el "prestigio" de lugares como París, la isla caribeña de San Bartolomé y la Costa Azul puede favorecer el lavado internacional de capitales. "El resultado es un mercado inmobiliario especialmente atractivo, que permite blanquear sumas considerables", añadió.
Los hallazgos de esta investigación exponen la importancia de los registros de "titularidad real" o de “beneficiarios finales”, que muestran quién posee qué. Esta información es crucial en la base de datos, pero en algunos países los datos de estos registros se han vuelto más difíciles de obtener después de que el año pasado el Tribunal Supremo de la Unión Europea invalidó las normas que obligaban a los Estados a mantener disponible esta información.
Ocho miembros de la Unión Europea cerraron inmediatamente sus registros al público luego de esta decisión. Francia restringió inicialmente el acceso, pero luego anunció que el registro permanecería abierto "a la espera de la adopción de un nuevo marco jurídico" en la Unión Europea.