EN PELIGRO. Medida anunciada por la Fiscalía de la Nación pone en riesgo casos emblemáticos de corrupción.

Los Cuellos Blancos: Fiscalía de la Nación desarticula oficina de peritajes cuando hay aún audios por analizar

Los Cuellos Blancos: Fiscalía de la Nación desarticula oficina de peritajes cuando hay aún audios por analizar

EN PELIGRO. Medida anunciada por la Fiscalía de la Nación pone en riesgo casos emblemáticos de corrupción.

Ilustración: OjoPúblico / Jhafet Ruíz

El Ministerio Público anunció la reestructuración de la Oficina de Peritajes. De acuerdo a un documento interno, su función ya no será la de emitir pericias sino elaborar manuales y guías, y será un nuevo órgano de asesoramiento del despacho de la Fiscalía de la Nación. Todo esto ocurre cuando aún están pendientes muchas transcripciones de los audios del caso Los Cuellos Blancos y en la misma semana en la que se conoce que la Junta Nacional de Justicia investiga a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, por sus presuntos vínculos en llamadas a Los Cuellos Blancos. OjoPúblico da detalles del informe enviado a fines del 2020 por la policía a la fiscalía, donde se detalla la existencia de estas llamadas, entre mayo y junio del 2018, entre la entonces fiscal adjunta suprema Benavides y el empresario Antonio Camayo.

5 Marzo, 2023

Actualización: 7 de marzo de 2023 - 14:00 m.

 

Durante el último año, la Oficina de Peritajes del Ministerio Público —encargada de realizar estudios técnico-científicos requeridos por las fiscalías especializadas de todo el país— experimentó una crisis que ha desembocado en su inminente extinción y ahora amenaza con afectar el proceso de casos emblemáticos contra la corrupción en el sistema de justicia peruano: Los Cuellos Blancos.

Una serie de hechos registrados esta semana y asociados a este caso han expuesto la importancia y sensibilidad de esta oficina especializada. El lunes 27 de febrero, el gerente de esta oficina, Augusto Bambarén Arteaga, informó en un oficio dirigido a todas las fiscalías del Perú, la suspensión de las atenciones periciales. Al día siguiente, la Fiscalía de la Nación hizo pública esta decisión. 

El miércoles 1 de marzo, la fiscal de la nación, Patricia Benavides dijo a través de un video enviado a diversos medios de comunicación que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) había iniciado una investigación en su contra por presuntas llamadas que la vinculan al caso Los Cuellos Blancos.

La Oficina de Peritajes tiene a su cargo, precisamente, la transcripción de los audios seleccionados del caso que investiga la presencia de redes criminales dedicadas a la corrupción al interior del sistema de justicia.

El fiscal Jorge Díaz Cabello, coordinador del Equipo Especial de Los Cuellos Blancos, precisó en una entrevista con Canal N, que de los 63.615 audios registrados como parte de la investigación, al 31 de enero, un equipo de peritos ya había realizado la escucha y selección de archivos. Sin embargo, aún están pendientes la transcripción de estos audios, tarea en la que están participando los peritos lingüísticos.

Los miles de audios de este caso fueron registrados con autorización judicial. El listado de un grupo de estas llamadas fue reportado el 31 de diciembre de 2020 por la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía y puesta en conocimiento del Ministerio Público a través de un oficio.

En dicho documento, al que OjoPúblico tuvo acceso en su integridad, la Diviac informa a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en crimen organizado, liderado entonces por Rocío Sánchez, que se habían encontrado llamadas telefónicas entre la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el empresario Antonio Camayo.

 

REPORTE. Informe de la policía, recibido en diciembre del 2021 por el Ministerio Público, donde constan llamadas entre Antonio Camayo (Los Cuellos Blancos) y Patricia Benaides.
 

En el oficio 496-2020-Dirnic-PNP/Diviac-Depaptec, firmado por el Mayor PNP Evaristo Florez Cruz, se da cuenta del “análisis de disco y el levantamiento del secreto de la comunicaciones” de varios investigados en el caso Los Cuellos Blancos, entre ellos Camayo, entonces gerente general de Iza Motors.

El reporte de la policía detalla que las llamadas se realizaron entre mayo y junio de 2018, un mes antes de que se conocieran los primeros audios entre Walter Ríos y César Hinostroza. En esa fecha, Benavides se desempeñaba como fiscal adjunta suprema, encargada del Área Especializada de la Fiscalía de la Nación en Denuncias contra Magistrados.

OjoPúblico reveló la existencia de este documento en septiembre del año pasado y el 1 de marzo de este año, se conoció que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) había comenzado una investigación contra la actual fiscal de la nación por presuntamente haber realizado cambios en el equipo especial de fiscales que investiga Los Cuellos Blancos —a finales de julio de 2022— motivada por la existencia de comunicaciones entre ella y los integrantes de esa presunta organización criminal. 

Patricia Benavides no ha reconocido la existencia de las llamadas y al ser consultada sobre el tema para la publicación anterior, en su despacho señalaron, a través de su asesor de prensa, que “dentro de la documentación oficial del Ministerio Público, correspondiente al caso denominado Los Cuellos Blancos del Puerto, no existe tal registro de llamadas telefónicas”.

Camayo y Patricia Benavides

PROCESO. La Junta Nacional de Justicia inició una investigación preliminar contra Patricia Benavides por llamadas que la vinculan al caso Los Cuellos Blancos.
Ilustración: OjoPúblico / Jhafet Ruíz

 

El caso Los Cuellos Blancos salió a la luz el 7 de julio de 2018, cuando IDL Reporteros difundió un primer grupo de grabaciones telefónicas entre Walter Ríos, entonces presidente de la Corte Superior del Callao, César Hinostroza, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema y miembros del defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila, Orlando Velásquez, Iván Noguera y Julio Gutiérrez.

Los audios –difundidos e investigados también por OjoPúblico como parte luego de una alianza con La República– revelaron redes de corrupción que buscaban la designación o ascenso de jueces y fiscales a cambio de beneficios particulares. En las comunicaciones se escucha negociar rebajas de penas y otros favores judiciales en desmedro del interés público. 

En este caso también estaban involucrados fiscales supremos como Pedro Chávarry, Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez Monteza; empresarios como Edwin Oviedo, Mario Mendoza y Antonio Camayo, entre muchos otros funcionarios públicos y empresarios.

empresarios

DETENIDOS. Mario Mendoza Díaz (izq.) y Antonio Camayo Valverde (der.) fueron detenidos el 29 de julio del 2018.
Foto: Diviac / Archivo
 

 

Suspensión de las atenciones 

El documento enviado por el gerente de peritajes, Augusto Bambarén Arteaga, a los despachos fiscales, el 27 de febrero, precisa que, en adelante, todos los nuevos requerimientos de estos servicios deben realizarse “a través de gestiones con las Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores a nivel nacional y/o Coordinaciones Nacionales de las Fiscalías Especializadas, de manera que se garanticen las atenciones prioritarias y urgentes”. 

Al día siguiente, el Ministerio Público, dijo en sus redes sociales que el servicio de peritaje atendía “de forma ininterrumpida”. Sin embargo, fuentes fiscales explicaron a OjoPúblico que lo dicho por la Fiscalía no era exacto, ya que a la fecha los peritos no están atendiendo nuevas solicitudes y la orden que tienen desde hace varias semanas es que estas se devuelvan, entre ellas, las involucradas en el caso Los Cuellos Blancos. 

La Oficina de Peritajes —creada en julio de 2019, como un órgano de apoyo de la Gerencia General del Ministerio Público— tiene entre sus funciones proponer la designación de peritos y participar en diligencias, además de emitir informes técnicos y/o periciales. Anteriormente, formaba parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a cargo de los diagnósticos científicos en personas vivas, cadáveres, restos humanos y muestras a través de las ciencias e investigaciones forenses.

Entre el 2018 y 2019, esta oficina se encargó de analizar los equipos telefónicos de los principales involucrados en Los Cuellos Blancos.

Los informes de la Oficina de Peritajes abordan campos forenses diversos, como la antropología, fonética, lingüística y acústica, análisis digital, balística, grafotecnia, contabilidad, escena del crimen, materia ambiental, ingeniería civil, y accidentología vial.

Entre el 2018 y 2019, esta oficina se encargó de analizar los equipos telefónicos de los principales involucrados en el Caso Los Cuellos Blancos, como César Hinostroza y Antonio Camayo. Su creación coincidió con la etapa inicial del caso Los Cuellos Blancos.

El 2020, tras las masivas protestas contra el régimen de Manuel Merino, peritos de esta oficina determinaron que los jóvenes estudiantes Inti Sotelo y Bryan Pintado murieron impactados por perdigones de plomo disparados por escopetas. Según fuentes del sector, esta oficina también ve –junto a los peritos del Instituto de Medicina Legal– algunas investigaciones de las muertes ocurridas en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. 

La oficina tiene una sede central, localizada en Lima, y otra sede descentralizada, en Madre de Dios. Esta última cuenta, desde enero de 2020, con un laboratorio que contribuye a investigaciones contra la criminalidad organizada y delitos ambientales, entre otros. 

Falta de personal y carga elevada

La Oficina de Peritajes se creó con alrededor de 20 peritos, luego esta cantidad se fue incrementando al igual que la demanda de sus servicios por parte de las fiscalías. 

De acuerdo a información del Sindicato Único de Peritos y Profesionales del Ministerio Público de Lima y Callao (Supepminpu), hasta diciembre del año pasado, el órgano contaba con 114 trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y 200 peritos y administrativos contratados mediante locación de servicios.

De acuerdo al sindicato, los 200 contratos de locación de servicios no fueron renovados, por lo que el gremio pidió una reunión con la Fiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas. Su solicitud fue derivada a la gerenta general del Ministerio Público, Edelmira Barrantes Pérez, quien —de acuerdo a fuentes del sector— no respondió a sus interrogantes.

Peritajes

PARALIZADO. Sede de la Oficina de Peritajes, que depende de la Gerencia general del Ministerio Público, en Breña.
Foto: OjoPúblico / Jonathan Hurtado

 

Un informe interno de la Oficina de Peritajes, con fecha 2 de febrero y al que accedió OjoPúblico, expone que esta área ha enfrentado una serie de recortes de personal desde el 2022. Además, se reporta el traslado de personal y falta de renovación de contratos

El informe interno fue enviado por el coordinador de Servicios Periciales, Miguel Ángel Carrera Muñoz, al gerente de la oficina, Augusto Bambarén Arteaga. El documento expone una demanda no atendida de servicios que se multiplicó casi por ocho en los últimos cuatro años. En el 2022, más de 6.900 pericias quedaron sin atender por la oficina.

El 2021, el sindicato de trabajadores pidió que la Oficina de Peritajes se declare en estado de emergencia, debido a la falta de personal, materiales y equipos. Al año siguiente, estas demandas fueron parcialmente atendidas, pero al gremio le seguía preocupando la alta rotación de personal y la falta de equipos especializados.

En un oficio, enviado a la Fiscal de la Nación a principios de este año, el sindicato alertó un “exceso de carga pericial en el 90% de las áreas”.

El 2019, la oficina recibió 1.693 pedidos de servicios periciales, de estos, lograron atender 1.432 a través de informes. En 2022, los pedidos ascendieron a 13.297, y solo se pudo responder a 6.364 de ellos. Es por eso, que en su carta, el sindicato pedía que se adopten “medidas correctivas inmediatas” para no caer en responsabilidades de tipo administrativo o penal. 

Un informe de la Oficina de Racionalización y Estadística, con fecha 21 de febrero de este año, reconoce las limitaciones de personal, y agrega además posibles deficiencias en cuanto a gestión y “organización funcional interna” de la oficina. Sin embargo, su propuesta ante ello es que se elimine la oficina y se cree una “Oficina Técnica de la Labor Pericial”, como unidad orgánica de asesoramiento del Despacho de la Fiscalía de la Nación, con un carácter técnico-normativo. 

Sindicato

FALTA DE PERSONAL. Fragmento de la carta que envía el sindicato a la Fiscal de la Nación. La demanda de más personal es una constante.
Imagen: Captura de carta del sindicato de peritos.

 

Cambios en el organigrama

OjoPúblico tomó conocimiento de que la propuesta de una nueva oficina ya cuenta con un borrador de resolución que cambia su lugar en el organigrama del Ministerio Público. Su función ya no será la de hacer peritajes sino mejorar los servicios que brindan los peritos en el ámbito nacional, mediante la formulación de estrategias de gestión institucional, elaboración de manuales, normas y guías de actuación policial. 

El borrador establece además que será una atribución del presidente de las junta de fiscales superiores del distrito fiscal, “la dirección de la labor pericial a excepción de las relacionadas a medicina legal en coordinación con la Oficina Técnica de la Labor Pericial”. 

En conversación con este medio, una fuente del sector señaló que, a pesar de las numerosas carencias, la Oficina de Peritajes cumple un papel medular en las investigaciones, como en el caso Cuellos Blancos.

Por su parte, Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado, dijo a OjoPúblico que debido al centralismo, se depende de Lima para hacer pericias. 

Algunas fiscalías especializadas como la de crimen organizado cuenta con peritos propios —según Chávez Cotrina— por lo que no requieren los servicios periciales de la oficina de Lima.

Sin embargo, con esta descentralización de la oficina de Peritajes y la creación de un órgano menos técnico, no se sabe cómo quedará el proceso de transcripción de los audios involucrados en el caso Los Cuellos Blancos a cinco años de haberse iniciado las investigaciones.

 

Análisis digital forense

El colapso de la Oficina de Peritajes ha afectado notoriamente al área de Análisis Digital Forense (ADF). Según el informe del 2 de febrero, el área pasó de tener más de 30 peritos en el 2022, a contar solo con cuatro a inicios de ese mes. 

El área de Análisis Digital Forense fue afectada por la corrupción. El entonces jefe del área, Helmut Rodríguez Meza, fue detenido en diciembre del 2022 porque se descubrió que cobraba sobornos a investigados para eliminar información incriminatoria en los equipos que analizaba. 

Rodríguez Meza se contactó con Fermín Silva Cayatopa, dueño de la clínica La Luz, para favorecerlo eliminando evidencias incriminatorias en el caso Petroperú. El empresario reconoció haber entregado S/ 45.000 a Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno, con el fin de que se designe al economista Hugo Chávez Arévalo como gerente general de la petrolera nacional. El exjefe de ADF también se comunicó con involucrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Actualmente, Rodríguez Meza se encuentra con prisión preventiva por un año. Los miembros del sindicato señalan que el caso de Rodríguez Meza está siendo usado para justificar un eventual cierre o fragmentación de la Oficina de Peritajes.

Informe

INFORME INTERNO. Demandas desatendidas por la oficina, el caso Los Cuellos Blancos es uno de los casos que genera preocupación.
Imagen: Captura del informe

 

Fiscales preocupados por la suspensión

Los datos del colapso, que se muestran en el informe interno, no aparecen en el oficio donde la oficina informa la suspensión de sus servicios periciales ni en el comunicado del Ministerio Público.

Además de implicar un riesgo para carpetas fiscales en curso, la creciente brecha en la capacidad de respuesta, según alertaba Carrera Muñoz a inicios de febrero, tiene un agravante: “Muchas de esas investigaciones se encuentran con plazos vencidos, por vencer, corresponden a casos con reo en cárcel o se consideran casos emblemáticos de connotada y mediática relevancia a nivel país”.

La suspensión de los servicios de la Oficina de Peritajes genera preocupación entre algunos fiscales, quienes señalan que aunque es razonable que se busque una reestructuración, esta no se puede realizar sin un plan de contingencia. 

Fiscales que prefieren no ser identificados para evitar represalias, calificaron la medida de “terrible” porque las fiscalías se verán “paralizadas”. Advirtieron que ningún juez les va a aceptar que no presenten pericias. 

Laboratorio

LABORATORIO. Sede del Instituto de Medicina Legal en Lima, el laboratorio forense ambiental ocupa una pequeña parte.
Foto: OjoPúblico / Jonathan Hurtado

 

Uno de ellos comentó a OjoPúblico, que por ejemplo, el futuro del Laboratorio forense ambiental —que se encuentra en la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la primera cuadra del jirón Raymondi, en Lima— es incierto. Sus analistas trabajan con el Equipo Forense en Materia Ambiental (Efoma) de la Oficina de Peritajes. 

Este laboratorio determina parámetros de calidad ambiental de las muestras recolectadas en las pericias ambientales a nivel nacional, y sus informes sirven para el esclarecimiento de hechos referidos a delitos ambientales que investigan las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA). Existe incertidumbre sobre con qué dinero se van a costear los peritajes, en el caso de las pericias ambientales estas pueden costar en promedio unos 8 mil soles a todo costo, señala una fuente. 

En la región Madre de Dios trabajan nueve peritos CAS. Recientemente no fueron renovados cuatro peritos terceros, informó una fuente. Estos peritos trabajan con las FEMA, y otras fiscalías como la Antidrogas, la Penal y la Anticorrupción. 

El área de Biología aún no está implementada, por lo que algunas muestras, como las de agua, se tienen que enviar a Lima. Desde la capital, por la falta de personal e insumos, las muestras pueden demorar en volver. 

OjoPúblico se comunicó con Augusto Bambarén Arteaga, gerente de Peritajes, para conocer más detalles sobre los diversos problemas que afronta la Oficina de Peritajes. En principio, este solicitó el envío de un cuestionario por correo electrónico. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no se obtuvo respuesta.

 

Nota de redacción: El viernes 3 de marzo, a las 19:47 de la noche, en pleno cierre del reportaje y luego que el equipo de OjoPúblico realizara diversas entrevistas, entre ellas a fuentes fiscales cercanas a la fiscal de la Nación, el gerente general de la Oficina de Peritajes, Augusto Bambarén envió un nuevo oficio a todos los distritos fiscales en el que deja sin efecto el oficio del 27 de febrero y anuncia que “continuarán atendiendo las solicitudes periciales”. Para este reportaje se solicitó reiteradas veces entrevistas con representantes del Ministerio Público, entre ellos al gerente de Peritajes, Augusto Bambarén; la gerenta general, Edelmira Barrante; y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Sin embargo, ninguno respondió.

 

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