A 20 años del inicio del proceso de descentralización —que se inició el 17 de noviembre del 2002 con la elección de gobernadores en 25 regiones— los peruanos nos preparamos para acudir a las urnas el próximo 2 de octubre con desazón. 

Si entre los años 2006 y 2013 se creyó que desde las regiones surgirían liderazgos que renovarían la política nacional, lo cierto es que, como anota el politólogo Martín Tanaka en una columna publicada en el diario El Comercio, cada vez son más los gobernadores regionales investigados y encarcelados por actos de corrupción. 

De las 25 autoridades regionales electas hace cuatro años, el 84% (21) tiene investigaciones en curso en el Ministerio Público. Ocho de ellos ya no ejercen sus cargos porque fueron separados por sentencias, están prófugos o tienen prisión preventiva. Y, ampliando el mapa de la corrupción a los municipios, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha contabilizado que, entre 2002 y junio del 2022, hay 3.976 autoridades regionales y municipales electas involucradas en procesos de corrupción. 

Tras cinco procesos electorales en las regiones, queda claro que lo que se ha descentralizado es la corrupción. César Álvarez y Gregorio Santos, exgobernadores de Áncash y Cajamarca, respectivamente, son dos nombres que la mayoría de peruanos conocemos bien, aunque no hayamos vivido en esas regiones cuando eran autoridades. 

De las 25 autoridades regionales electas hace cuatro años, el 84% tiene investigaciones en el Ministerio Público.

Álvarez formó en Áncash una peligrosa red criminal para seguir en el poder más allá de su periodo (2007-2014); mientras que Gregorio Santos creó una organización criminal conformada por sus funcionarios para direccionar licitaciones a empresarios a cambio de sobornos, entre los años 2011 y 2012. 

Casi desde el inicio de su gestión en el 2019, Francisco Pezo Torres (Ucayali) conformó una organización criminal en el gobierno regional que presidía con fines similares al de Santos. Elmer Cáceres Llica, desde Arequipa, hizo lo propio al interior de su consejo regional para evitar ser fiscalizado. 

Además de corrupción, la inoperancia y la falta de eficacia en el gasto público desde los gobiernos regionales —por falta de fortalecimiento institucional y la capacitación de sus funcionarios— ha dificultado superar desastres, como en Piura, donde a más de cinco años de la peor inundación de su historia, continúa siendo un pendiente el desarrollo de obras para superar la vulnerabilidad de la región frente a las lluvias y el desborde de ríos. 

La descentralización nacional es un proceso fallido, que transfirió recursos sin competencias, y que se seguirá agravando mientras no haya decisión política desde el Congreso y el Gobierno Central para replantear el modelo. No es, por supuesto, responsabilidad exclusiva del gobierno de turno, ya han transcurrido dos décadas de la creación de los gobiernos regionales, pero la reforma al diseño de este proceso parecen lejanos. Por el contrario, parece que los procedimientos de las mafias al interior de los gobiernos regionales se han replicado en el entorno del presidente Pedro Castillo como indicaba el politólogo Gonzalo Banda en una reciente entrevista con este medio. 

La descentralización nacional es un proceso fallido, que transfirió recursos sin competencias.

¿Qué nos queda entonces por hacer a los electores? Desde el periodismo, la sociedad civil y organismos nacionales han surgido iniciativas para brindarnos información sobre los antecedentes de los candidatos a los gobiernos regionales y municipales y ayudarnos así a decidir nuestro voto.

Desde la Red Investigativa Regional de OjoPúblico hemos realizado hasta la fecha 15 informes sobre los antecedentes de los candidatos a gobernadores en Madre de Dios, Áncash, Lambayeque, Cusco, Apurímac, Piura, Loreto, Arequipa, Puno, Junín, San Martín, La Libertad y Ucayali; así como de la situación jurídica de las actuales autoridades regionales, la relegada presentación de la cuota indígena y la falta de propuestas claras entre los postulantes del corredor minero del sur. 

El panorama electoral es alarmante, en todas las regiones mapeadas hay candidatos con investigaciones fiscales por diversos delitos, entre los que se incluyen casos de corrupción, y vínculos con actividades ilícitas como el narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal que, de ser electos, tendrán que fiscalizar.  

El panorama electoral es alarmante, en las regiones mapeadas hay candidatos investigados.

En Madre de Dios, donde la deforestación avanza aceleradamente a causa de la minería y la tala ilegal, hay postulantes que tienen nexos con actividades que han contribuido a la depredación de sus territorios. Un escenario similar ocurre en Ucayali, donde hay candidatos que tienen acciones en empresas dedicadas a la extracción y procesamiento de la palma aceitera cuando es la expansión de este insumo lo que ha generado conflictos entre las empresas procesadoras y comunidades indígenas.

En Áncash llama la atención que seis de los siete candidatos al cargo de gobernador declaren que no poseen vivienda a su nombre y, en algunos casos, ni vehículos. El 2013, cuando el Ministerio Público comenzó a investigar César Álvarez, no encontró ningún bien inmueble o mueble a su nombre. Sin bienes ni dinero en cuentas bancarias, la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito terminó archivada ese año porque no se le pudo probar desbalance patrimonial.

Entre los ocho candidatos al gobierno regional de La Libertad, sobresale César Acuña Peralta que, de acuerdo a un audio difundido por Epicentro TV, buscaba que se priorice un proyecto desde el Congreso para favorecer su candidatura y asegurar así que su partido siga en el poder de esta región norteña. Además del líder de APP, quien fue congresista en el 2000 y 2006, hay otros tres postulantes que han sido parlamentarios y tienen investigaciones fiscales. Los excongresistas que buscan volver al poder como gobernadores se repiten en diversas regiones como Arequipa, Lambayeque, Madre de Dios, Áncash, Loreto, Puno y Piura.

En Áncash llama la atención que seis de los siete candidatos declaren que no poseen vivienda a su nombre.

En Loreto, donde la comercialización de madera y derivados de hidrocarburos han generado conflictos en territorios indígenas y actos de corrupción de funcionarios, hay candidatos investigados por deforestación y lavado de activos.

En los comicios en Arequipa hay 15 candidatos en carrera, entre los que figuran el postulante de Perú Libre denunciado de encubrir una agresión sexual, un excongresista vinculado al exministro Juan Silva y un opositor al proyecto minero Tía María. La gran cantidad de aspirantes podría generar un voto fraccionado, según expertos consultados, como ocurrió en las elecciones del 2018 y que llevó a Elmer Cáceres Llica, que no figuraba entre los favoritos, a gobernar esta región. 

Junto a Cusco, Áncash y Lima, Junín es una de las regiones con más autoridades procesadas por casos de corrupción hasta junio de este año según la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. En los últimos cuatro años ha tenido tres gobernadores de Perú Libre, dos de ellos fueron recluidos en prisión. Este panorama de inestabilidad política en la región podría no variar: entre las nueve listas con candidatos en carrera figuran dos investigados por el presunto delito de lavado de activos y corrupción, exautoridades cuestionadas y empresarios con investigaciones fiscales.

Además, se desarrolló Bingo Electoral, una aplicación para informarnos sobre los riesgos de corrupción y potenciales conflictos de interés de más de 250 candidatos a gobernadores regionales y más de 1.500 a alcaldes provinciales. Se trata de un gran esfuerzo de un equipo de periodistas, analistas de datos y desarrolladores de OjoPúblico que nos permite conocer a las autoridades que elegiremos el próximo 2 de octubre.