El 2013, cuando el Ministerio Público comenzó a investigar al ahora condenado y preso exgobernador de Áncash, César Álvarez Aguilar (2007-2014), no encontró ni un solo bien inmueble o mueble registrado a su nombre, ni la casa en la urbanización Laderas del Norte, una de las zonas más acomodadas de Chimbote, donde vivía su familia. Sin bienes ni dinero en cuentas bancarias, la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito terminó archivada ese año porque los fiscales no pudieron probar un desbalance patrimonial.

La declaración de propiedades e ingresos es fundamental para que el Estado pueda ejercer control sobre las autoridades y funcionarios públicos. En la actual campaña electoral hay un grupo de postulantes que ha declarado ante la autoridad electoral no tener bienes inmuebles.

Seis de los siete candidatos inscritos para competir por el cargo de gobernador de Áncash declaran que no poseen vivienda a su nombre y, en algunos casos, ni vehículos. Cuatro de ellos enfrentan diversas investigaciones fiscales y otros tienen antecedentes por reportes de la Contraloría que derivan en presunta responsabilidad penal, sanciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por no declarar sus aportes de campaña y sentencias condenatorias.

Candidatos con escaso patrimonio

 

Para este año, el Gobierno Regional de Áncash cuenta con S/864 millones para ejecutar proyectos de inversión pública (obras). A tres meses y medio de cerrar el año fiscal, su capacidad de gasto es de solo el 26%, según Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Gran parte de este dinero proviene del canon y otras transferencias por actividades relacionadas a la minería. Como esas transferencias no se revierten, la gobernación tendrá para el 2023 el canon minero que reciba ese año, más el saldo que le quede de este año y otros ingresos adicionales. Siendo así, el economista Richard Moreno Bustos estima que el que resulte elegido gobernador de Áncash contará con un presupuesto de aproximadamente S/1.000 millones para su primer año de gestión. 

Varios de los candidatos que podrían manejar esa considerable cantidad de dinero que tendría Áncash en su presupuesto para el próximo año, según sus hojas de vida, no son precisamente un ejemplo de buen manejo de sus finanzas.

INVERSIÓN. Gran parte del dinero que recibe Áncash proviene del canon y otras transferencias por actividades relacionadas a la minería.

Foto: Andina

 

May Colchado Laguna es candidata de Fuerza Popular. Es abogada de la Universidad Los Ángeles de Chimbote (Uladech). Entre el 2011 y 2013 laboró como funcionaria de dos municipalidades distritales, incluso ocupando el cargo de gerenta municipal del distrito de Chingalpo, en la provincia de Sihuas. Luego, entre el 2017 y 2018, se desempeñó abogada de la empresa de administración de agua potable Sedachimbote, y su último empleo declarado fue como abogada de un estudio jurídico, desde el 2018 a 2022.

En el 2017 también prestó servicios a la Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú, en la provincia del Santa, por un monto superior a los S/14.000, según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

Colchado Laguna declaró que no tiene propiedades muebles ni inmuebles a su nombre. Solo reportó en su hoja de vida que en el 2021, tuvo ingresos del sector público por S/24.000. 

Según sus hojas de vida, varios candidatos no son un ejemplo de buen manejo de sus finanzas.

Rogelio Gonzales Cano, quien postula por el Movimiento Acción Nacionalista Peruano (Manpe), tiene una situación similar: declaró que no tiene vivienda ni vehículos. Concluyó estudios de Ingeniería en Electrónica en México y es titular gerente de la empresa Ipsi Pepuma EIRL, una compañía sin actividad comercial, cuyo rubro es la venta al por mayor de maquinaria. También dijo que fue gerente de Pysi Automatización y Control del Centro S.A. de Capital Variable, del 2017 al 2021, en México, y que el año pasado tuvo ingresos del sector privado por S/61.126 y otros ingresos por 329.093 pesos mexicanos.

Gonzales Cano nunca ha postulado ni ejercido ningún cargo y recién desde octubre del año pasado es afiliado del Manpe, movimiento regional por el que postula.

Otro candidato que declara no tener bienes inmuebles es Enrique Alejandro Ocrospoma, del movimiento regional Socios por Áncash. En su hoja de vida informa que desde el 2015, un año después de recibir su grado de licenciado en Administración, ocupó varios cargos como funcionario municipal y regional. 

Fue gerente de desarrollo social de la Municipalidad Provincial de Bolognesi, subgerente de programas sociales del Gobierno Regional de Áncash, director de gestión administrativa de las UGEL Huaraz y Bolognesi y administrador general de la Municipalidad Distrital de Corpanqui. 

El candidato, quien tiene una maestría en Gestión Pública, declaró en el 2021 ingresos por S/56.000 del sector público y un vehículo valorizado en S/8.000, según su hoja de vida. En las elecciones del 2018 postuló sin éxito al cargo de alcalde del distrito ancashino de Huasta, por Somos Perú, partido al que estuvo afiliado hasta el año pasado. 

CANDIDATA. May Colchado, de Fuerza Popular, afronta una investigación fiscal por falsedad ideológica y otros delitos.

Foto: Facebook de May Colchado

 

Julieta Pérez Reyes, quien busca ser gobernadora regional con el partido Avanza País, también declaró no tener vivienda ni acciones en alguna empresa. En cuanto a propiedades, en su hoja de vida solo indica que tiene un vehículo valorizado en S/33.000. 

La candidata informó tener estudios concluidos de operación y mantenimiento preventivo de maquinaria pesada, de computación e informática y de Ingeniería en Sistemas. En cuanto a su actividad laboral, solo declaró que entre el 2021 y 2022 laboró como soporte técnico de la Oficina de Tecnología de Información de Provías Descentralizado.

Según el OSCE, como persona natural dedicada a la venta al por menor de otros productos en comercios especializados, ha contratado con el Estado por S/108.439 en el periodo de 2009 al 2022. El 2021 reportó que tuvo ingresos del sector privado por S/60.000. 

En el 2015, Pérez Reyes postuló sin éxito a consejera regional por la provincia de Recuay por el Partido Popular Cristiano (PPC). 

Julieta Pérez Reyes, de Avanza País, declaró no tener vivienda ni acciones en alguna empresa.

El contador público y magíster en Ciencia Política y Gobierno Koki Noriega Brito es candidato a gobernador por el movimiento regional Alianza Gobierno Unidad y Acción (AGUA). También ha declarado que no posee bien inmueble a su nombre. Si hablamos de propiedades, el exalcalde del distrito ancashino de Acochaca (2015-2018) indica que solo tiene un auto Volkswagen valorizado en S/41.500. 

El aspirante a gobernador declara que entre el 2012 y 2014 fue docente de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam), de Huaraz, y que desde el 2019 a la fecha es asesor contable empresarial independiente. Señala que en el 2021, tuvo ingresos del sector privado por S/30.000 y otros ingresos por S/51.410.

Noriega Brito ha sido militante de Alianza para el Progreso (APP) y en el año 2020 fundó  el movimiento regional AGUA, por el cual hoy postula. En las pasadas elecciones regionales fue candidato a gobernador en las filas del movimiento político Manpe.

Es asesor empresarial y posee el 17% de acciones en la empresa Interna Medic SAC, según su declaración jurada de intereses presentada ante la Contraloría General. La compañía, dedicada al rubro actividades de médicos y odontólogos y venta de productos farmacéuticos, tiene una deuda coactiva remitida a centrales de riesgo de S/1.336, actualizado al 25 de agosto, según la Sunat. La gerente general de esta empresa desde abril de 2021 es la médica Daisy Viviana Rojas Cucho, conviviente del candidato.

Aunque como persona natural ha contratado con el Estado por más de S/602.000, ha sido alcalde y congresista, el contador público y magíster en Ciencias Económicas Betto Barrionuevo Romero, candidato a gobernador por Juntos por el Perú, declaró que no tiene ninguna propiedad inmueble. En su hoja de vida informó que posee una camioneta valorizada en S/110.000, un vehículo inoperativo avaluado en S/200 y que en el 20 21 tuvo ingresos por S/109.200.

SIN VIVIENDA. El excongresista y exalcalde Betto Barrionuevo, de Juntos por el Perú, informó en su hoja de vida que no tiene ningún inmueble a su nombre.

Foto: Facebook de Betto Barrionuevo 

 

Fue contador de la Municipalidad Provincial de Sihuas y alcalde del distrito de Huayllabamba (2015-2018), por el movimiento regional Río Santa Caudaloso, que en ese entonces estaba liderado por Victoria Espinoza García, exalcalde de la Municipalidad Provincial del Santa y ahora prófuga de la justicia tras ser sentenciada por corrupción.

Barrionuevo Romero ha participado en tres procesos electorales. En 2014, postuló a alcalde del distrito de Huayllabamba por Río Santa Caudaloso, elección que ganó. Luego, de la mano del mismo movimiento político, en el 2018 quiso ser alcalde provincial de Sihuas, pero perdió. Finalmente, en el 2020 postuló al Congreso por Somos Perú, partido que en Áncash había llevado al cargo de gobernador a Juan Carlos Morillos Ulloa, quien actualmente está preso acusado de corrupción.

Betto Barrionuevo Romero, de Juntos por el Perú, ha contratado con el Estado por más de S/602.000.

Juan Vásquez Cruzado, candidato a gobernador por el Frente de la Esperanza 2021, sí declara poseer una vivienda valorizada en S/150.000 y un vehículo de S/28.500. El marinero de pesca calificado también consigna que el año pasado tuvo ingresos por S/16.000 del sector privado y que desde el 2017 a la fecha es empleado de F y R General Distribution Company SAC, una empresa dedicada a la venta al por menor de productos de comercio especializado.

El exalcalde del distrito ancashino de Coishco (1996 a 1998), laboró entre el 2019 y 2021 como colaborador del despacho de la alcaldía del distrito de Nuevo Chimbote, puesto por el que fue cuestionado debido a que no tenía actividad específica y se consideraba que solo era compañía del alcalde para sus actividades. Su ingreso mensual era de S/4.000.

Vásquez Cruzado postuló cuatro veces a alcalde de Coishco, pero ganó solo en una oportunidad. En 2002 y 2010 fue con el movimiento Coishco Querido, en la primera ganó. Luego en 2010 postuló por Somos Perú y en el 2021, por el movimiento regional Áncash a la Obra. Estas dos últimas contiendas las perdió.

 

Del gobierno regional al penal

 

César Álvarez Aguilar, Waldo Ríos Salcedo, Enrique Vargas Barrenechea y Juan Carlos Morillo Ulloa han sido gobernadores de Áncash y su estancia en el gobierno regional ha concluido cuando fueron capturados para ser ingresados a un penal. Esta situación  se podría repetir, pues cinco de los siete candidatos a gobernador aún tienen pendientes algunas investigaciones en el Ministerio Público, lo que podría complicar su situación jurídica.

Entre el 2000 y 2022, a Juan Vásquez, del Frente de la Esperanza 2021, le abrieron en el Distrito Fiscal del Santa cinco carpetas en calidad de imputado. De estas subsisten dos: una por resistencia y desobediencia a la autoridad que está en “calificación de impugnación”, lo que implica que el fiscal tomó una decisión, cuyo sentido no se informa en el reporte, pero esta fue apelada. 

El candidato dijo a OjoPúblico que esta investigación se abrió sustentada en una fotografía que fue publicada por algunos medios en la que se le ve sin mascarilla, participando de una reunión de coordinación con un par de jefes policiales y otras personas. Agregó que el caso “fue archivado dos veces”, pero el ciudadano denunciante apeló por eso ha seguido en curso, pero que su abogada le informó que está por archivarse otra vez.

El caso más avanzado contra este candidato se ventila en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nuevo Chimbote, por el delito de falsificación documentaria, cuyo estado al 30 de julio es “con acusación”. 

Al candidato se le acusa de haber falsificado su título de marinero de pesca calificado, expedido —según indicó— por el Instituto Latinoamericano. La investigación comenzó luego que la Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote señaló que el mencionado documento habría sido expedido de modo irregular, porque un representante de la institución educativa dijo que no expidieron ese título. El candidato en su momento negó las acusaciones en su contra; sin embargo, el caso sigue en investigación.

En su defensa dijo a este medio que se trató de un error que surgió cuando pidió una copia simple en la que en vez de ponerle “marinero de pesca calificado” le pusieron “título de marinero de pesca”. “No tengo título, soy marinero de pesca. No tendría por qué falsificar un documento de mi actividad, todos la conocen”, comentó. Acotó que confía en que el caso será archivado.

El aspirante a gobernador cuenta con un antecedente penal: una sentencia de 1996 por el delito de violación a la libertad de trabajo, ventilado en el Juzgado Penal de Chimbote, que terminó con un falló de 18 meses de pena privativa de la libertad condicional.

Vásquez Cruzado también registra una multa de diciembre de 2021 de 7,5 UIT (S/34.500 al valor de ese año) impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por no cumplir con presentar dentro del plazo establecido información financiera de su campaña electoral del 2018, cuando postuló a gobernador regional. 

Aunque presentó una reconsideración, donde argumentó que no se le debería sancionar porque por razones laborales tuvo que salir del distrito de Coishco, pero había solicitado a su organización política que se encargue de entregar esos informes e incluso firmó los formatos de rendición, su descargo no convenció a la ONPE: El 19 de mayo de este año, mediante la Resolución Jefatural 2004-2022-JN, ratificó la sanción.

El candidato aún no ha pagado la multa y dijo que presentará un recurso de revisión. Así lo indicó, tras calificar la sanción como injusta porque señala que, como muchos otros candidatos, gastó poco en su campaña y le pusieron una multa bastante alta por “un error material”. Agregó que si el resultado de su recurso le es adverso, pagará la multa.

INVESTIGADO. Enrique Alejandro, de Socios por Áncash, registra una investigación preliminar derivada de un informe de Contraloría por un presunto pago irregular de incentivos.

Foto: Facebook de Enrique Alejandro

 

Otro de los candidatos con investigaciones fiscales pendientes es Enrique Alejandro, de Socios por Áncash. La Fiscalía Anticorrupción de Áncash le ha abierto en calidad de acusado dos carpetas fiscales, una en el 2018 y la otra en el 2022, ambas por el delito de peculado (apropiación o utilización culposa de caudales destinados a asistencia social) y siguen en curso.

Según el informe que el Ministerio Público entregó a OjoPúblico actualizado al 16 de julio último, ya concluyó la investigación preparatoria del caso abierto en el 2018, aunque se desconoce si el fiscal ha decidido acusar o archivar. El caso abierto este año sigue en investigación preliminar.

Las investigaciones están relacionadas a pagos de incentivos a favor del personal de dos Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL): de Huaraz y Bolognesi.

El caso de la UGEL Huaraz consta en la Auditoría de Cumplimiento N° 038-2019-2-5332 de la Contraloría General, mediante la cual se determinó que el ahora candidato en su calidad de director administrativo de esa entidad, junto a otros funcionarios, era presuntamente responsable administrativa y penalmente del pago de incentivos laborales a favor de trabajadores administrativos usando montos y escalas superiores a las establecidas en las normas. Esto afectó el presupuesto destinado a la contratación de personal docente y administrativo de los colegios. La autoridad de control determinó que el perjuicio económico a la entidad ascendía a S/2’749.590.

Alejandro Ocrospoma dijo a OjoPúblico que él no autorizó los pagos porque no era el titular de la institución, sino un subordinado, y que además estos desembolsos, que no solo se dieron en esas dos entidades, habían sido regularizados por la Resolución Directoral N° 0097-2021-EF/53.1, del 30 de junio. Agregó que tampoco se podía dejar de pagar porque había casos de beneficiados con sentencia judicial favorable. 

Aseguró que tuvo una investigación por estos mismos hechos en el 2020, iniciada por denuncia del sindicato, pero que se archivó, por lo que considera que ambos casos tendrán el mismo destino.

El aspirante a gobernador regional también fue encontrado con presunta responsabilidad administrativa en otros dos informes de la Contraloría. En la Auditoría de Cumplimiento N° 001-2019-2-0706, se detectó que él y otros funcionarios de la UGEL Huaraz elaboraron, autorizaron y pagaron planilla a docentes y auxiliares de educación en julio de 2018 sin aplicar descuentos a los que acataron la huelga nacional de junio de 2018, a la vez que no descontaron por faltas y tardanzas de docentes reportadas de enero a junio de 2018, afectando económicamente al Estado. La Contraloría indica que en este caso, el imputado no presentó sus descargos.

Alejandro Ocrospoma fue encontrado con presunta responsabilidad administrativa en informes de la Contraloría.

En tanto, en la Auditoría de Cumplimiento N° 30468-2021, se determinó que Enrique Alejandro, junto a otros funcionarios y servidores de la UGEL Bolognesi, usaron saldos presupuestales del periodo 2019 y “priorizaron el pago de devengados por sentencia judicial a favor del personal administrativo, sin cumplir procedimiento ni orden de prelación, afectando al Estado al no permitir que se reviertan los recursos al Tesoro Público por S/1’203.644,03”. Al respecto, indicó que no fue el responsable de disponer los desembolsos, porque no era el titular de la entidad.

Por su parte, la aspirante a gobernadora May Colchado, de Fuerza Popular, según la fuente antes mencionada, registra al 29 de julio una investigación preliminar en calidad de imputada del delito de falsedad ideológica, fraude procesal y organización criminal. El caso se ventila en La Libertad.

La candidata dijo a este medio que fue incluida en esa pesquisa solo por haber aceptado que los otros investigados, algunos de ellos sus familiares, reciban notificaciones en su casilla de abogada. Negó su participación en los hechos e indicó que pedirá el archivo de la investigación en su contra. 

DEUDA. Koki Noriega, del movimiento AGUA, tiene el 17% de acciones en Interna Medic, una empresa que registra una deuda coactiva de S/1.336 a la Sunat.

Foto: Facebook de Koki Noriega

 

Betto Barrionuevo, excongresista candidato por Juntos por el Perú, tampoco se salva de las investigaciones fiscales. Entre 2004 y 2022 le abrieron en calidad de imputado 16 carpetas en varias sedes del Ministerio Público del país, la mayoría en Áncash.

Al 29 de julio, según informe de la Fiscalía, tiene cuatro casos por los delitos de falsificación documentaria, fraude electoral y usurpación con “impugnación resuelta por fiscal superior”, aunque no se precisa el sentido de la decisión. También tiene un caso “pendiente de denuncia” por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Asimismo, hay un caso por el delito de falsedad ideológica en la Fiscalía Provincial Penal de Sihuas cuya investigación preparatoria ha concluido, pero en el reporte del Ministerio Público entregado a OjoPúblico no se precisa si el pronunciamiento es a favor de archivar el caso o acusarlo. Finalmente, también registra un caso “con acusación” por el delito de colusión simple.

Este medio intentó comunicarse con el candidato para solicitarle  su descargo, pero no hubo respuesta.

A la candidata a gobernadora Julieta Pérez, de Avanza País, quien declaró en su hoja de vida tener “sentencias favorables hace 15 años”, entre el 2007 y 2022 se le ha abierto nueve carpetas fiscales en calidad de imputada en el Distrito Fiscal de Áncash, la mayoría por materia familiar (divorcio, lesiones leves y otros). Según un reporte del Ministerio Público del 29 de julio, casi todas han concluido con archivo, salvo cuatro cuyo estado es “con dictamen (2)”, “con demanda (1)” y “con contestación (1)”. Se trata de procesos antiguos, seguidos de acuerdo al anterior modelo procesal, por lo tanto con la información brindada por el Ministerio Público no es posible determinar si es que ya concluyeron y en qué sentido se resolvió. OjoPúblico dejó un mensaje mediante sus redes sociales a la candidata, pero no hubo respuesta.

Disminución considerable de candidatos 

 

Acostumbrados  a contar hasta con 20 candidatos que se disputaban el cargo de gobernador regional, este año los electores de Áncash solo tienen siete aspirantes en carrera electoral, aunque pudieron ser menos.

El candidato Juan Vásquez Cruzado no declaró una sentencia por violación a la libertad laboral. Por ese motivo el JEE de Huaraz lo excluyó del proceso el 18 de agosto. Esta decisión fue confirmada en última instancia por el JNE; sin embargo, volvió a la contienda cuando el mismo organismo electoral emitió un acuerdo de pleno del 3 de setiembre, a través del cual dispuso que las candidaturas cuyas resoluciones de ratificación de exclusión fueron publicadas fuera del plazo, es decir después de las 8:00 p.m. del 2 de setiembre, debían ser declaradas como admitidas.

Esta decisión favoreció a Vásquez Cruzado, quien regresó a la carrera electoral, pese a que no había declarado una sentencia.

Pero no fue el único. Betto Barrionuevo Romero fue sacado del proceso electoral dos veces por el JEE de Huaraz por no cumplir la paridad horizontal, pero sigue participando de las elecciones porque en ambos casos el vencimiento de plazos lo terminó favoreciendo.

El candidato Juan Vásquez Cruzado no declaró una sentencia por violación a la libertad laboral.

Inicialmente el Jurado de Huaraz lo excluyó (junto a su candidata a vicegobernadora) porque Juntos por el Perú no cumplió la paridad horizontal a nivel nacional, es decir,  no presentó  igual cantidad de candidatos varones y mujeres al cargo de gobernador regional.

Sin embargo, un acuerdo de pleno del JNE permitió su retorno al proceso electoral, debido a que ese organismo indicó que las apelaciones de exclusiones que no fueron incluidas en las audiencias hasta el 1 de agosto debían volver a sus jurados de origen en calidad de admitidas. La decisión se justificó en que habían muchas apelaciones y no les daría tiempo para resolverlas hasta el 3 de agosto en que vencía el plazo para determinar qué listas estaban o no admitidas.

Como la causa de la exclusión persistía, dos ciudadanos presentaron tachas por el mismo motivo contra Barrionuevo Romero. El JEE de Huaraz las declaró fundadas y de nuevo sacó de carrera electoral al candidato. Juntos por el Perú apeló ambas tachas, pero por no cumplir con la tasa completa su recurso fue declarado improcedente, con lo cual el candidato quedaba fuera del proceso definitivamente.

Esa decisión no duró mucho tiempo. Su partido presentó una queja en contra de la improcedencia de la apelación a las tachas. El JNE determinó que no se iba a pronunciar porque las resoluciones que declararon fundadas las tachas, una del 17 de agosto y la otra del 18 de agosto, fueron colgadas en la Plataforma Electoral unos minutos después de las 8:00 p.m. del 18 de agosto, es decir fuera de plazo, por lo tanto determinó que la lista siga con su proceso de inscripción.

Ahora son siete las listas en contienda electoral con candidato a gobernador, más la lista del movimiento regional El Maicito que sigue en carrera solo con candidatos a consejeros, debido a que su candidato a gobernador Vladimir Meza Cerrón fue excluido por no declarar una sentencia, lo mismo que hizo el candidato Juan Vásquez Cruzado, con la única diferencia que a Meza Villarreal sí lo excluyeron dentro de los plazos.