Fenamad: Maderera con certificación de sostenible opera en territorio de pueblo en aislamiento

El Consejo de Administración Forestal (FSC, por sus siglas en inglés) –a través de la auditora NEPcon– ha renovado la certificación de sostenibilidad ambiental de la Maderera Canales Tahuamanu, una empresa que, según la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), realiza actividades sobre la zona habitada por el pueblo indígena en aislamiento voluntario Mashco-Piro. La empresa tiene dos concesiones forestales sobrepuestas al área de desplazamiento de esta población. Uno de los principios de FSC es la no afectación de derechos humanos en los territorios donde operan las empresas que cuentan con este sello.

VULNERABLE. Líderes indígenas han alertado que una maderera opera sobre territorios donde se ha registrado presencia de un pueblo indígena en aislamiento voluntario.

VULNERABLE. Líderes indígenas han alertado que una maderera opera sobre territorios donde se ha registrado presencia de un pueblo indígena en aislamiento voluntario.

Foto: Ministerio de Cultura.

Desde su creación, en abril del 2002, la Reserva Territorial Madre de Dios y sus más de 800.000 hectáreas se establecieron para proteger a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) como los Mashco-Piro, quienes transitan en esta zona que abarca seis distritos de la región Madre de Dios y cuya presencia se ha extendido a otras áreas limítrofes de Perú y Brasil, donde las operaciones de empresas madereras también se han instalado hace más de 20 años. 

Una de las firmas que opera en esta reserva, la Maderera Canales Tahuamanu, obtuvo a fines del 2020 que la auditora NEPCon renueve hasta diciembre de 2025 su certificación del Consejo de Administración Forestal (FSC, por sus siglas en inglés). Este sello internacional garantiza la sostenibilidad en el origen de la madera usada por las empresas y la no afectación de derechos de los territorios donde operan. 

Sin embargo, meses antes de la emisión de este documento, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) denunció de forma pública que se haya otorgado la certificación FSC a la Maderera Canales Tahuamanu a pesar de que esta compañía vulneraba los derechos territoriales del pueblo indígena en aislamiento voluntario Mashco-Piro.   

En medio de la primera ola por la Covid-19 y al conocer sobre el reinicio de las operaciones extractivas en la zona, la Fenamad alertó sobre la presencia de maquinaria de la maderera en territorio donde se desplazan los Mashco-Piro, situación que podía poner a este pueblo en “grave riesgo” por el contacto y aumento de la transmisión del coronavirus. Frente a estas amenazas reportadas, el comunicado no obtuvo respuesta de las autoridades locales ni del Ministerio de Cultura, sector a cargo de la protección de los Pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI). 

La denuncia pública coincidió con la solicitud de renovación de la certificación FSC que tenía en curso la maderera Canales Tahuamanu. Por ello, los dirigentes de Fenamad también contactaron a los directivos en Perú de la FSC y de NEPcon, empresa a cargo de la auditoría y de otorgar la certificación del Forest Stewardship Council (FSC) de la firma forestal. 

En su comunicación a las dos instituciones, los dirigentes de Fenamad solicitaron que se investigara las operaciones de empresas madereras certificadas en la Amazonía para identificar y corregir los lineamientos de FSC sobre el derecho de los pueblos indígenas de propiedad y uso de la tierra. 

Como respuesta, enviada en agosto del 2020, la FSC señaló a los dirigentes indígenas que el tema expuesto sería revisado en la “reevaluación” a cargo del “cuerpo certificador de la empresa”, en este caso NEPcon, y que estaría “atenta a los resultados de dicha auditoría”. No brindó más detalles sobre el tema. Al cierre de esta publicación, los representantes de FSC en Perú tampoco atendieron las preguntas enviadas por este medio.  

Fenamad Foto
ALERTA. La Maderera Canales Tahuamanu ha recibido la certificación FSC pese a que dirigentes indígenas han denunciado que desarrolla sus actividades en territorios con presencia de pueblos en aislamiento.
Foto: Fenamad. 

Pese al contacto y documentos enviados por Fenamad, el proceso de la empresa continuó y en diciembre del 2020 renovó por cinco años su certificación de manejo forestal y cadena de custodia, una modalidad que —en el papel— otorga una garantía de que la madera que vende la compañía certificada tienen su origen en bosques que no provienen de la tala ilegal o deforestación, son manejados con fuentes controladas o materiales recuperados.  

Violeta Colán, gerente general de la certificadora NEPcon, al ser consultada por la renovación a la maderera Tahuamanu en medio de la denuncia de Fenamad, señaló de forma general y vía correo electrónico que el proceso de reevaluación de la certificación incluyó —sin detallar a quienes— la consulta a terceras partes interesadas y se desarrolló bajo los estándares para productos maderables en bosques de la amazonía peruana. 

El documento citado por NEPCon fue difundido por FSC en 2002 y, entre sus principios y criterios, considera que el manejo forestal “no deberá amenazar ni limitar, directa o indirectamente, los recursos y derechos de tenencia de los pueblos indígenas”. Pese a los cambios en la normativa peruana, el documento usado como guía para la certificación de las empresas no se ha actualizado a 20 años de su publicación.

La gerente de NEPcon agregó que el proceso para renovar la certificación FSC de la maderera “incluyó un periodo de consulta pública solicitando insumos sobre las operaciones de la empresa”. En esta etapa, de acuerdo a la respuesta de Violeta Colán y sin precisar nombres, se consideró a “representantes del representantes del FSC, entidades gubernamentales, organizaciones sociales comunitarias, empresas, y otros actores”.  

El especialista de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Carlos Quispe Dávila, considera que en conflictos como el de la maderera Tahuamanu y Fenamad se debería declarar “la nulidad” de las concesiones forestales porque  pueblos en aislamiento voluntario como los Mashco-Piro son muy vulnerables y tienen como principal característica no tener contacto con personas externas.

Quispe Dávila también recordó que las autoridades locales y nacionales del sector deben cumplir el reglamento de la ley PIACI donde se indica que, para garantizar la “intangibilidad de la reserva indigena”, se debe instalar un comité de protección presidido por el Viceministerio de Interculturalidad. 

La Fenamad alertó sobre maquinaria de la maderera Canales Tahuamanu en territorio donde se desplazan los Mashco-Piro.

En una primera comunicación, vía correo electrónico, la Maderera Canales Tahuamanu indicó que desarrolló un protocolo para actuar frente a “posibles eventos de avistamiento de pueblos indígenas en aislamiento voluntario”. En uno de los capítulos del documento, actualizado a noviembre del 2020, se incluyó un cuadro con información de avistamientos PIACI registrados solo entre 2010 y 2013. Sin embargo, el Ministerio de Cultura y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) tienen registros de los Mashco-Piro posterior a esta fecha. 

Al ser consultados por esta falta de información, el gerente general de la empresa, Esaú Vásquez Rodríguez, indicó a OjoPúblico —en una entrevista posterior al envío de preguntas iniciales— que los datos empleados para el informe eran "propios" debido a que "no encontraban dónde los tenían ni presentaban [el Estado]". El representante de la firma agregó que la información de instituciones públicas generaban sus reportes de avistamientos desde orillas del río y ellos lo hacían desde las carreteras.

A inicios de año, OjoPúblico informó sobre las fallas en los sistemas de auditoría que tienen las empresas a cargo de otorgar la certificación FSC. Sin embargo, además de las debilidades detectadas para garantizar el origen legal y sostenible de la madera, el sello FSC también evidencia vacíos y conflictos sociales en medio de la renovación de esta etiqueta global.   

Orígenes y retrasos


Los Mashco-Piro, de acuerdo al Ministerio de Cultura, se desplazan entre las Reservas Indígena Mashco-Piro, Reserva Indígena Murunahua y Reserva Territorial Madre de Dios. La última cuenta con una extensión de tierras aprobada en 2016 por una comisión multisectorial presidida por el Ministerio de Cultura. Precisamente, en esta zona ampliada, se encuentran dos concesiones forestales vigentes y otorgadas también en 2002 a la Maderera Canales Tahuamanu. 

La comisión multisectorial, instalada como parte de la ley para la protección de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, aprobó a fines de noviembre del 2016 el Estudio Adicional de Categorización (EAC) de la Reserva Territorial Madre de Dios que aumentaba el territorio de desplazamiento de los Mashco-Piro, pero el proceso no ha terminado debido a que, a la fecha, no se ha publicado un decreto supremo que oficialice lo acordado hace más de cinco años. 

En setiembre del 2019, la Defensoría del Pueblo recordó en un análisis los retrasos para aprobar los cambios en la extensión de la reserva indígena de Madre de Dios. En este informe también se advirtió que las autoridades no habían iniciado ningún diálogo con los titulares de concesiones forestales vigentes para evaluar “la exclusión y compensación de áreas” superpuestas en la ampliación de la Reserva Madre de Dios.

El Ministerio de Cultura, en su respuesta enviada por correo electrónico, aseguró que se encontraba “preocupado por el tema” y el retraso respondía a que previo a la publicación del decreto el grupo de trabajo debía “emitir un informe que aborde la problemática de los derechos de aprovechamiento forestal que se superponen a la propuesta de ampliación” con el fin de proteger a los Mashco-Piro. Sin embargo, a la fecha, no habían “logrado obtener acuerdos” sobre la propuesta para emitir el decreto supremo.

Respecto a la superposición de concesiones forestales, la compañía indicó que la propuesta de ampliación no se encontraba “definida legalmente”. También señaló que era “arbitraria y discriminatoria” y que el proyecto no contaba con “protocolos ni procedimientos que garanticen la protección de los PIACI”. La empresa maderera agregó que no consideraba “posible” una eventual exclusión y compensación de sus áreas forestales porque en la zona no existían más “áreas libres de Bosques de Producción Permanente”.

PIACI Andina

AMAZONÍA. La presencia del pueblo indígena Mashco Piro se ha registrado en la región Madre de Dios así como la frontera de Perú y Brasil.  
Foto: Andina. 

La demora de los sectores que integran este equipo multisectorial también se ha evidenciado en otros casos. En enero del 2021, un año después de que se acordó la anulación y reubicación de las concesiones forestales superpuestas a la Reserva Indígena Yavarí Tapiche, todavía no se registraron avances en el cumplimiento de este compromiso que expone a los pueblos en aislamiento de esta zona de la región Loreto.

Además, las organizaciones indígenas cuestionan la demora del Estado y que el Ministerio de Cultura haya aprobado la delimitación territorial de nuevas reservas indígenas que incluye la “categorización con carga”, una modalidad que pone en peligro a territorios en contacto inicial al permitir derechos forestales (como concesiones de madereras) y de hidrocarburos otorgados previo a la creación de reservas indígenas.

La denuncia pública coincidió con la solicitud de renovación de la certificación FSC que tenía en curso la maderera Canales Tahuamanu. 

La Fenamad ha advertido que el Ministerio de Cultura, en una reunión de marzo del 2021, planteó que la ampliación del territorio de la Reserva Madre de Dios tenga presencia de concesiones forestales dentro de sus límites, bajo la “categorización con carga” y hasta que los títulos forestales culminen su vigencia, es decir, para el caso de la maderera Tahuamanu hasta el año 2042. Sin embargo, la propuesta fue rechazada mientras la ampliación aprobada en 2016 sigue sin ser oficial. 

El sector respondió a OjoPúblico que la propuesta planteada representaba una de las tres desarrolladas para manejar la superposición de concesiones forestales en territorio de los Mashco Piro. El ministerio agregó que su iniciativa respondía a un análisis “antropológico, ambiental y jurídico” del Estudio Adicional de Categorización y las normas vigentes. Sin embargo, indicaron que no tenían competencias para “declarar nulas o excluir a las concesiones forestales superpuestas” y que esta labor recae en “la autoridad regional forestal [de Madre de Dios] en coordinación con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor)”. 
 

Reacción corporativa


Luego de la denuncia pública de los dirigentes indígenas, la empresa presentó una demanda constitucional ante el Poder Judicial de Madre de Dios al considerar que el pronunciamiento de Fenamad afectaba su “imagen y buena reputación”. En su defensa, la compañía indicó que la información difundida se realizó como “represalia” por haber impedido “legalizar una invasión, tala ilegal, deforestación y cambio de uso del área de la concesión forestal que les habría otorgado el Estado”.

La compañía insistió a este medio que no existe "disputa entre la empresa y Fenamad" sino "procesos judiciales a punto de finiquitar" al recordar denuncias por delitos ambientales, falsedad ideológica, fraude, asociación ilícita que ha presentado y tiene vigentes contra exdirigentes de Fenamad y la comunidad Nueva Oceanía Boca Shupiei.

En junio del año pasado, el juez Wilmer Fernando Quispe Pacheco declaró fundada la demanda de la maderera y ordenó a Fenamad que publique la carta notarial enviada por la empresa. Quispe Pacheco, titular del Juzgado Civil Permanente de Puerto Maldonado, también pidió a la organización indígena que “en lo sucesivo eviten situaciones como la presente, bajo la responsabilidad que regula el ordenamiento jurídico vigente”. 

La Fenamad, que en diciembre último pidió a la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios el traslado al Tribunal Constitucional de la demanda en su contra, ha considerado que la decisión del Poder Judicial atenta contra su derecho a la libertad de expresión e información. En cada una de sus publicaciones ha reiterado “la veracidad de cada una de las afirmaciones” difundidas en su pronunciamiento de julio del 2020.

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