“La Amazonía es la principal herencia que dejaremos a las próximas generaciones y cumpliremos nuestras responsabilidades con esta parte del mundo. Es mi compromiso”, señaló el presidente Pedro Castillo Terrones en su primer mensaje del 28 de julio. Sin embargo, a casi 100 días del inicio de su gobierno, todavía se evidencia poco avance sobre el trabajo en el sector ambiental y forestal. 

Mientras que en su exposición para obtener el voto de confianza del último 25 de octubre, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez Chuquilín, prometió que desde el Poder Ejecutivo impulsarán una serie de acciones “orientadas a reducir la deforestación y la vulnerabilidad de las poblaciones con mayor riesgo, alineados a nuestros compromisos climáticos”. 

Vásquez Chuquilín también anunció la firma de la Declaratoria de Emergencia Climática con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y contribuir a la reactivación económica del país por la pandemia. Por ahora, las promesas se encuentran pendientes de ejecución. 

Al retraso de las actividades se suman los conflictos socioambientales que persisten en diferentes regiones del país, la deforestación en la Amazonía con cifras históricas en 2020, líderes indígenas han sido asesinados o amenazados en pandemia o la institución que gestiona los bosques sigue en un proceso judicial por el retorno de su jefe al cargo. 

A puertas del cierre de una nueva edición de la Conferencia de las Partes (COP) en Escocia, donde más de 190 países, entre ellos el Perú sin la presencia del presidente Castillo, se reúnen para tomar decisiones relacionadas a la crisis climática, OjoPúblico recuerda los temas urgentes que siguen pendientes en la agenda del gobierno. 

Bosques relegados

En su discurso de julio último, el presidente Castillo se mostró a favor de que al 2050 el Perú se convierta en un país carbono neutral, es decir, donde se emita la misma cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera de la que se retira. Sin embargo, el contexto al que se enfrenta su gobierno requiere de medidas para la conservación de la Amazonía. 

El año pasado, en medio de la pandemia, el Ministerio del Ambiente registró la cifra más alta de bosques perdidos en las últimas dos décadas: más de 203 mil hectáreas, un área equivalente a casi tres veces el Parque Natural de Pucallpa, donde se ubica el zoológico más grande de Ucayali. 

Precisamente, los dos distritos con mayores cifras de deforestación en 2020 corresponden a esta región: Masisea y Callería. El primero de ellos, como informó OjoPúblico, tiene a un grupo de comunidades shipibo-konibo enfrentadas a una colonia menonita investigada por deforestación en la Amazonía. Mientras que en Callería, la pérdida de bosques se incrementó doce veces entre 2010 y 2020. ¿Cómo enfrentar esta situación?

La coordinadora del programa Bosques y Cambio Climático de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Isabel Gonzales Icaza, resaltó que el actual gobierno debe enfocarse en retomar procesos que se debieron implementar en los últimos años para reducir los impactos sobre los bosques derivados de la agricultura. 

“Hemos batido récords en la pérdida de bosques y hay una falta de acción respecto a eso. Es un problema complejo, pero al menos se debería hacer los esfuerzos necesarios para que la coordinación se vaya dando. En eso vemos que no hay avance”, explicó.

La especialista también señaló que es prioritario que se realicen coordinaciones en diferentes niveles de gobierno para cerrar la brecha de titulación de territorios indígenas. “No hay un real compromiso político y las comunidades que deben titularse tienen problemas de superposición. Las autoridades locales tienen un tema de fondo para avanzar. Es un tema de compromiso”, dijo. 
 

Si bien la deforestación ha aumentado en el 2020 y tiene como principal causa al cambio de uso de tierras para fines agrícolas, una de las medidas anunciadas por el gobierno puede mitigar el avance de este problema. El anuncio de la denominada segunda reforma agraria, pese a sus limitaciones para evitar conflictos sociales con actividades como las industrias extractivas, ha considerado una serie de normas a favor de —entre otros puntos— la agricultura familiar y la industrialización de los productos agrarios.

El director del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), José Luis Capella Vargas, considera que es importante el énfasis que se le ha dado a la agricultura familiar “como un agente de cambio” porque rompe con el estigma que se tiene de la agricultura y su impacto en la deforestación.  

“No es solo echarle la culpa [al agricultor] sino entender por qué está ocurriendo eso. En ese sentido, la idea fuerza del gobierno en el sector agricultura es darle mejores servicios. Si se pudiera alinear a los objetivos de los desafíos climáticos puede realizarse algo muy interesante”, agregó. 

Enfrentar la deforestación y el tráfico de madera tiene como institución responsable al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), pero desde junio del 2020 no cuenta con su jefe luego de que Luis Alberto Gonzales-Zúñiga fuera separado sin motivo por el gobierno de Martín Vizcarra. El despido ocurrió en un contexto de muchas presiones económicas en medio de una lucha contra la tala ilegal en el sector. 

El exfuncionario no podrá retornar como director ejecutivo hasta que su caso se resuelva en última instancia judicial luego de que el Poder Judicial aceptó la apelación presentada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) contra la medida judicial que hace un mes ordenó su reposición. 

Los dos distritos con mayores cifras de deforestación en 2020 corresponden a la región Ucayali: Masisea y Callería.

A la disputa legal sobre el mandato del Serfor, Rolando Navarro Gómez, especialista del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), explicó que no se debe olvidar temas como el de la trazabilidad en el origen de la madera o la supervisión de las exportaciones forestales. “Tenemos una agenda pendiente muy fuerte. También hay una cosa interesante en este punto que es la sanción respecto a las empresas importadoras y exportadoras que han estado comercializando madera de origen ilícito. Son acciones que se han desarrollado hace años pero se deben priorizar”, explicó. 

El Serfor también tiene pendiente, desde hace más de cinco años, la actualización de la lista de especies en peligro amenazadas de flora silvestre, un registro que daría protección a árboles en peligro de desaparecer como el shihuahuaco. Mientras que en julio de este año se aprobó la estrategia de lucha contra la tala ilegal, documento que reúne una serie de medidas para enfrentar este delito en los próximos cinco años. El cumplimiento de la norma también estará a cargo de la gestión de Castillo Terrones.

Designaciones y acuerdos sin suscripción

El mandato de Pedro Castillo tuvo su primera crisis con la renuncia, a inicios de octubre, de Guido Bellido Ugarte como primer ministro. En el gabinete hubo cambios en algunas carteras, pero el presidente Castillo decidió que no se modifiquen los titulares de Ambiente y Desarrollo Agrario. 

A la cabeza del Minam se mantiene Rubén Ramírez Mateo, abogado y militante de Perú Libre, quien no registra ningún tipo de experiencia vinculada a la gestión de la cartera que hoy dirige. Entre los temas pendientes de este sector se encuentra la coordinación con otras carteras y gobiernos regionales para reducir los niveles históricos de pérdida de bosques registrados el año pasado. 

La gestión de Ramírez Mateo también tiene a su cargo la supervisión de otras instituciones adscritas al Minam como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a cargo de sancionar a empresas de las industrias extractivas que no cumplan las normas ambientales vigentes. 

Mientras que el titular del Midagri, Víctor Maita Frisancho, se desempeñó como secretario general de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco. Entre los temas a su cargo, Maita Frisancho deberá liderar la denominada segunda reforma agraria y, a la vez, responder por las actividades del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), adscrito a este ministerio y cuyo jefe todavía no puede retornar al cargo por una apelación del Midagri ante el Poder Judicial. 

José Luis Capella Vargas, especialista de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, señaló que si bien es poco el tiempo el que ambos ministros están en el cargo, se puede tener la lectura de que no hay “necesariamente una presencia de gente con experiencia que traigan algo concreto a la mesa” y que “recién se están enterando lo que está sucediendo [en el sector]”. 

RETROCESO. El año pasado se registró la deforestación más alta desde el 2001. Se perdieron más de 203 mil hectáreas de bosques.

Foto: OjoPúblico.
 

Desde el Poder Ejecutivo también debe partir una nueva iniciativa legislativa para ratificar el Acuerdo de Escazú. Este tratado internacional, suscrito en doce países de la región, impulsa principalmente el acceso a la información pública  y la protección de los defensores ambientales. Sin embargo, en octubre del 2020, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso archivó la propuesta.

Los nueve votos que rechazaron la ratificación correspondieron a congresistas de las bancadas de Acción Popular (2), Fuerza Popular (2), Alianza Para el Progreso (2), Podemos (1), Unión Por el Perú (1) y el Frepap (1). Hoy este grupo se encuentra presidido por el legislador fujimorista Ernesto Bustamante, quien antes de ser electo se ha opuesto al tratado por considerar que atenta contra la “soberanía nacional”.  

El Serfor tiene pendiente, desde hace más de cinco años, la actualización de la lista de especies en peligro amenazadas de flora silvestre

En la campaña de segunda vuelta, el hoy presidente Castillo y representantes de los pueblos indígenas de Loreto firmaron un acta donde acordaron trabajar de forma conjunta en un plan de gobierno basado en varios compromisos, entre los que figura la ratificación de este documento.

A la fecha, ni el ministerio de Relaciones Exteriores ni el Congreso han dado avances sobre el acuerdo. Sin embargo, en su mensaje del 25 de octubre, la premier Mirtha Vásquez indicó que impulsarán “la ratificación de los tratados ambientales que el Perú tiene pendiente firmar”. 

Hasta el cierre de esta publicación, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Victor Maita Frisancho, no atendió las entrevistas solicitadas por OjoPúblico. Tampoco hubo respuesta del área de prensa del Ministerio del Ambiente para que atendiera el titular del sector, Ruben Díaz Ramírez. 

El abogado experto en derecho ambiental, César Ipenza Peralta, consideró que más allá de los anuncios que se puedan dar desde el Ejecutivo es necesario que no se vea a los temas ambientales como “desconectado con el resto de la realidad” del país y que era necesario “prever y asumir el rol que tiene la autoridad ambiental. Más allá de acciones se debe tener una visión y gestión efectiva de nuestro patrimonio natural en general”, finalizó. 

Conflictos, disputas y peligros

En un tercer bloque de temas prioritarios del actual gobierno se encuentra la solución de conflictos socioambientales, que representan el 65,2 % del total de conflictos del país según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. Estas disputas, como informó OjoPúblico en una reciente publicación, también han generado la división al interior de organizaciones y comunidades indígenas donde se desarrollan actividades de industrias extractivas como la gran minería o monocultivos como la palma aceitera y cacao. 

Asimismo, en territorios indígenas se encuentra pendiente el trabajo para la protección a líderes ambientales de diferentes comunidades de la Amazonía peruana, donde solo en pandemia han sido asesinados siete líderes por la defensa de su territorio. En los últimos años, estos territorios de la selva central peruana (en las regiones Junín y Huánuco, principalmente) se han enfrentado al avance del narcotráfico. 

A mediados de octubre, el gobierno anunció entre sus diez ejes de gobierno a la gestión de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno. Como propuesta para los próximos cinco meses y años del mandato de Castillo se ha previsto —sin detallar en las actividades— la protección de la biodiversidad y el fortalecimiento de medidas preventivas frente a “nuevos escenarios de riesgos naturales”. 

Recientes estudios científicos han advertido sobre la importancia de proteger los bosques en busca de reducir los niveles de la deforestación en la Amazonía y mitigar los impactos de la crisis climática, pero frente a este escenario el inicio del gobierno de Castillo todavía no ha dado prioridad al tema más allá de generalidades y promesas sin fecha de cumplimiento.