El pasado miércoles 15 de setiembre, la fiscalía ambiental de Iquitos presentó ante el Poder Judicial de Loreto los hallazgos y requerimientos de acusación de 35 carpetas del caso Yacu Kallpa, que representa la incautación de madera de origen ilegal más grande realizada en el Perú. Se requirió una camioneta para transportar los miles de documentos que forman parte de los 35 expedientes presentados. Entre los involucrados figuran 41 exfuncionarios regionales, 38 concesionarios y 14 empresarios, todos presuntos responsables del tráfico ilegal de madera peruana. 

El inicio de los hechos data del 2015, cuando se intervino a la embarcación Yacu Kallpa que llevaba madera ilegal de la Amazonía peruana y pretendía llegar a México y Estados Unidos. Lo transportado equivalía a 60 camiones de carga pesada, que en conjunto sumaban más de 1.300 metros cúbicos valorizados en S/1,6 millones. La intervención se realizó como parte de la Operación Amazonas, que sumó el trabajo de fiscales, agentes de la Sunat y del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor). 

En las diligencias del Ministerio Público, realizadas en noviembre del 2015, se decomisaron trozas de las especies cumala (1.155 m3), marupa (29 m3) y capirona (24 m3). Además, se intervino 48 paquetes de madera de tipo cumala (108 m3). Como parte de la investigación, el Osinfor calculó que el 97 % de la madera incautada en la embarcación era de procedencia ilegal. 

En cada una de las 35 carpetas presentadas por la fiscalía ambiental se encuentran de cuatro a diez procesados (algunos integran más de una carpeta) sobre los que pesan pedidos de dos a once años de prisión. Los delitos considerados contra los involucrados son los de responsabilidad funcional por otorgamiento ilegal de derechos y tráfico ilegal de madera. 

La acusación ocurrió tres semanas después de que la compañía estadounidense Global Plywood and Lumber Trading LLC se declaró culpable de importar, también en la embarcación Yacu Kallpa en 2015, madera de origen ilegal de la Amazonía peruana. Las autoridades de Estados Unidos ordenaron que la firma pague al Ministerio del Ambiente una reparación de US$200.000. 

INTERVENIDA. En noviembre del 2015, la fiscalía ambiental de Loreto impidió que la embarcación Yacu Kallpa partiera con destino a México. 

Foto: Ministerio Público. 

Global Plywood & Lumber compró el 85% de la carga que llevaba el Yacu Kallpa en la incautación de noviembre del 2015. Esta compañía, cerrada a fines del 2017 en Estados Unidos, pertenecía al estadounidense Kenneth Peabody y al mexicano José Ernesto Ceballos Gallardo, dueño de un gran emporio maderero y quien mantuvo negocios con la principal investigada del Yacu Kallpa, Inversiones La Oroza, incluso después de la incautación, como se informó en el especial “Madera sin rastro”. 
 

Empresarios y exfuncionarios

En la lista de implicados destacan Jorge Solignac Ruiz y Roldán Pinedo Ríos, extrabajadores del Gobierno Regional de Loreto que se encuentran involucrados en al menos diez de los 35 expedientes abiertos por la fiscalía ambiental de Iquitos. Ambos, según la hipótesis fiscal, tuvieron responsabilidad al autorizar con documentación falsa que se traslade madera extraída de los bosques amazónicos. 

El fiscal Alberto Yusen Caraza, a cargo de las diligencias, ha solicitado penas de tres a cinco años contra los 41 exfuncionarios involucrados en los pedidos de acusación presentados ante el Poder Judicial de Loreto. 

A lo largo de las carpetas también aparecen representantes y gerentes de las compañías involucradas en el caso. En 15 de los 35 legajos de la Fiscalía se encuentra Dora Sadith Noriega Paredes de Inversiones La Oroza, compañía que era dueña del 80% de toda la madera incautada del Yacu Kallpa. El producto forestal decomisado a esta firma, según las autoridades peruanas, no tenía su origen en las concesiones de La Oroza sino que fue comprado a terceros. 

 

Pese a estar bajo investigación de la fiscalía ambiental, esta compañía accedió al programa estatal Reactiva Perú y recibió del Banco de Crédito del Perú (BCP) un préstamo de S/1,3 millones. El 2020, sin importar sus antecedentes ni que se encontraba bajo investigación de la fiscalía ambiental, el Gobierno Regional de Loreto también le otorgó cinco concesiones forestales para la extracción de madera, según reveló OjoPúblico

Otro involucrado del sector privado es William Castro Amaringo, fundador de Inversiones WCA y cuyo nombre se encuentra incluido en 14 de las 35 expedientes presentados por la fiscalía ambiental. Esta empresa tenía la tercera mayor carga en el Yacu Kallpa. Para la fiscalía, Castro Amaringo adquirió y exportó productos forestales de origen ilícito, por lo que debería tener una pena de tres años de prisión. 

Este empresario continuó exportando madera luego de la incautación del 2015. Lo hizo con otra firma que tiene a su cargo: Miremi SAC, que registró salidas a México, Francia, Dinamarca y China por más de US$4,6 millones. Al igual que La Oroza, Inversiones WCA mantuvo como clientes a empresas del grupo Ceballos Gallardo en México. 

Además de estas dos compañías mencionadas, otras nueve compañías se suman a la lista. Se trata de Corporación Inforest MC, Scavino Maderas, Corporación Industrial Forestal, Triplay Iquitos, Sico Maderas Maderas Impregnadas Tropicales, Madex, Laminados y Manufacturas de Madera, y Corporación Maderera Loreto. Los representantes de estas firmas tienen pedidos de tres a cuatro años de prisión por tráfico ilegal de madera.

Las solicitudes más altas de cárcel recaen en los concesionarios del producto forestal. Sobre ellos pesan pedidos de seis a 11 años de pena privativa de la libertad. 

El procurador del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán Mendoza, señaló a OjoPúblico que el ingreso de esta acusación representa la etapa más importante del proceso porque da inicio al sustento de pruebas en el Poder Judicial. “Vamos a encontrar responsabilidad penal en muchas personas. Y en el caso de los empresarios en aquellos que han confesado su voluntad criminal”, agregó. 

Esta investigación también registra otras 17 carpetas en la región Loreto. En el despacho de la fiscalía ambiental de Nauta se encuentran 15 expedientes y dos en Alto Amazonas. Estos, en su mayoría, todavía están en investigación preparatoria, pendientes de presentar su requerimiento de acusación ante el Poder Judicial. 

HALLAZGOS. El paso 15 de setiembre inició una nueva etapa del caso Yacu Kallpa, una investigación que siguió la pista a los responsables de exportar madera de origen ilegal de la Amazonía. 

Foto: Katya Zevallos / OjoPúblico. 
 

Luego de la incautación de la fiscalía ambiental hubo consecuencias en el sector forestal del país. Una de ellas ocurrió en enero del 2016, dos meses después de la intervención al Yacu Kallpa, cuando Rolando Navarro, entonces jefe del Osinfor, fue destituido del cargo sin recibir mayores explicaciones sobre esta decisión. El exfuncionario fue de los primeros que indagó en el origen ilegal de la madera de esta embarcación. 

Pese a esta abrupta salida del sector público, el exjefe de Osinfor considera que la acusación marca una “esperanza” luego de seis años de investigación y que ahora se deberá tener una estrategia para la sustentación de cada uno de los casos. “Por un lado, los empresarios [involucrados en Yacu Kallpa] están mirando con tranquilidad porque no les hacen nada. Y por otro lado, pienso que así hayan pasado muchos años es una señal que se puede hacer algo [en el sector]”, explicó.

Debilitamiento forestal

La nueva etapa del caso Yacu Kallpa se da en medio de una crisis del sector forestal y ambiental en el país. En 2020, de acuerdo a la cifras oficiales, se registró la cifra más alta de deforestación de las últimas dos décadas. Más de 203 mil hectáreas de bosques desaparecieron el mismo año que se detuvo, con decisiones desde el Poder Ejecutivo, el trabajo para frenar el avance de la tala ilegal. 

A la fecha también se encuentra pendiente la actualización de la lista de especies en peligro, documento que desde 2016 sigue sin ser aprobado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), una institución que durante la pandemia no solo perdió a su jefe sino que disminuyó en su capacidad para supervisar la madera que se transporta desde los bosques amazónicos. 

A inicios de junio del 2020, el gobierno de Martín Vizcarra retiró sin dar explicaciones a Luis Alberto Gonzales-Zúñiga del cargo de director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Sin embargo, catorce meses después de su irregular salida, el Poder Judicial ordenó la reposición de Gonzales-Zúñiga y permanecerá en el cargo hasta el 2023. 
 

DECOMISO. El 96% de la madera intervenida en el Yacu Kallpa, más de 1.300 metros cúbicos de producto forestal,  tenía origen ilegal. 

Foto: Ministerio Público.
 

En los últimos años se han dejado de aprobar normas para que la trazabilidad de la madera no sea tan flexible y casos como el Yacu Kallpa dejen de repetirse. Sin embargo, en este proceso de cambios para el sector forestal, el gremio empresarial se ha opuesto y generó que se retroceda en las propuestas, como lo reveló la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) en un informe del 2018. 

El exjefe de Osinfor, Rolando Navarro, coincide con esta participación del gremio empresarial en las políticas del tema ambiental y forestal del país. “Después de que hicimos Operación Amazonas no hemos visto operativos significativos en el país. En estos años se ha debilitado [el sector forestal] con una agenda no muy clara en el país. Veo con mayor preocupación los años que vienen”, dijo a OjoPúblico 

A inicios de setiembre, el Osinfor también anunció cambios en el reglamento de supervisiones que tendrá vigencia desde este 15 de octubre. Esta medida, pese a que ha sido anunciada como un fortalecimiento para el sector forestal, ha generado la alerta en un grupo de expertos al considerar que puede debilitar la lucha contra el tráfico ilegal de madera. 

 

La directora de EIA en Perú, Julia Urrunaga, señaló que hay por lo menos tres artículos que se deben tener en cuenta sobre las modificaciones aprobadas por Osinfor. El primero es la posibilidad de que se obtengan constancias de buen manejo forestal a favor de las compañías supervisadas. “El problema es cómo y para qué lo van a querer usar [las empresas]. No quiere decir que luego de la verificación, la madera que tú sacas de allí sea legal. El temor es que se use para validar madera de origen ilegal”, explicó.

El segundo tema de los cambios aprobados por Osinfor sobre el que hay que poner la mirada es donde se mencionan las funciones que tendrá la dirección de supervisión para seleccionar los casos que serán archivados o derivados a la oficina de fiscalización porque pueden quitar filtros para iniciar procesos sancionadores a las empresas.

El tercer punto está relacionado a la búsqueda de presupuesto adicional, previa aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, para las supervisiones extraordinarias que se realicen en campo. 

“Lo que debemos hacer en este momento es asegurarnos de que las nuevas regulaciones no vayan a ayudar a validar o lavar más madera. Todos queremos que sobreviva el bosque y para eso debemos estar seguros de que no estamos saboteando la legalidad del sector”, finalizó Urrunaga.