La constructora Aenza S.A.A, antes llamada Graña y Montero, investigada por corrupción por el Equipo Especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato, modificó sus estados financieros hasta en dos oportunidades para reducir drásticamente el valor de su patrimonio, inversiones y deudas registradas el año 2016. Producto de estos cambios, en pocos meses pasó de registrar ganancias de S/9,9 millones a declarar pérdidas por S/509 millones.

OjoPúblico analizó las resoluciones y oficios que forman parte del proceso sancionador seguido por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) contra la empresa, y que concluyó en agosto último con una multa de S/2,2 millones. Los cargos atribuidos refieren que la empresa reportó utilidades hasta 1.280 % menores a las declaradas inicialmente ante el mercado bursátil, y no cumplió con comunicar el hecho al resto de inversionistas.

Los documentos archivados en la Intendencia General de Cumplimiento de Conductas y de la Superintendencia Adjunta de Supervisión de Mercados, instancias de fiscalización en la SMV, permiten reconstruir las graves infracciones financieras cometidas en un contexto en que la ex Graña y Montero era denunciada penalmente por participar en la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, y cuando sus principales exdirectivos cumplían prisión preventiva por sus presuntos vínculos con actividades ilícitas.

Los datos revisados por OjoPúblico en base a la información de la SMV confirman que la constructora elaboró tres reportes financieros, en enero de 2017, noviembre 2017 y junio 2018 con montos ampliamente diferentes respecto a los resultados de sus operaciones durante el 2016. Este año forma parte del periodo de corrupción y colusión reconocido por la propia empresa en un preacuerdo de colaboración eficaz suscrito recientemente con el Equipo Especial de la Fiscalía y la Procuraduría Ad Hoc del Caso Lava Jato.

 

Tres reportes financieros con montos distintos

 

Aenza S.A.A registra acciones en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y reporta su información financiera a la SMV, además, cotiza en la Bolsa de Nueva York y está sujeta a las leyes bursátiles de Estados Unidos. De acuerdo con la normativa de la SMV, las grandes empresas que colocan sus acciones al público deben reportar sus estados financieros de manera trimestral (informes intermedios) y anual (auditado por una compañía externa) para que los inversores cuenten con información confiable al comprar, vender o tomar decisiones sobre sus negocios.

El 26 de enero de 2017, Graña y Montero cumplió con enviar sus estados financieros intermedios correspondientes al último trimestre del 2016 y lo comunicó así en la sección Hechos de Importancia, un apartado en el portal web de la SMV donde las empresas están obligadas a transparentar cualquier acto, acuerdo, negociación en curso o información que pudiera influir en la toma de decisiones del mercado bursátil. 

En el documento se detallan los ingresos y gastos del año, y se evidencia que hasta el 31 de diciembre de 2016 la empresa había acumulado utilidades por S/9,9 millones. El informe fue aprobado en el Directorio presidido por José Alejandro Graña Miró Quesada, quien entre 1994 y 2014 también ejerció como miembro del directorio del grupo mediático El Comercio, e que estuvo integrado por Juan Carlos Montero Graña, como vicepresidente, y por Mario Alvarado Pflucker y Hernando Graña Acuña como directores.

EXPRESIDENTE. José Graña Miró Quesada (al centro) en una foto del año 2009, cuando los directivos de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) calificaron a Graña y Montero en el Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC).

Foto: Andina.

 

Un mes antes, el 21 diciembre de 2016, su socia, la compañía Odebrecht, había firmado un acuerdo con la justicia de Estados Unidos, donde reconoce el pago de sobornos en el Perú por hasta USD 29 millones. Sin embargo, no fue hasta el 24 de febrero de 2017 —poco después de enviado el informe financiero— que el máximo ejecutivo de la constructora brasileña en Lima, Jorge Barata, confesó a la Fiscalía que Graña y Montero tenía conocimiento del pago de coimas.

Producto de estas revelaciones el valor de las acciones de la empresa peruana se desplomaron un 33,3 %. Graña Miró Quesada, Graña Acuña y Alvarado Pflucker renunciaron al Directorio luego de permanecer dos décadas en  el cargo, y la Procuraduría denunció penalmente a la compañía por colusión. Además, en los meses siguientes la Fiscalía empezó a recabar datos sobre la red de corrupción que luego se conocería como el “Club de la Construcción”. 

Es en medio de este periodo de investigaciones que el Directorio de la empresa presenta nuevamente sus estados financieros intermedios correspondientes al 2016, pero con las cifras ajustadas. El 15 de noviembre de 2017, diez meses después del primer reporte y a dos semanas de que el Poder Judicial ordenara la prisión preventiva de José Alejandro Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, la empresa entregó a la SMV un reporte donde ya no se evidencian ganancias por S/9,9 millones, sino pérdidas por S/117 millones. 

En febrero de 2017, luego del primer reporte financiero, Jorge Barata involucró a Graña y Montero en la red de corrupción".

“Constituye un cambio relevante la variación de los resultados de periodo y el patrimonio entre lo presentado en los Estados Financieros Intermedios Separados al 31 de diciembre de 2016, remitidos el 26 de enero de 2017 y el 15 de noviembre de 2017, respectivamente. La variación del resultado del periodo es de S/ 126,9 millones en pérdidas y en el patrimonio es de S/ 127,7 millones”, alertó la SMV en uno de los documentos que forma parte del proceso sancionador.

El monto de las utilidades de la empresa varió en 1.280 %, es decir, en S/126,9 millones. Según la normativa del Mercado de Valores, los cambios o subsanaciones de la información financiera deben ser comunicadas como Hecho de Importancia, adjuntando el detalle de los montos. Cuando se trata de modificaciones relevantes se debe precisar, incluso, el motivo. Pero la empresa no comunicó estos detalles al mercado bursátil peruano ni a la Comisión de Valores de EE. UU.

 

DIFERENCIAS. Graña y Montero presentó dos estados financieros en 2017, respecto a sus resultados del año anterior. En uno reportaba ganancias de S/9,9 millones, en otro pérdidas por S/117 millones.

Imagen: SMV

 

Este segundo reporte fue aprobado por el directorio que reemplazó a los miembros de la familia Graña, y que se mantuvo en el cargo hasta mediados de 2020. Ellos son: el presidente Francisco Augusto Baertl Montori, empresario vinculado al sector minero y agrícola; Alfonso García Miró Peschiera, extitular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep); el economista Roberto Abusada Salah que falleció este año, Rafael Venegas Vidaurre, Juan Carlos Antonio Montero Graña, entre otros.

El informe del 15 de noviembre de 2017 cuenta, además, con una declaración jurada de responsabilidad respecto a la veracidad de su contenido, y está suscrita por el gerente general corporativo Luis Díaz Olivero, quien se mantuvo en funciones tras el cambio de nomenclatura de la empresa. En su gestión se concretó el preacuerdo de colaboración eficaz por el caso Lava Jato, y hace unos días informó que dejará el cargo el próximo 30 de setiembre.

“El presente documento contiene información veraz sobre el desarrollo del negocio de Graña y Montero S.A.A. al 31 de diciembre del año 2016. Los firmantes se hacen responsables por los daños que pueda generar la falta de veracidad o insuficiencia de los contenidos, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo a las normas del Código Civil”, se lee en esta segunda entrega de los estados financieros.

Los estados financieros auditados se presentaron 18 meses después de cerradas las finanzas de 2016".

Las principales diferencias entre los reportes de enero y noviembre se reflejan en la caída de ingresos por la participación que tenía Graña y Montero en sus subsidiarias y asociadas (-710%); mayores gastos o endeudamiento con servicios del sistema financiero (69%), un incremento en utilidades por la venta de inversiones en sus empresas vinculadas (100%), y una reducción del cálculo del Impuesto a la Renta a pagar (-75%).

Pero a estos informes faltaba añadir un tercer documento: los estados financieros anuales auditados, una exigencia para grandes empresas que cotizan en el mercado bursátil. Este reporte debe pasar por un proceso de revisión y verificación de la información a cargo de una sociedad de revisores independientes, y de acuerdo a las normas del mercado de valores el plazo límite para su aprobación es el 31 de marzo de cada año.

Sin embargo, Graña Montero presentó la auditoría a sus finanzas anuales del 2016 casi 18 meses después y con más montos cambiados. Según los datos revisados por OjoPúblico, el reporte ingresó a la SMV el 13 de junio de 2018 y en sus conclusiones ya no muestran una pérdida de S/117 millones, reconocida en el segundo informe del 15 de noviembre de 2017, sino que esta se elevó ahora a S/509 millones. Es decir, un 335% más.

 

AUDITADO. En los estados financieros auditados, presentados en junio de 2018, se registran más pérdidas respecto a los reportes intermedios de noviembre de 2017. Esta vez, por S/509 millones.

Imagen: SMV

 

La diferencia más significativa detectada por la superintendencia se encuentra en el cálculo de las inversiones conjuntas realizadas con dos de sus subsidiarias. La primera es Negocios de Gas S.A., a través del cual Graña y Montero tenía el 20% de participación  en el Gasoducto del Sur Peruano, un proyecto que fue cancelado por el Gobierno peruano, en enero de 2017, porque la brasileña Odebrecht no pudo conseguir financiamiento en el marco de las investigaciones por corrupción en su contra.

La segunda es GyM S. A., incluida en la investigación fiscal por el caso “Club de Construcción” e investigada por colusión empresarial en el Instituto Nacional de Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi). El proceso administrativo continúa en curso, pero desde diciembre de 2018 esta subsidiaria se acogió al Programa de Clemencia de la entidad para delatar la operación, por lo que no será multada cuando el caso concluya.

Aenza (antes Graña y Montero) y sus subsidiarias GyM S.A. y Concar S.A., forman parte del acuerdo preparatorio de colaboración eficaz suscrito con la Fiscalía y la Procuraduría y en el que reconocen haber cometido corrupción en 16 proyectos de infraestructura y colusión en otras 48 obras, entre los años 2003 a 2016. Este último es, precisamente, el año cuyos estados financieros muestran montos ampliamente diferentes y que son motivo de este reportaje.

Aenza y sus subsidiarias GyM y Concar admitieron corrupción ante la Fiscalía por sus operaciones de 2003 a 2016".

El pasado 31 de agosto, la SMV publicó la resolución de sanción en primera instancia contra la empresa por incurrir en dos infracciones —calificadas como grave y muy grave— por presentar información inexacta en sus estados financieros y no comunicar al mercado bursátil las modificaciones que se reflejan en su informe del 15 de noviembre de 2017. La multa impuesta fue de S/2,2 millones, y el caso aún puede ser apelado.

“Graña y Montero no habría presentado EEFF razonables, fidedignos y respetando el principio de prudencia, considerando los cambios exorbitantes que se presentaron (...) Es importante señalar que la presentación de información inexacta al mercado de valores atenta contra el principio de transparencia de la información, el cual constituye un pilar fundamental para el funcionamiento y desarrollo del mercado de valores”, indica la resolución de sanción.

 

 

En mayo de 2021 Aenza S. A. A. presentó sus descargos asegurando que no hay errores ni inexactitudes en sus reportes porque fueron elaborados “con la información que tenían disponible en la fecha en que fueron formulados”. Además, señala que como transcurrió más de un año hasta la entrega de los estados financieros auditados, en ese periodo “habrían tomado conocimiento de varios hechos que la obligaron a realizar diversos ajustes a sus cuentas contables que, a su vez, tuvieron un impacto significativo en los resultados”.

La constructora, incluso, interpretó el Reglamento de Información Financiera de la SMV que rige desde 1999, y donde se exige que los datos presentados por las compañías deben ser fidedignos y representar “de modo razonable los resultados y la situación financiera de la empresa”. Pero Aenza, este término quiere decir que la compañía debe “tener en cuenta la información que se encuentre razonablemente a disposición de la misma al momento de su emisión”.

Respecto a las diferencias en el rubro denominado Inversiones con subsidiarias, la empresa explicó que estas se debieron a nuevos indicadores que demostraban la imposibilidad de recuperar su inversión en el Gasoducto Sur Peruano. Mientras que los cambios en la sección Gastos financieros se explican por el estimado de la fecha de recuperación de cuentas por cobrar al Estado.

En respuesta, la SMV señaló que la cancelación del contrato del Gasoducto era un suceso conocido antes de la entrega del primer reporte, por lo que se debió prever su impacto en su contabilidad. Lo mismo sucede con las obligaciones de pago en las entidades financieras. Además, precisó que no es razonable seguir incorporando nuevos sucesos a los estados financieros, por fuera del plazo establecido, porque el objetivo es que la difusión de estos datos sean oportunos y útiles en el tiempo.

 

EMPRESA. La constructora Graña y Montero alegó que las pérdidas se deben al término del contrato del Gasoducto Sur Peruano, pero la SMV le recordó que ese hecho ya había ocurrido antes de la entrega de sus reportes.

Foto: Andina.

 

Para la superintendencia, la defensa de Aenza solo evidencia que se cometieron errores en el cotejo de su contabilidad y que su sistema de control interno no funcionó. 

“Los argumentos para justificar tales cambios no solo son preocupantes para los fines de la transparencia de la información financiera que se divulga, sino que son indicios de que los estados financieros del emisor [Graña y Montero] divulgados al mercado en ese lapso de tiempo no fueron elaborados de conformidad con el estándar aplicable NIIF [Normas Internacionales de Información Financiera], ni con el rigor necesario”, añade la autoridad bursátil. 

La SMV multó a la constructora con S/2,2 millones por cometer dos infracciones ante el mercado bursátil".

El economista y docente de la Universidad del Pacífico, Renzo Jiménez Sotelo, considera que el caso descrito en este reportaje es anormal, pues los montos de los reportes intermedios y los estados anuales auditados no deberían variar de manera tan drástica. "Todo indica que se estaría tratando de sincerar algo que en el ejercicio final se iba a demostrar, y que le podría traer consecuencias más graves a la empresa ante el supervisor del mercado de valores", sostiene.

Jiménez Sotelo refiere que las grandes empresas que cotizan acciones en las Bolsas de Valores, en Perú y otros países, se comprometen a reglas de transparencia para operar en igualdad de oportunidades. Por ello, toda información que pueda impactar en sus resultados económicos debe ser comunicada dentro de las 24 o 48 horas al mercado. En el caso peruano, esto se expone a través de la sección Hechos de Importancia, de la SMV.

La Ley General de Sociedades establece que el Directorio de una compañía tiene la obligación de presentar la memoria anual, los estados financieros y la propuesta de distribución de las utilidades ante la Junta General de Accionistas. En el artículo 175 se indica que este grupo de ejecutivos debe “proporcionar a los accionistas y al público las informaciones suficientes, fidedignas y oportunas que la ley determine respecto de la situación legal, económica y financiera de la sociedad”. 

 

 

Expertos en Derecho Corporativo, que pidieron no ser identificados porque sus estudios jurídicos mantienen causas ante la SMV, explicaron que los accionistas o terceros que pudieran sentir que sus inversiones fueron afectadas por no contar con datos certeros y oportunos, podrían impulsar una demanda contra la empresa.

Al respecto, en los artículos 177 y 190 de la norma se indica que el gerente y los miembros del Directorio responden por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar “los actos contrarios a la ley, al estatuto o los realizados con dolo, abuso de facultades o negligencia grave”. Esta responsabilidad civil, sin embargo, caduca a los dos años de que se cometen los hechos, quedando solo la vía penal.

“La responsabilidad civil de los directores caduca a los dos años de la fecha de adopción del acuerdo o de la realización del acto que originó el daño, sin perjuicio de la responsabilidad penal”, se lee en el artículo 184 de la Ley General de Sociedades. Además de ello, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), está facultada a supervisar el pago de impuestos realizados en ese periodo.

Rafael Chanjan, abogado penalista e investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), señala que la actuación de los directivos de una empresa está sometida al artículo 5 del Decreto Legislativo 813, que configura la Ley Penal Tributaria. Esta norma sanciona, con penas de dos a cinco años, el falseamiento, omisión o destrucción de información contenida en libros y registros contables.

 

PWC se retiró del caso

Los Estados Financieros Auditados del 2016 se debieron presentar, como máximo el 31 de marzo de 2017. Sin embargo, Graña y Montero lo hizo recién en junio de 2018, y para ello solicitó múltiples prórrogas a la SMV alegando dificultades para consolidar su información como consecuencia de las denuncias relacionadas al caso Lava Jato y por problemas surgidos con su entonces auditor PriceWaterhouseCoopers (PWC).

PriceWaterhouseCoopers es una de las cuatro firmas de auditoría fiscal más grandes del mundo, conocidas como las Big Four junto con Deloitte, EY y KPMG, con sede en Londres y Nueva York, y ha sido cliente de Graña y Montero desde el año 2010. En el Perú trabaja con Gaveglio Aparicio y Asociados S.C.R.L., a la que había delegado la supervisión contable de la constructora peruana para el polémico año 2016.

Las confesiones de Jorge Barata, en las que asegura que Graña y Montero conocía del pago de coimas, motivaron que la auditora pidiera mayor información al respecto. “La firma PriceWaterhouseCoopers solicitó procedimientos adicionales para emitir su opinión de auditoría, dentro de los cuales, requirió conocer determinados resultados de la investigación interna”, señala la empresa en un Hecho de Importancia del 02 de marzo de 2017.

La labor de cotejo financiero continuó bajo nuevas prórrogas hasta que, el 9 de agosto de 2017 el Directorio de Graña y Montero comunicó a la SMV que habían contratado a la misma  PriceWaterhouseCoopers para que se encargue, también, de auditar el ejercicio 2017. Esto pese a que aún no había terminado el análisis del 2016.

“Algo ocurrió, entre el emisor [la constructora] y PriceWaterhouseCoopers entre el 09 y el 14 de agosto de 2017, puesto que en esta última fecha el emisor nuevamente solicitó a la SMV un plazo adicional y final, de treinta días calendario, para presentar su información financiera auditada del 2016”, se lee en el Expediente Nº 2017015665 archivado en la superintendencia.

Pero el informe auditado tampoco estuvo listo para entonces. Por el contrario, el 4 de octubre de 2017 llegó un nuevo documento a la SMV donde se informa que la Junta General de Accionistas de Graña y Montero y PriceWaterhouseCoopers acordaron cancelar el contrato. ¿El motivo? A fines de agosto de 2017 la gigante en el rubro de auditoría informó que se había producido una alerta de riesgo en su canal internacional de whistleblowing. 

PWC es una de las cuatro firmas de auditoría fiscal más grandes del mundo, conocidas como las Big Four".

Este canal es un mecanismo de responsabilidad empresarial que permite recibir advertencias anónimas, de sus trabajadores o personal externo, sobre la posible ocurrencia de actos contrarios a sus políticas, leyes o prácticas. Las cartas enviadas por Graña y Montero a la SMV y a la Securities and Exchange Commission (SEC) de EE.UU indican que PriceWaterhouseCoopers prestó servicios adicionales y distintos a los de auditoría externa, los mismos que le hicieron perder su independencia para supervisar el polémico año 2016.

La filial peruana de PWC había sido contratada con antelación por Graña y Montero, en octubre de 2016, para brindar  recomendaciones metodológicas respecto a “la prueba de controles internos exigidos por la ley Sarbanes Oxley Act”. La cita hace referencia a una ley federal de Estados Unidos que se aprobó en 2002 tras fraudes financieros cometidos por grandes corporaciones, y tiene como objetivo prevenir el crimen corporativo. La norma es aplicable a Aenza S.A.A, ex Graña y Montero, pues cotiza en la Bolsa de Nueva York. 

 

DESCARGOS. La constructora explicó ante las autoridades bursátiles que no pudieron prever un posible conflicto o falta de independencia de su auditora.

Documento: BVL.

 

La firma había aceptado hacer una consultoría para revisar “el plan de testeo de la compañía” y hacer sugerencias para su mejora. “Sin embargo, posteriormente se ha determinado que en la ejecución se prestaron más servicios de los contratados, llevando a cabo una importante cantidad de pruebas de controles”, se lee en una de las cartas enviadas por la constructora. 

La alerta anónima que llegó a PWC hacía alusión a este conflicto de interés, pues la empresa que brindó una consultoría específica sobre las finanzas de 2016 no podría auditar de manera independiente los resultados financieros del mismo año. Pese a que la alarma se emitió en agosto de 2017, la filial peruana de PWC continuó su labor de auditoría hasta octubre de ese año, que es cuando notifica su decisión de terminar el contrato. 

“[PWC] advirtió que se habían prestado servicios a Graña y Montero que van más allá de los permitidos a un auditor externo, de acuerdo con las normas locales y de los Estados Unidos que le son de aplicación a la compañía (...) PWC jugó un papel sustancial al probar o testear los controles de la compañía. Ello determinó, en función de la legislación anteriormente citada, que la independencia de PWC como auditor externo de Graña y Montero, se haya visto afectada”, se lee en otro de los documentos remitidos por la empresa.

La auditora dejó de supervisar a Graña y Montero tras recibir una alerta de riesgo en su canal internacional de whistleblowing".

La SMV advirtió que los hechos que derivaron en la terminación del contrato de auditoría externa, no solo son inéditos en el mercado de valores, sino que generan más interrogantes, pues ambas empresas tienen experiencia trabajando juntas y conocen las normas internacionales y de auditoría como para cometer errores graves. Sin embargo, como el caso no es materia de un proceso sancionador, no se profundizó en ello.

“¿De qué manera dos corporaciones del tamaño que tienen tanto el emisor como PWC (...) podían haber incurrido —sin darse cuenta o sin poder evitarlo—, en una situación de falta de independencia del auditor externo por la prestación de servicios distintos de la auditoría financiera, y que dicha situación no haya sido advertida por quienes prestaban dichos servicios, sino que solamente pudo ser advertida a raíz de una alerta anónima del canal internacional de whistleblowing de PWC?”, alerta la superintendencia.

La SMV consideró inédito que dos empresas tan grandes como PWC y Graña no hayan detectado el problema a tiempo".

Debido a estos hechos, el trabajo fue terminado por la firma de asesoría contable y comercial Moore Stephens. OjoPúblico se contactó con la gerencia de Comunicaciones de PriceWaterhouseCoopers y le consultó por este tema. La firma indicó que no contaban con un vocero disponible, pero enviaron al medio un enlace público de la Securities and Exchange Commission (SEC), donde se resume la situación narrada en este reportaje y el motivo de la culminación del contrato.

El pasado 26 de agosto, a través de la Resolución de Superintendencia Adjunta N° 068-2021, la SMV notificó a la constructora de la multa de S/2,2 millones, sin embargo, esta no cumplió con difundirlo en la sección Hechos de Importancia. La empresa lo hizo el 31 de agosto, solo después de que la SMV le enviara un oficio a su gerente general Luis Díaz Olivero, alertando de la falta.

Hasta el cierre de edición, Aenza no había informado a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos la sanción recibida en Perú. OjoPúblico solicitó una entrevista con voceros de la empresa, pero a través de su equipo de comunicaciones indicaron que no declararán sobre el tema. Solo remitieron el documento que enviaron a la sección Hechos de Importancia, y donde indican que están en desacuerdo con el fallo de la superintendencia y se encuentran evaluando “las perspectivas legales frente a la misma”.