Actualizado a las 11:10 horas del 9 de agosto de 2021.

 

El gabinete elegido por el presidente Pedro Castillo Terrones, para dirigir los destinos del Perú en plena celebración del Bicentenario, deberá ganar el voto de confianza del Congreso en las próximas semanas de agosto, en medio de dos fuerzas extremas que buscan el choque directo: algunos miembros de Perú Libre, allegados a Vladimir Cerrón Rojas, que provocan al Parlamento para que censure al gabinete y puedan acercarse a la posibilidad del cierre del Legislativo; y miembros de Renovación Popular que habla de la vacancia presidencial como una posible opción si sus pedidos no son aceptados.

En ese contexto, OjoPúblico analizó los nombramientos del gabinete que lidera Guido Bellido Ugarte y halló, por lo menos, tres grupos de naturaleza política claramente definida: el primero integrado por el premier, estrechamente vinculado a Cerrón Rojas, junto a cinco ministros sin experiencia previa en carteras estratégicas como Defensa, Energía, Ambiente, Trabajo y Transportes; y uno adicional, el titular del Interior protagonista de un escándalo interno reciente. En tanto, el segundo está conformado por ministros procedentes de partidos como Juntos por el Perú, Nuevo Perú y el Frente Amplio; y finalmente un tercer grupo minoritario con técnicos como el jurista Aníbal Torres Vasquez.

Precisamente, las mayores críticas apuntan a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la elección, en los ministerios citados, de funcionarios como viceministros, jefes de asesores, secretarios generales y otros cargos técnicos, sin experiencia y con antecedentes negativos. A continuación el perfil de los altos funcionarios más polémicos del gabinete juramentado por Castillo: desde Bellido, quien hasta antes de asumir el 28 de julio tenía un discurso radical, hasta Walter Ayala Gonzales (Defensa), Iván Merino Aguirre (Energía y Minas), José Ramírez Mateo (Ambiente), Íber Maraví Olarte (Trabajo), Juan Silva Villegas (Transportes) y José Carrasco Millones (Interior).

 

Guido Bellido: el militante leal de Vladimir Cerrón

Las críticas contra el actual gabinete además se extienden a sus primeros nombramientos en las citadas carteras debido a que los designados registran conductas irregulares, conflictos de interés, investigaciones fiscales, inexperiencia en la función pública y hasta porque su mayor mérito parece ser su militancia en Perú Libre. La lista es liderada por el congresista y premier Bellido Ugarte, investigado por la Fiscalía por apología del terrorismo (no condenó al Sendero Luminoso de los años 80 y 90 en una entrevista en televisión) y además por el testimonio de un agente de la Dircote que lo acusa de visitar los campamenos de la facción narcoterrorista en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

Bellido Ugarte (42) es natural de Chumbivilcas (Cusco) y bachiller de Ingeniería Electrónica por la Universidad Nacional San Antonio Abad. Su última dirección la fijó en la Comunidad Campesina de Qquehuincha, una de las 15 ubicadas en el distrito de Livitaca, en donde también se encuentra la minera de capitales canadienses Hudbay que explota cobre vía su operación Constancia. El lugar de origen del premier además es escenario de múltiples conflictos socioambientales, que han involucrado a MMG Perú, la compañía china que usa el corredor minero para extraer cobre de su operación La Bambas.

En el 2006, con 27 años, Bellido Ugarte participaba en la vida política universitaria de la San Antonio Abad por intermedio de la federación de estudiantes y sus reclamos a las autoridades principales de la época. El actual congresista de Perú Libre también ejerció aquel año como director de juventudes, cultura y educación de la Asociación Civil de Defensa del Patrimonio de la Nación y Desarrollo Humano, inscrita en Cusco. Entonces, la agrupación era presidida por Amilcar Romero Rendón, histórico y reconocido dirigente sindical del Cusco que apoyó a Castillo Terrones en la segunda vuelta electoral.

 

CERCANOS. Guido Bellido ha llegado a decir en entrevista que él con Vladimir Cerrón eligieron a Pedro Castillo como candidato presidencial de Perú Libre.

Foto: Facebook de Guido Bellido

 

En 2009, Bellido Ugarte fue parte de Hatun Ñan, un programa impulsado por la Universidad Católica del Perú en 2003 para fortalecer las capacidades de jóvenes universitarios quechuas. Aquel año, fue invitado a breves jornadas de clases en el campus junto a estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. El actual primer ministro recordaría aquella visita a Lima a través de un blog personal abierto después de aquel viaje. Por aquellos años, y a pesar del tiempo, Bellido Ugarte seguiría vinculado a la actividad estudiantil como presidente de la Federación de Estudiantes de Chumbivilcas, que aglutinaba a las personas naturales de esta provincia en el Cusco.

Entre 2015 y 2018, Bellido Ugarte laboró como ingeniero electrónico en EYS Technology, que tiene como gerente general a Yol Espinoza Otazu, militante apurimeño de Acción Popular. El congresista de Perú Libre también fue inscrito en 2014 como gerente general de Markanext, empresa dedicada a la importación y venta de productos electrónicos así como la supervisión de obras públicas. Aquella compañía, dada de baja en el 2016 ante el ente tributario, fue constituida con un capital S/100.000, y contaba con la participación accionarial de Espinoza Otazu, el exempleador de Bellido Ugarte. 

En 2015, el congresista de Perú Libre aún mantenía contactos con la dirigencia estudiantil de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Así lo dijo durante una conferencia online realizada poco después de la primera vuelta del 5 de abril último: “Yo era dirigente de la universidad… [San Antonio Abad cuando] iniciamos la construcción de las bases [de Perú Libre] en el Cusco en 2015”, recordó al hacer referencia al origen de su vinculación con el partido de Cerrón Rojas. Para entonces, Bellido ya había sido militante del grupo regional denominado Patria Arriba Perú Adelante entre 2014 y 2015.

Precisamente, a esta época se remonta su participación en Perú Libre, partido al que se afilió oficialmente en 2017. Cuando esto ocurrió ya era asiduo participante de las reuniones político partidarias de la organización fundada por Cerrón Rojas, quien tres años había concluido el que sería su primer periodo como gobernador regional de Junín. Al mismo tiempo, Bellido Ugarte era empleado en la sede del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Cusco, según él mismo reconoció en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el año pasado.

En esta sede de INEI del Cusco también laboró el hermano menor del hoy primer ministro, entre 2013 y 2017. Su nombre es Richar Bellido Ugarte, también natural de la Comunidad Campesina de Qquehuincha (Chumbivilcas), pero nacido en 1981 y bachiller de Ciencias Administrativas de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Este último igualmente es militante de Perú Libre desde el 2017 y, al año siguiente, postuló al cargo de alcalde de su natal Livitaca, pero sin éxito. Ambos hermanos declararon ante el JNE poseer tierras y un inmueble en este distrito, aunque sin estar inscritas en los Registros Públicos.

Premier Guido Bellido es natural Chumbivilcas, provincia marcada por conflictos sociales por la minería.

En el 2020, Bellido Ugarte postuló al Congreso en las elecciones extraordinarias después del cierre del Parlamento, pero sin lograrlo. Para entonces, el actual primer ministro ya era un promotor del culto a la personalidad de Cerrón, bajo el argumento de que “un militante disciplinado es garantía de lealtad”. En efecto, Bellido es un afiliado que, si bien no tiene condición de dirigente, ha logrado escalar posiciones claves al mismo tiempo que sus redes sociales registran múltiples fotos con Cerrón, ya sea posando y alabando al condenado a cuatro años de prisión, leyendo su plan de gobierno (reemplazado por Castillo Terrones en la segunda vuelta) o acompañándolo en diferentes viajes.

La actual ascendencia de Bellido Ugarte en Perú Libre es visible en uno de los audios del caso Dinámicos del Centro, en la investigación fiscal por corrupción en el gobierno regional de Junín, durante el segundo periodo de Cerrón Rojas. En dicha interceptación legal de las comunicaciones, fechada a fines del año pasado, se le escucha al actual congresista hablar con Arturo Cárdenas (secretario nacional de organización de Perú Libre) sobre la recolección de dinero para pagar la reparación civil impuesta a Cerrón Rojas, en el marco de su condena de cuatro años de prisión por corrupción. Este gesto extremo de fidelidad partidaria sorprende casi tanto como las pocas credenciales democráticas que muestra el primer ministro.

En sus redes sociales y en su discurso público antes de asumir el cargo, Bellido Ugarte exhibe una admiración incondicional, sin atisbos de matiz en su análisis histórico, por las dictaduras que rigen Cuba y Venezuela actualmente. De igual forma, como militante de un partido que se autodenomina marxista, en honor al filósofo alemán, coloca a este último al nivel de una de las figuras más crueles y totalitarias del siglo XX: Iosif Stalin, el dictador soviético que gobernó a la exURSS por 30 años. Todo esto acompañado de un mensaje homofóbico y misógino, en donde destaca un discurso de odio reservado contra los medios de comunicación, de manera generalizada, y las organizaciones de la sociedad civil.

Desde que asumió el cargo entregado por Castillo Terrones, el 29 de julio, el primer ministro ha empezado a realizar las designaciones del caso en su cartera. El 3 de agosto, Bellido eligió a Braulio Grajeda Bellido, militante de Perú Libre desde el 2017, candidato al Congreso en el 2020 y secretario de organización del sur de este partido, como viceministro de Gobernanza Territorial. De Grajeda Bellido se conoce que abrió una cuenta mancomunada con la hoy vicepresidenta Dina Boluarte Zegarra (y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) para recibir aportes voluntarios de militantes, con el objetivo de pagar la reparación civil de Cerrón Rojas por corrupción.

 

Ministro de Defensa Walter Ayala

Otro de los integrantes del gabinete que despierta polémica es el ministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales (50), natural de Lima y abogado de la Universidad Federico Villarreal. El funcionario –que tiene bajo su jurisdicción al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea– ha sido juez suplente en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Lima y presidió el comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima. Hasta 1997 fue miembro de la Policía, cuando fue sancionado y, finalmente, separado en el 2000 por negar que conocía a una persona con orden de captura. Él llevó su caso al Tribunal Constitucional en dos oportunidades, sin éxito.

El ministro Ayala Gonzales es el segundo de cinco hermanos: Luis Américo, Carlos Edwin, Maritza Olga y Miguel Ángel Ayala Gonzales. El primero de estos, Luis Américo, registra una sentencia de 13 años por el secuestro del empresario Jorge Alonso Oviedo en 2003. La esposa del ministro, Ofelia Jara Calderón, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para revertir la situación legal de su cuñado, pero este fue denegado. En 2008, la familia Ayala Gonzales recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que la condena se basó en hechos falsos. En 2018, la Comisión aceptó evaluar el caso del hermano del hoy titular del sector Defensa.

 

TRAYECTORIA. El abogado Walter Ayala (derecha) fue separado de la Policía hace dos décadas, y luego se dedicó a la actividad jurídica privada y pública.

Foto: Facebook de Walter Ayala

 

Una vez alejado de la Policía y con su hermano condenado a prisión, Walter Ayala Gonzales asumió en 2017 la gerencia general de Actualidad Judicial, una editora peruana fundada en 2009 por su esposa Ofelia Jara Calderón y su pariente Elsa Navarrete Gonzales. En el año 2019, Ayala Gonzales fundó su propia firma legal, junto con la abogada Vivian Ayala Jara. El ministro actualmente es propietario de un terreno en Surco y otro en Villa El Salvador. El primero fue comprado por S/32.000 a una inmobiliaria en 2015, y el segundo lo recibió en herencia de su madre.

En los últimos años, Ayala Gonzales ha brindado breves clases judiciales a través del canal de Youtube de Actualidad Judicial. En junio de este año, el abogado presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial, para detener la designación de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional por el anterior Congreso. El 24 de julio, una vez proclamado Castillo Terrones como ganador, Ayala Gonzales –sin experiencia en temas de gestión o política castrense– ya era considerado para ser titular de la cartera de Defensa, de acuerdo a una reunión realizada como parte del proceso de transferencia en un edificio de Jesús María, según IDL-Reporteros.

 

Ministro de Energía y Minas Iván Merino

La oficina donde ocurrió dicha reunión pertenece al tercer ministro cuestionado del gabinete de Castillo Terrones: el empresario Iván Godofredo Merino Aguirre (60), quien es natural de Huancayo, en Junín, y fue elegido como ministro de Energía y Minas (MEM). Aunque en su partida de matrimonio declaró ser economista, Merino Aguirre no registra ningún título en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Su matrimonio fue en 1993, con la economista Celeste Rosas Muñoz, quien representó a Perú Libre en el debate de cuadros técnicos del JNE.

El hoy ministro de Energía y Minas no tiene experiencia acreditada en la cartera que actualmente dirige

Con su esposa Celeste Rosas, Merino Aguirre creó la asociación Sur: Instituto de Desarrollo e Investigación, en los años ‘90. En 2006, el hoy titular del MEM fue uno de los fundadores de ISSA, una empresa dedicada a la edición de libros y organización de eventos culturales. Entre 2007 y 2019, Merino Aguirre creó otras tres sociedades en la calle Pablo Bermudez (Jesús María), donde ocurrió la reunión con Ayala Gonzales ante de la toma de mando del 28 de julio: Sur Escuela Superior de Gestión, Sur Análisis y Servicios, y Nam Thu'o'ng Mai.

Las dos primeras empresas se dedican a brindar servicios de educación y asesorías, así como investigación social. A pesar que Nam Thu'o'ng Mai se dedicó al comercio internacional, no registra importaciones y fue dada de bajada en 2010 por la autoridad tributaria. El ministro, sin experiencia anterior en temas de minería, registra dos inmuebles en Pueblo Libre y Surco. Este último fue un adelanto de herencia de su madre, mientras que el primero fue comprado por el ministro Merino Aguirre y su esposa a la ciudadana Claudia Chavarry Arroyo por USD 26.000, en el año 2000. 

 

Ministro de Ambiente José Ramírez Mateo

La ausencia de experiencia en el rubro también se percibe en un cuarto miembro del gabinete: el ministro del Ambiente, José Ramírez Mateo (56), quien también es natural de Junín. El funcionario es abogado por la Universidad Privada Los Andes, y afiliado a Perú Libre desde el año pasado; aunque, en 2018, postuló sin éxito como regidor de Lince, en la capital, bajo la agrupación Perú Libertario, nombre anterior del hoy partido de gobierno. La hoja de vida presentada ante el JNE, sin embargo, no detalla experiencia laboral alguna relacionada a un sector tan especializado como el ambiental.

En 2001, Ramírez Mateo presidió el Centro de Conciliaciones Concesiones Mutuas junto con el arquitecto Luis Chirinos Torres y el ciudadano Nilo Urruchi Arrieta. En el 2008, Ramírez Matero y Chirinos Torres también formaron parte del consejo directivo de Perudeportes, una asociación dedicada a la enseñanza deportiva. Ramírez Matero además fundó la constructora WRU en 2011, junto con Cristian Flores Hinostroza y David Hinostroza Cerron. En 2016, finalmente, el hoy ministro fue designado directivo del Centro Social Masmas.

De acuerdo a Registros Públicos, Ramírez Mateo no cuenta con ningún inmueble en Lima. En 2019, el abogado ejerció como asesor de la Comisión de Pueblos Andinos, Ambiente y Ecología en el Congreso, que era presidida por el congresista del Frente Amplio, Edilberto Curro. Este año, finalmente, Ramírez Mateo reapareció como defensor de un grupo de invasores en la zona arqueológica de Lomo de Corvina, ubicada en el distrito de Villa El Salvador. Dicho Patrimonio Cultural fue recuperado por el Estado en abril pasado.

 

Ministro de Trabajo Iber Maraví Olarte

El quinto ministro con antecedentes bajo la lupa es Iber Maraví Olarte (60), como titular de la cartera de Trabajo. Aunque nació en Ayacucho, Maraví Olarte es abogado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. El ministro, también sin experiencia acreditada en la gestión del rubro laboral, es cantante, compositor (incluso de una canción sobre la pandemia y otra sobre el magisterio) y actor, con apariciones en películas peruanas como La Casa Rosada, ambientada durante el conflicto armado interno. Desde los ‘90, Maraví Olarte se ha desempeñado como docente de educación secundaria.

A la fecha, Maraví Olarte es militante de Nuevo Perú, agrupación de Verónika Mendoza. Sin embargo, el actual ministro ha postulado con tres agrupaciones diferentes en el pasado: al Congreso en 2006 con Avanza País; al Consejo Regional de Ayacucho, ese mismo año, con el Frente Regional de Ayacucho; y como regidor provincial de Huamanga en 2014 con Unidos por el Desarrollo de Ayacucho (solo con éxito en este último). En este contexto, la Policía lo vinculó a lo que consideran es el brazo político de Sendero Luminoso.

 

DIRIGENTE. Además de docente, el ministro de Trabajo, Iber Maraví, ha sido también actor y cantante; incluso compuso e interpretó una canción sobre el Sutep.

Video: Youtube de Iber Maraví

 

De acuerdo a un reportaje del diario Correo, de 2012, la Policía identificó a Maraví Olarte como secretario de juventudes, ideólogo y activista del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef). Este año, Perú21 informó que el ministro, además, fue secretario general del Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del Sutep (Conare), que también es considerado un brazo de Sendero Luminoso en el magisterio. Estos vínculos han sido negados por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

A estos antecedentes se suma un proceso judicial en su contra en 2009, cuando la Fiscalía pidió 12 años de cárcel contra Maraví Olarte y otros dirigentes sindicales por instigar a la violencia durante una movilización de profesores, ocurrida en el 2004. Actualmente, la decisión más cuestionada como titular de Trabajo fue que su sector inscribió a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), que fue fundada por Castillo Terrones. En declaraciones a la prensa, el ministro dijo que el proceso de inscripción inició en la gestión anterior. El Sindicato Único de Trabajadores (Sutep) ha criticado la medida porque se busca dividir al magisterio.

 

Ministro de Transportes Juan Silva Villegas

El sexto ministro cuestionado es Juan Francisco Silva Villegas (53), de la cartera de Transportes. El funcionario es natural de Lima y bachiller en educación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Desde 2017, además, Silva Villegas es militante de Todos por el Perú, agrupación presidida por su fundador Aureo Zegarra Pinedo. El ministro también está registrado como gerente general de Seas Perú, una compañía dedicada al transporte terrestre de pasajeros y fundada por Carlos Silva Sánchez y Jesús Medina Chinga.

De acuerdo al diario El Comercio, Seas Perú no cuenta con ninguna flota vehicular ni aparece en la relación de empresas de transporte autorizadas por la Autoridad del Transporte Urbano (ATU). El ministro Silva Villegas, además, ha recibido dos papeletas graves y una leve desde el 2015, bajo el volante de una miniván. El automóvil del educador Silva Villegas era usado para prestar el servicio de transporte ilegal, mejor conocido como colectivo. Según Cuarto Poder, por otro lado, el funcionario registra una denuncia de violencia por su expareja.

 

DESIGNACIÓN. El ministro de Transportes, Juan Silva, designó a Natalia Jiménez (izquierda), hija de un candidato al Congreso de Perú Libre por Tumbes.

Foto: Facebook de Natalia Jiménez

 

Las críticas sobre Silva Villegas también han apuntado a las designaciones de funcionarios. El 2 de agosto, el ministro nombró a Natalia Jiménez Velásquez como directora de Provias Descentralizado, a pesar de no contar con experiencia en este sector, según la Contraloría. Jiménez Velásquez ha sido militante de Perú Libre y registra fotografías con Cerrón y su padre Manuel Jiménez, excandidato de esta agrupación al Congreso por Tumbes. La cartera de Transportes oficializó la separación de la funcionaria.

El 1 de agosto, Silva Villegas nombró a Domingo Rubio Uriarte como secretario general de Transportes, a pesar de que cuenta con una sentencia por atropellar a una persona en 2003, y registrar una multa por manejar con exceso de alcohol en sangre. A él se sumó Alberto Falla Avellaneda, quien fue nombrado por Silva Villegas como Director Ejecutivo de Promovilidad el 3 de agosto. Falla Avellaneda fundó una planta de revisiones técnicas que traficaba con certificados de inspección técnica, de acuerdo al diario El Comercio. El Ministerio de Transportes también ha dejado sin efecto esta última designación.

La más reciente designación cuestionada de Silva Villegas es su nuevo jefe de Gabinete de Asesores: Marco Tulio Falconi Picardo, excongresista de Perú Posible y expostulante al legislativo este año, aunque sin éxito, por Podemos Perú, el partido del acusado de crimen organizado José Luna Gálvez. Falconi Picardo ha sido investigado por presunto plagio mientras postulaba a la Junta Nacional de Justicia y ha registrado llamadas con dos presuntos integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos: el exjuez supremo César Hinostroza y el suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez. 

 

Ministro del Interior Juan Carrasco

El séptimo alto funcionario cuestionado del gabinete de Bellido Ugarte es Juan Carrasco Millones (44). Natural de Lambayeque y egresado de derecho por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ejercía hasta hace pocos días como fiscal de crimen organizado en el norte del Perú. En los últimos años, el fiscal Carrasco se hizo conocido por dirigir investigaciones por crimen organizado, que involucraron al empresario Edwin Oviedo y al excongresista Héctor Becerril.

Desde que dejó la fiscalía Carrasco Millones es investigado por la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público, por asumir el despacho del Interior sin renunciar a su cargo de fiscal provincial titular en Lambayeque. El 27 de julio, Carrasco Millones solicitó una licencia sin goce de haber y no su renuncia, pues aún no estaba asegurada su designación en el gabinete, según reconoció el propio exfiscal. Un día después, Carrasco Millones escribió una carta con su dimisión, aunque fue entregada recién el 2 de agosto.

De acuerdo a la normativa del Ministerio Público, los fiscales están prohibidos de “aceptar cargos remunerados dentro de las instituciones públicas”. Esta misma norma precisa que el cargo de fiscal termina cuando la renuncia "es aceptada". Según el abogado Luciano López, el ministro podría ser procesado en el Congreso por cometer una infracción constitucional. La bancada de Renovación Popular ya ha elaborado una moción, que deberá ser aprobada por el Pleno, para invitar al Carrasco Millones con el objetivo de que explique este hecho.

 

SOSPECHA. Antes de ser ministro, el fiscal Juan Carrasco dispuso investigar a Salatiel Marrufo, hoy funcionario de confianza del ministerio de Vivienda.

Documento: Ministerio Público.

 

En hechos reciéntes que complica aun más la situación de Carrasco, el último 6 y 7 de agosto, los viceministros de Seguridad Pública y Orden Interno, Nicolás Zevallos Trigoso y Carlos León Romero, presentaron sus renuncias irrevocables a sus cargos. A través de sendas cartas, el primero alertó de “decisiones que no garantizan las condiciones necesarias [...] de nuestra Policía”, mientras que el segundo precisó que el ministro pretende designar a Grover Mamani Condori como encargado de la Dirección General de Gobierno Interior. “[Grover Mamani] no cumple con el perfil requerido para el cargo [...] me niego a ser partícipe de dicho nombramiento ilegal”, dijo León Romero en su carta.

De acuerdo a la normativa, el cargo de director general en el Ministerio del Interior requiere una persona con título profesional, bachiller con estudios de maestría concluidos, o que tenga experiencia previa en temas relacionados al puesto. Mamani Condori es natural de Puno, exmilitante de Perú Posible entre 2015 y 2017, y no registra títulos ante la Sunedu. De acuerdo a los Registros Públicos, Mamani Condori solo tiene experiencia previa en cuatro asociaciones deportivas en Puno. De acuerdo a su Facebook, Mamani Condori es dirigente magisterial y ha apoyado de manera activa a la campaña de Castillo Terrones.

En una reunión del Comité Ejecutivo Provincial del Collao (Puno) de Perú Libre, Mamani Condori llega a decir el pasado 8 de mayo: “Castillo tiene que gobernar mínimo 10 a 15 o 20 años para que haya cambios y sino no va a haber. ¿Quiénes van a cuidar? Nosotros. Nosotros, el movimiento magisterial. No solo vamos a trabajar hasta el día de las elecciones o hasta la juramentación, trabajaremos hasta el último día de su gobierno”. Por esta polémica propuesta de designación los viceministros del Interior dejaron sus cargos.

 

Otros ministros bajo análisis:
Geiner Alvardo y Ciro Gálvez

Otro grupo de ministros del gabinete Bellido Ugarte con críticas en los últimos días fueron Geiner Alvarado (Vivienda) y Ciro Gálvez (Cultura). El primero, de 38 años, cuestionado por una de sus recientes designaciones en el Ministerio de Vivienda, del cual es titular. Alvarado Lopez es natural de Amazonas e ingeniero civil por la por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Desde fines de mayo último, Alvarado López era gerente de Infraestructura y Gestión de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. El funcionario, además, registró militancia en el Partido Socialista entre 2004 y 2007.

En el sector privado, Alvarado López ha fundado Alvarado Ingeniería y Construcción, en Amazonas, y AL & S Ingeniería y Construcción, en Lambayeque. La primera registra S/629.000 en contratos con el Gobierno Regional de Amazonas, entre 2013 y 2015. En 2018, además Alvarado López fue designado como gerente administrativo de Alvarado & Alesi Ingeniería y Construcción, una compañía dirigida por el empresario extranjero Emanuel Alesi y el gerente de operaciones peruano Thelmo Jimmy Sosa Rivera.

Una vez en su cargo, Alvarado López designó, el 3 de agosto, al abogado Salatiel Marrufo Alcántara como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda. De acuerdo al expediente fiscal revisado por nuestro medio, la Fiscalía del Crimen Organizado de Chiclayo investiga a Salatiel Marrufo desde 2018 por integrar una presunta organización criminal alrededor de la Empresa Agroindustrial Tumán. Su última declaración como investigado fue programada para hace mes y medio, el 22 de junio de este año.

El ministro de Vivienda ha estado vinculado a tres constructoras en Amazonas y Lambayeque.

Pocas horas después de su designación, los antecedentes del ministro de Cultura, Ciro Galvez Herrera (72), también salieron a la luz. Este alto funcionario bajo la lupa fue retratado en una crónica del diario El Comercio, del año 2001, cuando hizo dos tiros al aire con su revólver, bajo los efectos del alcohol, en su intento por abordar un bus que lo llevaría a Huancayo. De acuerdo al reporte periodístico, Galvez Herrera fue detenido por la Policía y llevado a la comisaría de La Victoria, en la capital, donde pasó un dosaje etílico.

Galvez Herrera es natural de Huancavelica, aunque registra su domicilio en la provincia de Huancayo, en Junín. El ministro de Cultura es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en antropología jurídica por la Universidad Nacional del Centro del Perú. El letrado es, además, fundador de Renacimiento Unido Nacional (antes bajo el nombre de Renacimiento Andino); y ha postulado tres veces a la presidencia con este partido,  en los años 2001, 2006 y 2021, aunque todas sin éxito.

Desde 1985, Galvez Herrera dirige una reconocida notaría en Huancayo, que en junio registraba 17 trabajadores. A través de esta notaría, Vladimir Cerrón ha inscrito sus inmuebles. En 2003, el líder de Perú Libre compró un terreno en Huancayo por USD 10.900; mientras que, el año siguiente, él y su esposa Lissete Paez Martinez, una doctora cubana, adquirieron otra propiedad en dicha región por USD 10.000. Ambas transacciones fueron legalizadas "ante el notario de Huancayo Dr. Ciro Galvez Herrera”. Respecto de sus contratos con el Gobierno Regional de Junín, con Perú Libre a cargo, esta notaría apenas registra contratos por S/28.800.

 

VÍNCULO. El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, inscribió por lo menos dos inmuebles a través de la notaría de Ciro Gálvez, hoy ministro de Cultura.

Documento: Registros Públicos

 

El actual ministro de Cultura también preside dos ligas locales de atletismo en Huancayo, el Instituto Interamericano de Investigación Pluricultural, la Asociación Cultural Renacimiento Unido Nacional y la Coordinadora Nacional contra la Corrupción y Exclusión Política. En 2014, además, Galvez Herrera fundó el denominado Parlamento de Pueblos Indígenas del Perú. El abogado, finalmente, es accionista de Inmobiliaria & Construcciones Riaisa, que fundó con sus hijos Iván y Anibal Gávez Rivas.

De acuerdo a su última hoja de vida entregada al JNE, Galvez Herrera registró un ingreso anual, en 2019, superior al millón de soles desde el sector privado. El ministro cuenta, además, con doce propiedades entre las regiones de Lima, Junín y Huancavelica, cuyo valor en conjunto supera los S/8 millones. El funcionario, finalmente, ha reportado una cuenta bancaria con un aproximado de USD 5.000 en el Bank of America, una entidad bancaria con sede en el estado de California del Norte, en los EE.UU.

En este contexto, con por lo menos seis ministros bajo severos cuestionamientos por sus antecedentes en la Fiscalía, falta de experiencia laboral en sus respectivos sectores y la designación de polémicos funcionarios, el premier Guido Bellido Ugarte planea acudir al Congreso la cuarta semana de agosto. Este gabinete necesitará por lo menos 66 de los 130 votos para recibir el voto de confianza; de lo contrario, el presidente Castillo Terrones estará obligado a designar a su segundo presidente del Consejo de Ministros en menos de un mes de gobierno.