BANCADA. Entre los congresistas electos de Fuerza Popular destaca Cruz María Zeta ( a la izquierda), que mantiene una deuda con el Estado.

Los congresistas de Keiko Fujimori: cercanos a su padre y empresarios con deudas al Estado

Los congresistas de Keiko Fujimori: cercanos a su padre y empresarios con deudas al Estado

BANCADA. Entre los congresistas electos de Fuerza Popular destaca Cruz María Zeta ( a la izquierda), que mantiene una deuda con el Estado.

Foto: Facebook de la congresista Cruz María Zeta

Fuerza Popular ocupará 24 curules en el Congreso y será el segundo bloque parlamentario más numeroso en el período 2021-2026. Entre los representantes del partido de Keiko Fujimori destaca el médico Alejandro Aguinaga, acusado como autor mediato en el caso esterilizaciones forzadas y beneficiado por las vacunaciones irregulares del “Vacunagate”, legisladores electos por Piura y Áncash que mantienen deudas coactivas con el Estado y un parlamentario por Ica que no declaró una sentencia judicial.

4 Junio, 2021

Por: Ralph Zapata, Magali Estrada y Alicia Tovar

 

El partido liderado por Keiko Fujimori, quien disputará la segunda vuelta con Pedro Castillo este domingo 6 de junio, será -después de Perú Libre- la segunda fuerza más importante en el Congreso del Bicentenario, con 24 parlamentarios, 16 de los cuales proceden de regiones. Sin embargo, es una agrupación que puede apostar por una mayoría en alianza con partidos de derecha como Alianza para el Progreso y Renovación Popular, que la han respaldado y apoyado durante la segunda vuelta electoral.

La candidata presidencial y lideresa de esta agrupación política tiene una acusación fiscal por lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración. La fiscalía la señala, además, como la supuesta cabecilla de una organización criminal que lavó dinero de Odebrecht durante las campañas de 2011 y 2016.  

OjoPúblico analizó el perfil de los principales legisladores de Fuerza Popular que representarán a Lima y regiones durante los próximos cinco años en el Congreso. Entre los virtuales parlamentarios se encuentran varias personas del círculo más cercano de Alberto Fujimori, como Alejandro Aguinaga, involucrado en una acusación fiscal por el caso esterilizaciones forzadas y beneficiado con las vacunaciones irregulares por fuera del ensayo clínico de Sinopharm; exparlamentarios; empresarios locales que mantienen deudas coactivas con el Estado y recientes afiliados al partido.

 

Médico acusado de esterilizaciones forzadas es congresista por Lambayeque 

 

Uno de los cinco congresistas por Lambayeque será Alejandro Aguinaga Recuenco (71), médico de cabecera de Alberto Fujimori y uno de los rostros más conocidos de la historia fujimorista. El virtual parlamentario fue viceministro y ministro de Salud durante los 10 años del gobierno de Alberto Fujimori (1999-2000). En la actualidad enfrenta, junto al expresidente y otros exfuncionarios de su régimen, una acusación fiscal por el caso de esterilizaciones forzadas

Según la tesis fiscal, Aguinaga y el resto de involucrados son responsables mediatos del delito contra el cuerpo, la vida y la salud en la modalidad de lesiones graves contra 1.300 mujeres; y lesiones graves seguidas de muerte de cinco mujeres quechuahablantes, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. 

Mientras la defensa de las víctimas y organizaciones de derechos humanos exigen justicia por este caso desde hace dos décadas, Aguinaga Recuenco continúa con su carrera política. Durante dos períodos consecutivos (2006-2010 y 2011 -2016) fue congresista por el partido fujimorista en representación de Lambayeque. En su primer período también fue elegido como primer vicepresidente del Parlamento hasta en dos oportunidades; y, en 2009, fundó el partido Fuerza Popular, tal como señaló en su declaración jurada de su última candidatura al Congreso. 

De acuerdo con la hoja de vida que presentó al JNE, el egresado de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Federico Villarreal trabajó como cirujano en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, entre 1986 y 2020. El año pasado se jubiló, según informó en una anotación marginal en su hoja de vida. Además, ha sido docente en la Universidad Científica del Sur. 

Aguinaga

LAMBAYEQUE.  El electo congresista por esta región, Alejandro Aguinaga, enfrenta una acusación por el caso conocido como esterilizaciones forzadas. 
Foto: La República

 

Entre 2006 y 2016, cuando era legislador por Fuerza Popular, Aguinaga Recuenco aportó S/62.082 a dicho partido político. En su hoja de vida, dijo recibir una remuneración bruta por S/ 103.025 en 2019, bienes por 3,8 millones (un fundo agrícola en la provincia de Ferreñafe, Lambayeque; y un predio en el asentamiento humano La Victoria, de Chiclayo) y cuatro vehículos, aunque solo precisó al JNE el valor de tres de ellos (S/81.320). 

Antes, entre 2006 y 2011, consignó en su declaración jurada de Contraloría S/ 2 millones en el rubro “otros”, que incluye ahorros, depósitos, inversiones en el sistema financiero y sociedad de gananciales en Perú o el extranjero. 

Recientemente se conoció que Aguinaga Recuenco se benefició de manera irregular con la vacunación realizada por fuera del ensayo clínico de Sinopharm en el país, en un caso conocido popularmente como “Vacunagate”. Además del virtual congresista, entre los cientos de personajes, exministros y exfuncionarios del Ministerio de Salud que recibieron dosis sin participar del estudio, aparece su esposa, Fabienne Sonia Weber de Aguinaga. Tras la noticia, el virtual parlamentario intentó justificar su inoculación argumentando que “era parte del equipo de consultores de los ensayos clínicos”. 

Consultada por este caso, la candidata presidencial de Fuerza Popular Keiko Fujimori se negó a declarar sobre la vacunación irregular del ahora congresista. A pesar de que este medio intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con Aguinaga Recuenco, tampoco se obtuvo respuesta hasta el cierre de este informe.

 

Tumbes: visitante de Alberto Fujimori y congresista residente en Lima 

 

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantuvo en los recientes comicios su respaldo habitual en el norte. En Tumbes, por ejemplo, obtuvo el 37% de los votos válidos, mientras que su rival en la segunda vuelta, Pedro Castillo, alcanzó apenas el 7,7%. Así, los dos únicos representantes por esta región en el Congreso serán de su partido: María Cordero Jon Tay y Héctor Ventura Ángel.  

María Cordero Jon Tay (54), elegida en Tumbes con 2.194 votos, ha sido congresista entre 2011 y 2016. Durante ese periodo como legisladora se conoció que era una de las visitantes frecuentes de Alberto Fujimori en el penal policial de la Diroes, donde este purga condena por delitos de lesa humanidad. El año pasado, Cordero Jon Tay –nacida en Barranca y bachiller en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos- ya había intentado volver al parlamento en las elecciones extraordinarias, pero no tuvo éxito. 

En 2015 Fuerza Popular le suspendió la militancia, luego de que una investigación revelara que le recortó el sueldo a sus trabajadores en el Parlamento con el objetivo de financiar su campaña para la reelección. Tres años antes, en 2012, la Comisión de Ética del Congreso le abrió una investigación por las visitas que realizaba a Fujimori en la prisión donde se encuentra recluido, y por la reducción de sueldos a sus empleados. Sin embargo, entre 2013 y 2015 se archivaron ambos casos.

María Cordero

TUMBES. La excongresista María Cordero Jon Tay se hizo conocida por sus frecuentes visitas al expresidente Alberto Fujimori en el penal. 
Foto: Congreso de la República

 

En 2011, cuando postuló al Congreso por primera vez, Cordero Jon Tay declaró al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ser propietaria de un inmueble en Miraflores (Lima), valorizado en apenas S/15 mil. Actualmente, la virtual legisladora dice recibir un ingreso de fuente privada de S/ 9.373 y ser copropietaria de siete bienes inmuebles en Barranca (departamento de Lima) por S/ 280 mil, así como de una camioneta Toyota Land Cruiser, de S/ 83.500. Respecto a la procedencia de sus ingresos, la congresista declaró que trabaja como gerente de Taypi Consultoría, Asesoría y Negocios EIRL (Taypi CAN), dedicada a consultoría laboral, administrativa, civil, penal y a la distribución de maquinarias para construcción y alquiler de paneles publicitarios. 

Como congresista, en 2015, declaró ante la Contraloría bienes por S/ 381.596. Asimismo, declaró a la ONPE ser una de las aportantes de Fuerza Popular, en las campañas de 2006 y 2011, por montos que van entre los S/10 mil y S/34 mil. 

OjoPúblico confirmó que Cordero Jon Tay es fundadora de dos empresas en Lima, según Registros Públicos: la citada Taypi CAN, creada el año pasado; y Stussy EIRL, fundada en 2000 y dedicada a la compra, venta, confección y exportación de prendas textiles, aunque dada de baja en 2010.

OjoPúblico confirmó que Cordero Jon Tay es fundadora de dos empresas en Lima, según Registros Públicos".

En la hoja de vida que presentó al JNE para las elecciones extraordinarias de 2020, la electa congresista dijo ser bachiller de Ciencias de la Comunicación por la Universidad Los Ángeles de Chimbote, pero la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) no registra dicha información. Solo se menciona su bachillerato en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. OjoPúblico intentó contactarse con la parlamentaria por Tumbes, pero hasta el cierre de este artículo no fue posible. 

El otro virtual parlamentario por Tumbes es Héctor Ventura Ángel (41), un abogado natural de Pasco, que ejerce en Lima desde 2014 hasta la actualidad, de acuerdo a la información que proporcionó al JNE en su hoja de vida. Ventura Ángel se ha desempeñado, asimismo, en el Fondo de Desarrollo Pesquero (Fondepes), en la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Lima y de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, y en la Institución Educativa Particular Sudamericano, todos ellos centros de labores ubicados en la capital peruana. El virtual parlamentario obtuvo 3.661 votos, según la ONPE. 



Ica: parlamentario debió ser excluido por no declarar una sentencia

 

Uno de los congresistas electos por Ica es Raúl Huamán Coronado (65), natural de Ayacucho. Si las autoridades hubieran advertido a tiempo que omitió declarar una sentencia penal ante el JNE, no hubiera podido postular al Parlamento en las recientes elecciones del 11 de abril. 

El 13 de mayo de 1989, Huamán Coronado fue sentenciado a tres meses de libertad condicional por el Tercer Juzgado Penal, que lo encontró responsable del delito de omisión a la asistencia familiar. Dicha sentencia fue advertida por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica, que inmediatamente inició un procedimiento para su exclusión. En su defensa, Huamán respondió que la sentencia no fue declarada porque ya estaba cumplida y estaba rehabilitado. Sin embargo, el ente electoral señaló que había reiterada jurisprudencia del Supremo Tribunal Electoral y que las sentencias se declaran sin importar la condición de rehabilitados.

Pese a la evidencia, Huamán Coronado no fue excluido del proceso electoral porque esto solo se puede hacer como máximo hasta 30 días antes de las elecciones, y ese plazo ya había vencido. El 20 de marzo de este año, el JEE de Ica resolvió que la sentencia fuera incluida en la hoja de vida del candidato como una anotación marginal y que se remitieran los actuados al Ministerio Público. 

Huamán Coronado fue sentenciado a tres meses de libertad condicional en 1989". 

El virtual parlamentario es médico y magíster en Administración. Desde 1989 hasta la actualidad trabaja como cirujano en el Hospital Santa María de Socorro, en Ica.  Huamán Coronado está afiliado a Fuerza Popular desde 2009. Tres años antes, en 2006, postuló, sin éxito, para alcalde provincial de Ica, por la agrupación política nacional Sí Cumple. 

Ante la ONPE, como parte de su rendición de cuentas en el proceso electoral, el ahora congresista informó en marzo de este año que recibió aportes por S/ 16.885, y que efectuó gastos por S/ 12.133. En su hoja de vida presentada al JNE informó ingresos del sector público y privado por 162.248 y ser propietario de dos predios en Ica, pero solo declaró el valor de uno de ellos, consignado en S/40.532. Huamán Coronado registra, además, una papeleta de tránsito pendiente de pago, por S/ 352 e impuesta en 2016. 

Contactado por OjoPúblico, el congresista electo dijo que no declaró la condena por una omisión involuntaria, porque se trata de una sentencia de hace muchos años, de la cual, además, ya está rehabilitado. “Fue un error involuntario”, aseguró. 

 

Piura: congresistas recientemente afiliados y con deudas con el Estado

 

En la región Piura, tres de los siete virtuales congresistas son de las filas más recientes del fujimorismo. Una de ellas es Cruz María Zeta Chunga (57), quien a finales de abril convocó a los simpatizantes Fuerza Popular a sabotear el mitin de Pedro Castillo en esta ciudad norteña. Natural del distrito de La Unión, la parlamentaria electa informó en su hoja de vida presentada al JNE que es estudiante de la carrera de Administración en la Universidad San Pedro, cuya licencia fue denegada en 2019 por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). 

Zeta Chunga es titular gerente de Negociaciones Mary Cruz EIRL, una empresa dedicada a actividades de venta al por mayor no especializada, y recibió un préstamo del Banco de Crédito del Perú por S/ 4.638 como parte del programa Reactiva Perú. La compañía de la parlamentaria mantiene una deuda coactiva con el Estado por S/2.091 por pagos no efectuados al Tesoro Público, entre 2018 y este año. 

En su declaración jurada presentada al JNE la virtual parlamentaria por Piura informó ingresos de fuente privada por S/ 108.420 en 2019. Además, declaró inmuebles en Piura (viviendas y parcelas) por S/ 909.500 y tres vehículos por S/ 201.500. Zeta Chunga se afilió a Fuerza Popular en setiembre de 2020. Antes fue militante del movimiento regional Seguridad y Prosperidad, fundado por el excongresista aprista Jhony Peralta Cruz. En 2018 postuló junto a este último en calidad de vicepresidenta regional, pero no tuvo éxito.  

Cruz María Zeta

PIURA. La congresista Cruz María Zeta es titular gerente de una empresa que mantiene una deuda coactiva con el Estado. 
Foto: Facebook de la congresista

 

La virtual congresista está casada con José Humberto Montenegro Fiestas, gerente del Centro Comercial Danilo Humberto EIRL, dedicado a la venta de aparatos eléctricos, muebles, equipos de iluminación y otros productos especializados. Esta empresa también recibió un préstamo del Banco de Crédito del Perú por S/ 9.921 del programa Reactiva Perú, pero mantiene una deuda coactiva con el Estado por S/ 2.093 por pagos no efectuados al Tesoro Público entre 2018 y este año. OjoPúblico se comunicó con la congresista. Pero, a pesar de las reiteradas llamadas, no fue posible contactarla hasta el cierre de este artículo. 

Otro de los congresistas de la bancada fujimorista por Piura será César Manuel Revilla Villanueva (34), un cirujano dentista lambayecano, que se afilió a Fuerza Popular en setiembre de 2020. Antes, fue militante del movimiento regional Seguridad y Prosperidad, fundado por el excongresista aprista Jhony Peralta Cruz. Dentro de su actividad laboral, destaca su desempeño como docente de la Universidad Nacional de Piura (UNP). 

En su declaración al JNE, Revilla Villanueva informó ingresos de fuente pública y privada por S/ 94 mil para el 2019, pero no declaró bienes muebles ni inmuebles. En 2016, cuando laboraba en EsSalud, informó a Contraloría ingresos mensuales del sector público por S/ 10.200 y en el rubro otros, por S/ 16 mil. 

Los otros dos congresistas por Piura se afiliaron a Fuerza Popular en setiembre del 2020". 

Finalmente, el tercer congresista de Fuerza Popular por Piura será Eduardo Enrique Castillo Rivas (33), natural de la provincia de Sullana y estudiante de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. En las recientes elecciones del 11 de abril obtuvo más de 8 mil votos. De acuerdo a la información que consignó en la hoja de vida presentada al JNE, entre 2014 y 2020 trabajó como auxiliar de despacho en el Congreso de la República. Una de las parlamentarias con las que laboró, pudo confirmar este medio, fue Karla Schaeffer Cuculiza. 

El virtual congresista informó ingresos de fuente pública por S/ 74.785 en 2019, pero no de bienes inmuebles ni muebles. En las elecciones extraordinarias de 2020 postuló al Parlamento, pero no tuvo éxito. Al igual que Revilla Villanueva, su próximo compañero de bancada, se afilió a Fuerza Popular recién en setiembre de 2020, según el Registro de Organizaciones Políticas del JNE. 

 

Áncash: congresista con deudas coactivas

Una de las virtuales congresistas por Áncash es Nilza Merly Chacón Trujillo (45), gerente general de dos empresas que mantienen deudas coactivas con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). En 2016 postuló al Parlamento con Peruanos Por el Kambio; y desde setiembre del año pasado es militante de Fuerza Popular.

En su hoja de vida presentada al JNE declaró que desde 2012 hasta la actualidad es directora técnica y químico farmacéutica de Botica Roma, una empresa ubicada en Huarmey (Áncash). Asimismo informó que desde 2019 a la actualidad es chofer en Construrredes SAC, una firma domiciliada en Lima y dedicada a la construcción de obras de ingeniería y al transporte de carga por carretera. 

Sin embargo, la congresista no declaró al JNE que es socia fundadora y gerente general de dos compañías adicionales, que actualmente están con suspensión temporal, pero con deudas coactivas. Según la Sunat, en 2006 fundó Inversiones Generales Amat SAC junto a su hermana, Liliana Chacón Trujillo. Esta empresa está domiciliada en Chimbote, se dedica al rubro de venta de partes, piezas y accesorios para vehículos motorizados; y registra una deuda coactiva de S/ 1.122 por pagos no efectuados al Tesoro Público, Oficina de Normalización Previsional (ONP) y EsSalud. 

Nilza Chacon

ÁNCASH. La congresista Nilza Chacón no informó al JNE que es socia fundadora y gerente de dos empresas. 
Foto: Facebook de la candidata

 

En la mencionada compañía, la congresista posee el 50% de acciones y también es la gerenta general. El mismo cargo ostenta, desde 2012, en Inversiones Generales Aribet Corporation, una empresa de Chimbote, dedicada también a la venta de partes y piezas de vehículos. Allí es, además, socia fundadora con el 95% de acciones. La compañía también registra una deuda coactiva de S/ 970 por deudas a la Oficina Nacional Provisional (ONP). 

Chacón Trujillo declaró en su hoja de vida contar con título profesional de químico farmacéutico. Sin embargo, en la Sunedu solo figura como bachiller, grado que le concedió en 2002 la Universidad Los Ángeles de Chimbote. La virtual congresista también informó en su hoja de vida de un proceso por obligación de dar suma de dinero (es decir que era deudora) e indicó en el mismo documento que buscaba una transacción extrajudicial. 

OjoPúblico accedió al expediente del Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que detalla que la empresa JKMB Generales SRL demandó, en 2016, a Chacón Trujillo y a la Empresa Puentes y Caminos SAC Contratistas Generales por obligación de dar suma de dinero (es decir, por una deuda). Caminos SAC Contratistas Generales figura, además, en Sunat con una deuda coactiva de S/ 224.516, por pagos no efectuados al Tesoro Público, EsSalud y la ONP. 

La congresista Nilza Chacón no declaró al JNE que es socia fundadora y gerente general de dos compañías".

Inicialmente la empresa acreedora solicitó una medida cautelar de embargo en forma de inscripción, hasta por S/ 80 mil, sobre tres inmuebles de la electa congresista. El juzgado le otorgó dicha medida, pero el caso se archivó en diciembre de 2017 porque las partes presentaron un acuerdo extrajudicial ante el Poder Judicial.

Durante este proceso electoral, Chacón Trujillo declaró ingresos de fuente privada por S/ 21.600, ser propietaria de dos viviendas y un terreno en Áncash por S/ 333 mil, además de una camioneta valorizada en S/ 15 mil. La congresista no presentó su rendición de ingresos y egresos de campaña ante la Onpe.

OjoPúblico se comunicó telefónicamente con la parlamentaria, quien indicó que concedería una entrevista para brindar sus descargos. Aunque se pactó el día, cuando se le volvió a llamar no respondió y tampoco atendió los mensajes enviados a través de WhatsApp.

 

Congresistas de otras regiones son electos por la Amazonía 

 

Luis Arturo Alegría García (33) es natural de Lima y, según su declaración en la hoja de vida presentada al JNE, su domicilio está ubicado en el distrito de San Luis (provincia de Lima). Sin embargo, será congresista de Fuerza Popular por la región San Martín. Entre 2009 y 2020, tuvo diferentes cargos en el Congreso. En 2019, asimismo, fue asesor del legislador fujimorista Luis Galarreta Velarde. 

Tres años antes de esta última asesoria renunció a su militancia en el Partido Popular Cristiano (PPC). En el actual proceso electoral, Alegría García ha declarado ingresos del sector público por más de S/ 164 mil y un vehículo valorizado en S/ 58 mil. 

El virtual congresista ingresó a la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad San Ignacio de Loyola, luego se trasladó a Marketing, pero no concluyó ninguno de estos estudios. En su primer reporte de gastos de esta campaña declaró a la Onpe ingresos por S/ 53.064 y egresos por S/ 26.400.

OjoPúblico se comunicó con Alegría García, quien inicialmente pidió esperar a que los resultados electorales estén al 100%. Luego, este medio intentó comunicarse en reiteradas ocasiones, pero no obtuvo respuesta.

Luis Alegria

SAN MARTÍN. Luis Alegría es uno de los congresistas por la región San Martín, aunque es natural de Lima y vive en la capital.
Foto: Facebook del congresista

 

Otra de las congresistas naturales de Lima, pero que vive en Ucayali, es Jeny Luz López Morales (45), quien será representante de esta región amazónica. Ella declaró no tener estudios técnicos ni universitarios, solo primaria y secundaria. Su trabajo más reciente, informó al JNE, fue como coordinadora del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Padre Abad (Ucayali), entre 1997 y 1999.

En su hoja de vida presentada al JNE declaró ingresos del sector privado por S/ 18 mil en 2019 (aunque no precisó la procedencia), ser propietaria de un inmueble por S/ 50 mil y un mototaxi por S/ 4 mil. En 2014, López Morales postuló a la alcaldía de Irazola (provincia Padre Abad, Ucayali) y, en 2018, al cargo de consejera para el Gobierno Regional de Ucayali, en ambos casos por Fuerza Popular, pero sin éxito.  

Mery Eliana Infantes Castañeda (57) es otra parlamentaria que fue elegida por Amazonas, donde actualmente reside, pero que es natural de Lambayeque. Licenciada en Obstetricia por la Universidad Particular de Chiclayo, trabaja desde 2001 en la Botica Mery EIRL, donde también es gerente desde 2010, de acuerdo a Sunat. 

Entre 2013 y 2017, dicha botica se adjudicó contratos con el Estado por S/12.645, suscritos con dos unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Amazonas y con la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos de Utcubamba. En su hoja de vida presentada al JNE, la virtual congresista por Amazonas informó ingresos del sector privado por S/ 120 mil para el 2019. También es propietaria de cuatro predios en Bagua Grande y Chiclayo por S/ 553 y tres autos valorizados en S/227.200, de acuerdo a su informe. 

Mery Eliana Infantes Castañeda fue elegida por Amazonas, pero que es natural de Lambayeque".

En este último proceso electoral, Infantes Castañeda declaró a la ONPE que solo recibió un aporte bancarizado de S/3.000 para su campaña política. El dinero fue entregado por Cruz Anacario Díaz Mego, exalcalde provincial de Santa Cruz (región Amazonas) en dos períodos consecutivos (1998-2001 y 2002-2005). OjoPúblico solicitó una entrevista a la candidata, pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de este informe. 

El abogado Jorge Alberto Morante Figari (49), por último, será uno de los congresistas por Loreto, donde actualmente reside. Natural de Lima, entre 2016 y 2019, fue asesor del parlamentario fujimorista Juan Carlos del Águila; y, además, ha tenido un cargo de confianza en la región amazónica durante la gestión de Fernando Meléndez.

En la actualidad, la Fiscalía investiga a Morante Figari por abuso de autoridad, colusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, pues durante su gestión como director del Organismo Público de Infraestructura para la Productividad (Opipp) del Gobierno Regional de Loreto “habría favorecido a la compañía China International Water & Electric Corp (CWE)”, en la adjudicación de una obra de alcantarillado, en 2010, con un presupuesto inicial de S/ 472 millones y que terminó costando a S/ 737 millones.

El congresista electo también ha sido asesor del exgobernador de Loreto, Robinson Rivadeneyra (2003-2006), condenado a seis años de prisión por colusión, al adjudicar, en 2006, la construcción de una obra al Consorcio Mercado Modelo, aunque el proyecto no tenía aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). El exgobernador recuperó su libertad en octubre del año pasado, luego de que la Corte Suprema anulara la sentencia y ordenara un nuevo juicio.

En su hoja de vida, Morante Figari declaró ingresos del sector público por S/ 164 mil y S/ 14.300 procedente del privado, un inmueble por S/ 500 mil (sucesión intestada de su padre) y ser propietario de dos vehículos por S/ 57 mil, uno de los cuales es también por sucesión intestada.  

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