¿Qué pasó luego de la incautación de madera del caso Yacu Kallpa, una de las intervenciones policiales a un cargamento de madera de origen ilegal sin precedentes? En esta serie investigativa detallamos cómo un familiar del socio mayoritario de La Oroza -la principal compañía involucrada en este caso- abrió otra empresa, P&O, y se quedó con muchos de los clientes de la empresa sancionada. Los socios tras las dos empresas sancionadas se reinventaron, con nuevas compañías y aliados, para seguir enviando madera sobretodo a República Dominicana y a México.

La investigación “Madera sin rastro” fue realizada por Columbia Journalism Investigations (CJI) en Estados Unidos, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) con sede en Costa Rica, OjoPúblico en Perú, Mongabay Latam en Perú y México, El Informe con Alicia Ortega del Grupo SIN en República Dominicana y Agencia Pública en Brasil.

La investigación también revela que por lo menos en dos cargamentos de madera enviados hacia República Dominicana, realizados por La Oroza y P&O Exportaciones, hubo incongruencias en sus declaraciones a la Aduana del Perú. Ambas compañías reportaron valores FOB (sin considerar impuestos ni seguros) más altos que los que manifestó ante la autoridad dominicana el importador Mafilo, firma constituida en República Dominicana y que tuvo como uno de sus fundadores al gerente de La Oroza. 

La otra empresa, Inversiones WCA, E.I.R.L -la tercera que más carga llevaba en el Yacu Kallpa- fue bloqueada para entrar a Estados Unidos en 2019, porque el gobierno de Perú encontró que un año antes había enviado a Estados Unidos madera que no había sido cosechada y comercializada de acuerdo con las normas peruanas. Este año las autoridades federales estadounidenses decidirán si le extienden o no el veto. 

En el especial se brindan más detalles sobre las operaciones de Mafilo en territorio dominicano. Además de Perú, esta compañía ha importado desde Brasil especies de madera amazónica amenazadas que compró a dos firmas brasileñas hoy investigadas por las autoridades policiales de ese país, por sospecha de haber adquirido productos forestales con documentos que contenían información falsa. 

Otra de las publicaciones brinda un panorama sobre el contexto actual del sector forestal peruano, donde pese a las alertas y el lento avance en la investigación del caso Yacu Kallpa, las autoridades del Perú han flexibilizado el control sobre la trazabilidad para conocer el origen de la madera extraída de la Amazonía. 

Para ejemplificar la historia se tomó una falta administrativa que tuvo como protagonistas a La Oroza y P&O, esta última una de las principales proveedoras de madera de Mafilo en República Dominicana y que fue creada en febrero del 2016, apenas tres meses después de la intervención de cargas de madera ilegal a bordo del Yacu Kallpa en noviembre del 2015. 

Un capítulo de este especial también cuenta los envíos forestales de Perú a México que vinculan La Oroza. La historia informa sobre los hermanos Ceballos Gallardo —dueños de un gran emporio maderero— que, a través de sus compañías, han seguido como compradores de esta compañía peruana sin importar que, en 2015, La Oroza les vendió madera que tenía un origen ilegal. El informe también señala que algunos madereros mexicanos cambiaron a La Oroza por Miremi, empresa ligada a Inversiones WCA, otra vetada por el caso Yacu Kallpa —como La Oroza— de exportar a Estados Unidos. 

En una amplia entrevista el gerente general de La Oroza, Miguel Ángel Ascencio Jurado, respondió a las preguntas de la investigación. Sobre las acusaciones, el empresario se refirió a P & O —fundada por su tío— como una empresa que era un”aliado” al que le daban madera para clientes que tenían, para “amigos que tienen tiempo también en el mercado”. Ascencio Jurado también aseguró que no tenía ninguna investigación en Estados Unidos pero que manejaba información de que el importador del cargamento del Yacu Kallpa es el que tuvo el proceso. “No sé en qué etapa estará”, agregó. 

“Este es un negocio que tú puedes poner en cualquier parte del mundo y si tú ves algo que pueda ser rentable con un socio de allá, pues lo haces. No es algo entre comillas 'mal pensado'. Es un negocio”, señaló Ascencio en la conversación que tuvo con parte del equipo de esta investigación. 

En otra de las historias se cuenta cómo entre los años 2005 y 2020, autoridades forestales firmaron 1.301 planes de manejo con información falsa que fueron usados para extraer madera de los bosques peruanos. Un portal elaborado por Proética ha recogido información oficial que muestra quienes han sido los regentes y funcionarios que participaron en la elaboración y aprobación de estos documentos fraudulentos.

Con esta herramienta se pudo conocer que Marcial Pezo Armas y Kenjy Terán Piña, máximas autoridades forestales de las regiones Ucayali y Madre de Dios, respectivamente, autorizaron la tala de cientos de árboles que figuraba en planes de manejo fraudulentos. En el primer caso aparecía en 59 de estos documentos, mientras que Terán Piña en nueve.