Partidos que llevaron al poder a Merino decidirán sobre temas críticos en pandemia y elecciones

Partidos que llevaron al poder a Merino decidirán sobre temas críticos en pandemia y elecciones

Ilustración: Claudia Calderón

El nuevo gobierno, aliado del Congreso, tendrá injerencia en sectores y temas claves como el control de la pandemia, la reforma universitaria, la aprobación del presupuesto para el 2021, la devolución los fondos de la ONP y la elección de los magistrados para el Tribunal Constitucional. La vacancia ocurre cuando se discutía la aprobación del plan sanitario ante una eventual segunda ola de Covid-19.

11 Noviembre, 2020

Actualización: 11 de noviembre 7:45 pm

Por: Claudia Chávez, Elizabeth Salazar, Carla Díaz, Lupe Muñoz, Gianfranco Huamán, Gloria Ziegler, Nelly Luna Amancio.

 

A solo cinco meses de las elecciones generales, la destitución de Martín Vizcarra de la presidencia del Perú ha abierto las puertas de la incertidumbre sobre el avance en temas urgentes, y llevado al país a una de las peores crisis de los últimos años, acentuada por un contexto de emergencia sanitaria y colapso económico.

El nuevo gobierno, liderado ahora por el expresidente del Congreso Manuel Merino, de Acción Popular, inicia su mandato teniendo como aliada a la mayoría de las bancadas del Congreso, en medio de protestas en todo el país y nombrando como presidente del consejo de ministros a Ántero Flores-Aráoz, un político fundador de una organización ultraconservadora: Coordinadora Republicana. Durante los siguientes meses, hasta julio de 2021, esta gestión tendrá injerencia en sectores y temas claves, como el control de la pandemia, la reforma universitaria, la aprobación del presupuesto para el 2021, la devolución de los fondos de la ONP y la elección de los magistrados para el Tribunal Constitucional.

Este es un panorama de los principales temas en los que el gobierno de Manuel Merino tomará decisiones, junto a su gabinete y las organizaciones políticas del parlamento que lo llevaron al poder: Unión por el Perú (que tiene como líder a Antauro Humala, exmilitar condenado por el secuestro y asesinato de policías durante el caso conocido como 'Andahuaylazo', en 2005); el Frepap, Fuerza Popular (fujimorismo), Alianza para el Progreso (de César Acuña), Acción Popular y Podemos Perú (cuyo líder, José Luna, es investigado y enfrenta una orden de detención por el caso "Los gánsteres de la política”).

 

Salud: segunda ola y difteria

Si bien la crisis política se produce en un momento en el que han descendido los casos de Covid-19, la vacancia presidencial encontró al Ministerio de Salud en plena culminación del plan y estrategia ante una eventual segunda ola de la pandemia.

Consultado sobre los temas urgentes en este contexto, el médico y comunicador en salud, Elmer Huerta Ramírez, considera que la prioridad del mandato transitorio de Manuel Merino de Lama, debe ser precisamente la atención de la emergencia sanitaria. “Estamos terminando la primera ola, no hemos llegado a 0 casos y es probable una segunda ola. [Además] el Ministerio de Salud debe convertirse en un faro de luz para el resto de ministerios, para usar la ciencia y evidencia en el monitoreo, vigilancia de casos y acabar con los brotes”, señaló a OjoPúblico.

La pérdida de continuidad en las acciones sanitarias que resultaron efectivas es una preocupación para algunos especialistas, como Camila Gianella Malca, psicóloga y experta en salud pública, quien señala que “hubo muchas debilidades, pero no todo se hizo mal. Hay una capacidad instaurada y lecciones aprendidas importantes. [Por lo tanto], desaprovecharlas sería catastrófico”.

Por su parte, el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celis, opina que se debe plantear una estrategia sanitaria basada en la búsqueda activa de casos. “Es necesario priorizar la vigilancia epidemiológica activa, empleando pruebas moleculares. Eso significa desarrollar una estratificación territorial, trabajar con brigadas, hacer diagnósticos oportunos y buscar contactos”, dijo.

Otro de los temas urgentes en estos días tiene que ver con la contención del brote de difteria. En las últimas semanas, ante la aparición de algunos casos de esta enfermedad en el Perú (luego de 20 años), el Ministerio de Salud reveló que, debido a las medidas de distanciamiento físico y la ausencia de personal de salud con comorbilidades, se incrementaron las brechas de vacunación. Por ejemplo, hasta setiembre, la cobertura del programa nacional de inmunizaciones alcanzó apenas al 40% de la población objetivo (principalmente menores de edad) cuando, en condiciones normales, debería superar el 70%. En ese sentido, Huerta Ramírez precisó que “atender la pandemia también es enfocarse en sus consecuencias”.

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VACUNACIÓN. Un tema urgente es cerrar brechas de inmunizaciones, para prevenir brotes de enfermedades como la difteria.
Foto: Andina

“Los programas de vacunación deben continuar, hasta lograr un regreso a las coberturas normales. También se deben restablecer todos los servicios de salud. Hay miles de personas con cáncer, diabetes, presión alta, infecciones, que no están siendo atendidas”, explicó el médico y comunicador.

Por su parte, el exministro de Salud Óscar Ugarte Ubilluz, considera que, aunque la unificación del sistema de salud y otros cambios estructurales planteados son medidas a largo plazo, la nueva gestión debe atender las deficiencias más urgentes.

“Tenemos un sistema de salud fragmentado, dividido principalmente en Minsa y EsSalud. El gobierno se debe comprometer y se pueden ir dando algunos pasos. No se puede hacer de la noche a la mañana (...), pero hay brechas en recursos humanos -nos falta un 40% de profesionales- y en infraestructura -sobre todo, en el primer nivel de atención-, que requieren un plan”, indica.

 

Negociaciones por las vacunas

Las negociaciones para la adquisición de la futura vacuna contra la Covid-19 serán otro tema central en los próximos meses. Estos acuerdos de compras adelantadas implican a varios sectores, desde la cartera de Salud hasta Economía y Cancillería. Por el momento, Perú tiene un compromiso de adquisición con Pfizer/BioNTech por 9.9 millones de unidades de su candidata a vacuna de doble dosis. Durante la gestión de Martín Vizcarra se anunciaron, además, negociaciones con laboratorios de Estados Unidos y China, entre otros países; así como nuevos ensayos clínicos.

Al ser consultado sobre el tema, Elmer Huerta sostuvo que el cambio de mandatario no afectará directamente al acceso a una posible vacuna, dado que su desarrollo está relacionado a factores externos. “Para marzo o abril, que serán las elecciones, la vacuna no va a estar lista. Deben continuar las negociaciones que el gobierno [de Vizcarra] empezó. Pero el principal foco del Gobierno [en estos meses] no debe ser conseguir una vacuna, sino usar la epidemiología para evitar la Covid-19”, advirtió.

A su vez, Palacios Celis, del Colegio Médico, plantea que, aunque aún no se puede determinar una fecha exacta para la llegada de una vacuna segura y eficaz, las autoridades deben avanzar en la ejecución del plan nacional de inmunización contra la Covid-19.

“Los programas de vacunación deben continuar, hasta lograr un regreso a las coberturas normales.

 

“Es un terreno incierto, por supuesto, que debe ser incluido [en los planes de Gobierno]. Pero hay más exigencias: se debe asegurar su almacenamiento, como la cadena de frío, y la distribución. En los últimas semanas hemos visto a establecimientos sin refrigeración  para la vacunación, y eso es una enorme preocupación”, indicó.

En lo referido a ensayos clínicos, OjoPúblico conoció que, por estos días, el Instituto Nacional de Salud también ajustaba la aprobación para reanudar los ensayos de la candidata a vacuna de Oxford-Astrazeneca. Sin embargo, César Cabezas Sánchez, jefe de INS, señaló que "no debiera haber ningún inconveniente, debido a que son procesos [técnicos] establecidos".

Finalmente, ante el surgimiento de distintas campañas de desinformación y la polarización de un sector de la opinión pública en temas vinculados a la salud (como la obligatoriedad de la vacunación), la nueva gestión tiene el reto de mejorar la comunicación. “La desinformación hace daño a las políticas del Estado. Es urgente mejorar los sistemas de información (...), desarrollar mensajes que aclaren dudas, generen confianza y demuestren coherencia con la evidencia [científica]. La campaña de vacunación contra la difteria resultó mal, son errores para recapacitar”, dijo la especialista en salud pública Camila Gianella a este medio.

 

Enfoque de género

El gobierno saliente respaldó el enfoque de género en las políticas públicas, pero ahora, existe incertidumbre respecto a su implementación y el uso de los recursos para ejecutar la Política Nacional de Igualdad de Género, frente a la designación de Antero Flores-Aráoz como primer ministro.

El excongresista se ha manifestado en contra de la igualdad de género, por lo menos desde 2017, a través de la emisora Bethel, conocido canal de difusión de uno de los grupos religiosos más activos contra el enfoque de género, el Movimiento Misionero Mundial. El líder del nuevo gabinete ya ha dejado ver, en diversas entrevistas y columnas de opinión, un entendimiento tergiversado sobre la categoría de género, al equipararla con el sexo y la educación sexual. 

Consultada por OjoPúblico, Jeannette Llaja, exdirectora de la Dirección General de Igualdad de Género y no Discriminación del Ministerio de la Mujer (MIMP), mencionó que, desde 2016, el Poder Ejecutivo ha sostenido una clara defensa a la igualdad de género, a pesar de haber presentado incongruencias o dificultades en la ejecución. 

Algunos momentos claves de la defensa del Gobierno al enfoque de género fueron la defensa del Currículo Nacional de Educación ante la Corte Suprema, el incremento sostenido del presupuesto destinado para enfrentar la violencia contra las mujeres y la aprobación de la primera Política Nacional de Igualdad de Género. "Es peligrosa la desinstitucionalización de las acciones vinculadas a políticas de larga duración sobre la igualdad de género que se venían desarrollando, como la política nacional", explicó Llaja.

Si bien el enfoque de género y su aplicación no dependen de una sola ley, pues se encuentran vigentes en el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, y la Política Nacional de Igualdad de Género, su desarrollo podría verse entorpecido si el nuevo gabinete no mantiene los enfoques, alertaron las especialistas.

Liz Meléndez, socióloga y directora de la organización Flora Tristán, recordó que el nuevo gobierno deberá aprobar los planes operativos para el funcionamiento de la Política Nacional de Igualdad de Género, que aún se encuentra en proceso de implementación. La aprobación de dicha norma fue valiosa, no solo por su respaldo al enfoque de género, sino también por su enfoque integral sobre la violencia, al considerar la salud sexual y reproductiva, la autonomía económica, y la participación política de las mujeres, recordó Llaja.

Otros espacios que pueden quedar desarticulados son los grupos de coordinación con gobiernos regionales y locales, creados a través de la Ley 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar). Estos grupos de trabajo buscan dar seguimiento a la normativa, a través de Instancias de Concertación Regional (26), Instancias de Concertación Provinciales (89) e Instancias de Concertación Distrital (138), las cuales son lideradas por el MIMP.

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RETROCESOS. Expertas del MIMP alertan sobre riesgos en la ejecución del Plan Nacional de Igualdad de Género que aún se encuentra en una implementación incipiente.
Foto: Andina

 

Sistema de justicia especializado en violencia 

El gobierno de Manuel Merino también tendrá en sus manos la aprobación del plan de implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (SNEJ). Este plan especializado fue aprobado por el gobierno de Martín Vizcarra, en julio de 2018, como parte de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso de la República. Su creación fue considerada un hito en la atención de la violencia contra las mujeres, pues buscaba dar respuesta a la sobrecarga procesal, y a la necesidad de servicios judiciales especializados para víctimas de violencia sexual, física y psicológica.

El SNEJ involucra al Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y el MIMP. Sin embargo, hasta agosto de 2020, el sistema funcionaba solo en cinco distritos judiciales -Lima Este, Callao, Arequipa, Ventanilla y Áncash-, cuando el cronograma aprobado en 2019 estipula que, en julio de 2020, el sistema debía estar funcionando en 10 distritos. 

Cynthia Silva, responsable de la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios del MIMP, dijo a OjoPúblico que el sistema aún es incipiente y los servicios todavía no funcionan de manera articulada, por lo que es indispensable que el Ejecutivo promulgue el plan de implementación del SNEJ y mantenga firme el presupuesto solicitado para el próximo año, que asciende a S/ 311 millones.

“Desde el año 2018 se ha logrado un incremento serio en el presupuesto para violencia. Entonces, eran S/ 23 millones; en el 2019, S/ 100 millones, y en el 2020 se asignó un promedio de S/ 200 millones”, dijo Silva. “Se debe mantener esa línea de crecimiento para asegurar el funcionamiento de todo lo aprobado con la Ley 30364 y del SNEJ”, acotó.

Para Jennete Llaja, este plan es uno de los productos más importantes que ha dejado el Ministerio de la Mujer para el nuevo gobierno. El funcionamiento del SNEJ depende de que el Programa Presupuestal orientado a Resultados (PPoR) de Reducción de la Violencia contra la Mujer continúe incrementando sus recursos. Dichos fondos son administrados por las instituciones que integran el sistema, como el MINJUS, el MININTER, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, para que extiendan el número de servicios de atención legal y psicológica para las víctimas de violencia de género. En los últimos dos años, el presupuesto para el SNEJ se incrementó ocho veces, pasando de cerca de 26 millones en 2018, a más de 200 millones este año. 

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JUSTICIA. El MIMP, el Poder Judicial, la Policía y el Ministerio de Justicia lograron concertar este año un plan para implementar el Sistema Nacional Especializado en Justicia para la violencia contra las mujeres. El gobierno de Merino tiene pendiente su promulgación.
Foto: Andina 

El plan de implementación del SMEJ indica que el Ministerio de la Mujer es responsable de supervisar la ejecución de estos servicios y, sin un compromiso claro del Ejecutivo, la coordinación con otros sectores será aún más complicada, como ya ha señalado la institución en informes del 2019.

Por ejemplo, hasta setiembre de 2020, el gobierno nacional solo había ejecutado el 8,4% del Programa Presupuestal de Lucha contra la Violencia Familiar, y las instituciones que menos recursos utilizaron fueron el Ministerio Público (0%), el Ministerio de Justicia (3,3%), el Ministerio del Interior (3,8%) y el Ministerio de Salud (5,3%), según datos del MIMP.

 

Derechos sexuales y reproductivos 

Durante la crisis sanitaria por la Covid-19, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima revocó la sentencia del Poder Judicial que, en julio de 2019, autorizó al Ministerio de Salud a distribuir la anticoncepción oral de emergencia (AOE), o pastilla del día siguiente, en todos los centros de salud.

La reciente decisión del Poder Judicial se contrapone al Protocolo de Actuación Conjunta entre los CEM y EESS para atender a niñas víctimas de violencia sexual, que establece la obligatoriedad de facilitar pastillas del día siguiente a niñas y adolescentes, para evitar embarazos forzados. Por ello, explica Liz Meléndez, la voluntad del Ejecutivo será crucial para seguir garantizando la distribución de la píldora.

Brenda Álvarez, abogada especializada en derechos sexuales y reproductivos, destacó que en un contexto judicial adverso contra el anticonceptivo oral de emergencia, el rol de la procuraduría del Ministerio de Salud será central. “Se debe seguir defendiendo la inclusión de evidencia científica, que sustenta la inocuidad de la AOE. Ese es un compromiso que debería asumir con claridad el MINSA”, manifestó.

En un contexto judicial adverso contra el anticonceptivo oral de emergencia, el rol de la procuraduría del Ministerio de Salud será central.

Por otro lado, la ministra de Justicia no concretó la presentación del proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violación de menores de 14 años, anunciado por su extitular en octubre. Para Llaja, aunque la propuesta era limitada y no iba a generar efectos jurídicos, pues tenía pocas posibilidades de aprobarse en el Congreso, iba a generar un impacto en el debate público.

Cabe señalar que con el riesgo de la desaparición de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria también peligra la obligación que tienen las universidades de contar con protocolos de prevención y sanción del acoso sexual, conforme lo enmarca la Ley Universitaria, que prevee la separación preventiva de los denunciados, así como su destitución en caso de comprobarse los hechos.

 

Derechos LGTBI

Durante el gobierno de Manuel Merino, el Estado peruano tiene pendiente cumplir con un grupo de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGTBI), luego de encontrarlo responsable por la tortura, detención ilegal y violación de Azul Rojas Marín, mujer trans. 

Para evitar la repetición de estas vulneraciones contra las personas LGTBI, la Corte IDH ordenó al Perú que, en el plazo de un año, las autoridades diseñen e implementen “un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTI”. El plazo para ejecutarlas culmina en marzo de 2021, y depende del Poder Ejecutivo designar a la entidad que implementará este sistema de datos. 

Carlos Zelada, abogado especialista en derecho internacional y derechos humanos, dijo a OjoPúblico que “es preocupante que a menos de medio año del cumplimiento [de la sentencia] no haya un ente rector que lidere [el proceso]”. Hasta julio de 2020 no se había definido si la responsabilidad caería en el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Justicia, explicó Zelada.

 

Economía: Reactivación y proyectos claves

La cotización de acciones en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) sufrió un retroceso de más del 5% al día siguiente de confirmarse la vacancia del presidente Martín Vizcarra; mientras que en el fondo de iShares MSCI Perú ETF (EPU), que negocia en la Bolsa de Nueva York, las inversiones de las principales empresas peruanas cayeron en un -6,4%.

Los bonos en dólares que colocó el Gobierno peruano al 2050, para obtener mayor rentabilidad durante la pandemia, también se redujeron en 3,4 centavos cada uno, de acuerdo al proveedor de datos financieros Refinitiv. Según la economista Paola del Carpio, esto implica que los dueños de los bonos tienen menos interés en conservarlos. En caso nuestro país busque otra negociación, le impondrán mayores tasas.

“Es una señal de desconfianza y significa que al Perú le será más costoso conseguir financiamiento del exterior, teniendo en cuenta que las dos principales vías para obtener recursos son generar este tipo de deudas o incrementar tributos. La estabilidad económica va a depender de quién asuma la cartera de Economía”, añadió.

 

 

En efecto, la reactivación económica es el mayor problema que asumirá el nuevo Gobierno. Pero a este se suman otros tres temas que fueron impulsados desde el Congreso: el manejo de las pensiones, la concentración empresarial y la distribución del presupuesto público para el próximo año. Del Carpio y el economista Marcel Ramírez coinciden en que el riesgo, en estos casos, es que el debate ya no cuenta con el contrapeso del Ejecutivo.

 

Pensiones y fusiones empresariales

El 2 de noviembre el Parlamento aprobó la autógrafa de ley que permite el retiro de hasta 4 UIT a tres grupos de afiliados al Sistema Privado de Pensiones, lo que implicará una reducción de S/ 14.500 millones de los fondos. La norma quedó pendiente de aprobación u observación por parte del Ejecutivo, y su plazo para hacerlo vence la tercera semana de noviembre. La decisión ahora está en manos de Merino, quien ya ha manifestado su apoyo a la medida

Junto a este quedan pendientes otros dos proyecto de ley que generarían un impacto económico en las arcas públicas, según advirtió la gestión saliente del MEF

El primero es la creación del Organismo Público de Pensiones (OPP), una entidad de naturaleza pública que se encargará de la afiliación, recaudar los aportes y buscar inversiones para generar la rentabilidad de los fondos. Esta propuesta se encuentra en la Comisión de Reforma Provisional, que preside la congresista Carmen Omonte, de Alianza para el Progreso, y todavía está en debate.

El segundo proyecto, en cambio, ya fue aprobado por insistencia en las comisiones de Economía, Trabajo y de Defensa del Consumidor y Presupuesto, y busca devolver hasta 1 UIT (S/4.300) de aportes a los afiliados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). 

El proyecto demandará S/ 15.900 millones al Estado. En las sesiones legislativas, el MEF adelantó que, de aprobarse, el Ejecutivo plantearía una acción de inconstitucionalidad, porque el Congreso no tiene facultad para generar gastos. Esta decisión, ahora, también quedará en manos de Manuel Merino.

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ONP. La norma que ordena el retiro de fondos para los pensionistas de la ONP demandará un desembolso de S/ 15.900 millones para el Estado.
Foto: Andina

En situación similar se encuentra la norma que regula la concentración empresarial, conocida como ley antimonopolio. En noviembre de 2019, cuando el Congreso se encontraba disuelto, el Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia 013-2019 para poner parámetros a operaciones que acaparen el mercado y afecten a los consumidores. 

La norma iba a entrar en vigencia en marzo y ya contaba con un reglamento observado. Sin embargo, la última semana de octubre, el Congreso la derogó y aprobó una ley que retira la intervención de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en las fusiones de entes bancarios y financieros. 

En conferencia de prensa, la entonces ministra de Economía, María Antonieta Alva, informó que el Ejecutivo observaría la autógrafa cuando les sea remitida. Ello se debe a que la SBS tiene esta competencia desde hace 89 años, y es una práctica regulada en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para proteger a los ahorristas. Este caso también será resuelto por el nuevo presidente.

 

El presupuesto público se aprueba este mes

“Un tema crucial para el nuevo presidente es entender que los zapatos del Poder Ejecutivo son diferentes a los que ha venido teniendo en el Congreso. Tiene que haber un contrapeso de poderes, no puede ser una extensión del mismo para cumplir determinados fines. El próximo año es incierto en lo económico, y no es momento de experimentar, sobre todo con el presupuesto público que se definirá este mes”, explica Ramírez, economista experto en gestión pública.

La Ley de Presupuesto debe ser aprobada este 30 de noviembre en el Legislativo. Dicho documento es el principal instrumento de gestión del Estado y contempla las actividades e inversiones proyectadas para el próximo año. Contiene ocho anexos y todavía puede ser modificado en el Congreso, para priorizar proyectos regionales y redistribuir los recursos del Ejecutivo. 

Entre enero y agosto de este año, el MEF hizo una evaluación técnica para definir la disponibilidad de recursos en esta pandemia, y fijó cómo sería la distribución entre las entidades del Estado. Esto se tradujo en un proyecto de ley, que se envió al Congreso el 29 de agosto para recibir el sustento de los ministros e iniciar su debate en la Comisión de Presupuesto, presidida por Humberto Acuña, hermano de César Acuña y miembro de Alianza para el Progreso.

 

En este periodo, el MEF recibió pedidos de varios congresistas para destinar presupuesto a obras específicas en las regiones que representan. Ayer, 10 de noviembre, el MEF liberó la información de estos proyectos, y se pudo conocer que son 602 las iniciativas impulsadas en 20 regiones por S/ 5.358 millones. Lambayeque, Cajamarca y San Martín lideran la lista de pedidos.

Para Luis Arias Minaya, exjefe de la Sunat y exdirector del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), lo que no debería ocurrir es que “de forma apurada y poco técnica se pueda modificar de manera significativa el proyecto que envió el Ejecutivo y, con ello, cambiar el monto del déficit establecido”. El especialista sostuvo, además, que “puede haber redistribuciones en distintos proyectos, pero el riesgo es que lleguemos a julio con una deuda creciente”.

“Espero que este nuevo gobierno entienda la urgencia de generar estabilidad y busque convocar profesionales serios para las carteras y sus equipos, a fin de reducir la incertidumbre en nuestra economía. Sin duda necesitamos renovar nuestra política y hay mucha gente capaz, pero la pandemia sigue aquí”, añadió Del Carpio.

 

Educación: reformas en peligro

La continuidad de la reforma educativa y la mejora en la atención de este sector serán temas sensibles para el gobierno de Manuel Merino. El Congreso de la República ha venido dilatando la votación de los proyectos de ley que buscan garantizar las condiciones básicas de la educación en el país y, en otras ocasiones, ha presentado contrarreformas que fueron detenidas durante la gestión de Martín Vizcarra.

A solo horas de asumir el nuevo gobierno, la Comisión de Educación del Congreso agendó para este miércoles 11 de noviembre el debate de cinco de los 12 proyectos de ley que proponen la creación de universidades públicas nacionales, aprovechando que la moratoria para la creación de casas de estudio, públicas y privadas, venció en abril de este año. 

Entre las propuestas legislativas, hay una de Acción Popular, el partido del actual presidente de la República, y que tiene entre uno sus líderes a Raúl Diez Canseco, fundador de la Universidad San Ignacio de Loyola. Otras cuatro iniciativas son impulsadas por Alianza para el Progreso, agrupación política dirigida por César Acuña Peralta, fundador de otras tres casas de estudios.

En más de una ocasión las bancadas de Acción Popular, Alianza por el Progreso y Podemos Perú dejaron claro su interés en restar facultades a la Sunedu.

 

Para la exministra de Educación Flor Pablo, este sector atraviesa por una situación crítica desde el anterior Congreso, debido a la reforma educativa impulsada desde la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). “Por primera vez tenemos una superintendencia cuya función es asegurar la calidad de la enseñanza, pero este Congreso ha dado evidencia de estar en contra de ello porque colisiona con los intereses de los grupos de poder instalados en el mismo parlamento”, aseguró. 

En más de una ocasión las bancadas de Acción Popular, Alianza por el Progreso y Podemos Perú dejaron claro su interés en restar facultades a la Sunedu. En sus filas se encuentran congresistas vinculados o que tienen títulos de universidades no licenciadas, como es el caso de José Luna Morales, uno de los congresistas que votó a favor del pedido de la Comisión de Educación para investigar a la Sunedu. Luna Morales fue gerente general de Telesup y la Universidad de Ciencias de la Salud. En otros casos, si bien lograron la certificación institucional, de acuerdo al plazo establecido por la Sunedu, tendrán que renovarla tal como indica la ley.

 

Maestros interinos

Otro tema que podría regresar a la agenda parlamentaria, según la exministra de Educación Flor Pablo, es la reincorporación de 14.000 docentes que desaprobaron o no asistieron a la evaluación establecida en 2014, en el marco de la Carrera Pública Magisterial. “La posibilidad de que lo vuelvan a traer al debate y que lo aprueben es altísima. Para mí, no hay duda porque este congreso ha mostrado con anterioridad su posición sobre la norma”, advirtió la extitular de Educación.

El pasado 15 de octubre, con 70 votos a favor, 32 en contra y 19 abstenciones, el Congreso dio marcha atrás y dejó sin efecto la norma que habían aprobado para permitir la reincorporación de los mencionados docentes, subdirectores y directores de colegios públicos. De esta manera, a pedido del presidente de la Comisión de Educación, Luis Reymundo Dioses, el proyecto retornó a su grupo de trabajo, donde se elaborará un nuevo texto que recoja las observaciones. 

Según el pedido de reconsideración presentado por Fuerza Popular, que dejó sin efecto la propuesta inicial, “no se había evaluado de forma cabal las consecuencias de esta norma en el proceso formativo de más de 6 millones de escolares que asisten a colegios públicos a nivel nacional, y tampoco su impacto presupuestal”.

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REPROBADOS.El Congreso de la República ha intentado incorporar a través de una norma a miles de maestros sin aprobar el examen de la carrera pública magisterial.
Foto: Andina

Otro asunto que genera preocupación, según Flor Pablo, es la permanencia de la currícula educativa con perspectiva de género, cuestionada por grupos conservadores desde que fue aprobada por el Ministerio de Educación, en 2016, con la Resolución Ministerial 281. 

Como se recuerda, el colectivo Padres en Acción presentó una demanda contra dicho ministerio, alegando que la currícula era inconstitucional porque su contenido incluía la palabra “género” sin haber sido consultado a los padres de familia. En abril de este año, la Corte Suprema declaró infundada la petición.

En aquel entonces, la iniciativa de esta organización fue respaldada por el partido Fuerza Popular. En el actual Congreso algunos miembros de Frepap también se han manifestado en contra de la perspectiva de género, y uno de los líderes de Acción Popular, Raúl Diez Canseco, ha señalado estar en desacuerdo con este enfoque.

Para Lynch, sería lamentable que este Congreso, con el respaldo del Ejecutivo, modifique una currícula que busca impulsar la igualdad entre hombres y mujeres desde la etapa escolar. “Sería una barbaridad porque se trata de un tema de derechos civiles”, recalca.

 

Ambiente: un sector a la deriva

La vacancia presidencial ocurrió en medio de una situación crítica para la lucha contra la deforestación y el tráfico de madera. Hace unos días, OjoPúblico reveló la propuesta del Ministerio de Agricultura (Minagri) para modificar el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agricultura y Riego, cuya aprobación permitiría que empresas investigadas por tala obtengan permisos ambientales.

Uno de los casos más representativos es el de Tamshi SAC, compañía del sector cacao que enfrenta investigaciones en la región Loreto por el delito de deforestación de bosques y, a inicios de noviembre, recibió una multa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por S/129 millones por realizar actividades comerciales sin contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado. 

Respecto a esta propuesta, Julia Urrunuga, directora de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por su siglas en inglés), explica que la modificación del reglamento por parte del Minagri es una puerta a la impunidad. “Va a producir más destrucción de la Amazonía y, además, va en contra de los acuerdo internacionales que tenemos, por ejemplo, con EEUU”.

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ANTECEDENTES. Tamshi SAC comercializa cacao desde el fundo Tamshiyacu en Loreto hacia Lima. Actualmente tiene investigaciones por deforestación y una multa de S/ 129 millones.
Foto: OjoPúblico

Urrunaga considera que el cambio de gobierno puede ser aprovechado para publicar el decreto con el reglamento modificado. La investigadora alerta que, algunos políticos como el congresista de Alianza por el Progreso, Fernando Meléndez Celis, que tiene una investigación por otorgar ilegalmente derechos a Cacao del Perú (hoy Tamshi SAC) cuando era Gobernador Regional de Loreto (entre 2015 y 2018), puedan impulsar la medida. 

Otro tema importante, dentro del sector, es la lucha contra el cambio climático. En este sentido, el Perú ha asumido compromisos con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Uno de los más importantes es el Plan de Acción para Implementar Recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental de la OCDE, documento que fue aprobado en 2017.

Mariano Castro, docente y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam), explicó a OjoPúblico que el Perú aún no implementa las recomendaciones de la OCDE, que están incluidas en el Decreto Supremo DS-005-2017 y establecen metas para el mejoramiento del desempeño ambiental para todos los sectores. 

El especialista también señaló que está pendiente la actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés), compromiso que debe ser presentado por el Estado. “El Perú ya anunció su voluntad de adoptar políticas y acciones que permitan reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 35% al año 2030. Se debe presentar a más tardar en un mes. Esto debe ratificarse” precisó.

A la fecha, existen 180 conflictos sociales, de los cuales el 78% son socioambientales. La actividad minera es uno de los principales motivos por los que ocurren estas protestas. Al respecto, la directora de Cooperacción, Julia Cuadros, señaló que se debe resolver de forma urgente los espacios de diálogo para los conflictos sociales, la crisis sanitaria en provincias aledañas a proyectos mineros, y el impulso de la agricultura familiar.

Lucía Ruiz, exministra de Ambiente, dijo a OjoPúblico que la continuidad de las políticas públicas es un factor importante para seguir teniendo una gestión sostenible de nuestros recursos. Por ello, se debe esperar a la designación del nuevo gabinete para tener más clara la situación en el sector. “Es una situación compleja [...] habría que ver el nuevo cuadro de Ministros, a ver qué pasa”, enfatizó.

Entre los temas a resolver, Ruiz explicó que se debe seguir trabajando en el recurso de residuos sólidos a nivel nacional, en municipios e industrias y  “seguir impulsando el valor del bosque y luchar contra la deforestación”. Enfatizó, por último, que el sector ambiental es clave para enfrentar la crisis económica y sanitaria. “Estas dos crisis deben afrontarse de la mano con un medio ambiente sano, con la oportunidad de usar todos los recursos de forma sostenible”.

 

Interior: Inestabilidad en el Ministerio 

El Ministerio del Interior (Mininter), responsable de la seguridad interna del Perú a través de la Policía Nacional, ha mantenido a siete titulares del cargo durante las gestiones de los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, quienes debían ocupar  el cargo en el período 2016-2021. En las próximas horas se espera que el mandatario Manuel Merino de Lima elija al octavo titular de dicha entidad y al nuevo comandante general de la PNP.

La inestabilidad del Mininter se ha extendido a la Policía Nacional, que ya registra seis comandantes generales en 5 años.

La inestabilidad del Mininter se ha extendido a la Policía Nacional, que ya registra seis comandantes generales en el mismo lapso, los tres últimos nombrados durante la pandemia. A esta realidad caótica en dicha institución se suman 400 suboficiales y oficiales fallecidos por la Covid-19 hasta agosto último; y los actos de corrupción detectados en contrataciones públicas en el contexto de las compras de la pandemia.

Hace solo tres meses, el 6 de agosto, el expresidente Vizcarra nombró al nuevo comandante general de la PNP, Orlando Velasco Mujica, quien cayó enfermo por la Covid-19, y tuvo que ser reemplazado por su segundo en la institución, el general PNP Jorge Lam Almonte, quien también fue alcanzado por el nuevo coronavirus.

Ante esta situación de emergencia, el 24 de setiembre, Vizcarra y el titular del Mininter, César Gentille Vargas (quien ayer renunció al cargo tras la vacancia presidencial), oficializó al nuevo comando interino con los generales PNP, Herly Rojas y Alexis Bahamonde, quienes asumieron temporalmente las funciones de números 1 y 2 de la Policía.

Semanas después, el general Jorge Lam volvió al cargo en calidad de comandante general interino de la Policía. En la hoja de vida de este oficial se destaca su servicio como Director de Tránsito, transporte y seguridad vial de la PNP y como Inspector General, durante este año. Se espera que el nuevo gobierno de Merino de Lama también reestructure al máximo comando de la PNP.

El caos en el alto mando de la PNP, las muertes por la Covid-19 a nivel de suboficiales en los primeros meses de la pandemia, la desmoralización interna por los actos de corrupción y la incertidumbre en las direcciones especializadas en lucha contra el crimen organizado ha sido destacada por oficiales consultados para este reportaje.

Frente a un Mininter sin titular, el general Lam es el responsable de las acciones que hoy conduce la PNP en el contexto de las protestas por la elección de Manuel Merino de Lama como Jefe de Estado. El domingo último, mientras rige el Estado de Emergencia a nivel nacional, un policía mató a un ciudadano en el Callao durante una trifulca ocurrida cuando intentaban dispersar a un grupo de personas que jugaba fútbol.

La última aparición pública del comandante general de la Policía fue el 5 de noviembre, cuando el general Jorge Lam posteó un video en Twitter, saludando a la Policía de Colombia por su aniversario.