Manuel Merino de Lama, de 59 años, duró apenas seis días como presidente del Perú, luego de que el Congreso, que él presidía, vacara el último lunes a Martín Vizcarra. Masivas protestas a nivel nacional, que dejaron decenas de heridos y dos muertos, acabaron de manera definitiva con su gobierno.

El nuevo mandatario nació y llegó al parlamento por Tumbes, una región de la frontera con Ecuador golpeada por la infiltración del crimen organizado en la política: el exgobernador regional Gerardo Viñas Dioses (2011-2014) está preso por lavado de dinero; y su sucesor Ricardo Flores Dioses cumple arresto domiciliario por colusión.

Merino milita en Acción Popular desde el 2001 y ha participado de todos los procesos electorales durante los últimos 20 años de su vida: para el cargo de congresista de la República (2000, 2001, 2006, 2011, 2016 y 2020) y, para el puesto de gobernador de su región (2010). En tres de esas oportunidades logró obtener un curul en el Parlamento, para los períodos 2001-2006; 2011-2016 y 2020-2021.

En los comicios de enero último, al que postuló por Acción Popular, solo consiguió 5.271 votos, que representa al 3,2% de la población electoral de Tumbes. Otra candidata, que postuló con el número 2 de Alianza Para el Progreso (APP), Alicia Clavijo Infante, consiguió más votos que él: 5.490, pero no fue elegida debido al sistema de elección peruano, que privilegia los partidos con mayor votación sobre los candidatos más votados. 

Merino fue elegido congresista con solo 5.271 votos, que representa el 3,2% de la población electoral de Tumbes".

Merino es un comerciante agricultor con estudios inconclusos de Agronomía en la Universidad Nacional de Tumbes y de Derecho en la Universidad Telesup, cuya licencia fue denegada el año pasado por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu).

En 2019 Merino declaró en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que posee la titularidad de bienes muebles e inmuebles por S/2,3 millones: cinco en Tumbes (una vivienda de S/ 1’125.000 y otra de S/ 15.000; y tres predios agrícolas en el distrito de Corrales por S/ 891 mil), y cuatro inmuebles en Lima por S/ 246 mil (un departamento, dos cocheras y un depósito en San Borja). En esa oportunidad, también informó ser el dueño de dos camionetas por más de S/ 50 mil y ganado vacuno por S/ 42 mil.

Sobre sus ingresos, el extitular del Congreso informó que el 2019 recibió S/ 345 mil ingresos anuales de fuente privada. Además, dijo que trabajaba en el fundo Santa Ana, en el distrito de Corrales. Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), el acciopopulista está registrado como persona natural dedicada al negocio del cultivo de arroz. En un currículo elaborado para el Parlamento, dijo que su actividad estaba basada en la cosecha de frijol, soya y plátano.

PUEBLO CHICO. Corrales es un distrito pequeño de Tumbes, en donde Manuel Merino de Lama tiene su actividad agrícola desde los años '80.

Foto: Google Maps

Los fundos agrícolas de Merino en Corrales

Una faceta poco conocida en Lima de Merino de Lama es su trayectoria agropecuaria en el norte del Perú. Según su hoja de vida presentada al JNE, durante su postulación al Congreso del 2006, su experiencia en dicho rubro se remonta a los años ‘80, cuando laboraba como productor agrícola. Además, ha formado parte de diversos gremios frutícolas y ganaderos en los ‘90 por intermedio del fundo que posee en el distrito de Corrales.

Precisamente, el fundo Santa Ana, integrado por tres predios de varias hectáreas de extensión en Corrales, fue inscrito por Merino en los registros públicos en 1999. En este distrito la Defensoría del Pueblo ha reportado, desde 2010, múltiples casos de explotación laboral de niños. El año pasado, en una operación con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y la Fiscalía de Trata de Personas, dicha entidad rescató en este distrito un grupo de menores explotados en las chacras y fundos de arroz.  

Según el defensor del pueblo de Tumbes, Abel Chiroque, entre 2014 y 2019, se han rescatado más de 200 niños explotados en los campos agrícolas de la región, principalmente en Corrales. Los menores procedían de las zonas pobres de Lambayeque (Íllimo, Túcume y Mórrope), la sierra de Cajamarca y Piura; y eran trasladados de sus lugares de origen a Tumbes en motofurgones y camiones informales. Las operaciones contra el trabajo infantil se realizaron en las inmediaciones del fundo de Merino, en la margen izquierda del río Tumbes.

PROPIEDAD.Manuel Merino de Lama inscribió su fundo en 1999 en los Registros Públicos de Tumbes.

Foto: Captura Sunarp

DELITO. La Defensoría, la Sunafil y el Ministerio Público han realizado múltiples operativos desde el 2010 en el distrito de Corrales por temas de explotación infantil. 

Foto: Defensoría del Pueblo

INSPECCIONES. Los operativos realizados por las autoridades contra el trabajo infantil en Corrales se han realizado en las inmediaciones del fundo del empresario Merino de Lama.

Foto: Ministerio de Trabajo
 

La Defensoría del Pueblo rescató a dos menores el 2017, en Corrales. En el reporte del caso se reveló que durante “las campañas de sembrío de arroz los niños son contratados irregularmente. Dicha labor consiste en trasplantar el arroz entre las 7 a.m. y las 5 p.m., absolutamente vulneratoria de las normas laborales que regulan el trabajo adolescente”. Por ello exhortó a los dueños de predios en Corrales que erradiquen el trabajo infantil.

Entre 2014 y 2019, los casos de trabajo infantil se han reportado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio Público en San Pedro de los Incas y en los sectores conocidos como Canela, Piedra Blanca, San Isidro, Salamanca y Cabeza de Vaca en el distrito de Corrales.

En ese sentido, Merino registra una sentencia laboral de 2017, relacionada con su fundo, por haber despedido de manera arbitraria y por falta de pago de beneficios sociales a una persona identificada como Julio Rodríguez Castillo, quien trabajaba en dicha propiedad. El Segundo Juzgado de Trabajo Supraprovincial de Tumbes ordenó que Merino de Lama le pague S/ 7.749 por concepto de Compensación de Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones, un monto que canceló.

ANTECEDENTES. Manuel Merino de Lama fue sentenciado en 2017 por no cancelar beneficios sociales a uno de los trabajadores de su fundo agrícola. 

Crédito: Captura de la sentencia

Durante una entrevista que ofreció el año pasado a OjoPúblico, en el contexto de las elecciones al Congreso, el entonces postulante habló de sus bienes y descartó que su patrimonio aumentara en los últimos años. Dijo que solo había comprado un departamento que seguía pagando y que los dos vehículos que posee los adquirió durante su primer periodo como legislador.

Merino de Lama también indicó entonces que en el 2010 alquiló sus parcelas en Tumbes por S/1.800 el semestre (S/ 3.600 al año por chacra, aproximadamente). Sin embargo, “el 2018 yo sembré [mis parcelas de Tumbes] y en dos campañas de venta [de productos agropecuarios] obtuve S/ 400 mil de ingresos al año, con una utilidad de S/ 115 mil (...)”, precisó.

Merino indicó, en aquella oportunidad, que el sector agrícola es muy informal y que, a pesar de que utiliza facturas para la venta de insumos, no puede hacer deducción de las mismas por concepto de “mano de obra, ya que los trabajadores y operadores de maquinaria pesada no cuentan con recibos por honorarios”. 

El empresario agrícola arrocero de Tumbes, con una sentencia laboral por no cancelar beneficios sociales en su fundo, juramentó ayer como presidente del Perú, en medio de protestas en Lima y en distintas regiones del país.