El martillo y la danza en el mercado de las armas en el Perú

El martillo y la danza en el mercado de las armas en el Perú

En lo que va del año se han producido más de cuatrocientos asesinatos con armas de fuego y los delitos que involucran desde pistolas hasta fusiles ilegales han continuado a pesar del estado de emergencia. En medio del reciente repunte delictivo y la tenaz resistencia de grupos proarmas a mayores controles, OjoPúblico presenta un informe que revela detalles inéditos de la circulación de armas en el país, tanto en el mercado legal como en el mundo ilícito, y las grietas que ponen en riesgo la seguridad ciudadana: desde armerías con antecedentes sospechosos hasta empresas de seguridad privada que adulteraron el perfil de sus vigilantes para obtener contratos con el Estado.

25 Junio, 2020

En la madrugada del domingo 10 de mayo último, mientras empezaba el primer Día de la Madre de estos tiempos de pandemia, el comandante William Villanueva, jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de Ayacucho, recibió un mensaje que lo alertaba de un movimiento sospechoso: agentes de inteligencia antidrogas habían detectado un posible cargamento de insumos químicos oculto en un camión que había salido horas antes de Lima y se dirigía a su jurisdicción. El vehículo iba en ruta hacia el distrito de Pichari, en el corazón del VRAEM, un viejo enclave del narcotráfico y refugio para remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso. El comandante Villanueva organizó entonces a un equipo de diez suboficiales de operaciones tácticas antidrogas para la intervención que, según los cálculos, se realizaría esa misma noche.

A eso de las 9 pm, el equipo antinarcóticos intervino el camión de la empresa ‘Lucerito Vrae’, que estaba estacionado al costado de un grifo en un tramo de la carretera de acceso a la ciudad. El camión transportaba cajas de distintos tamaños, supuestas encomiendas con diversos productos. Cuando la Policía desembarcó los paquetes para hacer el registro, lo que encontró en el fondo fueron tres rollos de cartón corrugado envueltos en plástico, que no aparecían en las guías de remisión entregadas por el chofer. Eran armas ilegales. En el primer rollo se encontró un fusil negro de fabricación estadounidense “en regular estado de conservación”, indica el acta policial. En el segundo, envuelto en papel de aluminio, había otro fusil y tres cacerinas, cada una con 26 municiones calibre 5.56 mm. Y en el último envoltorio había un tercer fusil con sus tres cacerinas y 78 balas. 

Los tres fusiles, que tenían los números de serie borrados, son del mismo modelo semiautomático usado en dos masacres famosas en Estados Unidos y que acaba de ser prohibido para la venta a civiles en Canadá: el AR-15, un ejemplar desmontable que destaca por su precisión y apariencia militar. Ocultos en un camión en una carretera de los Andes peruanos, eran evidencias recientes de que la ruta del tráfico de armas hacia las zonas rojas del país no se ha detenido ni siquiera en tiempos de pandemia.

 

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DETENCIÓN. En mayo último, la Dirandro intervino un camión de transporte de encomiendas que llevaba escondidos tres fusiles semiautomáticos en ruta hacia el VRAEM. 
Foto: Policía Nacional del Perú. 
 

El arsenal criminal de todo calibre gotea a diario. Entre mayo y los primeros días de junio del 2020, el periodo en que la pandemia alcanzaba picos de contagios y muertes en el Perú, la Policía Nacional reportó por redes sociales ―y tan solo en redes sociales―  65 casos de capturas con incautación de armas de todo tipo y calibre. Apenas ese limitado recuento da para una tipología del crimen: el 1 de mayo, se informó el arresto de cinco sujetos, uno de los cuales portaba un fusil de guerra, en la comunidad nativa Sinchi Roca, en Ucayali; el 3 de mayo se reportó la persecución y captura de un tipo con un revólver cerca de un cementerio en el Callao; el 6 de mayo, agentes de inteligencia policial atraparon a dos miembros de la banda “Los kamikazes del sur” que iban a asaltar un banco en Ica y dejaron un revólver en la parte trasera de un mototaxi; entre el 22 y el 28 de mayo, la PNP hizo pública cada día la captura de sujetos armados, desde extorsionadores en el distrito limeño de San Martín de Porres y asaltantes en la región centroandina de Huánuco hasta piratas de río cerca de la frontera con Brasil. El cambio de mes no cortó la racha: el 2 de junio, tres semanas después de la captura del camión con tres AR-15, agentes de la Dirandro y el Ejército capturaron también en Ayacucho a tres sujetos con un AKM, un AK-47 y cincuenta municiones.

Entre 2014 y 2019 se requisó más de 18 mil armas ilegales, el equivalente a un arma cada día durante los próximos 52 años.

 

Los incidentes aislados de cada día dan forma a un collage del peligro: según cifras de la PNP revisadas por OjoPúblico, entre 2014 y 2019 se requisó más de 18 mil armas ilegales y más de 251 mil municiones. Eso daría para que se anuncie la incautación de al menos un arma y una docena de balas cada día durante los próximos 52 años.

 

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ILEGALES. Las armas que Sucamec decomisó a empresas, compañías de seguridad y usuarios particulares fueron, en su mayoría, revólveres y pistolas de las marcas Jaguar y Taurus, además de escopetas Maverick.
Foto: Giancarlo Shibayama.

 

 

En el Perú que superó la etapa del terrorismo, el flujo de las armas apenas genera debates episódicos, como cuando ocurre un crimen importante o se aprueba una nueva regulación. Pero ya desde los años previos a la promulgación de la última ley de armas de uso civil, un dato preocupó a los investigadores del tema. “Entre 25 y 30% de armas incautadas entre 2013 y 2016 eran armas legales, porque el número de serie correspondía a armas que habían sido licenciadas por Sucamec [la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil]”, dice Víctor Quinteros, exgerente de políticas de ese organismo regulador en la época en que se hicieron los estudios que arrojaron esos datos. Quinteros, quien además fue director general de asuntos criminológicos del Ministerio de Justicia, recuerda que algunos estimados alcanzaban hasta 60% si se consideraba que una parte de los ejemplares con los números de serie borrados eran de marcas que figuraban en el universo de lo legal en el país.

¿Cuál es el movimiento de las armas en el Perú? ¿Pueden mejorar los controles? Las versiones desatan un fuego cruzado entre quienes plantean más regulaciones y los usuarios legítimos que reclaman el derecho a protegerse de la delincuencia, en una suerte de dinámica del martillo y la danza, para usar una expresión viral de estos días.

En un momento en que los expertos anuncian un inminente desembalse de la delincuencia -que a la fecha ha dejado más de cuatrocientos muertos a tiros, según cifras del Ministerio del Interior-, OjoPúblico presenta un informe que documenta el flujo de las armas tanto en el mercado legal como en su ruta hacia los circuitos del crimen. Este panorama -reconstruido con base en documentos policiales y fiscales, información de aduanas y datos oficiales obtenidos por pedidos de acceso a la información pública- expone algunas grietas en el sistema general que debe ser el punto de contención de la seguridad ciudadana.

 

 

 

El martillo [o las tensiones sobre el control de armas]

 

En noviembre del 2019, cuando apenas tenía dos meses al frente de la Sucamec, el general PNP (r) Carlos Tuse hizo una declaración pública que reavivó tensiones con la comunidad de usuarios de armas en el Perú. “Cien mil personas no han regularizado sus documentos, por lo cual sus armas han pasado a la ilegalidad”, afirmó en una entrevista a la agencia estatal de noticias Andina. “Con la Policía vamos a decomisarlas”, precisó, según la nota. Tuse, un ex director de Seguridad del Estado que asumió el cargo semanas después de la última reorganización dispuesta por el Gobierno, confirmaba así que su gestión en el organismo rector iba a mantener y reforzar algunas líneas base cuyos antecedentes se remontaban hasta poco antes de la aprobación en el 2015 de la nueva ley de armas de fuego de uso civil. Una de esas líneas era la incautación de las armas que llevaban años en un limbo.

Cuando hizo esa mención, ya había grupos organizados de usuarios que se quejaban, de forma vehemente y hasta con denuncias, de que la Sucamec imponía barreras que consideraban ilegales, como las restricciones de ciertos tipos de armas o el otorgamiento de licencias. Alguno incluso hablaba de motivaciones sospechosas.

En agosto del 2018 la Sucamec ordenó la incautación de 108 mil armas. De ese total, solo se ha recuperado 20 mil.

Una de esas alegaciones provenía de un hombre llamado Pedro Ramírez, activo promotor del uso de armas por civiles en el Perú, quien se declara un usuario con veinte años de experiencia que nunca ha tenido problemas con la ley. Ramírez es el coordinador de una plataforma denominada “Sin seguridad no hay libertad”, que agrupa a unas novecientas personas con licencia para portar armas y promociona su causa en una página de Facebook que luce el hashtag #Conmisarmasnotemetas.

El grupo reclama como un logro el haber organizado el primer movimiento de desobediencia civil contra un presidente de la República. Se refiere a su postura ante iniciativas para aumentar las restricciones durante el gobierno del presidente Ollanta Humala. “Se vio obligado a dejar sin efecto la pretensión de que entregáramos nuestras armas”, indicó Ramírez a una consulta para este reportaje. En el 2015 el Gobierno de Humala aprobó una nueva ley que ordenaba lo mismo, en reemplazo de otra norma publicada 25 años atrás. 

La nueva ley entró en vigencia recién en el 2016 y dio un plazo de dos años para que todo poseedor de pistolas, revólveres, carabinas o fusiles con licencias vencidas o no registradas se pusiera en regla o los entregara al Estado.

Para entonces, algunos estudios recientes de la propia Sucamec habían detectado evidencias de que el ámbito privado del uso de armas tenía importantes puntos ciegos: por ejemplo, un análisis con bases de datos arrojó que más de 18 mil personas que figuraban como usuarios con licencia ya habían fallecido, sin que se tuviera noticia de las armas que dejaron; tiempo después se descubrió que en el registro general de usuarios autorizados había al menos ochocientas personas recluidas por diversos delitos en las cárceles del país. Eran presos con permiso vigente para portar armas. Y algunos tenían permiso para portar más de una.

 

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INFRACCIÓN. Entre el 2018 y 2019, la Sucamec impuso 21 sanciones contra empresas de seguridad y usuarios particulares por tenencia ilegal de armas.  
Foto: Giancarlo Shibayama 

 

Al final del plazo establecido para regularizar la tenencia, un verdadero arsenal de 108 mil armas de fuego de propiedad privada y de distintas épocas y condiciones quedó fuera de la ley. En agosto del 2018, la Sucamec emitió una resolución que ordenaba su decomiso. En el conjunto había desde armas largas de marcas que suenan a película del Far West hasta ejemplares compactos más cercanos a una serie policial. La lista completa, a razón de un arma por línea, ocupó 1.356 páginas.

“De ese grupo solo se recuperó 20 mil armas”, dijo el general Tuse en una entrevista para este reportaje. El superintendente no pasó por alto la explicación recurrente de que una parte de esas armas son antiguas o han pasado a ser patrimonio sentimental ―sentimental― de familias que las han heredado, pero admitió que otra porción puede estar operativa y ahora mismo no se tiene certeza de su destino. OjoPúblico identificó que al menos mil de las armas que figuran en la resolución de incautación son pistolas Glock, cuyos ejemplares más antiguos, del modelo 17, son de los años ochenta. El grupo también incluye ejemplares del modelo 25, que apareció a mediados de los años noventa. Y más de cuatrocientas de la lista son de la marca argentina Bersa, modelo Thunder-380, introducida al mercado internacional a fines de los noventa. 

“Quiere decir que 88 mil todavía están en pendientes [para recuperar]”, señaló Tuse. El tamaño de ese lote alcanzaría para poner un arma en al menos 2 mil casas de cada uno de los 43 distritos de Lima.

 

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EMPRESAS.Según el registro de armerías de la Sucamec, a la fecha hay 115 armerías con autorización vigente. La mayoría se concentra en Lima, Loreto, Ucayali e Ica. 
Foto: Giancarlo Shibayama.

 

Más que un asunto burocrático, es una escaramuza de argumentos sobre dónde debe apuntar una política de control de armas. La palabra escaramuza no es retórica: si esas armas no han sido recuperadas es porque hay al menos una parte de sus propietarios que tiene decidido –decidido– no entregarlas.

En agosto del 2019, semanas antes de la llegada del general Carlos Tuse a la Sucamec, Pedro Ramírez decidió enviar a nombre de su plataforma una carta al Contralor General de la República que marcaba su posición sobre las acciones de control de la entidad que rige el uso de armas en el país. El documento -cuyo borrador fue proporcionado por Ramírez- denunciaba que personajes claves de la Sucamec, e incluso del Ministerio del Interior, a los que no identificaba, estaban promoviendo una supuesta agenda lobista para imponer el desarme de civiles. “Esta mafia es la responsable de haber cancelado más de 80.000 licencias”, dice la carta, que critica además la falta de amnistías o plazos para quienes quieran corregir su situación. Según el mismo escrito, “esta inacción deriva en 80.000 posibles armas al mercado negro”.

 

Hay estudios que demuestran que a mayor cantidad de armas, menor delincuencia, aduce J. Thomas Saldias, de la asociación de propietarios legales.

 

Escaramuza de argumentos: un fuego cruzado de posiciones irreconciliables. Los usuarios de armas en Perú dicen -como en otros países donde se discute el tema- que toda iniciativa de control solo penaliza a los usuarios legítimos, mientras que los delincuentes se mueven por la libre y a escondidas. “El [filtro] más perjudicial para nosotros es que la persona debe exponer el motivo por el cual quiere un arma de fuego”, dice J. Thomas Saldias, vicepresidente de la Asociación de Peruana de Propietarios Legales de Armas de Fuego (APPLAF), otro grupo muy activo, que indica tener casi mil miembros registrados y se precia de haber resistido intentos reguladores del pasado. Por ejemplo, una norma del 2013 que restringía la venta a civiles de armas de calibre 9 mm Luger o Parabellum, y obligaba a que fueran entregadas al Estado o vendidas a un miembro de la Policía Nacional.

La norma motivó una estrategia coordinada de distintos grupos de interés, incluyendo a promotores del uso de armas para defensa personal, cazadores y dueños de armerías. En un foro virtual de esos días revisado durante esta investigación, los participantes hablaban de “atacar” distintas medidas de restricción, como la importación de ciertas armas o la posesión de determinados calibres, consideradas “un atentado a nuestros derechos” y promovidas por “quienes quieren hacernos la guerra”. También hablaba de presentar miles de recursos de amparo ante el Poder Judicial para bloquear las regulaciones. Al menos uno de los participantes, dueño de una de las armerías más importantes de Lima, dio un paso más allá: presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional, aunque no fue admitida. 

“Hay estudios que demuestran que a mayor cantidad de armas [en manos de civiles], menor delincuencia”, dice Saldias, un zootecnista que vivió en Estados Unidos, donde portaba arma y hacía labores de cabildeo. 

Saldias apuntala su afirmación en un libro que es casi de culto entre los defensores de la defensa personal armada: More guns, less crime, del economista y promotor de armas estadounidense John Lott Jr. La tesis del autor, que sustenta con data estadística de 3 mil condados, es que en las zonas donde existen leyes que permiten el porte de armas, las tasas de crimen se han reducido. Hay quien ha llamado a Lott un “gurú del movimiento pro armas”, pero también investigadores que han cuestionado la veracidad de sus datos. “Cuando otros expertos han tratado de replicar sus resultados, han descubierto que las leyes ‘listas para llevar’ sencillamente no reducen la criminalidad”, escribió el también economista Steven D. Levitt en el no menos famoso libro Freakonomics . La versión fue disputada por Lott en una demanda por difamación, pero en el 2017 su tesis fue nuevamente rebatida en un documentado artículo de la revista Scientific American.

Uno de los datos de esta publicación es pertinente para el caso peruano: en el 2015, el año en que se aprobó ley de control de armas en el Perú, investigadores del Boston Children's Hospital y la Universidad de Harvard “informaron que los asaltos con armas de fuego fueron 6.8 veces más comunes en los estados con la mayor cantidad de armas en comparación con aquellos con menos”.

 

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CRÍMENES. Al 15 de junio del 2020, ya se habían producido 436 homicidios con armas de fuego, según cifras proporcionadas a OjoPúblico por el Ministerio del Interior. La proporción es igual a la del mismo periodo del 2019, que sin estado de emergencia terminó con un total de 1.005 asesinatos en la misma modalidad.
Ilustración: Jeremy Kilimajer. 

 

La danza [o el movimiento del mercado legal]

 

El mismo domingo 10 de mayo en que la Dirandro incautó tres fusiles AR-15 de procedencia ilícita en un camión que se dirigía al VRAEM, la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) publicó en sus redes sociales un mensaje conmemorativo similar a los de las tiendas por departamentos. En la imagen principal se ve a una mujer joven, de cuerpo atlético y ceñida ropa de civil, que sostiene una pistola a la altura del ombligo. Hacia el lado derecho se lee: “FAME les desea un feliz día a todas las madres, mujeres capaces de proteger a los suyos con su vida”. Era parte de la campaña de marketing que la compañía –que se define como una empresa estatal de derecho privado– realiza para estimular la venta legal de armas y municiones a civiles con licencia.

Su estrategia comercial incluye la entrega de una tarjeta dorada o una tarjeta platinum, con beneficios para quien compre un mínimo de seiscientas balas en un mes o el doble en dos meses seguidos, respectivamente. Días después del saludo a las madres, FAME publicó una oferta “disponible para uso civil” de munición 9x19 mm Parabellum, de 124 grains, que en seguida describía como “un cartucho para armas de guerra”.

FAME promociona el uso de la pistola HS-09, de fabricación croata, que describe como “el arma personal estándar” de las fuerzas militares y de la Policía de ese país de los Balcanes. También ofrece en sus redes sociales la pistola CZ P-07, de origen checo, que presenta como destinada sobre todo para miembros de fuerzas armadas. Ambos modelos figuran en el catálogo y en el formulario que se ofrece a los clientes civiles como un menú de las armas y/o municiones disponibles. Entre 2015 y 2017, la empresa importó armas para defensa personal y/o deporte venidas de Croacia, República Checa y Turquía. En marzo del 2020, además, importó de Estados Unidos más de 6 mil municiones para armas de guerra.

FAME es una de las firmas de un mercado legal que, entre 2015 -el año que se aprobó la ley de control de armas de uso civil- y mayo del 2020, importó al Perú más de 40 mil pistolas, carabinas semiautomáticas y revólveres de distintos calibres, de acuerdo a datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) revisados para esta investigación. 

En ese lapso, el arsenal privado del país fue abastecido por 22 empresas dedicadas a la comercialización de armas, tanto para usuarios civiles como para empresas de servicios de seguridad particular, algunas de la cuales figuran en el registro de proveedores del Estado para diversos productos del ramo. Las armas que circulan en el mercado legal en Perú proceden en su mayoría de compañías registradas en Panamá, Italia, Estados Unidos, República Checa, Uruguay, Brasil y Turquía.

 

 

 

Una de las mayores importadoras es Sinergia Comercial S.A., una firma fundada a fines de los años noventa por el empresario José Hermán De Vivero Wangemann. Durante el periodo analizado, la compañía importó más de tres mil armas, compradas en Italia y Turquía, según información de aduanas. La firma introdujo pistolas Beretta y Stoeger, producidas en ambos países por fabricantes del mismo holding. “Nosotros tenemos una [actividad de] importación. Las armas no ingresan libremente al país”, señala De Vivero, cuya empresa ha vendido al Estado desde granadas lacrimógenas hasta cascos para tripulantes de helicópteros. 

La firma concentra su oferta de armamento en una clientela de militares y policías. “Nuestras ventas a civiles son el 2%”, indica De Vivero, quien además preside la recién creada asociación Armerías Unidas del Perú, que agrupa a las principales empresas del sector en el país, las que movilizan el 80% de las armas legales importadas al mercado nacional.

En agosto del 2019, el grupo proarmas Legítima Defensa incluyó a Sinergia Comercial entre ocho armerías que presuntamente apoyaban una iniciativa para denunciar a Sucamec y al Ministerio del Interior por la medida que ordenaba la suspensión de la venta de armas en el país por seis meses y la reorganización de la entidad reguladora. El comunicado, publicado en Facebook, acusaba a ambas instituciones de aplicar barreras ilegales y violar el estado de derecho para confiscar las armas de los usuarios. Las calificaba como “aliados estratégicos del mercado negro”. El comunicado del grupo pedía investigación, sanción y despido de los funcionarios responsables. José Hermán De Vivero Wangemann dice que nunca firmó el documento, pero explica que los grupos a favor del uso de armas estaban alertas a un presunto intento de regulación que consideraban contrario a sus derechos: el reducir el permiso a un arma por usuario, y bajar la cuota de municiones que se pueden adquirir al mes.

Otra de las firmas con mayores compras de armas en el exterior es Importaciones Pantera Arms EIRL, una empresa registrada a mediados del 2009 por Miguel Ángel Sánchez Carrillo, como accionista único. En los poco más de cinco años que comprende este análisis, la empresa introdujo al Perú más de 5 mil armas de fuego semiautomáticas, procedentes de Austria, Australia y Turquía. El stock consistió fundamentalmente en pistolas Glock de diferentes calibres y capacidades de tiro. El grueso de las importaciones fue gestionado a través de Panamá. En lo que va de la cuarentena, la empresa ha tenido una activa dinámica de redes sociales para ofrecer desde asesoría para obtener licencias hasta descuentos por algunos de sus modelos de pistolas más populares. Una de sus últimas ofertas es la G45, a la que atribuye “el diseño y la ingeniería que Glock desarrolló para su pistola militar (G19X)”.

 

 

Un actor notorio del mercado es la empresa Armaq Sociedad Anónima, que en el mismo lapso introdujo seis mil pistolas semiautomáticas y más de tres mil revólveres, procedentes de fabricantes de Brasil, Austria, República Checa, y Estados Unidos. Armaq es la principal importadora de la marca Taurus, producida por la compañía brasileña Forjas Taurus, la mayor fabricante de armas cortas de América Latina y la tercera del mundo.

De acuerdo a información de aduanas, Armaq importó armas del gigante basado en Rio Grade do Sul incluso mientras -según documentos públicos y reportes periodísticos internacionales- Forjas Taurus estuvo envuelta en investigaciones fiscales y judiciales por la venta de armas defectuosas a las fuerzas de seguridad de Brasil y la presunta venta ilícita de pistolas a un traficante de armas de Yemen, de quien se sospecha que las introdujo en las cruenta guerra civil que azota ese país desde el 2015. La compañía brasileña ha negado públicamente los cargos. 

Armaq Sociedad Anónima, representada por su director y gerente Luis Guerra Carrión, también trajo al Perú cientos de carabinas y escopetas de uso deportivo, aparejos de caza, pesca y buceo, entre otros productos a la vista en sus instalaciones comerciales. Su stock más numeroso son las municiones: entre 2015 y 2020 importó legalmente y por vía marítima más de 15 millones de cartuchos de distintos calibres y marcas, tanto de defensa personal como para cacería y práctica deportiva.

 

En 2015, investigadores de EE.UU. demostraron que los asaltos con armas de fuego fueron 6.8 veces más comunes en los estados con la mayor cantidad de armas. 

 

En el conjunto de armerías mencionadas en el comunicado publicado en agosto del 2019 por partidarios del uso de armas para defensa personal también figuraba Safari Ranch SAC, inscrita en registros públicos con el objetivo de dedicarse a la importación, e incluso la fabricación y ensamblaje de armas y municiones. La empresa fue constituida en el 2005 por los empresarios Ronald Palma Pellegrin y Mariano Alexis Belmont Agüero -este último uno de los peruanos que figura como agente gestor de una sociedad offshore registrada en Bermuda, según documentos del caso Paradise Papers-. Su volumen de importaciones es menor al de las firmas anteriores: entre 2016 y 2017 introdujo de manera legal 140 pistolas semiautomáticas Glock y Smith & Wesson, de modelos que los catálogos de sus fabricantes definen como diseñadas para competencia y/o protección personal, traídas de Austria y Estados Unidos. Sin embargo, su presencia en el medio es relevante.

La empresa tiene como complemento un conocido polígono para entrenamiento de civiles y empresas de seguridad. En 2013, el mismo año en que fue inscrito como asociación en registros públicos, las instalaciones fueron ofrecidas como sede de un encuentro de partidarios del uso de armas que el dueño denominó “la recaudación de fondos para la lucha”. Con aquello de “la lucha” se refería a las acciones legales que los distintos grupos proarmas planteaban para neutralizar un decreto que ordenaba a los civiles la transferencia de las pistolas 9 mm Luger o Parabellum a policías o militares. La norma establecía que mientras se realizaran las transferencias, las armas debían ser depositadas en los almacenes de la Sucamec. En las discusiones de los foros de esos días se calificaba la medida como “confiscatoria”. En 2017, Palma Pellegrin llegó a presentar una demanda por el mismo asunto ante el Tribunal Constitucional, que fue declarada improcedente.

“Al delincuente no le interesa lo que el Estado haga con la prohibición de las armas. [A quien] interesa es [a] la gente de bien a la que le estas quitando el derecho a defenderse”, dijo Palma Pellegrin, quien también integra la asociación de armerías en calidad de fiscal, a una consulta de OjoPúblico. “Si tú llamas a la Policía, solo para que te contesten pasan 10 minutos. Cuando el Estado no te garantiza seguridad, tú necesitas defenderte”. 

Todas las empresas mencionadas fueron consultadas sobre el tema en el curso de esta investigación. Al cierre de edición solo obtuvimos las respuestas consignadas.

Entre los usuarios y las empresas dedicadas a la venta de armas suelen referirse a quienes piden mayores controles como “los desarmistas”, a quienes definen como “aquellos que pretenden prohibir con argumentos falaces la posesión de armas legales en manos de civiles, favoreciendo así a los delincuentes que no respetan las leyes”, en palabras de J.  Tomás Saldias, vicepresidente de la Asociación de Peruana de Propietarios Legales de Armas de Fuego (APPLAF). “Lo que a nosotros nos preocupa es que se sataniza el arma legal cuando la mayor preocupación debería estar puesta en las armas ilegales”, indica José Hermán De Vivero, el presidente de la asociación Armerías Unidas del Perú. En ambos grupos, el argumento de fuerza es que las regulaciones son suficientes, y que los controles a las armerías, empresas de seguridad o usuarios particulares tan estrictos que resultan imposibles de vulnerar: la idea es que una persona con antecedentes de cualquier tipo, policiales o judiciales, nunca podrá poseer un arma legal. Pero información analizada por OjoPúblico sobre casos recientes evidencia que el muro de la seguridad total presenta notorias grietas aun por cubrir.

 

 

Los síntomas de un problema

 

El 26 abril del 2017, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino en simultáneo tres establecimientos comerciales y otros inmuebles en distintos puntos de Lima como parte de una megaoperación contra el tráfico ilícito de armas de fuego, explosivos y municiones. El caso conectaba negocios del mercado legal con sicarios del narcotráfico. Entre los locales intervenidos había dos tiendas de armas –Enzo SAC y La Casa de Armas SAC- y una importadora –Importaciones Enzo SAC–, ubicadas en Independencia, Rímac y el Centro de la ciudad. Entre ambas tiendas se incautó alrededor de mil 300 armas, mientras que solo en la importadora se requisó más de 1 millón 300 mil municiones. Los tres negocios, todos con registro legal, pertenecían a la misma persona, un empresario del sector llamado Nelson Espinoza Justiniano.

En el organigrama que la Policía presentaría a la prensa en los días siguientes, Espinoza aparecía como parte de una red que incluía exmilitares, presuntos asesinos a sueldo, policías en actividad, psicólogos y notarios: el círculo completo para movilizar armas a través de trámites y permisos del circuito legal. 

La PNP imputó a Nelson Espinoza tres presuntas actividades criminales: la adulteración de armas ilícitas a las que su empresa cambiaba piezas para dificultar su vinculación con delitos previos; facilitar la gestión fraudulenta de permisos de porte y tarjetas de propiedad ante la Sucamec, en alianza con peritos y policías corruptos; y la venta en sí de las armas a grupos criminales incluso al doble del precio del mercado. Los detalles alimentaron las noticias policiales por algunos días, sobre todo cuando se supo que dos miembros de la organización eran militares que entrenaban sicarios en un polígono también legal al sur de Lima. 

Lo que no se conoció entonces es que, al momento en que fue detenido, Importaciones Enzo SAC había traído 2 mil 400 pistolas semiautomáticas procedentes de Estados Unidos, Italia y Austria, y más de un millón y medio de municiones de fabricación italiana con especificaciones para uso tanto policial como civil. Tampoco se conoció la estructura legal que el imputado había construido durante los años en que llevaba dedicado al negocio.

 

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ACUSACIONES.En el 2017, una acción policial denominada Operativo Ferretero desarticuló una presunta red de tráfico ilícito de armas de fuego. Uno de los intervenidos, gerente de una armería legal, fue imputado de vender armas a sicarios y bandas criminales. 
Foto: Ministerio del Interior.

 

Espinoza -quien estuvo con prisión preventiva hasta el inicio de la emergencia del Covid-19- tenía más de quince años dedicado a la venta legal de armas. Entre el 2003 y el 2011 registró no menos de cuatro empresas de este rubro, en sociedad con parientes directos, esencialmente dos hermanas y una hija. Algunas de estas razones sociales estaban denominadas con ligeras variaciones alrededor del nombre Enzo, inscritas entre Lima y Huánuco. En todas ocupó el cargo de gerente general. Dos meses después de su captura, Espinoza inscribió su renuncia al cargo en la importadora en favor de su hermana, Mariela Espinoza Justiniano. Sin embargo, sus negocios siguieron funcionando hasta el año siguiente, con mercadería de otro tipo que no fue incautada, hasta que su autorización fue cancelada por la Sucamec en el 2018.

La empresa asegura que ha entablado acciones legales por los perjuicios que le ha causado la medida.

-Si bien es cierto los gerentes están en un penal, [la responsabilidad] no tiene nada que ver cuando es una empresa, porque la empresa es [una persona] jurídica- indicó a este medio Liliana Espinoza Justiniano, hermana de Nelson Espinoza, quien trabaja en el área administrativa de la importadora y fue inscrita como su socia en la tienda La Casa de Armas SAC, según documentos de registros públicos.

Nelson Espinoza todavía figura como representante legal de la empresa en el registro de la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos que la Sucamec proporcionó en mayo del 2020 en respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho en el curso de esta investigación. Allí aparece con una autorización vigente hasta septiembre del 2021.

-Él no se da por vencido, porque dice que no ha cometido nada- insiste la hermana. 

La historia de Espinoza Justiniano en el negocio de armas se remonta hasta inicios de este siglo. En enero de 2000 constituyó junto a dos socios una empresa del mismo rubro denominada Armería Eagles S.A.C., cuya escritura pública fue registrada en el Callao por el notario Oscar Medelius, quien al año siguiente fugó del país al descubrirse que organizó la falsificación de un millón de firmas para planillones electorales del fujimorismo y quien, tras pasar un tiempo en prisión, reaparecería como abogado de Gerson Gálvez Calle, ‘Caracol’, cabecilla de una de las mayores bandas dedicadas al cobro de cupos, extorsión, coacción y sicariato precisamente en el Callao.

En paralelo a esta historia, la empresa misma también activó alertas en las autoridades, de acuerdo a documentos y antecedentes recuperados por OjoPúblico. En 2008, uno de los socios originales, llamado Khader Ode Jamis, fue arrestado durante una investigación policial que intentaba rastrear el origen de un grupo de fusiles y armas cortas incautados a tres sujetos sospechosos capturados en una calle de Lima. Según reportes de la época, los detenidos dijeron que Ode les había dado las armas.

 

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DELITO COMÚN. La Policía Nacional ha reportado con frecuencia la captura de sicarios y bandas que portaban armas ilegales y municiones. Solo en mayo del 2020, dio cuenta de 24 casos de este tipo. 
Ilustración: Jeremy Kilimajer. 

 

En el 2009, Armería Eagles S.A.C fue objeto de una pesquisa por parte de la embajada de Estados Unidos en Lima a raíz de las gestiones que había iniciado para importar un cargamento 500 pistolas Bersa Thunder y 300 pistolas CZ-83 desde ese país. El episodio, que había pasado desapercibido hasta ahora, aparece registrado en los documentos filtrados por Wikileaks. Allí se indica que un funcionario de la embajada visitó las instalaciones de la empresa –ahora en control de solo uno de los socios originales, llamado Edilberto Quispe- y se entrevistó con el gerente general para cerciorarse de que cumpliera con las regulaciones peruanas y estadounidenses. El ejecutivo dijo tener todo en regla y le entregó una lista de las marcas de su catálogo: Glock, CZ, Akkar, Baikal, Jaguar, Bersa, Tisas y Kora Brno. El representante de la firma indicó al diplomático que sus clientes regulares incluían desde guardias de seguridad a policías, y desde cazadores hasta ciudadanos particulares. 

Las alertas saltaron poco después, cuando el funcionario de la embajada hizo un par de visitas de corroboración que revelaron algunas inconsistencias.

 

En el 2009, Armería Eagles S.A.C fue objeto de una pesquisa de la embajada de EE.UU. tras sus gestiones para importar un cargamento de pistolas, según Wikileaks. 

 

La primera visita fue a la sede en Lima de la compañía de transporte alemana que supuestamente iba a realizar el traslado de la mercadería, pero cuyos directivos dijeron no estar participando en la operación y que no tenían noticias de la armería local. La otra entrevista en persona fue con el director general de la entonces Dirección de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos (Discamec, antecesora de la Sucamec). Según el reporte de la embajada, el funcionario peruano pidió que la charla fuera confidencial.

“El Director General expresó serias preocupaciones sobre la cuestionable clientela de la empresa”, indica el informe de esa averiguación. Aunque el titular de la Discamec no entregó pruebas tangibles, dijo que las preocupaciones procedían del sector de inteligencia. “La compañía elevó señales de alerta debido a una ocurrencia mayor que la normal de errores administrativos en los informes mensuales y trimestrales presentados a la Discamec”, indica el documento enviado por el ministro consejero James D. Nealon a Washington, con copia al Departamento de Comercio, la CIA y el FBI.

El reporte indicó que no había evidencia suficiente para suspender la licencia de exportación de las pistolas hacia el Perú, pero dijo que las señales debían ser tomadas en cuenta. “Recomendamos un monitoreo de cerca”, indicó. 

Armería Eagles SAC aparece en la lista de armerías con autorización de venta directa vigente hasta junio del 2023.

En marzo del 2018, Khader Ode Jamis estableció una nueva empresa denominada Importaciones Casquillo SAC, cuyo objetivo indica la fabricación, ensamblaje e importación de armas de uso civil y aparejos deportivos. En julio de ese año, Ode Jamis fue nombrado gerente general de otra empresa de comercialización de armas denominada Impala Sports y Armas SAC. Meses después, en octubre del 2019, esta última empresa obtuvo autorización para la compra y transferencia interna de un arma que generó un incidente porque no aparecía en el sistema de Sucamec. Cuando los funcionarios de la entidad revisaron el inventario de los almacenes encontraron que el arma estaba registrada a nombre Ode Jamis Khader, cuya autorización ya no estaba vigente desde 2014. El permiso de trasferencia fue admitido.

Tanto Armería Eagles SAC como Khader Ode y la empresa Impala Sports y Armas SAC fueron contactados por OjoPúblico, pero declinaron hacer comentarios para esta investigación.

 

 

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PROHIBIDO. Entre el 2014 y 2019, la PNP decomisó más de 18 mil armas ilegales, poco más de 251 mil municiones y más de medio millón de explosivos a nivel nacional. 
Foto: Giancarlo Shibayama.

 

Según registros de la Sucamec, a marzo del 2020 había 115 armerías con autorización vigente a nivel nacional. La mayoría se concentra en Lima (65), seguida por otros grupos en las regiones amazónicas de Loreto (11) y Ucayali (11) y las también costeras Ica (7) y Tumbes (5). 

La existencia de antecedentes que vinculen a una empresa o alguno de sus socios o personal con situaciones irregulares no impide que obtengan licencias para seguir en el negocio. “Lo pongo como lamentable”, dijo el general PNP (r) Carlos Tuse, Superintendente de Sucamec, a una consulta de este medio. “La ley pide antecedentes históricos únicamente para el trámite individual de licencia de armas”.

Los antecedentes tampoco pesan en el rubro de la seguridad privada, que las autoridades consideran parte de la primera línea de contención contra la delincuencia. OjoPúblico identificó casos de compañías que acreditaron personas con historiales adulterados a labores de protección de oficinas ministeriales, sedes registrales, organismos reguladores, universidades públicas, centros de salud e incluso refugios para menores en situación de riesgo. Lo que sigue son los más notorios.


R [o la tasa de lo irregularR]

 

En marzo del 2017, la Sucamec envió a la Policía Nacional un oficio para realizar una revisión de 142 certificados de antecedentes policiales que habían servido para tramitar licencias de uso y tarjetas de propiedad de armas de fuego. Era parte de una acción de control a cargo del Equipo Técnico de Fiscalización Posterior, una unidad que realiza revisiones aleatorias de los expedientes aprobados en busca de posibles irregularidades. Semanas después, un documento de respuesta, emitido por la Dirección de Identificación Criminal de la PNP, trajo un par de sorpresas: dos de los certificados habían servido para gestionar las licencias de personas que en realidad tenían requisitorias o específicamente un historial delictivo.

Una de esas personas era un empresario que al momento de la revisión apareció con una primera requisitoria judicial de 2007 por delito de falsificación de documentos, y una segunda, emitida en 2017, por delito contra la fe pública. El caso se resolvió a favor del involucrado porque al momento en que se emitió el certificado su nombre no aparecía en el sistema informático de la Policía. El segundo caso era el de un sujeto llamado Segundo Luis Villarreal Delgado, quien aparecía en los registros policiales con antecedentes por robo agravado.

 

Compañías de seguridad privada acreditaron personas con historiales adulterados a la protección de ministerios, universidades, centros de salud y refugios para menores. 

 

El expediente para tramitar la licencia de Villarreal había sido gestionado un año y medio antes por una empresa de seguridad privada llamada Servis Nor SAC, con sede en Chepén, y sucursales en Chiclayo y Piura. En los documentos se daba cuenta de la transferencia de un revólver marca Ranger que la empresa había comprado y que pasaría a manos de Villarreal Delgado en su condición de vigilante particular. La pesquisa policial detectó un detalle todavía más grave: además de los antecedentes ocultos del empleado, el certificado de antecedentes con que fue presentado a la Sucamec no figuraba en los registros de la PNP. Era falso.

Cuando la Sucamec abrió una investigación para esclarecer los hechos, el dueño de Servis Nor SAC, el empresario Juan Dávila Zelada, dijo que el certificado de antecedentes lo había recibido del propio Villarreal al momento de contratarlo como guardia particular. Dávila adujo que había actuado de buena fe, porque no tenía forma de saber que el documento era fraguado. La Sucamec estableció que la respuesta no era suficiente, porque al presentar el expediente la empresa se hacía responsable de la veracidad de los documentos y asumía las consecuencias de lo contrario. Siete meses después de detectado el caso, la entidad reguladora resolvió anular la licencia de posesión y uso del revólver, aplicó una multa de veinte mil soles a los involucrados, y dispuso que vigilante y empresa fueran incluidos en la Central de Riesgo Administrativo. 

El antecedente no impidió que en enero del 2019 Servis Nor SAC se adjudicara un contrato por 68 mil soles para brindar servicios de vigilancia a la sede en Chiclayo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Días después, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial del ministerio envió oficios a una empresa de casinos y otra de transportes para verificar la veracidad de los certificados de conformidad por servicios de vigilancia que Servis Nor SAC había adjuntado para ganar el proceso de selección. Los gerentes de ambas empresas respondieron que esos documentos eran falsos.

En el mismo mes, Juan Dávila firmó un contrato con el Ministerio de la Mujer por S/ 136.560 para dar seguridad y vigilancia a la Unidad de Protección Especial de Lambayeque, un refugio para la protección de niñas, niños y adolescentes en riesgo. Nueve meses después, el ministerio le envió una carta notarial para resolver el contrato por incumplimiento. 

OjoPúblico intentó contactar a la empresa Servis Nor SAC, a través de sus redes sociales, pero no obtuvo respuesta.

 

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ANTECEDENTES. De acuerdo a las normas vigentes, la alerta sobre antecedentes para obtener licencia solo aplica a persona naturales, no a personas jurídicas.
Ilustración: Jeremy Kilimajer.

 

No es un caso aislado. A inicios del marzo del 2020 –días antes de que se decretara el estado de emergencia por la pandemia-, la Sucamec publicó una lista de 262 personas naturales y jurídicas habilitadas para recoger carnets de identidad de empresas de seguridad privada. En el grupo figuran firmas que han sido objeto de diversas sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) por presentar información falsa o inexacta para obtener contratos o para la ejecución de los mismos.

Una de esas empresas, la Corporación Privada de Seguridad Los Halcones SAC, fue citada para recoger 19 carnets de identidad a pesar de que en los últimos cuatro años registra cuatro sanciones del TCE. En el 2016, la Osce le anuló un contrato por acreditar para su sede de Pucallpa a un vigilante con un certificado de trabajo previo en otra empresa que resultó ser falso. Dos años después, en 2018, fue sancionada con inhabilitación de 38 meses también por presentar dos certificados falsos para acreditar la experiencia de otros vigilantes que asignó al resguardo de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Y al año siguiente, en junio del 2019, fue sancionado con inhabilitación definitva para contratar con el Estado por presentar certificados de estudios falsos de uno de sus agentes para asegurar un contrato de vigilancia con ElectroPerú.

En diciembre del 2019, Corporación Privada de Seguridad Los Halcones SAC también fue sancionada por la Sucamec al detectarse que uno de sus agentes asignados a la seguridad de una empresa inmobiliaria en Ica usaba un revólver Jaguar sin contar con licencia de uso. La infracción es considerada grave y, de acuerdo a las normas, tiene como sanción el decomiso y la multa.

 

Entre las empresas convocadas por la Sucamec para recoger carnets figuran al menos diez de las más sancionadas en la última década

 

Otra de las empresas mencionadas en la lista es Empresa de Seguridad G y G Protección Máxima SAC, que tuvo a disposición 8 carnets, pese a que hace menos de un año, en noviembre del 2019, fue sancionada por presentar comprobantes y certificados falsos con el fin de participar en un concurso para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la Zona Registral IV, sede Pucallpa. Los documentos cuestionados eran facturas de la presunta compra de chalecos antibalas a una empresa que no se dedicaba a ese rubro, y certificados de estudios de dos vigilantes que fueron desconocidos por las autoridades de los centros educativos aludidos. Por este caso, que tuvo una investigación judicial archivada, la empresa fue inhabilitada por 37 meses de contratar con el Estado. La medida vencerá en diciembre el 2022, de acuerdo al portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce).

Un tercer caso es el de la Empresa de Seguridad Privada Leones de Oro SCRL, que tiene un registro de cinco sanciones del TCE, todas por presentar documentación fraudulenta. En julio del 2018, la firma fue inhabilitada por 39 meses tras detectarse que presentó siete carnets de Sucamec falsos para la firma de un contrato de seguridad y vigilancia de sedes del Programa Juntos. En mayo del 2019 recibió una sanción de 40 meses por incluir un carnet y un certificado de estudios también falsos en el concurso para la seguridad de la sede de la Defensoría del Pueblo en Ucayali. Y en diciembre del 2019 recibió otra sanción de 36 meses por presentar tres certificados de salud falsos para cumplir los requerimientos de un contrato para la seguridad de la sede del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) en Huánuco.

Estas dos últimas sanciones fueron decididas por unanimidad entre los miembros del TCE. La empresa tuvo disponible para recojo un carnet en la relación publicada en marzo del 2020 por Sucamec.

No obstante esos antecedentes, que el tribunal ordenó poner en conocimiento de la Fiscalía, dos de las empresas mencionadas recibieron préstamos del programa Reactiva promovido por el Gobierno para paliar el impacto económico de la pandemia: G y G Protección Máxima SAC obtuvo S/ 601.271 soles, mientras que Corporación Privada de Seguridad Los Halcones SAC fue beneficiada con S/ 3'328.113.

Los casos mencionados en este reportaje evidencian que en el mismo periodo en que empresas privadas y grupos civiles proarmas organizaban campañas y gestiones para neutralizar los intentos de regulación del Estado, las grietas del sistema permitieron el tránsito de personajes bajo sospecha o con identidades adulteradas en los límites de la legalidad. Mientras, las estadísticas de crímenes violentos han experimentado un crecimiento sostenido en los últimos siete años, según cifras del INEI: entre octubre del 2019 y marzo del 2020, el 12.8% de delitos fue cometido con arma de fuego.

El problema está más allá de un asunto burocrático y pasa también por los arsenales de la seguridad particular. "Hay empresas de seguridad que han quebrado y debían haber internado sus armas en la Sucamec, y no lo han hecho", dice el coronel Marcos Cuadros, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) del Callao. Las pistas de esta modalidad no se limitan al puerto. "¿Qué han hecho con esas armas? Las han vendido, las han negociado", dice el oficial.

Según la norma vigente, toda empresa de seguridad que cesa debe internar su armamento en los almacenes del organismo regulador hasta que formaliza su transferencia. Bajo la ley anterior, el almacenamiento de armas con licencia vencida estaba prohibido. La empresa Vamer Security SAC, cuyo cliente principal es el Estado peruano, infringió cualquiera de estos supuestos. 

Un tarde el 2014 la Policía intervino el local de la compañía en San Juan de Lurigancho y le incautó más de cien armas que no tenían los documentos correspondientes. En un primer momento se imputó al propietario, Víctor Rufino Arata Merino, el presunto delito de tenencia ilegal de armas. Una de su hijas fue detenida en la intervención y pasó cuatro meses en prisión mientras se investigaba el caso. Tiempo después, el cargo fue desestimado, pero la empresa admitió que había comprado revólveres, pistolas y escopetas retrocarga a tres compañías de seguridad que habían cerrado y se las vendieron sin pasar previamente por el control de Sucamec.

"El procedimiento correcto hubiese sido que las empresas internen sus armas y luego las vendan. Sin embargo, mi padre [se las] compró y las mismas empresas llevaron las armas a su almacén", admite Manuel Arata, hijo del propietario, a una consulta de OjoPúblico. .

Dos hijos de Arata entrevistados para este reportaje dijeron que la intención de su padre era tramitar las licencias poco a poco, mientras incorporaba personal a su staff de agentes de seguridad y los acreditaba ante Sucamec. Su objetivo era formar la fuerza suficiente para participar en concursos públicos de contratos de vigilancia con instituciones del Estado. En ese proceso, durante un año tuvo en su almacén armas que estaban a nombre de otras compañías que habían dejado de operar. Tras una investigación preliminar, una jueza de San Juan de Lurigancho dijo que eso solo era una falta administrativa, ordenó que se le devolviera todo lo incautado y que se anulen los antecedentes generados por el caso.
 

 

 

Con la colaboración de Carla Díaz.

Este reportaje es parte del especial "Armas en América", que explora los flujos de las armas en el ámbito legal e ilegal del continente. En esta primera etapa, incluye historias reporteadas y escritas desde Estados Unidos, México, El Salvador, Colombia y Perú.

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