No sólo enfermos, muertos y un miedo indudable al aire ajeno, esto es también la pandemia en México: granadas de fragmentación, fusiles AK-47 y AR-15, drones; una antena de telecomunicaciones, uniformes para aparentar ser personal militar; chalecos antibalas. Tan sólo en los primeros meses de 2020, y nada más en el estado de Michoacán, el gobierno mexicano aseguró 434 armas de fuego y más de 30.000 cartuchos del crimen organizado. Las imágenes hablan por sí solas: hay arsenales de guerra dispuestos a los pies de soldados y policías estatales. Es el otro virus de México, uno persistente, con dientes afilados. Históricamente asesino: armas, crimen, violencia.

Pese a las medidas sanitarias impuestas por las autoridades para contener la pandemia del SARS-COVID2, en México la guerra entre cárteles no ha dejado de producir cadáveres. En los primeros tres meses del año, por ejemplo, fueron reportadas más de 8.000 víctimas de homicidio doloso en todo el territorio. En marzo, el número de muertes por arma de fuego alcanzó un récord histórico: 2.172 muertos.

Podría parecer morboso comparar el número de personas fallecidas por Covid-19 con la cifra diaria de homicidios, pero el ejercicio es revelador. Porque mientras las autoridades usaban todos los medios a su alcance para promover el confinamiento y la distancia social con el objetivo de evitar la propagación del virus, durante los primeros meses de 2020 unos 83 mexicanos fueron asesinados cada día. No fue sino hasta el 21 de marzo cuando el Covid-19 rebasó en fatalidad a la violencia nacional. Ese día, 145 personas fallecieron a causa de la enfermedad; otras 114 fueron asesinadas a mansalva. 

Hoy circulan por el cielo 60% menos aviones que antes. Buena parte de los países ha cerrado parcial o totalmente sus fronteras. El coronavirus ha mostrado cómo el tráfico global puede ayudar a la expansión veloz y masiva de una pandemia. Por eso mismo conviene recordar que estos mismos flujos transportan otros tipos de muerte, cómo al final toda esta pólvora tiene que provenir de alguna parte. 

 

Siguiendo desesperadamente a Ovidio

 

El tímido sonido de las balas —una ráfaga corta y lejana, apenas audible— se confunde con las risitas nerviosas de los chicos que graban el video. En la imagen, el chofer mete una Ford F-350 en reversa y rumbea al sur por el medio de una avenida. Se toma su tiempo, como si supiera que nadie intervendrá: hay tierra libre. En la batea de la F-350 —blanquísima como un vestido de novia—, dos hombres miran sobre sus hombros, igualmente confiados. Uno, encapuchado, lleva bajo el brazo algo parecido a un AK-47; el otro se aferra al gatillo de una Browning M2 montada sobre un trípode fijo. El AK-47 —el ‘cuerno de chivo’— es el arma más popular entre los grupos criminales mexicanos desde hace más de una década. La Browning M2 está menos extendida —es muy cara— pero quien la tiene se sabe dueño de un poder descomunal, de una máquina bruta que dispara balas capaces de doblar la velocidad del sonido y, en el camino, traspasar hormigón y acero o tirar helicópteros.

Durante los primeros meses de 2020 unos 83 mexicanos fueron asesinados cada día.

Se escuchan de nuevo las risitas del que filma: hay asombro. Es el 17 de octubre y esto es Culiacán, capital de Sinaloa. El mundo sabe qué ha sucedido aquí. El fracaso del Ejército mexicano en capturar al hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, grabará a golpe de metralla estas imágenes en nuestra memoria. Vehículos en llamas bloqueando puentes, niños agazapados esquivando disparos, batallones de civiles con fusiles AR-15 al hombro, un hombre pecho-en-tierra machacando con una Barrett M82 a un objetivo lejano, los dos tipos a bordo de la batea de la F-350 —el del AK-47 y el otro aferrado a su Browning M2 capaz de tirar helicópteros. 

Quien ve los videos puede pensar que en esta ciudad el olor a pólvora es tan común como el del aguachile, que aquí la violencia está tan normalizada que los culichis ríen cuando escuchan tronar las balas. Pero no hay una manera correcta de reaccionar cuando las calles de siempre, las que uno cruza todos los días, se convierten de pronto —de un chispazo— en un campo de guerra.

Así que una pregunta volverá a saltar de boca en boca: todo este arsenal, esta maquinaria bélica de guerrilla de fin de siglo o de milicia afgana o siria: ¿cómo diablos llegó a nuestras narices?

 

En la tierra donde las balas llueven

 

Una Browning M2 usa cartuchos calibre .50 BMG. Cada bala cuesta seis dólares; es larga como un bolígrafo. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, entre 2006 y 2018 fueron confiscados en México más de medio millón de cartuchos .50 BMG y 392 armas capaces de dispararlos. Esto es, el equivalente a dos sexenios de plomo acumulado para artillar con armas pesadas las torretas de 400 tanques.

—Acá lo que pasa, mira, es que hay una malsana tradición de las armas: esto no es cosa nueva.

Quien habla es Raymundo Ortiz, un tipo pequeño y de tez blanca que puede engañar: tiene con una voz fresca —como si riese siempre—, pero nunca relaja la mirada, ceñuda detrás de unos anteojos cuadrados que le otorgan un aire docto y frío. El Ray, como lo llaman, es asesor jurídico de la comunidad de Santa María Ostula en el municipio de Aquila, en la Sierra-Costa Michoacana. Santa María Ostula es un pequeño pueblo de pescadores y campesinos nahuas que en 2009 se levantó en armas para expulsar a balazos a los cárteles. El narco se había apoderado de 1.250 hectáreas del litoral de la zona y las había convertido en un puerto informal donde recibía los precursores de la metanfetamina que vende en Estados Unidos.

Junto a Veracruz y Tamaulipas, Michoacán es uno de los territorios mexicanos donde el crimen ha impuesto su reino y su ley. Tierra tradicional para la siembra de limón, aguacate y marihuana, con minas de oro, plata y hierro y una sierra abundante en maderas preciosas y laboratorios clandestinos de cristal, aquí el número de asesinatos no hace sino aumentar desde que el mundo cruzó el siglo. En los primeros nueve meses de 2019, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, asesinaron a 1.412 personas; la mayoría —más del 80%— con un arma de fuego de por medio. 

—Yo quisiera que pasaras una noche de fin de año en Uruapan pa’ que me entendieras —dice El Ray—. Allá festejan con balaceras al cielo. Pero pa’ luego las balas caen y no sé por qué de pronto hay un niño, dos niños muertos. Horas de balaceras y balaceras al cielo. Tú las escuchas desde tu cama. Ahí te das cuenta, pues, de que naciste en un pueblo lleno de armas.

El lugar común —los estudios, las cifras— dicta que hasta nueve de cada diez armas que circulan por México provienen de Estados Unidos. Tal vez es cierto, pero la cifra no explica todo. Para El Ray, quien creció sabiendo que su padre guardaba en el armario una .45 y una metralleta tipo escuadra —como las de la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial—, que la gente compre armas con casi la misma facilidad con la que compra un martillo involucra otro factor obvio: corrupción.

—Antes que buscar a un traficante, si tú quieres una fusca, una calibre .38 por ejemplo, lo que haces es pedírsela a tu amigo policía o a tu vecino el militar. Es lo que siempre se ha usado aquí. Porque ellos son quienes las tienen: ya sea porque es armamento obsoleto o porque lo decomisaron. Esto, claro, a pequeña escala. ¡Pero a nivel gobierno pasa igual! ¿Los cárteles de dónde van a sacar tanta cosa si no es con el permiso de alguien?

Por años, El Ray ha visto a decenas de comuneros de Aquila caer bajo las balas o ser heridos por las esquirlas de un proyectil del crimen organizado. En 2009, cuando las autodefensas mexicanas recuperaron la costa de Ostula y otras tierras, a él le tocó estar en la bola, una multitud más o menos organizada de vecinos (muchos de ellos armados) que avanza a contracorriente de la refriega de las balas con el objetivo de recuperar alguna casa o una zona en manos del narco. Le pregunto si alguna vez usaron contra ellos algún calibre .50, si alguna vez vio o escuchó un arma de esa magnitud. 

—No, compa. Esas armas no se usan contra uno. Esas armas, las Barrett y los lanzacohetes, se usan sólo contra el Ejército, contra la Marina. No contra la población.

MUERTE. Desde 2006, cuando México emprendió la guerra contra el  narcotráfico, más de 200.000 mexicanos han muerto, en buena medida bajo el fuego de armas ilegales y por el crimen organizado.

Ilustración:Jeremy Kilimajer

 

Cuando la guerra es por las armas

 

La corrupción, sí. Pero también el miedo: en algunas regiones de México la guerra se libra con armas y por las armas. 

Es el 22 de octubre de 2019 en Aldama, una pequeña ciudad de Chihuahua erizada de cactus y huizaches. Un escuadrón de policías confisca un par de ‘cuernos de chivo’, unos mil cartuchos de varios calibres y un Barrett M82, una verdadera joya de guerra. Luego del operativo los días fueron perros. Ataques, persecuciones y emboscadas, dos policías acribillados: el cártel local quería su tesoro de vuelta y estaba dispuesto a incendiar la ciudad para recuperarlo. 

Los Barrett M82 son fusiles especiales. Uno de los cañones de uso individual más potentes del mundo y, en los últimos años, entre de los más codiciados por los grupos criminales mexicanos. Fabricados por Barrett Firearms Company, los M82 son los preferidos de los francotiradores del US Marine Corps —lo usa Mark Wahlberg en «Shooter»: es el fusil con dos patas en V para soporte, una bruta mira telecóspica y una patada al disparar que puede dejar moretones en el hombro—. Valen más de 10.000 dólares y pueden ser adquiridos con relativa facilidad en las armerías de Arizona o Tennessee, dos estados que permiten su venta al público.

En los primeros nueve meses de 2019 asesinaron a 1.412 personas; la mayoría —más del 80%— con un arma de fuego de por medio.

Las armas que se compran en la frontera comienzan su camino hacia el sur en las ciudades enfrentadas del border: San Diego y Tijuana, El Paso y Ciudad Juárez, Laredo y Nuevo Laredo, McAllen y Reynosa, Brownsville y Matamoros. De las 392 armas calibre .50 capturadas por las autoridades mexicanas en los últimos dos sexenios —hasta marzo de 2018— al menos 193 eran rifles tipo Barrett. Once de ellos cayeron en el estado de Michoacán, 22 más en Sinaloa, 110 en Tamaulipas: los terrenos de mando indiscutido del narco —la Familia Michoacana y los Templarios; el cártel de Sinaloa; el cártel del Golfo y Los Zetas, respectivamente. 

En septiembre del 2016, un helicóptero de la Procuraduría General de Justicia fue derribado en Cupuán del Río, dentro del municipio de la Huacana, Michoacán. El gobernador del estado dijo que la aeronave había caído envuelta en llamas luego de recibir los impactos de un Barrett M52. En ese mismo municipio, a finales de mayo de 2019, un pelotón de militares fue retenido por civiles a quienes, momentos antes, les habían decomisado un arsenal entero que incluía un M82. En un video difundido por los pobladores se ve a los militares sometidos, sentados en el suelo, atribulados. Una voz fuera de cuadro les exige llamar a sus superiores para negociar: «Capitán, quieren que les regresemos las armas. La Barrett, quieren», ruega un soldado al teléfono. 

 

 

De la Barrett al ‘McDonald’s mexicano’

 

En 2012 el estudio «The Way of the Gun: Estimating Firearms Traffic Across the U.S.-México Border» publicado en Journal of Economic Geography hablaba de un negocio que rondaba los US$ 120 millones anuales. Esto significa que en México no hay miles de armas ilegales, hay millones, pero nadie sabe bien cuántos. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hay 15 millones de armas en el país. Dieciséis, de acuerdo a la organización Small Arms Survey, un think tank sobre violencia con sede en Ginebra. Y 20 millones, según el Centro de Estudios de Opinión Pública de la UNAM.

Uno, cuatro o cinco millones de armas de diferencia no son chiste. Menos cuando esas pistolas, fusiles y ametralladoras fluyen por el país hasta reventar sus venas. Desde 2006, cuando el Estado inició la guerra al narco, más de 200.000 mexicanos han muerto —en buena medida bajo el fuego de esas armas ilegales— en eventos relacionados con el crimen organizado. 

Hoy el flujo no se detiene. Según un reporte del Center for American Progress, un think tank estadounidense de izquierda enfocado en políticas públicas, cada año entran 213.000 armas de manera ilegal a México. Sólo en los tres años que van de 2014 a 2016 en el país se capturaron 33.000 piezas. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que controla y aprueba la venta de armas en Estados Unidos, dice que no menos de 106.000 pistolas y fusiles fabricados en el norte fueron empleados para cometer algún delito en México —sólo— entre 2011 y 2016. En los primeros seis meses de 2019, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se aseguraron 1.294 armas de fuego —487 de grueso calibre—, más de 150.000 cartuchos y 41 granadas: siete de cada 10 eran de procedencia estadounidense.

La mayoría de esas armas son de rango menor. Cortas. Pistolas, algunos fusiles de potencia media que, por supuesto, caen en manos del crimen organizado. Pero en los últimos tiempos ha crecido la aparición de armas de alta potencia, descartes militares de Estados Unidos o contrabando vendido al norte del río Bravo. Estas son las nuevas armas que busca el narco. Con las pequeñas se cometen crímenes, pero cuando se busca un ‘cuerno de chivo’, una M2 y un Barrett lo que hay es preparación para una guerra de larga duración.

Entre 2006 y 2018 fueron confiscados en México más de medio millón de cartuchos .50 BMG y 392 armas capaces de dispararlos.

(No es una actitud novedosa. El especialista en armas Gordon L. Rottman relata un episodio situado en algún punto de 1969, cuando él formaba parte de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Vietnam. Los estadounidenses recién habían obsequiado una ametralladora Browning M2 calibre .50 a sus aliados de Vietnam del Sur: «Recuerdo la consternación de nuestro oficial de inteligencia cuando supo que una pequeña avanzada de la milicia local había sido invadida por el Viet Cong», relata en su libro Browning .50-caliber Machine Guns, una oda a las virtudes de esta máquina de guerra. «Y es que el objetivo del V.C. no era tanto neutralizar el puesto, lo cual lograron con éxito, sino capturar la calibre 50. Deseaban esta arma lo suficiente como para sacrificar a varios de sus hombres. Una vez que la tuvieron, los helicópteros estadounidenses se vieron obligados a ser más cautelosos: entre las muchas capacidades de la M2, es ser un arma antiaérea muy eficaz».)

Aunque los cartuchos son fabricados en México por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tanto las Browning M2 como las Barrett M82 se manufacturan exclusivamente en Estados Unidos. En 2018, venció un contrato de Barrett Firearms Company con el gobierno de México por casi US$ 2,5 millones y que involucraba la compra de 170 fusiles Barrett modelo M107A1. No fue renovado, pues los planes eran otros: a inicios de 2019, la Sedena presentó un proyecto de inversión de US$ 2 millones en infraestructura y desarrollo que consideraba la posibilidad de fabricar una versión propia del M82. Es decir, México busca nacionalizar un rifle tan gringo como McDonald’s.

 

Un mercado sobre ruedas
 

Las camionetas no tienen placas. Los hombres que las conducen no tienen nombres. Llevan todos lentes oscuros y mariconeras en la cintura. Apenas descienden, no dudan en mostrar sus cargamentos: cajas de metal y maletas negras que, una vez abiertas, atraen a un enjambre de otros hombres y varias mujeres. Cada uno levanta las armas largas que les ceden con la naturalidad de quien toma una escoba.

—Les traemos una muestra para que vean lo que podemos conseguirles —dice uno de los hombres, un tipo de estatura promedio con la piel curtida por el sol, el bigote bien recortado y una gruesa cadena de oro alrededor del cuello—. También hacemos pedidos especiales.

Estamos en algún punto de la Sierra-Costa Michoacana. Un equipo de documentalistas y reporteros hemos tenido acceso a esta escena luego de semanas de registrar los procesos de organización y autodefensa armada en distintas comunidades del estado. El hombre de la cadena de oro tiene un acompañante que es casi su copia idéntica pero un poco más pequeño. Están rodeados por decenas de camionetas Toyota, varias RAM y algunas viejas Cherokee. Uno de los vendedores saca una tela negra de su camioneta, la coloca en la batea y comienza a desplegar municiones de distintos calibres y todo tipo de armamento. Los comuneros se acercan curiosos. El más bajito de los dos entonces extiende otra manta y pone encima varios chalecos antibalas. 

En la caja quedan expuestas unas quince armas cortas —desde el calibre .48 al .35, pasando por la mortífera 5.7—, alrededor de 20 fusiles y metralletas de distinta potencia y un par de cajas donde duermen, todos lo saben, las big machines. Se trata sólo de muestras, explican los vendedores. Si los comuneros requieren 20, 50 o 200 armas de cierto calibre, se acuerda un punto de entrega, se paga un anticipo, y listo: «Todo se puede», insisten. Incluso, por un módico precio, ofrecen entregar las armas con algún tipo de diseño en las “cachas”, las fundas que recubre el mango del arma: algún dibujo grabado en la madera o incrustaciones de piedras preciosas, un lujo recurrente en los capos del narco.

MAQUINARIA. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México hay 15 millones de armas en ese país, mientras que para el Centro de Estudios de Opinión Pública de la UNAM ascenderían a 20 millones.

Ilustración:Jeremy Kilimajer.

 

El ambiente es tenso —al cabo, son gente armada— pero tampoco tanto: hay risas y chistes, como si te fueras de picnic con un grupo de combatientes.

Corre el último mes de 2016. Las autodefensas están dejando de hacer lo que hacían: esto es, reemplazar al gobierno que no protege —la policía es ineficiente o cómplice de los grupos criminales—, armándose entre vecinos para aguantar la guerra sucia y luchar por gobernarse a sí mismos. El Estado no existe en demasiados poblados de México. Muchos de quienes se alzaron en armas contra el cártel de los Caballeros Templarios hace unos años, aceptaron después la propuesta de una improvisada Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán creada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para ‘legalizarse’ y ayudar a pacificar una tierra que se disputa con sangre. Hoy las autodefensas se han convertido en policías comunitarios. Además de vestir uniforme y transportarse en vehículos oficiales, tienen licencia para portar armas de fuego. 

En una buena parte de la Sierra-Costa Michoacana —a diferencia de otros municipios del estado— la gente asegura que los comunitarios son los únicos que pueden garantizar la seguridad pues conocen por igual el terreno y a los criminales. Este respaldo popular se reafirma gracias a una estructura que los aleja de las instituciones oficiales: las policías comunitarias obedecen usos tradicionales indígenas y toda acción es decidida en un mando comunal. El sistema parece efectivo. En algunos de estos poblados, como en Santa María Ostula, los índices delictivos han bajado a cero desde que circulan las autodefensas.

Pero esto puede romperse pronto. Si bien los comuneros lograron desarticular a los Caballeros Templarios y recuperar sus tierras, las esquirlas del cártel no tardaron en reagruparse y pugnan por recuperar terreno, infiltrarse en grupos de policías comunitarios o cooptar a quien se deje. El desorden perfecto para que muchas de las armas otorgadas a los comunitarios terminen en el arsenal del narco.

En 2015, un operativo conjunto entre militares, marinos, policías estatales y federales para detener a uno de los comandantes locales acabó con once personas heridas. En medio del fuego, fue asesinado un niño. Tal vez para intentar controlar el desastre, el gobierno federal —encabezado todavía por Peña Nieto— anunció la aplicación de un ‘mando único’ con domicilio en Ciudad de México. Pero los comunitarios desconfían: insisten en que ciertas decisiones deben tomarse en el ámbito localísimo de quienes conocen el crimen a nivel tierra y no desde una lejana secretaría cuyos funcionarios pocas veces pisan los pueblos que afectarán con sus decisiones.

Allí fue cuando el gobierno cometió el error que hoy nos trajo, como testigos, a este mercadillo de armas sobre ruedas. Para presionar a las autodefensas, las autoridades federales redujeron drásticamente el salario de los policías comunitarios. Pronto también dejó de fluir el apoyo para combustible, luego el abastecimiento de municiones. La actualización de las armas necesarias para los patrullajes se cortó de tajo y casi por completo. El Estado empujó a sus guardias informales al tianguis ilegal.

Ahora, no muy lejos de la camioneta que opera de escaparate de armas, algunos comunitarios han encendido una parrilla y asan bistecs y calientan tortillas. Esta excursión es también una oportunidad para descansar de la tensión del patrullaje por zonas dominadas por los Templarios, los Viagras, la Hermandad, los Blancos de Troya, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes se disputan un botín que, sólo contabilizado el negocio de las minas ilegales, podría ascender a los US$ 70 millones anuales, de acuerdo a estimaciones de la Procuraduría General de la República.

Nadie dice de dónde vienen estos hombres, quiénes son. Pocos se atreven a preguntar. Lo único que importa es que los fusiles y metrallas que venden, aunque usados, estén aún en buen estado.

—Es la necesidad lo que nos tiene aquí —dice un comunero robusto y de barba rala. 

El hombre ha venido con sus compañeros, un grupo de unos 30 más algunas señoras. Todos están armados. Hay aquí ancianos de piel curtida y mirada de abuelos tranquilos aferrados a sus AR-15, jóvenes cuyos músculos parecen una extensión de sus AK-47, algunos otros hombres de bigote pobladísimo que ahora revisan unas 7.62 —tal vez las balas más usadas por todos los bandos, autodefensas y narco— e incluso las mortíferas .50. Las toman en sus manos con una risita nerviosa, como si quisieran ocultar la reverencia que les provocan aquellas balas capaces de atravesar cualquier blindaje.

—Si nos quieren atacar necesitamos con qué defendernos —abunda el comunero—. Por eso tratamos de conseguir estas cosas. No queremos que nuestros policías estén desarmados, que sus rifles se encasquillen. Y ya no tenemos mucha herramienta.

(Herramienta: así llaman los michoacanos de la costa a las armas de fuego. Armas como implemento de trabajo. Resulta curioso el uso del lenguaje. A la nomenclatura fría y esquemática del Ejército y las armerías se sobreponen otros términos para estas máquinas de muerte: ‘cuernos’, ‘quincenas’, ‘escuadras’, ’tostones’, palabras que parecen referir a objetos cotidianos, al alcance de cualquiera, casi inofensivos.)

 

¿Tienes un amigo en la aduana?

 

Por supuesto debe existir algún instructivo para cruzar cientos de miles de cartuchos de El Paso a Ciudad Juárez sin que nadie lo note. Pero hacerlo sin al menos ocultar el cargamento o sobornar agentes aduanales parece una faena suicida o demasiado torpe. Bogan Jabin Akeem tenía 27 años cuando fue arrestado, en abril de 2012: intentaba atravesar la frontera con un tráiler cargado con 249.992 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm —el que usan los ‘cuernos de chivo’— y 17.999 balas calibre .223, útiles para AR-15.

Los traficantes recurren a decenas de métodos para ingresar armamento a México de forma clandestina. Lo primero es conseguir un intermediario, es decir, una persona desligada del negocio del crimen —un historial limpio— dispuesta a entrar a una armería gringa y aportar sus datos personales para el registro reglamentario. También es posible asistir a un Gun Show donde comprar un AK-47 o una centena de otras armas. La operación involucra pocos trámites: llenar una planilla, pagar, esperar el OK oficial en casa.

A partir de entonces, ese AK-47 puede llegar a México gracias a alguno de los túneles que atraviesan de San Diego a Tijuana y entre ambas Nogales, en Arizona y Sonora. O se pueden enviar por mar hacia Centroamérica —hasta hace poco la vigilancia en la frontera sur era más bien escasa. Igualmente, un AK-47 puede ser desarmado en unas 10 piezas distintas que se esconden en compartimentos secretos de distintos automóviles para que crucen la frontera sin mucho problema.

 

 

Un tráiler bajó desde El Paso

 

—Es indispensable revisar lo que sucede en las aduanas mexicanas —dice Magda Coss Noguera, autora del libro Tráfico de Armas en México: Corrupción, Armamentismo y Cultura de la Violencia y fundadora de la organización civil 24-0—. En 2018 hubo una capacitación con personal de distintas instituciones mexicanas. El propósito era que tanto los agentes aduaneros como otras autoridades pudieran reconocer las distintas partes y componentes de un arma. Porque muchos de ellos no pueden reconocer las piezas por separado.  

No sólo eso. Según Coss Noguera, muchos de los agentes aduaneros desconocen en detalle qué requisitos debe cumplir un permiso expedido por la Secretaría de Marina o la Secretaría de Defensa para transferir armas de manera legal. De modo que es posible que se utilicen certificados falsos, modificados y que no cumplen con las autorizaciones necesarias para dar apariencia legal operaciones constantes de contrabando de armas y que los agentes ni se enteren de lo que ven.

A mediados de 2018 el gobierno federal comenzó a investigar una posible red de corrupción en las aduanas de Sonora, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas —esto es, en todos los estados limítrofes con Estados Unidos— que permite ingresar mercancía ilegal a cambio de sobornos millonarios. Para finales de año, siete agentes de las aduanas de Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas, y en Nogales, Sonora, fueron denunciados penalmente por la Administración General de Aduanas. Los acusados registraban cajas llenas de municiones para AK-47 bajo la inofensiva categoría de “equipo electrónico”. 

Bogan Jabin Akeem tenía 27 años cuando fue arrestado, en abril de 2012: intentaba atravesar la frontera con un tráiler cargado con 249.992 cartuchos

Poco después, ya en 2019, la Fiscalía General de la República comenzaría a investigar a funcionarios y exfuncionarios de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la principal terminal del país, por corrupción y actividades ilícitas. Dieciocho empleados fueron procesados por relajar los procesos y permitir el tráfico de armas, drogas y piratería. 

A partir de estos incidentes, el contrabando de armas se ha convertido en un tema ineludible de la agenda bilateral. Ya en septiembre de 2019, el canciller mexicano Marcelo Ebrard afirmaba después de reunirse con Donald Trump y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que mientras en el norte el tema era controlar la migración, para México lo urgente es congelar el tráfico ilícito de armas.

Días después del fallido operativo del 21 de octubre en Culiacán, se celebró la primera reunión del Subgrupo Binacional sobre Tráfico de Armas a la que acudieron los principales mandos de las instituciones de seguridad de México, además del embajador de Estados Unidos en el país, Christopher Landau. Así nació el operativo ‘Frozen’. Para enfriar los flujos de arsenal, los asistentes se comprometieron a tener reuniones ejecutivas cada dos semanas, sellar la frontera norte y desburocratizar las respuestas institucionales. Suena bien, incluso natural, pero no basta.

—Es curioso —dice Coss Noguera—. Por un lado se ha puesto un énfasis muy marcado en la frontera norte cuando las armas entran por la frontera sur también, o por mar, incluso por vía aérea. Y se cree que la única fuente de armas es el tráfico ilegal cuando las transferencias legales pueden ser igual de problemáticas.

Coss Noguera recuerda el caso de la marca alemana Heckler & Koch, que vendió a México 10.000 metralletas de guerra G36, famosas por su capacidad para usar municiones de distintos calibres y porque son mucho más ligeras que los AK-47 y los AR-15. El Ministerio de Exteriores de Alemania había prohibido a sus propios fabricantes vender armamento en zonas con conflictos que pudieran derivar en violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas locales. México, por ejemplo. Al menos seis de estas metralletas fueron usadas en el ataque criminal contra los estudiantes de Ayotzinapa en el cual siete personas murieron asesinadas y desaparecieron 43 jóvenes de bachillerato.

Luego del escándalo y la demanda a la compañía alemana, la prohibición cambió y estas armas ya se venden legalmente, no al Ejército, pero sí a los policías ministeriales de México.

—No podríamos decir que hay exceso de burocracia: hay una burocracia débil y un monopolio de la información —dice Coss Noguera—. Las mismas autoridades mexicanas, cuando tienen que rendir informes ante el ONU respecto al tema de las armas, tienen dificultades para pedir la información al Ejército.

Volvamos a Bogan Jabin Akeem. El tipo venía de El Paso y en su tráiler, un Freightliner del año —blanquísimo como la camioneta F-350 que parecía vestido de novia en Sinaloa—, cargaba su más de un cuarto de millón de cartuchos de alto calibre que no se molestó en ocultar al cruzar la aduana. Por sí solos, esos 262.000 cartuchos representaban una tercera parte del total de armas y municiones aseguradas en las aduanas de la frontera norte durante la última década.

Apenas un mes antes, el entonces presidente Felipe Calderón había inaugurado un letrero espectacular a unos cuantos metros de donde Bogan Jabin Akenn fue detenido. Cada letra estaba construida por docenas de armas incautadas por el Ejército, tres toneladas de metal pesado para delinear tres palabras: «No More Weapons».

Bogan Jabin Akeen fue trasladado a una cárcel de alta seguridad en Veracruz, condenado a tres años de prisión, una pena corta, pues no fue procesado por tráfico ilegal sino por “posesión de armamento exclusivo del Ejército”. Sería liberado a los siete meses tras pagar una fianza. Su abogado logró convencer a los jueces mexicanos de que todo había sido un “error honesto”. Su cliente, dijo, se había perdido camino a Phoenix y, cuando se percató que había cruzado a territorio mexicano, era tarde para virar. Al final, ¿quién diablos va a entrar con 260.000 municiones a Ciudad Juárez sin haber sobornado antes a los agentes aduaneros? 

Apenas tres años después, la frase «No More Weapons» fue sustituida por un mensaje más amable: «Welcome».

 

Monopolio de la muerte

 

—Yo no te voy a detallar el armamento que tenemos, pues, porque eso es alertar al enemigo. Esto se va a poner feo, bien complicado, porque allá sí hay power y nosotros tenemos lo que hemos conseguido. Ellos sí tienen que blindadas, que quincenas, que tiros pero nosotros no hemos corrido con esa suerte.

Quien habla es El Chato, un policía comunitario de la Sierra-Costa Michoacana. Por seguridad pide que no lo identifique por su nombre. Su sobrenombre tampoco es el que usa a diario en esta zona: como muchos aquí, teme por su vida. Mientras El Chato porta un AR-15 —una quincena—, el rifle semiautomático capaz de disparar 30 balas en siete segundos. El arma de elección de la mayoría de los asesinos en masa de Estados Unidos.

Habla de los vínculos políticos del municipio de Aquila, de las traiciones de antiguos autodefensas que comienzan a vincularse con los nuevos cárteles para apoderarse de las tierras que él pretende defender de criminales y que han infiltrado todo tipo de instituciones y niveles de gobierno.

—Quieren echarnos putazo, que nos acaben, quedar ellos.

El control territorial de esta franja de la Sierra-Costa Michoacana es vital para distintos negocios legales e ilegales pues forma parte del corredor entre los puertos Lázaro Cárdenas y Manzanillo, los dos principales centros logísticos de México sobre el Pacífico y, por ello, clave para la entrada de precursores de metanfetamina, armas y otras mercancías. Entre 2013 y 2014, momento de auge de las organizaciones criminales en el estado, las ganancias ilegales por la exportación de hierro robado y la importación de precursores de metanfetaminas se calculaba en unos US$ 70 millones anuales, según la Procuraduría General de la República. 

Y eso sin contar las ganancias que implican la extracción de maderas preciosas en peligro de extinción, la extorsión a campesinos o el control de los 300 kilómetros de playa todavía virgen de desarrollos turísticos. El tamaño entero del negocio criminal era una mole de US$ 155 millones al año. Mucho más que las utilidades totales de la operación legal de Lázaro Cárdenas, que en 2014 produjo ganancias por US$ 53 millones, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 

Esta riqueza atrae una violencia silenciosa, como los despojos de tierras y recursos naturales, muchas veces al amparo de pactos políticos y trucos legales y difícil de entender en medio de tanto disparo. En estas tierras donde la subsistencia depende de los frutos que brotan de parcelas de terrenos en disputa, resulta más exótica una computadora que los fusiles largos que la gente adopta para defenderse.

—Las armas que traemos las conseguimos unas en decomisos con los malandros, otras las compra la gente; cada quien, pues, vende una vaca y la compra. Las municiones, pues uno tiene conocidos que les encarga y las traen —dice El Chato aunque evita informar de dónde llegan esas armas, quién se las proporciona—. A nosotros no nos dicen: ‘ahi te van cinco, diez, quince armas y échenle putazo’; nosotros no tenemos esa pinche suerte. 

Raymundo Ortiz, El Ray, el abogado de la comunidad de Santa María Ostula, dice que mientras la guerra contra el narco se desbocaba, ellos vieron cómo camiones llenos de minerales y maderas eran extraídos de manera ilegal bajo la mirada impasible de los militares. Fue cuando muchos decidieron alzarse, tomar las armas.

—Pero en el 2012 Felipe Calderón envió a la Marina, casa por a casa, a desarmarnos. Imagínate, fue una condena de muerte: comenzaron los asesinatos selectivos. Quedamos vulnerables, pues. El gobierno hizo una guerra, pero nos estaba diciendo: ‘la guerra es de nosotros, no de ustedes’. Entonces, ahí tienes: el Estado era el monopolio de la violencia legítima y el narco de la violencia ilegítima. Era una guerra donde sólo podíamos ser daños colaterales. Nuestro destino era ser civiles muertos. Y, pues, ni modo de que la gente se dejara.
 

 

El origen del fuego
 

Han pasado dos semanas desde el fuego cruzado en Culiacán. Las Barret M82, los Browning M2, las risitas nerviosas. Es 4 de noviembre de 2019, todavía temprano, y de pronto, la pesadilla: en un punto perdido en la frontera serrana de Sonora y Chihuahua, apenas debajo del estado gringo de Nuevo México, tres mujeres mueren acribilladas junto a seis niños, dos todavía de pecho.

Hay cientos de casquillos cerca de la escena del crimen. Según la Fiscalía de Sonora, los más de 200 cartuchos .223 Remington, calibre 5,56, fueron disparados por rifles AR-15 y M16, dos metrallas capaces de traquetear el aire con hasta once balas por segundo. 

Las autoridades mexicanas llegan a la escena siete horas después de la masacre. Tarde. Los medios recuerdan: hay más soldados de la Guardia Nacional por metro cuadrado en la frontera sur de México para evitar que entren migrantes centroamericanos que en los estados del norte donde el narco domina. Por eso, en medio del pasmo nacional, parece fácil recurrir a la explicación de un Estado ausente y rebasado por quienes imponen su ley a punta de muerte. 

Es cierto, pero también hay más.  Es cierto que buena parte de la violencia armada se dispara en estados donde se producen estupefacientes o cruzan rutas de trasiego. Pero, como han denunciado sobre todo las comunidades indígenas que intentan luchar contra el desplazamiento que provoca el crimen, en estas zonas también se concentra el uranio, el gas natural, las maderas preciosas, el oro, el hierro. 

El estudio México: territorialización de los homicidios. Las razones de la violencia en el norte del país, publicado en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, estableció una correlación espacial a explorar entre el gas shale, el petróleo y el agua con el fuego que cruza a México: «existe evidencia que requiere mayor análisis que explore la violencia como un mecanismo de vaciar el territorio para la apropiación del espacio, en especial donde se concentran recursos naturales». 

El negocio de las armas aparecería así como el aceite que permite seguir operando al engranaje de una maquinaria criminal cada vez más amplia que ya no depende de las ganancias del tráfico o la producción de droga. Un ejemplo: en Michoacán, en 2019, los narcos pasaron de extorsionar aguacateros a producir el aguacate, una empresa que por sí misma deja unos US$ 2.000 millones anuales. La guardia de seguridad de esa industria se arma con fusiles de contrabando.

Un operativo conjunto entre militares, marinos, policías estatales y federales para detener a uno de los comandantes locales acabó con el asesinado de un niño.

Por si fuera poco, y ante la corrupción que domina en las aduanas, el tráfico de armas tomó al país con la guardia baja. De acuerdo con Coss Noguera, no fue sino hasta 2005 que México se unió a la campaña mundial por el control de armas de fuego liderada por Oxfam y Amnistía Internacional. Hasta ese momento no existía una investigación seria, ni estadísticas públicas sobre la cantidad de armas ilegales que atravesaban el territorio. 

Las autoridades mexicanas y estadounidenses parecen incapaces de coordinarse para controlar el problema. Al menos desde 2006, la ATF ha alimentado a los cárteles mexicanos con arsenales enteros mediante operaciones encubiertas y fallidas: en 2006, 450 armas —incluidos AR-15 y AK-47— fueron introducidas de manera ilegal por el gobierno americano durante la operación «Wide Receiver». Entre 2009 y 2011, en otro ejercicio conocido como «Rápido y Furioso», la ATF introdujo de manera ilegal 2.000 fusiles de alto calibre a México con la intención de rastrear las rutas del contrabando. Todas las armas se perdieron en el camino. El Chapo Guzmán llegó a portar una Barret M82 extraviada en este operativo,  que todavía ahora, en plena pandemia por el coronavirus, es un fantasma en la relación bilateral con Estados Unidos. 

Al crimen organizado se las dan o el crimen organizado se las compra. Y con ellas, toma lo que precisa: control territorial, político, ciudadano. Sólo en 2013, en el Michoacán de El Ray y El Chato, 225 servidores públicos —presidentes municipales, funcionarios estatales, tesoreros, directores de seguridad pública, policías estatales y municipales— fueron presos por vínculos con el crimen organizado. También aquí —como se demostró en Guerrero con el caso Ayotzinapa—, quien trabajaba como policía de día, podía cobrar como sicario de noche. Criminales convertidos en autoridades o autoridades tentadas por el crimen: el huevo o la gallina. Con arma reglamentaria o con arma negra.

Las nueve víctimas acribilladas en Sinaloa el 4 de noviembre del 2019, pertenecían a la familia LeBarón. Eran todos mormones con doble nacionalidad, detalle suficiente para que Donald Trump, desde la diplomacia de Twitter, ofreciera ayuda militar a México: «Los cárteles ya son tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrotar a su ejército», argumentó. Trump evitó mencionar lo que ya había confirmado la fiscalía de Sonora: que las máquinas responsables de estas muertes, las herramientas de la guerra, fueron fabricadas del otro lado de la frontera. Que era su país el origen del fuego.