Territorio Amazonas

Amazonía en la encrucijada

05 Jun 2019
Foto: InfoAmazonia
El análisis de seis países revela el conflicto entre la visión de desarrollo económico y los derechos de territorios indígenas y la conservación de áreas protegidas.

La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), grupo técnico formado por organizaciones de seis países de la región, publicó la más reciente colección de mapas con las presiones y amenazas que enfrenta la Amazonía.

La publicación, actualizada al 2018, aborda seis temas: intervenciones en infraestructura de transportes (vías), energía (hidroeléctricas) e industrias extractivas (minería y petróleo), además de hacer un seguimiento a la frecuencia de quemas y deforestación. Los resultados indican que 68% de las áreas naturales protegidas y territorios indígenas de la región tienen superposición con proyectos de infraestructura y planes de inversión.

La RAISG muestra que, solo considerando minería y petróleo, 87.2 millones de hectáreas o el 22% de los 390 millones de hectáreas dedicadas a la conservación y a territorios indígenas están sujetas a algún tipo de amenaza o presión.

Sus mapas también revelan la presencia de hidroeléctricas y carreteras en áreas naturales protegidas y en territorios indígenas. En este sentido, de las 272 grandes centrales hidroeléctricas en la región amazónica -sean planificadas, en construcción o en operación - 78 están dentro de territorios indígenas y 84 se hallan en conflicto con áreas naturales protegidas. Con  relación a las carreteras y vías, de los 136 mil kilómetros mapeados en la región, aproximadamente 20% (26 mil km) están superpuestos con áreas naturales protegidas y territorios indígenas.

Caminos selva adentro

Más de 136 mil kilómetros de carreteras se han desarrollado hasta el 2018 en la Pan Amazonía, siendo que 26 mil kilómetros están localizados dentro de áreas naturales protegidas y territorios indígenas.  De este total, 16.9 mil kilómetros atraviesan territorios indígenas y 9.1 mil km fragmentan áreas naturales protegidas.

El caso de la Amazonía brasileña nos sirve para visualizar el futuro de toda la región. La mayor parte de la deforestación ocurre en las inmediaciones de carreteras , y se estima que aproximadamente 90% de la  pérdida de vegetación nativa ocurrirá hasta una distancia de 100 kilómetros de la red vial , de acuerdo con el estudio “Space-time dynamics of deforestation in Brazilian Amazonia” , publicado en la revista científica International Journal of Remote Sensing, en 2002.

CAMINOS. La apertura de carreteras, ferrocarriles e hidrovías en la selva amazónica, siempre ha sido el principal vector de transformación del territorio.
Foto: Paulo Santos

Los resultados de las investigaciones sobre este tema, sin embargo, varían en cuanto a cuál es la distancia en la que ocurre la mayor intensidad de deforestación. Por ejemplo, Gregory Asner, en 2006, encuentra que hasta 50 km de las carreteras tiene lugar 67% de la deforestación , pero, según el trabajo de Kenneth M. Chomitz y Timothy S. Thomas, a esa distancia ya la cobertura vegetal ha sido removida a un nivel de 85%.

En contraposición y casi una década después, los hallazgos de Christopher P. Barber muestran que en la Amazonía Legal brasileña 94.9% de la deforestación ocurrió en los 5.5 kilómetros contiguos a las carreteras y un kilómetro de los ríos. Todo esto pone en evidencia la íntima conexión entre  la expansión de estos medios de transporte y la eliminación de la vegetación nativa.

Con carreteras abiertas en los años 60, Brasil conoce bien los efectos de la ocupación propiciada por la construcción de arterias viales que conectan el norte y el sur del país. Otros países como Perú, evalúan ahora las consecuencias de la construcción reciente de grandes carreteras, como es el caso de la Interoceánica Sur, concluida en 2010. Y zonas de la Amazonía previamente no afectadas pasan ahora por un boom de nuevas vías, como es el caso en Colombia y Bolivia.

 

Nuevas vías, nuevos actores

Actualmente, la Amazonía colombiana tiene un total de 32.780 km de vías de nivel 1 al 7, siendo las de nivel 6 y 7 (vías terciarias) las de mayor extensión con un total de 23.407 km. De este total, 2.336 km se encuentran dentro de Resguardos Indígenas y 7.975 km en Áreas Protegidas.

Todo ello ha sido facilitado por la apertura acelerada de nuevas vías y la oficialización de las construidas por la guerilla de las FARC antes de la firma del acuerdo de paz, a través de vías terciarias: la nueva forma de penetración al corazón de la selva. Como se muestra en el mapa de presiones y amenazas (RAISG, 2018), la presencia de vías en Colombia se concentra en el arco noroccidental de la Amazonía. En el caso de las carreteras de las FARC en este país, de los 3.753 kilómetros construidos, 490 km se encuentran dentro de Áreas Protegidas de la Amazonía colombiana , específicamente en el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, la Reserva Nacional Natural Nukak y el Parque Nacional Natural Tinigua.

"En el caso de las carreteras de las FARC en Colombia, de los 3.753 kilómetros construidos, 490 km están dentro de Áreas Protegidas de la Amazonía"

Refuerza esta tendencia la inversión destinada a la creación y ampliación de carreteras  que penetran en la selva en Colombia, donde alrededor de 1.2 billones de pesos colombianos para vías terciarias del posconflicto están en manos de las gobernaciones departamentales. Además, las inversiones en infraestructura vial para las zonas priorizadas por el acuerdo de paz alcanzan los 1.38 billones de pesos colombianos, provenientes de recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

En el caso de Bolivia, destaca el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS), una de las 22 áreas protegidas nacionales, la cual cubre 1.3 millones de hectáreas . Está delimitada por el río Isiboro (al sur) y el río Sécure (al norte), en el corazón del país. Fue creada para conservar los bosques y la cultura de  los pueblos indígenas que alberga (12 mil habitantes entre mojeños, yuracarés y chimanes).

Si bien 80% de su extensión se encuentra en buen estado de conservación, está amenazada por el avance de cultivos desarrollados en su límite sur: enfrenta una gran amenaza debido a la expansión de plantaciones de coca junto a la construcción de la nueva carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que atravesaría el núcleo para conectar a los departamentos de Cochabamba y Beni (306 km de largo y 9.2 m de ancho).

El año 2017 se abroga la Ley 180, que declara al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Chimán, Yuracaré y se aprueba la Ley 969, anulando la intangibilidad del TIPNIS en nombre del desarrollo y progreso del país. Este conflicto puso en evidencia la visión de desarrollo del país, basada en la explotación de los recursos naturales, sin considerar los costos y consecuencias socioambientales en el largo plazo.

"En 2017 se aprueba la Ley 969 anulando la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure de Bolivia, en nombre del progreso del país"

En Venezuela, la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) y Wataniba reportan el incremento de caminos fluviales y de tierra que son utilizados para el tráfico de coca. Venezuela sigue sin presentar espacios de producción de esta droga, pero su tráfico se une al de gasolina, alimentos y oro, entre otros bienes, en la frontera colombo-venezolana y colombo-brasileña, e incide en la gobernanza dentro de los territorios indígenas e incluso en la permanencia dentro de éstos.

La presencia de grupos irregulares armados vinculados con el tráfico de diferentes productos y con la creciente minería ilegal en la misma frontera  ha generado nuevas migraciones internas, donde las comunidades indígenas, y en especial las asociadas a los ejes fluviales fronterizos como los ríos Orinoco y Atabapo, no son la excepción. El pueblo Arawak ha hecho sentir su voz a través de organizaciones como Orpia y Coiam (Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas), debido al desplazamiento de que han sido objeto como consecuencia de la violencia de la que han sido víctimas.

Hidrovía y ferrovía

Dos importantes vías de acceso al territorio amazónico de Perú actúan como vectores de deforestación: la Carretera Marginal de la Selva, construida en los años sesenta, que llega hasta Ucayali, y la Interoceánica Sur, concluida en 2010, que llega hasta Madre de Dios. Asimismo, en años recientes, se ha advertido sobre la proliferación de una red de caminos forestales de penetración construidos sin autorización de los entes competentes de Perú. Estos caminos aceleran el proceso de colonización de la Amazonía peruana al tiempo que facilitan la acción depredadora de mineros, madereros y cultivadores de coca, que operan al margen de la ley.

En Perú, están por iniciarse las actividades para la habilitación de la Hidrovía Amazónica, que busca crear un extenso canal de navegación conectando los caudalosos ríos Marañón, Amazonas, Huallaga y Ucayali. Esta obra, orientada a dinamizar el transporte fluvial de carga, pretende asegurar condiciones de navegabilidad permanentes a lo largo de los 2.600 kilómetros que separan los terminales portuarios de Yurimaguas, Iquitos y Pucallpa.

Las obras contemplan el dragado o remoción de sedimentos en zonas poco profundas y accidentadas de los mencionados ríos. Los especialistas advierten del impacto ambiental, toda vez que el reglamento de Protección Ambiental en el sector Transportes no contempla medidas específicas para hidrovías.

"La Carretera Marginal de la Selva, construida en los '60, que llega hasta Ucayali, y la Interoceánica Sur, concluida en 2010, que llega hasta Madre de Dios, actúan como vectores de deforestación"

De otro lado, señalan que el proyecto no ha considerado el impacto que tendrá el dragado de los ríos sobre el tránsito, reproducción y desove de peces, ni ha tomado en cuenta la turbidez que causará en el agua, que es usada por las poblaciones locales. Todo permite anticipar que la hidrovía se convertirá en un nuevo foco de conflicto socioambiental. Sin embargo, es motivo de esperanza la decisión, en marzo de 2019, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), el cual por segunda vez rechazó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Hidrovía Amazónica. Sin este requisito no se puede dar inicio a las obras.

En Colombia, el presidente Duque se comprometió a gestionar la navegabilidad del río Vaupés, además de un sistema de transporte multimodal que conectará al Municipio de Calamar, en el Departamento del Guaviare con el Municipio de Mitú (Vaupés Colombia) y Yavaraté (Brasil), lo que generaría una aceleración en los procesos de colonización en la zona.

Por su parte, la continua expansión de la infraestructura de transportes en la Amazonia brasileña tiene como uno de sus protagonistas la modalidad ferroviaria. Con casi mil kilómetros de extensión, partiendo de la región productora de cereales de Sinop (Mato Grosso) hasta el puerto de Miritituba (Pará), Ferrogrão pretende consolidar el nuevo corredor ferroviario de exportación de Brasil por el norte del país. Paralelo a la carretera BR-163, el ferrocarril puede potenciar los impactos socioambientales negativos en la región, con amenazas directas e indirectas a áreas naturales protegidas y territorios  indígenas.

La Amazonía transformada

En su reciente análisis de presiones y amenazas en la Amazonía, la RAISG indica que en términos de extensión territorial, las industrias extractivas de minería y de petróleo son las que tienen mayor peso. Juntos, estos dos sectores poseen lotes asignados a concesión equivalentes a 208 millones de hectáreas, lo que representa 24.5% de toda la extensión de la Pan Amazonia, para la cual se estima una superficie total de 847 millones de hectáreas (RAISG, 2017).

Estas amenazas y presiones no ocurren de manera uniforme o con la misma intensidad en todo este vasto territorio cubierto por áreas bajo concesiones mineras y de hidrocarburos. Pero su existencia demuestra cuál es el modelo propuesto en estos países, basado en el extractivismo y la renta, sin valorar las consecuencias de perder más de un cuarto de la Amazonía.

Los daños ambientales no remediados son frecuentes, tanto donde la minería y la extracción de petróleo son cosa del pasado, como donde continúan desarrollándose. Y si bien en casi todos los países amazónicos hay presencia de minería ilegal –tema que abordamos en el especial "Amazonía Saqueada" (realizado por RAISG/InfoAmazonia, 2018) –, los mayores daños son causados por emprendimientos apoyados por los gobiernos nacionales y regionales.

A menudo, estos proyectos fueron autorizados sin las debidas consultas a las poblaciones afectadas e impactan también sin distinción a casi todos los países de la región amazónica. En otros casos, elementos de los gobiernos participan o coadyuvan la actividad, aunque en teoría esta sea ilegal.

El costo del petróleo y la minería

En 20 años se han registrado 190 derrames de crudo en la Amazonía peruana , según el organismo supervisor de la inversión en energía y minería, Osinergmin. Esta fuente indica, además, que los derrames se deben fundamentalmente a la existencia de infraestructura antigua en los pozos más productivos, la cual data de los años 70 y no ha recibido el mantenimiento adecuado. Entre 2008 y 2017 se derramaron 25.000 barriles de petróleo, según informe del Congreso de la Nación.

Para agravar la situación, la empresa estatal de hidrocarburos del Perú contrató para la limpieza de los derrames equipos de trabajo improvisados, que emplearon mano de obra local, no calificada . En algunos casos, la remuneración pagada por estos servicios se convirtió en un aliciente para el sabotaje del oleoducto.

IMPACTO. Las industrias extractivas tienen presencia en la Amazonía desde hace varias décadas. Algunas de ellas son las mayores minas a cielo abierto del planeta o cuentan con largos ductos para extraer petróleo desde el corazón de la selva.
Foto: Andina

Los derrames de petróleo en la Amazonía peruana han generado graves impactos ambientales –contaminación de cuerpos de agua, cultivos y mortandad de peces– y sociales entre la población indígena, con afectación de su salud y calidad de vida, que no han sido debidamente atendidos hasta el presente.

Sin embargo, en algunos casos, el daño sobre el ambiente y la salud de la población se hace tan agudo que los gobiernos se ven forzados a actuar. En febrero del 2019, el desastre ambiental y social que envolvió  a la minería ilegal en Madre de Dios, en Perú, obligó al gobierno a lanzar la Operación Mercurio , una intervención con un enfoque integral y multisectorial que busca restaurar el estado de derecho, garantizar la salud y el bienestar de la población, así como ofrecer alternativas económicas frente a la minería. Para evaluar los resultados aún hay que esperar.

El Ecuador, desde los tiempos del gobierno de Correa, viene apostando por la minería a gran escala como actividad estratégica para el modelo de desarrollo del país . Las Cuentas Nacionales Anuales del Banco Central del Ecuador señalan que la producción bruta de la explotación de minerales metálicos y de minerales no metálicos, así como actividades de apoyo a las minas y canteras, alcanza un 0.3 % del total del  PIB. El gobierno espera dar un salto a 4% en este indicador para el 2021 mediante el fomento a la minería.

"La explotación petrolera ha traído la deforestación de 2 millones de hectáreas y 650.000 barriles de crudo derramados en bosques y ríos"

Similar énfasis recibe el petróleo ecuatoriano. En lo que va del siglo, la exportación petrolera representa 50% del total de exportaciones, con ingresos económicos que representan, en promedio, 11% del PIB. Sin embargo, la explotación petrolera ha traído consigo la deforestación de 2 millones de hectáreas, más de 650.000 barriles de crudo derramados en bosques, ríos y esteros, además de metales pesados que han contaminado las fuentes de agua de la región amazónica. Esto ha causado impactos en la salud en poblaciones estudiadas que enferman al consumir el agua contaminada y que ya no pueden pescar en esos ríos.

Venezuela se encuentra sufriendo una fuerte crisis económica, política y social desde hace varios años. En 2018, y en lo que va de 2019, la situación se ha agravado de forma importante. La crítica situación del servicio eléctrico se suma a la carencia de medicinas, la dificultad para conseguir alimentos, la ausencia de moneda en efectivo y la hiperinflación. Todo ello ha derivado en una crisis humanitaria muy grave.    

Atentan directamente contra la permanencia de los ecosistemas amazónicos y su diversidad de especies, la prosperidad de las poblaciones indígenas, las costumbres ancestrales, la gobernabilidad de la región y la autodeterminación de los pueblos originarios.

La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” (ZDEN-AMO) fue decretada en febrero de 2016 por el gobierno nacional de Venezuela. Es referida como un megaproyecto, aunque en realidad es un área sujeta a exploración y explotación sin un proyecto conocido.

Su extensión territorial supera a países como Cuba, Bélgica, Panamá, Ecuador, entre muchos otros. Abarca 11.1 millones de hectares , divididos en cuatro bloques, al norte del estado Bolívar, pero alcanza casi 11.4 millones de hectáreas al incluir lo que se denominó Bloque Especial Icabarú, al sur del Parque Nacional Canaima, tal como lo indica Francisco Ruiz en su trabajo de 2018, El Arco Minero del Orinoco: diversificación del extractivismo y nuevos regímenes biopolíticos .

Su objetivo de creación fue la extracción de minerales estratégicos como oro, coltán, diamantes, cobre, hierro y bauxita, además de tierras raras (materia prima para diferentes aplicaciones en la industria nuclear). Esto se hizo desconociendo buena parte del marco jurídico vigente del país, en materia ambiental, laboral, de pueblos indígenas e incluso de derechos humanos. Para llevar a cabo este proceso se han firmado acuerdos con empresas trasnacionales de diferentes países. Dichos convenios implican la explotación minera a cielo abierto con las mismas tecnologías usadas por la minería ilegal , en especial, de oro.

En Venezuela no ha habido inversión en tecnología para la extracción de minerales (en particular de oro), a pesar de la creación del Ministerio de Minería Ecológica. Tampoco se dieron a conocer las evaluaciones socioambientales y culturales de cada proyecto de exploración y explotación, ni los procesos de consulta previa e informada con las comunidades indígenas, como lo estipula la ley de este país. Recién en el primer trimestre de 2019, se firmó un convenio especial entre la Universidad Nacional Experimental de Guayana y el Gobierno para la realización de múltiples evaluaciones de impacto socioambiental.

Otro foco de presión, se ha dado en la Cordillera del Cóndor, en Perú, que se encuentra en la frontera entre este país y Ecuador, en el departamento de Amazonas, en territorio ancestral del pueblo awajun-wampis. Este pueblo accedió a la creación de un área protegida como parte de las negociaciones de paz con Ecuador. En 1999 fue creada la Zona Reservada Santiago Comaina, categoría temporal, que debía luego dar lugar a un parque nacional.

Sin embargo, en 2007, y por disposición del gobierno de Alan García que cedió a presiones del sector minero, una parte de la Reserva se convirtió en el Parque Nacional Ichigat Muja - Cordillera del Cóndor, en tanto que la otra mitad del área quedó excluida. Sobre la parte excluida, el gobierno de García otorgó concesiones mineras. Este es un escenario permanente de conflicto socioambiental. En 2016, el gobierno del presidente Kuczynski anuló la licencia de operaciones de la empresa concesionaria, pero ello no ha impedido que hasta la fecha se continúe explotando oro en ese lugar, de manera ilegal.

En el caso de la minería legal e ilegal en la Cordillera del Cóndor, los awajún-wampis vienen luchando contra las operaciones mineras legales e ilegales que tienen lugar en su territorio. Si bien el gobierno central y el gobierno regional de Amazonas han retirado los permisos de operaciones de la compañía, estos actos no han sido acompañados de acciones destinadas a asegurar el cumplimiento de la ley.

La empresa ha continuado operando en la zona mediante estrategias como fomentar la actividad de pequeños mineros “artesanales” y provocando la división entre los indígenas al, por ejemplo, atraer a los jóvenes a su causa.  Éstos tomaron el caso en sus manos y destruyeron las oficinas de la empresa, ahora ilegal, y se encargan de patrullar la zona para mantener a raya a la minería ilegal, pero eso no ha cambiado significativamente el estado de cosas.

"En toda la Amazonía [...] los bloques de concesión para la explotación de minerales y petróleo se extienden sobre 87.2 millones de hectáreas de bosques"

En toda la Pan Amazonía, la superposición de los bloques de minería y petróleo con áreas naturales protegidas y territorios indígenas es motivo de constantes conflictos socioambientales. Juntos, los bloques de concesión para la explotación de minerales y petróleo se extienden sobre 87.2 millones de hectáreas de bosques. Los intereses económicos se imponen a la conservación de la diversidad que habita en ellos.

Por ejemplo, de los siete parques nacionales existentes en la Amazonía venezolana, seis presentan puntos o áreas de minería ilegal dentro de sus límites . La excepción la constituye el PN Delta del Orinoco, en el estado Delta Amacuro. Los restantes se encuentran en el estado Amazonas (Duida–Marahuaca, Parima–Tapirecó, Serranía La Neblina, Yapacana y Caura), donde la minería está totalmente prohibida por decreto, y en Bolívar (Caura y Canaima), el área con mayor minería en el país.

Los parques nacionales Canaima y Yapacana, en Venezuela, destacan por ser los que presentan la mayor intensidad de actividad minera, la cual en el caso del PN Canaima no sólo se encuentra dentro de sus límites, sino que prácticamente flanquea todo su extremo occidental y sur (río Caroní, en su límite oeste, y en el Bloque Especial Icabarú, al sur). Se trata además de un área protegida declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en el año 1994.

En ambos casos se encienden las alarmas, porque si bien en el Parque Nacional Yapacana la superficie afectada es proporcionalmente mayor, en el PN Canaima sólo la intensidad de impacto a lo largo de sus linderos este y sur es motivo de alarma, aún sin considerar lo que sucede en su territorio directo.

En Perú, en la porción andina de la cuenca amazónica, gran parte de las concesiones mineras se encuentra superpuesta a comunidades campesinas. Esto genera conflictos socioambientales. Una de las estrategias empleadas por las empresas concesionarias es comprar las tierras concesionadas. Al tratarse de propiedad comunal, esto no es fácil, pero tampoco imposible, pues el Estado peruano viene, desde hace más de una década, cambiando el régimen de tenencia comunal para facilitar la división y venta de tierras comunales como parcelas individuales.

La pérdida de la Amazonía   

En la Panamazonia, los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas continúan siendo las principales barreras que  aseguran la protección de los ecosistemas boscosos, la diversidad biológica y cultural que allí habita. En conjunto, las áreas protegidas y los  territorios indígenas representan 390 millones de hectáreas en la Amazonía. Esto quiere decir que el 46% de los 847 millones de hectáreas del territorio amazónico está ocupado por áreas naturales protegidas o territorios indígenas.  

La deforestación en el interior de estos territorios y áreas protegidas sigue siendo pequeña en términos absolutos y se encuentra concentrada en regiones críticas.  No obstante, hay una tendencia a la aceleración de la pérdida de biodiversidad. Este proceso viene acompañado de una creciente violencia contra los pueblos indígenas. Como mostró recientemente una investigación acerca de 1.356 hechos de amenazas y asesinatos de líderes en América Latina, 56% de esos episodios de violencia (761 registros) pertenece a alguna minoría étnica, demostrando que los territorios indígenas y afrodescendientes son especialmente vulnerables a estos intereses criminales

De acuerdo con los nuevos mapas de RAISG, 10,3 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas y territorios indígenas fueron directamente afectadas por la deforestación entre 2000 y 2015 , lo que representa un 12% de la región amazónica.

Los resultados indican una alerta para la protección de la Amazonía, pues un reciente estudio de Thomas Lovejoy y Carlos Nobre publicado en 2018 en la revista Science resalta que  la suma de impactos de la deforestación, el  cambio climático y los incendios forestales llevará a un punto de inflexión (o punto de no retorno) al sistema amazónico. Es decir, que tan pronto como sea alcanzado el 20% a 25% de la deforestación habrán consecuencias irreversibles hacia ecosistemas no forestales en las regiones este, sur y central de la Amazonía. Este modelo ha considerado la cuenca amazónica sin la inclusión de las cuencas de partes de los ríos Orinoco Araguaia, Tocantins y las cuencas del Atlántico Norte y zonas costeras.

AWAJÚN. La minería afecta a las fuentes de alimentación, quebradas, ríos, bosques, suelos y es una amenaza seria y directa a la supervivencia de los awajún.

En la Amazonía boliviana, como viene ocurriendo desde hace más de una década, hay una visión de desarrollo enfocada en la conversión de uso del suelo. Es decir, se está transformando su paisaje y alto potencial forestal hacia una economía basada en la ampliación de la agricultura y ganadería extensiva, poco sostenible por sus bajos rendimientos de producción y escasos réditos económicos para el país.  

Análisis realizados por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) en el período 2005–2018 indican que el 88% de las quemas e incendios forestales de Bolivia se concentran en la región Amazónica , afectando a más de 18.7 millones de hectáreas, donde los ecosistemas con mayor impacto son pastizales naturales (70%) comprendidos por sabanas y cerrados, y en menor proporción (30%) ocurren en áreas boscosas.

Debido a la falta de medidas de prevención, el fuego iniciado para habilitar una parcela destinada a la siembra de cultivos o el establecimiento de pastos para ganadería suele descontrolarse , y afectar anualmente, en promedio, más de 4 millones de hectáreas.

"El 88% de las quemas e incendios forestales de Bolivia se concentran en la región Amazónica, afectando 18.7 millones de hectáreas"

El panorama de la Amazonía colombiana muestra una alta deforestación, el aumento de cultivos ilícitos y la presencia de incendios forestales. Además, en el Plan Nacional de Desarrollo, el presente gobierno definió que habrá un 0% de variación en la meta de deforestación respecto al cuatrienio del gobierno pasado. Es decir, se permitirá la destrucción de 215.000 mil ha de bosque al año a nivel nacional, de los cuales, el 72% son de la Amazonía colombiana , hasta llegar al punto de no retorno, lo que da luz verde para proyectos de desarrollo económico que antes no  eran permitidos en esta región colombiana.

En Brasil, durante el período electoral (agosto a noviembre de 2018), la deforestación en la Amazonía se duplicó con relación al mismo período del año anterior , llegando a 1.4 millones de hectáreas de bosques perdidos. En concreto, la deforestación detectada en el mes de noviembre de 2018 fue cuatro veces mayor que en noviembre de 2017. Este escenario de amenaza e intensificación de la deforestación siguió después de las elecciones.

En enero de 2019 la Amazonía Legal perdió 10.800 hectáreas de bosques, un aumento del 54% en comparación al mismo período del año anterior según los datos divulgados por el Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). De esta deforestación registrada en enero de 2019, el 12% ocurrió en áreas protegidas, territorios indígenas y el 5% en unidades de conservación.

La búsqueda de justicia

Los pueblos indígenas no escapan a la realidad política polarizada que se viene desarrollando en Venezuela desde el año 2002. Sin embargo, y a pesar de tal situación, el movimiento indígena ha logrado posicionarse en una serie de espacios políticos con participación para la autodemarcación de sus territorios, la consolidación de un marco jurídico de autonomía para el desarrollo y la defensa de sus derechos, así como su autodeterminación cultural. A pesar de los logros alcanzados, para 2018 muchas de las políticas públicas mermaron su impulso inicial, donde destaca la paralización del proceso de demarcación de hábitats y tierras indígenas.

En Ecuador,  la exploración, explotación, transporte y refinación de crudo amazónico representó en épocas pasadas “el etnocidio de grupos ancestrales como los tetete, el desplazamiento forzado y la aculturación vía asimilación forzada de otros pueblos pertenecientes a grupos lingüísticos como el tukano (sionas y secoyas), barbacoano (cofán) y waorani” (Amazonía bajo presión / RAISG, 2012 ).  

El pueblo waorani instauró una demanda constitucional en este año para suspender un plan gubernamental de licitación petrolera en la Amazonía, con la que busca mantener libre de actividades petroleras cerca de 180.000 hectáreas de territorio ancestral waorani en la parte norte de Pastaza. Piden que sus derechos sean reconocidos y se les compense por los daños sufridos desde el 2012 cuando el Estado licitó parte de su territorio para la actividad petrolera. La demanda presentada logró un fallo favorable para las comunidades waorani y podría sentar un precedente jurídico a favor de la consulta previa libre e informada y a la autodeterminación de los pueblos.

JUSTICIA.  Ante el cuadro preocupante de las amenazas y las presiones que enfrentan, los pueblos ancestrales y las comunidades que tradicionalmente ocupan la región Amazónica luchan para que sus derechos sean reconocidos y respetados.  
Foto: Priscila Tapajowara

Otro hecho precedente en Ecuador, suscitado en octubre de 2018, dejó sin sustento 52 concesiones mineras otorgadas por el Estado en la provincia de Sucumbíos, en donde la Corte Provincial aceptó pruebas del impacto ambiental a través de un recurso de acción de protección presentado por la comunidad A´i Cofán de Sinangoe, que acusaba al gobierno de no haber consultado a la comunidad y de amenazar el derecho al agua y al medio ambiente, al territorio, a la consulta previa y a las comunidades tanto indígenas como aledañas.

En Perú, los awajún-wampis reclaman la intervención del Estado para detener la minería ilegal de oro, la misma que está devastando la Cordillera del Cóndor, territorio ancestral de estos pueblos y sobre el cual habían dado su consentimiento en 2005 para la creación de un parque nacional. Por decisión unilateral del Estado, parte de este territorio fue excluido del parque nacional y otorgado en concesión para minería. Posteriormente, los permisos fueron revocados, pero los mineros artesanales siguen operando en forma ilegal.

Con respecto a los frecuentes derrames de petróleo ocurridos en la Amazonía peruana en los últimos años, los cuales tienen un impacto directo sobre las fuentes de agua y alimentos de la población local, constituida mayormente por comunidades indígenas, estas vienen reclamando al Estado que cumpla con su compromiso de brindar remediación ambiental, servicios de agua potable y atención médica especializada.

El modelo económico

En los países amazónicos, gran parte de las inversiones extranjeras están dedicadas a las actividades de la industria extractiva y confirman que la integración de las economías amazónicas al mercado global ocurre a través del comercio de recursos naturales y alta dependencia de la fluctuación de los precios de commodities.

Un ejemplo de ello es el caso de Ecuador, donde el Banco Central reportó un total de US$ 1.4 mil millones en inversiones directas extranjeras en el año 2018, de los cuales el 53% se destinó a proyectos de minería a gran escala. Sin embargo, estos proyectos extractivos son rechazados por la población.

En el 2018, el gobierno de Lenin Moreno sometió a Consulta Popular la ampliación a la protección del Parque Nacional Yasuní (que junto con el Territorio Waorani y la Zona Intangible, en donde habitan pueblos no contactados, forman parte de la Reserva de la Biósfera Yasuní), el 67.31% de los votantes estuvieron de acuerdo con incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1030 hectáreas a 300 hectáreas.

"En Ecuador, el Banco Central reportó un total de US$ 1.4 mil millones en inversiones directas extranjeras en 2018, el 53% se destinó a proyectos de minería a gran escala"

Las evidencias presentadas en este reportaje revelan que los impactos ambientales, sociales y económicos del desarrollo basado en la extracción y conversión de ecosistemas, están siendo sub-dimensionados, pues en el largo plazo tienen consecuencias para los países más costosas que los réditos que perciben.

Los gobiernos, tanto a nivel nacional como local, están desestructurando órganos de protección ambiental. Sumando a este cuadro los episodios recientes de corrupción generalizada en el sector de infraestructura en América Latina, se llega a una situación de casi total falta de compromiso de los países con una agenda de desarrollo sostenible.

En Brasil, las propuestas del nuevo gobierno, que asumió en 2019, vienen a agravar la situación, ya que sus políticas relativas a los pueblos indígenas y sus tierras son semejantes a las de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985, cuando miles de indígenas fueron muertos y otros miles fueron expulsados de sus tierras a consecuencia de grandes proyectos de infraestructura.

Estas propuestas implican recortes en la financiación gubernamental para atender las demandas indígenas, retroceso y reducción en las operaciones de fiscalización ambiental, congelación de las demarcaciones por el gobierno federal e incluso diversas manifestaciones a favor de la apertura de los territorios a la minería.

Los emprendimientos de infraestructura implantados en la Amazonía durante la última década, con el argumento de mantener el abastecimiento de energía y mover la economía brasileña, son ejemplos de obras planificadas según el interés sectorial en detrimento de las necesidades locales.

La Amazonía está en una encrucijada. Los nueve países que la conforman poseen la selva tropical más biodiversa y la mayor reserva de agua dulce del planeta. Pero sus gobernantes, las políticas de Estado y los intereses económicos la empujan hacia su agotamiento. Los últimos refugios para especies únicas están en las áreas protegidas y los territorios indígenas.

Los científicos ya hablan de la inminencia de un punto de no retorno, donde las contribuciones de la naturaleza al bienestar humano o a la humanidad –el agua, el aire limpio, la regulación del clima, los recursos naturales– dejarán de ser provistos por el bioma. ¿Llegaremos hasta ese extremo?

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