Elecciones 2026: demoras en embalaje, cambios de choferes y cronogramas alterados

Mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), una semana después de las elecciones, continúa con el conteo de votos, la Fiscalía y la Contraloría General de la República investigan las irregularidades detrás de las demoras en el traslado del material electoral registradas el 12 de abril en al menos 85 locales de votación de la capital. El origen del retraso se concentró en la etapa de organización y empaquetamiento del material y afectó a cuatro distritos de Lima Metropolitana. 

La ONPE tenía la obligación de organizar el material, y la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., de distribuirlo a los centros de votación en Lima. Sin embargo, según informes de la Contraloría y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a los que OjoPúblico tuvo acceso, detrás de los retrasos en la distribución de la documentación electoral se encuentran severas fallas en la fase de empaquetamiento, cronogramas alterados e irregularidades en la relación de conductores de los vehículos de Servicios Generales Galaga S.A.C. 

La Contraloría identifica “situaciones adversas” que afectaron la continuidad del proceso electoral. El primer problema fue el repentino ajuste al cronograma del traslado de los materiales electorales y retrasos durante el empaquetamiento.

CAMBIOS. Se detectó que el 10 de abril se modificó el cronograma establecido para el despliegue y traslado de los materiales electorales para los comicios del 12 de abril. 

Captura del informe de la Contraloría 

El servicio de despliegue y traslado de los materiales electorales por parte de la empresa debió iniciar la noche del viernes 10 de abril y culminar en la mañana del sábado 11 de abril. Sin embargo, la Contraloría detectó que el cronograma se modificó repentinamente al mediodía del 10 de abril y que se amplió el horario de 7:30 p.m. hasta la medianoche del sábado 11 de abril. 

Durante la fiscalización, la Contraloría también encontró vehículos cargados con material electoral en la sede de la ONPE, en Lurín, a las 5:51 a.m. del mismo domingo 12 de abril. “Esto se habría generado por demoras en la organización de paquetes y embalajes para el despacho de equipos”, precisa el documento.

Para el vocero de la Contraloría, Luis Castillo Torrealva, este retraso está relacionado a la falta de supervisión y coordinación de la ONPE con la empresa Galaga S.A.C. “Ahora debemos definir cuáles son las presuntas responsabilidades de los servidores y funcionarios públicos que han generado que las actas no lleguen a la medianoche”, dijo a OjoPúblico. 

La Contraloría encontró vehículos cargados con material electoral en la sede de la ONPE, en Lurín, a las 5:51 a.m. del mismo domingo 12 de abril.

Además de la Contraloría, el informe del JNE, al que accedió este medio, señala demoras en la etapa de embalaje del material electoral. El reporte detalla que la tarde del sábado 11 de abril, un día antes de las elecciones, dos de sus fiscalizadores fueron testigos de las demoras en el despliegue de la documentación electoral “por parte del área de logística de la ONPE”.  

El abogado de Galaga SAC, Cristian Castillo Luna, también señaló a OjoPúblico que los retrasos se originaron porque los materiales electorales no estaban listos para ser montados en los vehículos de la empresa para su traslado a los centros de votación. La empresa es investigada por el presunto atentado contra el derecho de sufragio, la demora de actos funcionales y la obstaculización del acto electoral. Una semana antes de las elecciones, la empresa buscaba unidades de carga para completar el servicio.

“La falta de planificación y la puesta a disposición de los bienes a ser transportados por Galaga es lo que ha generado el conflicto y el retraso en el proceso electoral”, señaló Castillo Luna. Según el abogado, la madrugada del domingo 12, cerca de 35 vehículos de la compañía “no estaban abastecidos para poder salir”.

Detalló que entre las 9:00 p.m. y 10:00 p.m. del sábado 11 de abril, la empresa envió una alerta al entonces subgerente de Producción Electoral de la ONPE, Juan Antonio Phang Sánchez, advirtiéndole sobre los retrasos. 

 ALERTA. La noche del 11 de abril, un representante de Galaga S.A.C. le informó sobre las demoras al exsubgerente de Producción Electoral de la ONPE.

Captura de WhatsApp

“Se le envió un WhatsApp indicándole que hay 35 vehículos que están esperando ser llenados y que no tenemos personal ni bienes de la ONPE para poder ser cargados”, explicó el abogado de Galaga S.A.C. a OjoPúblico. Recalcó que ese día la empresa buscó comunicarse con Phang Sánchez a través de mensajes de WhatsApp, llamadas y reuniones presenciales. 

Según la versión de Castillo Luna, las respuestas de Phang Sánchez eran largas, pero el material no llegaba. “Ya se va a remitir, ya se van a apurar, ya vamos a mandar el personal. Ese tipo de respuestas”, aseguró que le respondió. 

Este medio contactó por vía telefónica a Phang Sánchez para solicitar sus descargos respecto de los señalamientos formulados por el abogado Castillo Luna; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no respondió.

Por su lado, el entonces gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé Blas, detenido por la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del 13 al 16 de abril, también señaló a Juan Phang Sánchez como el responsable de supervisar la ejecución del contrato con Galaga SAC.  

RETRASOS. El JNE coincidió en que se registraron demoras en la etapa de embalaje del material electoral a cargo de la ONPE.

Foto: Andina

Phang Sánchez ha estado implicado en el caso Gángsters de la política. Fue identificado como integrante de la presunta organización criminal encabezada por José Luna Gálvez y encargado de acelerar al interior de la ONPE el proceso de inscripción del partido político Podemos por el Progreso del Perú (ahora Podemos Perú), de acuerdo a una resolución de prisión preventiva contra José Luna Morales de octubre de 2022 dictada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia. 

La ONPE informó, el viernes 17 de abril, la suspensión de Phang Sánchez como subgerente de Producción Electoral mediante una medida cautelar, en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario. Según explicó la asesora de la Jefatura Nacional de esta institución, Katyuska Valencia Segovia, la medida se dio por el incumplimiento de sus funciones, lo que generó el retraso en la distribución del material electoral. El cargo ha sido asumido por Christian Sandoval Cardoza, quien se desempeñaba como coordinador de diseño e impresión de material electoral de dicha subgerencia. 

Irregularidades en choferes de Galaga

La Contraloría, en su informe del 14 de abril, también advirtió dos irregularidades relacionadas con Galaga S.A.C. La primera es que los conductores de esta empresa que realizaron el servicio para la ONPE del 10 al 12 de abril no fueron los choferes propuestos inicialmente. La Contraloría detectó que, de una muestra de 15 conductores, cinco fueron reemplazados por otros choferes. 

La Contraloría también detectó que Galaga S.A.C. incumplió con contar con conductores que no registren papeletas de tránsito en los últimos 12 meses, como se dispone en los términos de referencia del contrato. De una muestra de 60 choferes, se encontró que cuatro de ellos tenían papeletas de tránsito muy graves.

Los conductores de esta empresa que realizaron el servicio para la ONPE del 10 al 12 de abril no fueron los choferes propuestos inicialmente.

OjoPúblico identificó esta semana que Galaga ya había contratado antes con la ONPE. Entre 2022 y 2023 registra, al menos, tres órdenes de servicio por más de S/ 66.000, principalmente, por el servicio de traslado de material electoral. Del 2020 al 2023, reporta, además, cuatro adjudicaciones por S/ 4,9 millones.

En ese mismo periodo, la ONPE la había sancionado por incumplimiento del servicio y otras faltas por más de S/64.000. Pese a ello, continuaron contratando sus servicios. 

Debido al retraso en el traslado del material electoral registrado el día de las elecciones, el titular de la ONPE, Piero Corvetto, está en la mira de la justicia.

Ese mismo domingo 12 de abril, el candidato a la presidencia Rafael López Aliaga presentó una denuncia ante el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, contra Corvetto Salinas por los delitos de omisión de funciones y permanente estado de flagrancia. 

Al día siguiente, el 13 de abril, la Junta Nacional de Justicia inició una investigación preliminar contra el titular de la ONPE. Ese mismo día, en una entrevista para El Comercio, el titular del Ministerio Público, Gálvez Villegas, dijo que "ojalá que él [Corvetto] sea consciente de esta situación y pueda renunciar". 

Ese día, el procurador del JNE, Ronald Johanne Angulo Zavaleta, también denunció al titular de la ONPE por presunto atentado contra el derecho de sufragio, demora de actos funcionales y obstaculización del acto electoral.

Otros tres altos funcionarios de la entidad electoral también fueron incluidos en la denuncia: Ricardo Enrique Saavedra Mavila, gerente de organización electoral y coordinación regional; Edward Alarcón González, gerente de administración y a José Samamé Blas, gerente de gestión electoral. 

El representante legal de Galaga S.A.C., Juan Charles Alvarado Pfuyo, también fue involucrado en esta denuncia.