Actualización: 11 de marzo de 2024 - 7:20 p.m.

El Congreso concretó, el último 7 de marzo, un nuevo quiebre institucional en el Perú al afectar la independencia de la institución que nombra, investiga y destituye a jueces y fiscales. En su cuarto intento por destituir a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), finalmente, inhabilitó de la función pública por un periodo de 10 años a dos de sus siete integrantes: los magistrados Aldo Vásquez Ríos, vicepresidente del colegiado, e Inés Tello de Ñecco. 

Con 67 votos a favor, los congresistas respaldaron el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomendó acusar a ambos magistrados por infracción a la Constitución. La denuncia fue hecha, en mayo de 2023, por el congresista Jorge Montoya Manrique (Renovación Popular) apelando a la permanencia en el cargo de Inés Tello de Ñecco, tras cumplir 75 años.

En el caso de Vásquez Ríos, en un primer momento, la acusación fue rechazada. Sin embargo, tras la admisión de una reconsideración, la sanción fue sometida a una nueva votación. Y, en esta ocasión, los congresistas llegaron a los 67 votos requeridos. 

Con 67 votos, el Congreso inhabilitó a Aldo Vásquez –después de una reconsideración– y a Inés Tello.

Para alcanzar ese resultado fue clave el voto de Jorge Marticorena Mendoza (Perú Bicentenario), quien en la primera oportunidad se opuso a la inhabilitación. También tuvieron peso dos congresistas de Acción Popular señalados como integrantes de Los Niños: Jorge Flores Ancachi, que había votado en abstención en la primera oportunidad, y Raúl Doroteo Carbajo, quien no votó en la primera ocasión, pero sí se sumó a la segunda.

Inés Tello de Ñecco, por su parte, ha denunciado que el legislador José Luna Gálvez (Podemos Perú) haya votado a pesar de formar parte de la Comisión Permanente, pues el artículo 100 de la Constitución y el reglamento del Congreso lo prohíbe. Sin embargo, el Parlamento ha ignorado este punto, argumentando que, como no votó en la comisión, sí podía hacerlo en el Pleno. 

Tello de Ñecco fue jueza penal de la Sala Penal Anticorrupción, y su participación fue fundamental en las condenas de casos emblemáticos de la red criminal del expresidente Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos a inicios de los 2000. Entre ellos el de tráfico de armas a las FARC, el del Grupo Colina y el caso Prensa Chicha, entre otros.

INSISTENCIA. La inhabilitación del vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, se concretó luego de que se admitiera una reconsideración a la primera votación.

Foto: Congreso

A la denuncia de la magistrada se suman otras irregularidades en la votación de la destitución de los integrantes de la JNJ. Incluso si se tomara en cuenta el criterio de la Mesa Directiva del Congreso, hubo parlamentarios inhabilitados de votar en el Pleno, que no habían ejercido su voto en la Comisión Permanente. 

Esto ocurrió, por ejemplo, con los congresistas del Bloque Magisterial durante la votación del caso de Tello de Necco.

Según la interpretación de la Mesa Directiva del Legislativo, a esta bancada se le debieron descontar dos votos (la cantidad de congresistas de ese grupo parlamentario que conforman la Comisión Permanente). Sin embargo, en el Pleno, se les descontaron tres: la de los dos titulares, Lucinda Vásquez Vela y Alex Paredes Gonzales, que no habían votado en la Comisión Permanente, y el de Edgar Tello, el suplente que sí votó.

Otra legisladora impedida de votar en ese mismo caso fue Janet Rivas Chácara (Perú Libre). Ella es miembro suplente de la Comisión Permanente y tampoco usó su votó antes. En este sentido, siempre de acuerdo a lo argumentado por la Mesa Directiva, tendría que haber estado habilitada en el Pleno, pero eso no ocurrió.

OjoPúblico identificó, asimismo, irregularidades en la segunda votación contra Aldo Vásquez, la que aprobó su inhabilitación tras una reconsideración. Según la revisión hecha por este medio, nuevamente, la congresista Rivas Chácara fue impedida de ejercer su voto, pese a que en la Comisión Permanente tampoco lo había hecho en calidad de integrante suplente.

A ella se suma Edgar Reymundo Mercado (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), quien en la reconsideración contra Vásquez Ríos estuvo inhabilitado, pese a que no había votado en la Comisión Permanente.

En otras palabras, incluso considerando la interpretación de la Mesa Directiva del Congreso, que señala que en el Pleno están impedidos de votar aquellos parlamentarios que ya lo hicieron en la Comisión Permanente —independientemente de si son titulares o suplentes—, la votación de las inhabilitaciones de Vásquez Ríos y Tello de Ñecco presentan irregularidades. 

En los casos de los otros cinco integrantes de la JNJ, no se alcanzó el mínimo requerido. Sin embargo, en la acusación contra Humberto de la Haza, presidente del colegiado, quedó pendiente la votación de una reconsideración admitida durante la sesión. 

Las congresistas de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Sigrid Bazán Narro, Ruth Luque Ibarra y Susel Paredes Piqué cuestionaron que esta no haya sido sometida a votación y denunciaron un manejo irregular de la Mesa Directiva del Congreso.

“¿Cuál es la intención detrás de haber votado todos los casos menos el caso del señor De la Haza, sino es mantener una constante amenaza y un amedrentamiento de lo que podría pasarle, como ya se ha visto con el resto de sus colegas de la JNJ?”, cuestionó la parlamentaria Bazán Narro.

No obstante, pese al retraso en la votación, en la sesión del 11 de marzo no se alcanzaron los votos mínimos para acusar constitucionalmente al presidente de la JNJ. También se votó la admisión de una reconsideración a la acusación contra la magistrada Imelda Tumialán, pero tampoco prosperó. 

El Congreso no sometió a votación la acusación contra Humberto de la Haza, aunque una reconsideración había sido admitida".

Organismos internacionales y nacionales alertaron sobre la grave afectación a la independencia del sistema de justicia que tendría la remoción de los magistrados en un proceso como el actual, con serios cuestionamientos. Ese fue el caso, por ejemplo, de la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite.

“Comparto las preocupaciones que muchos han expresado ante los persistentes esfuerzos por destituir a la JNJ, una institución encargada de tomar decisiones que son claves para la integridad del sistema de justicia peruano y su sistema electoral”, comentó a través de sus redes sociales. 

La Asociación Civil Transparencia también recordó que “las causas del cese de un cargo deben ser explícitas”. Según consideró, esto no quedó corroborado en el debate sobre la JNJ y la sanción ha sido “desproporcionada”.

CRÍTICA. La magistrada Inés Tello cuestionó su inhabilitación por el voto de un integrante de la Comisión Permanente.

Foto: Congreso

Esta decisión del Congreso acentúa el desequilibrio de poderes en el Perú y expone un intento más por el control del sistema nacional de justicia, pues la JNJ nombra a fiscales, jueces y, también, al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Los indicadores recientes del estado de la democracia en el mundo coinciden en señalar el deterioro democrático en el Perú. The Economist califica al país como un régimen híbrido, Freedom House como una democracia parcialmente libre, V-Dem Institute define al país como una democracia electoral “con un episodio de autocratización”; mientras que Idea Internacional ubica al Perú entre los países de mayores descensos para el Estado de derecho.

“Parece que [en Perú] lo menos importante es el desarrollo institucional y el estado de derecho en el cotidiano. Pero, desde fuera, sí se valora con mucho énfasis la pérdida de seriedad institucional”, dijo la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez Huaroto en conversación con este medio.

En opinión de la especialista, que un solo poder del Estado —como el Congreso— vaya acumulando “mucho más manejo” es un alarma para la comunidad internacional. “Eso se ve como un debilitamiento democrático porque lo que estás haciendo es tener un poder casi despótico”, añadió.

Antecedentes: la insistencia del Congreso

Esta no es la primera vez que el Congreso impulsa un proceso para remover a los miembros de la JNJ. Durante la primera legislatura del periodo 2023-2024, la Comisión de Justicia dirigió una investigación contra los integrantes del organismo judicial.

La indagación fue promovida a raíz de una moción de Patricia Chirinos Venegas (Avanza País) contra la JNJ por cuatro razones: el pronunciamiento que emitió el colegiado sobre el juicio político contra la exfiscal Zoraida Ávalos, la interpretación del límite de edad de Inés Tello, el supuesto incumplimiento en la entrega de los informes anuales al Congreso y la presunta filtración de información sobre el procedimiento disciplinario contra la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides Vargas. 

Como parte de este proceso, se elaboró y votó en la Comisión de Justicia del Legislativo un informe final exprés. El documento, que fue aprobado “con cargo a redacción”, recomendó la remoción de todos los miembros de la JNJ, pese a que horas antes se había elaborado un informe preliminar que concluía que no se habían cometido faltas graves.

Si bien el documento llegó al Pleno para su votación final, el proceso quedó suspendido debido a que la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima declaró fundada una medida cautelar a favor de los miembros de la JNJ. 

Este es el cuarto intento del Congreso por remover a todos los miembros de la JNJ".

Semanas después, los congresistas Jorge Montoya y Alejandro Muñante (Renovación Popular), presentaron una moción para remover de “forma inmediata” a todos los magistrados de la JNJ, por haber suspendido a la exfiscal de la nación Patricia Benavides Vargas, tras su vinculación en una presunta organización criminal al interior del Ministerio Público. 

El debate y votación de la moción fue agendado para el último Pleno de la legislatura pasada, el 15 de diciembre. Sin embargo, el presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), decidió reprogramarlo luego de que los miembros de la JNJ enviaron un oficio al Legislativo pidiendo que se les precise los cargos imputados y ser convocados en una nueva fecha. Además, el magistrado Guillermo Thornberry se encontraba hospitalizado.

En esa misma sesión del Pleno, se votó otra moción contra la JNJ, promovida por el congresista Esdras Medina Minaya (Unidad y Diálogo Parlamentario) para investigar a los magistrados durante un plazo de 10 días hábiles, por no haberse inhibido en el proceso disciplinario que inició el organismo judicial para suspender a Patricia Benavides Vargas. 

Si bien, inicialmente, la moción fue aprobada, la congresista Isabel Cortez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) presentó una reconsideración que hasta la fecha no ha sido votada.  

Para Ramírez Huaroto, esta insistencia del Congreso muestra la intención de este poder del Estado por no dejar que la justicia actúe por sí misma.

“No es una captura ideológica, es una captura de conveniencia por tratar de perseguir ciertos procesos fiscales, que son de interés para muchas fuerzas políticas, y ciertos procesos judiciales”, dijo.

La destitución final 

En setiembre de 2023, la Comisión Permanente declaró procedente en un extremo la denuncia que presentó el congresista Jorge Montoya ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra los magistrados de la JNJ por la permanencia en el cargo de Inés Tello al cumplir los 75 años. 

Tras la investigación, el 15 de diciembre de 2023, se realizó la última audiencia del caso y solo quedó pendiente la presentación del informe final por parte del congresista Esdras Medina, quien fue elegido ponente de la denuncia.

En la quincena de febrero de este año, Medina Minaya sustentó el informe final en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El mismo fue aprobado con 14 votos a favor. Como recomendación, el parlamentario planteó acusar constitucionalmente a todos los miembros de la JNJ y propuso su inhabilitación en la función pública por 10 años. 

Poco más de una semana, el 26 de febrero pasado, el informe fue debatido en la Comisión Permanente, donde se realizó una votación individual por cada uno de los magistrados. Todos los casos fueron aprobados y el informe fue elevado al Pleno para la decisión final. 

Durante una jornada de casi 10 horas, se presentaron múltiples reconsideraciones a las votaciones contra los magistrados de la JNJ".

El último jueves 7 de marzo, en una jornada de casi de 10 horas, el Congreso debatió el documento, con la participación de los siete miembros de la JNJ denunciados. Entre ellos, el renunciante magistrado José Ávila Herrera. 

Como parte de su defensa, Aldo Vásquez Ríos, hasta entonces vicepresidente de la JNJ, recordó que este organismo es fundamental “para la preservación de la independencia de poderes, del sistema de justicia y de la democracia” y que ningún poder del Estado puede interferir en sus decisiones.

“Es el mundo civilizado y democrático el que demanda en todo el orbe estándares mínimos de separación de poderes y de respeto a la autonomía de la justicia. Sin el cumplimiento de esos estándares, condenamos al Perú a un rol marginal en la comunidad internacional”, expresó.

En tanto, Inés Tello de Ñecco, la magistrada con la que se sustentó esta investigación, señaló que la discusión sobre la edad no es un tema “nuevo” y aseguró que su nombramiento y permanencia “no viola norma alguna”.  

COLEGIADO. Los integrantes de la JNJ, incluido el exmagistrado José Ávila, ejercieron su defensa durante la sesión del Pleno.

Foto: Congreso

“Este juicio será recordado porque va a sentar un precedente sobre el respeto que tiene este Congreso sobre los derechos humanos de todas las personas y, en particular, sobre las personas mayores. Somos útiles, somos honestos y tenemos derecho a ejercer la función pública. Yo no pido un trato especial, pido reflexión y respeto a mis derechos”, indicó la magistrada.

El abogado de la JNJ, Samuel Abad, por su parte, expuso 10 razones para sustentar la inexistencia de infracción constitucional en los hechos imputados.

“No hay ninguna norma (…) que diga que, como consecuencia de cumplir 75 años, automáticamente se incurre en una causal de vacancia y justifica el cese de la JNJ. Si se hubiera iniciado un procedimiento de vacancia sin ninguna norma, los miembros de la JNJ estarían siendo denunciados por violar la Constitución”, comentó. 

Durante el debate, también intervinieron los congresistas Patricia Chirinos Venegas (Avanza País), Germán Tacuri Valdivia (Bloque Magisterial) y Luis Aragón Carreño (Acción Popular), que han sido comprendidos en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder, cuya tesis fiscal señala que legisladores negociaron con el exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva Barreto, la remoción de los miembros del órgano judicial.

Tras la inhabilitación de los dos magistrados, en su reemplazo ingresarán dos suplentes seleccionados en el concurso de conformación de la JNJ. Según el orden de mérito, les corresponde jurar en el cargo a los abogados Abraham Siles Vallejos y Mónica Rosell Medina.