Actualización: 11 de abril de 2024 - 3:05 p.m. 

“Los jubilados estamos olvidados. Somos invisibles: a nosotros nadie nos ve, nadie nos escucha. Nuestra situación es triste y estamos luchando por un aumento de pensiones, hace 20 años estamos con este problema”, expresa desesperanzado Damián Moreno Huiza, un jubilado de 75 años que recibe S/500 mensuales que no le alcanzan para cubrir sus gastos básicos. Para subsistir, se dedica al comercio ambulatorio de frutas en Chimbote, su lugar de residencia. 

En la misma condición del señor Moreno Huiza se encuentran miles de adultos mayores que también reciben la prestación mínima del Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Pese al constante alza del costo de vida, el monto de esta pensión tuvo un solo incremento de S/85 en 22 años. En agosto del 2023 el gobierno de Dina Boluarte prometió un aumento de S/100 adicionales, pero han pasado siete meses y el anuncio sigue siendo una promesa. 

En el Sistema Privado de Pensiones (SPP) la situación no es distinta. Ante los bajos montos que otorgan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el 99% de los afiliados que llegan a la edad de jubilación prefieren no recibir una prestación mensual y, por el contrario, deciden retirar el total de sus ahorros acumulados en su cuenta individual de capitalización. 

Esta problemática de ambos regímenes —público y privado— que no otorgan prestaciones adecuadas se explica en un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que revela que la pensión de jubilación en nuestro país equivale apenas a la tercera parte del salario promedio de sus cotizantes: en el Sistema Nacional de Pensiones (ONP) es de 33% al cierre del 2022 y en el Sistema Privado de Pensiones (AFP) está en 34,2%. 

Incluso al revisar el promedio en los últimos cinco años de análisis, entre 2018 y 2022, la tasa en las AFP es menor (31,9%). Y en la ONP se registró en 36,7%.

“Ello revela que las pensiones otorgadas por ambos regímenes representan proporciones menores de los salarios que sirven de base para las cotizaciones realizadas durante la vida activa [del trabajador] e ilustran el problema del sistema de pensiones, que se manifiesta en la falta de suficiencia de las prestaciones”, advierte la OIT. 

 

Perú está muy por debajo del estándar internacional. Los sistemas de pensiones de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) manejan una tasa de reemplazo promedio de 62%, e incluso en España es de alrededor del 80%. Mientras que, en Latinoamérica, Chile maneja una tasa de reemplazo de más del 50%. 

“Nosotros no podemos ni soñar con esas tasas. Tenemos tasas del 30% y la tendencia a futuro es que va a seguir cayendo aún más porque las personas del sistema privado [AFP] han retirado su dinero y le queda menos para su pensión en la vejez, y en el sistema nacional [ONP] las pensiones están perdiendo capacidad adquisitiva, porque no está subiendo el monto de la pensión mínima”, advierte Noelia Bernal Lobato, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico. 

La OIT destaca que las bajas tasas de reemplazo (porcentaje de la pensión frente al salario del afiliado) que otorga el sistema de pensiones peruano en su conjunto, evidencia las dificultades persistentes para cumplir con el objetivo de evitar la pobreza en la vejez. 

Ante ello, el organismo internacional resalta que es necesario implementar una reforma previsional tomando en cuenta los principios de los instrumentos internacionales de la seguridad social, como el Convenio 102 de la OIT, de la que el Perú es firmante. 

Justamente, el Convenio 102 establece que la tasa de reemplazo de las pensiones debe ser como mínimo el 40% del salario del afiliado. Además, enfatiza que el monto de las prestaciones debe actualizarse periódicamente, tomando en cuenta el nivel general de los ingresos o el costo de vida [inflación]. Perú no cumple ninguno de los dos aspectos. 

Pablo Casalí, especialista en Seguridad Social de la OIT, explicó a OjoPúblico que la mayoría de los países con sistema de pensiones basados en la solidaridad inter e intrageneracional [como la ONP] suelen cumplir con este parámetro. 

Sin embargo, la situación es distinta para los sistemas basados en las cuentas individuales [como las AFP], debido a que no existe previsibilidad sobre la cuantía de la pensión futura, porque esta depende de los aportes, los gastos de administración y el resultado de la inversión de los fondos. Además, de no haber garantía de pensión mínima que, cumplidos una cantidad mínima de años de cotización, permita obtener la tasa de reemplazo establecida en el Convenio 102. 

Desde hace varios años, el país posterga la reforma del sistema previsional que, desde 1992, mantiene un esquema de competencia entre los regímenes público y privado; un modelo que no ha tenido los efectos deseados. Ahora, en un cuarto intento por concretar dichos cambios, el debate avanza lento y aún no se ha logrado consenso entre el Congreso y Ejecutivo, pero se espera que se retome su tratamiento en la presente legislatura parlamentaria. 

 

Pensiones sin aumento en dos décadas 

El Sistema Nacional de Pensiones en Perú está administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y alberga a 4’624.201 afiliados. Para los jubilados del régimen del DL 19990, desde 2002 se creó la figura de la pensión mínima y la pensión máxima establecida en S/415 y S/857,36. 

Sin embargo, 22 años después, dichos montos se han mantenido estáticos, pese al alza del costo de vida. Al 2023 estas prestaciones están fijadas en S/500 la mínima y S/893 la máxima. 

Los jubilados recuerdan que, con cada gobierno entrante, han estado pidiendo el aumento de pensiones: fueron siete presidentes que ignoraron sus pedidos. El único aumento en dos décadas —de S/85— se hizo efectivo en 2019, en el gobierno de Martín Vizcarra y con Carlos Oliva como ministro de Economía y Finanzas. 

Para tener una referencia. En 2002, la remuneración mínima vital era S/400 y, 22 años después, se ubica a S/1.025. Es decir, ha tenido un aumento de 156%. No obstante, en ese mismo período la pensión mínima de la ONP solo subió 20%. 

En 2023, se lanzó una nueva esperanza para los jubilados. La presidenta Dina Boluarte prometió un nuevo aumento de S/100 a las prestaciones de jubilación, y ubicar la pensión mínima en S/600 y la máxima en S/1.000, debido a la fuerte alza de precios de la canasta básica que impactó desde el 2022. Sin embargo, hasta ahora, solo es un anuncio.  

“Es el clamor de todos los jubilados de mi sector y a nivel nacional, que con esta pensión que tenemos no podemos vivir, nuestra situación es angustiante. La señora Dina Boluarte nos ofreció el año pasado [agosto del 2023] dar aunque sea S/100 a partir de enero [del 2024], pero estamos terminando febrero y no hay nada. Es una tremenda burla”, reclama Felix Polonio Macedo, de 74 años. 

 

INSUFICIENTE. Damián Moreno (75), de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Nuevo Chimbote, recibe S/500 mensuales que no le alcanza para sus gastos básicos. 

Imagen: OjoPúblico / Luz Alarcón

 

El problema del estancamiento del aumento de pensiones en la ONP es que esta decisión está amarrada a la aprobación del proyecto de ley de la reforma previsional planteada por el Poder Ejecutivo, cuyo debate no prospera en el Parlamento. 

Aunque los jubilados demandan un monto mayor de pensiones —que iguale a la remuneración mínima vital ubicada, actualmente, en S/1.025—, piden que, al menos, se cumpla ese pequeño aumento anunciado por Dina Boluarte y que no lo retrasen más ni condicionen a una reforma integral, que puede tomar más tiempo. 

El exministro de Economía Alex Contreras afirmó que el incremento de las pensiones debe ser aprobado, necesariamente, por el Congreso. No obstante, los jubilados recuerdan que —si hubiera voluntad política— el aumento podría aprobarse vía decreto supremo del Ejecutivo, tal como se hizo en el 2019 (DS N° 139-2019-EF). 

Oscar Alarcón Delgado, presidente de la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú (Cenajupe), cuenta que han enviado cartas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero hasta la fecha no obtienen ninguna respuesta, por lo que anuncian que realizarán una huelga de hambre para ser escuchados. 

Por el lado del Congreso, OjoPúblico consultó al presidente de la Comisión de Trabajo, Pasión Dávila (Bloque Magisterial), si plantearán un dictamen que apruebe el aumento de las pensiones de la ONP por separado de la reforma previsional. 

El congresista respondió que rechaza el monto de S/600 propuesto por el Ejecutivo, por ser muy bajo, y que su comisión alista un “dictamen de protesta” para que la pensión mínima sea igual al sueldo mínimo legal de S/1.025. 

Por su parte, el congresista no agrupado Jaime Quito acaba de presentar, el 27 de febrero, un proyecto de ley que también plantea que la pensión mínima sea igual a la remuneración mínima vital (S/1.025), pero propone que el aumento sea progresivo, en un lapso de tres años. 

Las normas internacionales de la seguridad social recomiendan un aumento progresivo de las pensiones. De hecho, la OIT destaca que hay un “riesgo permanente que sufren los pensionistas frente a la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones económicas por la ausencia de un esquema de actualización automática de pensiones en el SNP, ya sea por salarios, inflación o un sistema mixto que esté en línea con los principios establecidos en las normas internacionales en materia de seguridad social”. 

Oscar Alarcón, del Cenajupe, recuerda que hay una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 2015 que le ordena al Ejecutivo y al Congreso actualizar las pensiones cada tres años para garantizar que se pueda mantener el poder adquisitivo de los jubilados, acorde con el costo de vida y sus necesidades vitales.

“Disponer que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, conforme a sus atribuciones, promuevan el aumento progresivo de la pensión mínima de los diferentes regímenes pensionarios en el plazo de tres años. De no hacerlo en dicho plazo, el Tribunal Constitucional, en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias, podrá adoptar las medidas que estime necesarias para tal efecto”, se lee en la sentencia del TC.

El especialista de la OIT, Pablo Casalí, detalla que en otros países hay diferentes indicadores para calcular el aumento de pensiones: basado en los precios, en los salarios, combinación de precios y salarios, periódica (no especificada) y ad hoc. No obstante, esta última [como sucede en Perú] “suele estar supeditada a factores políticos y puede conllevar a una disminución en el poder adquisitivo de las pensiones”. 

La especialista en temas previsionales Noelia Bernal Lobato enfatiza que lo técnicamente correcto es que haya algún método de actualización establecido. “Lo ideal sería el 100% de la inflación, pero si eso es fiscalmente imposible, entonces el 50% o algo para que los adultos mayores tampoco absorban toda la pérdida, tampoco es justo para ellos”, apuntó la investigadora. 

Por su parte, Álvaro Vidal Bermúdez, profesor de Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señala que la pensión mínima se debería calcular en, al menos, el 40% (estándar internacional) del salario de referencia del trabajador en el último año antes de jubilarse, y no de los cinco años previos como está establecido actualmente. 
 

MANDATO. El Tribunal Constitucional le ordenó al Poder Ejecutivo y al Congreso a actualizar las pensiones cada tres años, orden que no se cumple.

Fuente: Tribunal Constitucional 

 

Un sistema previsional que no da pensiones 

En el Sistema Privado de Pensiones, administrado por cuatro AFPs —Prima, Habitat, Integra y Profuturo— no hay una figura de pensión mínima como tal. En este caso, el cálculo de la pensión varía según lo ahorrado por cada afiliado en su cuenta individual de capitalización. 

Sin embargo, también a lo largo de los años ha habido un descontento de los usuarios por los bajos montos de pensión, lo que generó que, en el 2016, el Congreso apruebe la Ley 30478 que permite al afiliado retirar el 95,5% de su fondo de pensiones y el otro 4,5% restante se destina la Seguro Social de Salud (EsSalud). 

La OIT analiza que, en el 2015 —antes de que se apruebe la Ley 30478—, las AFP sumaban más de 6.800 nuevos pensionistas al año. Pero, para el 2022, esta cifra cayó a tan solo 212 afiliados que eligieron percibir una prestación mensual, mientras que una gran proporción de 18.600 decidieron retirar el total de sus ahorros de su fondo previsional. 

 

Y, según información de la SBS, para el 2023 fueron 22.865 adultos mayores que prefirieron retirar el 95,5% de sus fondos frente a solo 246 que eligieron una pensión mensual.

Es decir, ahora, el 99% de los afiliados a las AFP que llegan a la edad de jubilación (65 años) decide retirar la totalidad de sus ahorros, en lugar de recibir una prestación mensual. 

De este modo, el Sistema Privado de Pensiones —que administra los fondos de 9’220.198 personas— no está cumpliendo su rol principal de garantizar una prestación para la vejez de sus afiliados, según advierten los especialistas y los organismos internacionales. 

“Como no se llega a un monto acumulado para poder financiar una pensión, simplemente te devuelven el dinero que has acumulado en tu cuenta. Por eso, es que el sistema de AFP no califica como un sistema de seguridad social, sino ahora viene a ser como un mecanismo de ahorro forzoso”, apunta Álvaro Vidal Bermúdez, también docente en Seguridad Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 

 

El especialista explica que —aparte de los factores externos como la informalidad laboral— Perú tiene bajas pensiones porque el aporte mensual al fondo previsional está a cargo solamente del trabajador, cuando en otros países esto también lo realiza el empleador. 

“La regla a nivel internacional es que la empresa aporte dos tercios y el trabajador un tercio. En la seguridad social siempre la empresa ha aportado más que el trabajador”, precisa Vidal Bermúdez.

Por su parte, Pablo Casalí, especialista en Seguridad Social de la OIT para los Países Andinos, resalta que —además de los trabajadores y empleadores— el Estado también puede ser partícipe en el financiamiento para garantizar mejores pensiones, pero va a depender del consenso que se alcance como sociedad. 

La investigadora de la UP Noelia Bernal también señala que hay una falta de transparencia de las AFP sobre la proyección de pensión que recibirán sus afiliados cuando se jubilen, lo que no les permite establecer una predictibilidad mínima.

“En la página web de cada AFP puedes hacer el cálculo, pero hay que entrar a cada página y la gran mayoría de trabajadores no hacen eso. Lo que hacen en otros países más transparentes es que el regulador obliga a sus administradores de fondos de pensiones a que les envíe esa información a sus afiliados en el estado de cuenta”, explica la especialista en temas previsionales. 

Bernal Lobato recuerda que cuando las AFP llegaron a Perú, en los años 90, generaron expectativas sobrevaloradas que no se han cumplido.

“Se prometió mucho: que el mecanismo de cuentas individuales iba a ser tan potente que iba a reducir la informalidad, que ibas a ahorrar tanto y la rentabilidad iba a ser tan grande que la pensión iba a estar en 70% a 80% de tu sueldo. Todas estas promesas estaban sobrevaloradas, eran más deseos que realidad. Hoy en día, después de 30 años, la realidad es otra”, enfatiza. 

 

Régimen pescador 

Aparte de los sistemas generales de pensiones, hay regímenes especiales sectoriales, cuya tasa de reemplazo es incluso más baja que del 30% del salario promedio. 

Un ejemplo de ello es el Régimen Especial de Seguridad Social de Trabajadores y Pensionistas Pescadores. Según lo establece la Ley 30003, “la pensión de jubilación se calcula aplicando la tasa de reemplazo, equivalente al 24,6% del promedio de la remuneración mensual asegurable de los últimos cinco años de trabajo en la pesca”. 

El tope máximo de la prestación es de hasta S/660. Esto es motivo de reclamo de 1.200 pescadores jubilados que piden un monto mayor, ya que antes que se promulgue la Ley 30003 recibían pensiones de más de S/1.000. 

 

RECLAMO. Andrés Castillo (83) pide que le respeten la pensión inicial que recibía cuando se jubiló. Con la Ley 30003 desde el 2013, su prestación se redujo en 80%. 

Imagen: OjoPúblico / Luz Alarcón

 

La explicación a este cambio es que el pago de pensiones de este sector estuvo a cargo de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) desde 1965, pero esta entidad pasó a un proceso de liquidación por insolvencia económica y, en 2013, se promulgó la Ley 30003, que fijó una pensión máxima de S/660 para los ya jubilados y los futuros pensionistas del sector pesca. 

Este ajuste hizo que las pensiones de los jubilados activos de esta ley se reduzcan en hasta 80%. Tal es el caso de Andrés Castillo Morán —de 83 años— que pasó de recibir mensualmente S/3.563 a tan solo S/660 de un mes a otro. 

Castillo Morán detalla que, cuando se jubiló, fue la misma Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) la que realizó el cálculo de su pensión en base a sus 33 años de aporte y el sueldo de sus últimos cinco años de trabajo como ‘capitán patrón’. Sin embargo, desde el 2014, que se promulgó la Ley 30003 el monto se redujo abruptamente. 

“Nos han metido a todos en el mismo saco, cuando toda ley recién empieza a regir a partir de la fecha en adelante, no hacia atrás. Han contravenido la Constitución aplicándonos esa ley que no nos corresponde a nosotros. Son S/660 que me pagan desde el 2014; es decir, me vienen descontando S/2.800 mensuales durante los últimos nueve años, imagínese cuánto me han privado”, reclama el pensionista. 

Ahora, a sus 83 años, Andrés Castillo Morán manifiesta que los S/660 solo le alcanza para cubrir los gastos básicos de servicios como luz, agua y algunos alimentos. Para ayudarse, se dedica al trabajo artesanal de tejidos de macramé, aunque tampoco gana mucho con eso. 

Otro problema que se arrastra en este régimen pesquero es que su legislación no fijaba una pensión mínima, y había jubilados que recibían montos irrisorios de S/10, según cuentan los afectados. Ante ello, en agosto del 2023, el Ejecutivo estableció vía decreto supremo el monto mínimo en S/360, pero mantuvo el máximo de S/660 fijado hace 10 años. 

REDUCCIÓN. Jubilado del régimen pesquero recibía S/3.563 de pensión mensual hasta el 2013. A partir del 2014, su mensualidad bajó a solo S/660.

Imagen: OjoPúblico / Luz Alarcón

 

Reforma de pensiones en espera 

Las deficiencias, tanto del régimen de pensiones público como del privado, han generado su descrédito y, por defecto, la urgente necesidad de plantear una reforma integral del sistema previsional. 

En principio, la OIT señala que mantener el esquema de competencia entre lo público y lo privado —ONP y AFP— no ha generado los efectos deseados y, ante ello, enfatiza que es necesario fortalecer los mecanismos de articulación entre los dos sistemas. 

En el Congreso, con el inicio de la presente legislatura, se reaviva el debate de la reforma integral. Tanto el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, como su colega de la Comisión de Trabajo, Pasión Dávila, han manifestado que este es uno de los temas prioritarios a tratar. 

Aunque, al ser consultado por este medio, el presidente de la Comisión de Trabajo, Pasión Dávila, señala que trabajará por su lado otro dictamen de la reforma previsional, y que no ha tenido coordinaciones con la Comisión de Economía. 

En la actualidad, hay dos dictámenes en el Congreso que estuvieron a punto de debatirse en el Pleno en el 2023, pero las propuestas eran totalmente opuestas y no se alcanzó un consenso. 

También está el proyecto de reforma presentado por el Ejecutivo en octubre del año pasado. Sin embargo, su debate en la Comisión de Economía quedó relegado porque el grupo de trabajo formuló un nuevo dictamen de reforma que busca incluir un séptimo retiro de fondos de las AFP. Este último punto tomó más protagonismo que la propia propuesta de fondo. 

El experto de la OIT, Pablo Casalí, enfatiza que estos retiros distorsionan la finalidad del sistema previsional y también contrarían los principios de las normas internacionales del trabajo ratificadas por el Perú. “En la práctica, fungen como una fuente de ingresos complementarias o protección frente a la desocupación”, apuntó.  

Se han formado diversas comisiones y no se ha concretado casi nada a lo largo de los últimos años, y el sistema está decayendo".

Noelia Bernal señala que, en los últimos años, no ha habido voluntad política para implementar una reforma integral, y que —en el panorama actual— también ve difícil que se alcance un consenso. Por ello, plantea que las propuestas se enfoquen solo en ampliar la cobertura, como un primer paso. 

“Ha sido difícil el camino de hacer una reforma de pensiones. Se han formado diversas comisiones y no se ha concretado casi nada a lo largo de los últimos años, y el sistema está decayendo. Creo yo que un primer gran avance es ampliar la cobertura a los trabajadores informales, a los adultos mayores en pobreza no extrema. Eso es fiscalmente sostenible, es políticamente posible y sería la mejor manera de avanzar en esta reforma de pensiones”, acotó.

Para el especialista en seguridad social Álvaro Vidal, aparte de que se establezca el aporte del empleador, la reforma de pensiones debe fortalecer el sistema nacional de pensiones —actualmente a cargo de la ONP—, para tomarlo como base de un nuevo sistema previsional. 

“Al día de hoy la ONP tiene más de 600.000 pensionistas, es el único sistema que tú puedes decir que, al menos, está pagando pensiones. Porque, en el caso de las AFP, más bien cada vez hay menos pensionistas. Como la gente ya no se jubila, sino que simplemente retira, en vez de aumentar los pensionistas de las AFP están disminuyendo y, al día de hoy, no tienen más de 150.000 pensionistas de jubilación. Están cayendo”, concluyó.  

Pablo Casalí explicó que el futuro de las pensiones en el país debe contemplar la necesidad de avanzar hacia un sistema de pilares, donde la base esté representada por una prestación básica para la población mayor sin ingresos; seguido de un segundo pilar de tipo contributivo y obligatorio, basado en la solidaridad inter e intrageneracional y donde la prestación tenga adecuada proporcionalidad con los aportes realizados; y, finalmente, un pilar voluntario u obligatorio bajo un esquema de capitalización individual o colectivo para mejorar la cuantía de la pensión.

“Cualquiera sea la reforma, lo que está claro es que la misma entrará en régimen en el largo plazo. Debido a ello y hasta tanto y en cuanto las personas trabajadoras se beneficien de los nuevos parámetros, lo que urge es ampliar y mejorar las prestaciones de todo el sistema, el contributivo y el no contributivo, considerando una matriz de financiamiento mixta que permita hacer realidad los progresos hacia una cobertura universal”, concluyó el representante de la OIT.