El 31 de mayo del 2019, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), entidad adscrita a la Marina de Guerra del Perú, expidió a favor de la embarcación Bamar I, de propiedad de la Pesquera Hayduk, un certificado nacional de prevención de la contaminación por aguas sucias, con validez hasta el 20 de agosto del 2024. Este documento certificaba que la nave no representaba un riesgo de contaminación para el mar y las especies hidrobiológicas y, por lo tanto, quedó habilitada para solicitar su autorización de zarpe trimestral y zarpes diarios para pescar. 

Para recibir el certificado antes mencionado, la embarcación tuvo que ser inspeccionada físicamente. Los responsables de este acto informaron que la inspección fue realizada el 19 de enero del 2019 en el puerto de Chimbote, ubicado en las costas de la región Áncash, al norte de Lima. Sin embargo, información de dos sistemas oficiales de monitoreo de naves de pesca reveló que la Bamar I durante todo ese día estuvo navegando entre Pisco y Chincha, en la región Ica, al sur de la capital del Perú.

No es el único caso. Tres informes de la Contraloría General de la República, analizados por OjoPúblico, revelan que 18 inspectores de la Dicapi en el 2019 simularon inspecciones a 18 buques y embarcaciones pesqueras y recomendaron que se les entregue sus certificados de prevención de la contaminación por hidrocarburos y por aguas sucias. Además, una inspección posterior a algunas de estas naves permitió conocer que tenían falencias en sus sistemas para evitar la contaminación al mar, pero aun así ya cuentan con certificaciones como si operaran en perfectas condiciones.

Inspecciones simuladas

Las aguas sucias de una embarcación pesquera están compuestas por los desagües y otros residuos procedentes de sus inodoros, urinarios y lavaderos. Para evitar que el mar se contamine con estas sustancias, toda embarcación debe estar equipada con una instalación para tratarlas o contar con un tanque para retenerlas, según lo establece las Normas para la Prevención y Control de la Contaminación por Aguas Sucias, aprobado por la Resolución Directoral 069-98/DCG. 

Los residuos de hidrocarburos u otras mezclas oleosas son otra forma en las que las embarcaciones pesqueras pueden contaminar el mar. Para evitarlo, la Resolución Directoral 442-2005-DCG establece que las naves deberán estar provistas de un equipo filtrador de hidrocarburos o un tanque de retención para los residuos de mezclas oleosas. 

Las aguas sucias de una embarcación pesquera están compuestas por los desagües.

Los documentos que prueban que las embarcaciones no contaminan por ambos insumos antes mencionados son el Certificado nacional de prevención de la contaminación por aguas sucias y el Certificado nacional de prevención por contaminación por hidrocarburos. El primero tiene validez de cinco años desde la fecha de expedición, pero debe ser refrendado cada año. La vigencia del segundo es de cuatro años y también se debe refrendar anualmente.

Para obtener o renovar ambos certificados, las embarcaciones deben pasar satisfactoriamente una inspección minuciosa y completa para observar que sus condiciones estructurales, maquinarias y equipos cumplen las normas en esta materia. Estas inspecciones están a cargo de inspectores navales y auxiliares designados por la Dicapi.

INVESTIGADOS. El Ministerio Público ha abierto investigaciones en Chimbote, Callao y Paita en contra de los inspectores que simularon las inspecciones.

Foto: Ojo Público / Paul Meza Castañeda

Tras un trabajo minucioso, incluso inspeccionando de nuevo las embarcaciones, la Contraloría General de la República descubrió que 18 inspectores simularon verificaciones a igual número de naves pesqueras y recomendaron que se les entregara sus certificados de prevención de la contaminación por aguas sucias y por hidrocarburos. Pese a esas actuaciones fraudulentas, esos documentos fueron entregados sin que nadie en Dicapi los observara.

De acuerdo al Informe 19742-2021-CG/SIE-SCE, del 22 de octubre del 2021, entre enero y noviembre del 2019 se simularon inspecciones a seis embarcaciones pesqueras en el puerto de Chimbote. Las favorecidas fueron Mariana B, Bamar IV, Bamar I, Atlántico IV, Luisa de Humay y Macabi 10.

En el caso de la Mariana B, de propiedad de Pesquera Hayduk, ante su solicitud para que se le conceda el cuarto refrendo de su Certificado nacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos y el primer refrendo de su Certificado nacional de prevención de la contaminación por aguas sucias, Dicapi designó al teniente primero Paulo Sierra Valer como inspector naval y al técnico tercero Víctor Toncconi Barrionuevo como inspector auxiliar.

La Contraloría descubrió que 18 inspectores simularon verificaciones a igual número de naves pesqueras.

Según los reportes de inspección, la verificación física de la nave se realizó el 19 de enero del 2019 en el puerto de Chimbote, teniendo como resultado que todo estaba en buenas condiciones, por lo que se recomendó que se les refrende ambos certificados.

Sin embargo, ante un pedido de información de la Contraloría, en agosto del 2021 la Comandancia de Operaciones de Guardacostas entregó un reporte y gráficos que permiten conocer que ese día la Mariana B, según el Sistema de información y Monitoreo del Tráfico Acuático (Simtrac), estaba navegando desde las 00:06 horas hasta las 23:57 horas por el mar de Virú (La Libertad), Casma y Huarmey (Áncash). No hay reporte de que la nave haya ingresado ese día a puerto.

Esta información fue corroborada por el Ministerio de la Producción. De acuerdo al Sistema de Seguimiento Satelital (Sisesat), la embarcación no estaba en el puerto de Chimbote, sino navegando en los lugares antes indicados.

“De lo referido se colige que, el inspector naval e inspector auxiliar simularon la ejecución de la inspección, y por tanto, no se verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos que prevenga la contaminación por hidrocarburos y por aguas sucias, que establece la normativa vigente, permitiendo con ello, que se emita el cuarto refrendo del Certificado nacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos, válida hasta el 3 de marzo de 2020, y el primer refrendo del Certificado nacional de prevención de la contaminación por aguas sucias, válido hasta el 2 de enero de 2020”, se lee en el informe de control.

Por su parte, el Informe 9871-2020-CG/SIE-SCE, del 19 de noviembre del 2020, revela que entre marzo y noviembre del 2019 hubo inspecciones simuladas a ocho naves en el puerto del Callao, siendo las beneficiarias los buques Guanay, Costa brava, Caribe, Daniella, Capricornio 5 y Marinero Feliz, y las embarcaciones pesqueras Ceci y Karol. 

En tanto, el Informe 19744-2021-CG/SIE-SCE, del 22 de octubre del 2021, pone en evidencia que en abril y noviembre del 2019 se simularon inspecciones a cuatro naves en el puerto de Paita. Las beneficiadas fueron la Santa Mónica III, Carmen Rosa, María del Carmen y Juan Enrique II.

En todos los casos mencionados, el accionar ha sido el mismo: documentos que indican que las inspecciones se realizaron un determinado día, pero las ubicaciones de las naves, según información de Capitanía y Produce, fueron lugares diferentes a los consignados como zonas de inspección.

La Contraloría agrega que solicitaron los descargos de los inspectores comprendidos en los tres casos, pero tras analizarlos “se concluye que los mismos no desvirtúan los hechos notificados”.

Cada vez que una embarcación sale a pescar necesita de una autorización de zarpe diario. Para conseguir ese documento debe obtener primero su autorización de zarpe trimestral (válido para tres meses) y para acceder a este último documento el requisito indispensable es que tenga vigentes sus certificados de prevención de contaminación por aguas sucias y por hidrocarburos.

La norma precisa que una nave puede obtener ese documento solo si es que la vigencia de sus certificados es superior al periodo de autorización de zarpe solicitado, y que por ningún motivo “se otorgará la autorización de zarpe trimestral a una nave que cuente con uno o más certificados vencidos”. 

En los casos descritos, las embarcaciones obtuvieron sus zarpes valiéndose de certificados otorgados en inspecciones que no existieron, según describen los informes de control.
 

Incumplimiento de función 

Con certificados producto de inspecciones no realizadas, la probabilidad de que estas 18 embarcaciones hayan contaminado el mar es alta. La Contraloría verificó las naves que pasaron inspecciones simuladas en el puerto del Callao y encontró que en varias de estas, en las que los inspectores indicaron que tenían sus sistemas de prevención de contaminación operativas, en realidad no era así.

En algunas naves se detectó que las descargas de sustancias contaminantes (aguas sucias) eran vertidas directamente al mar, sin seguir lo establecido por la normativa. También detectaron deficiencias en los sistemas de retención y descarga de hidrocarburos y de aguas sucias instalados en los buques y embarcaciones pesqueras.

A través de los ríos, al mar peruano ingresan aguas contaminadas con productos usados para la agricultura, detergentes y otros. También los desagües domésticos de las ciudades, sin ningún tratamiento previo, terminan en el océano. “Si a ello le sumamos las aguas sucias o demás contaminantes que se están eliminando de manera irregular o no regulada desde las embarcaciones, lo que tenemos es un cóctel bastante nocivo para la biodiversidad marina”, sostiene el biólogo Juan Carlos Riveros Salcedo, director científico de Oceana Perú.

En algunas naves se detectó que las descargas de sustancias contaminantes eran vertidas al mar.

El especialista explicó a OjoPúblico que los restos de hidrocarburos y las aguas sucias de las embarcaciones, sumado a la contaminación existente en el mar, pueden generar efectos a corto plazo que son visibles, como mareas rojas y pérdida de oxígeno que causa la muerte de peces. Sin embargo, dijo que lo más preocupante son los otros efectos que no se ven. Respecto a estos últimos, detalló que las sustancias como los restos de hidrocarburos pueden terminar ingresando al organismo de los peces y otras especies hidrobiológicas, las cuales llegan al mercado y se convierten en los alimentos que ingerimos. “Hay un riesgo porque estas sustancias que se están liberando al mar, sin ningún control, no es que desaparezcan… Todo lo que va al mar al final nos va a regresar en los alimentos que tomemos del mar”, reiteró.

Sobre los hallazgos de la Contraloría, Riveros Salcedo dijo que en su labor se han encontrado con cuestionamientos de parte de los pescadores en cuanto a la capacidad de Dicapi para verificar in situ a las embarcaciones. Agregó que la simulación de inspecciones a embarcaciones es una situación mayúscula, porque se trataría de un abandono de función. 

SANCIÓN. Los inspectores navales que simularon las inspecciones podrían ser condenados a penas de cuatro a siete años de prisión, según el Código Penal.

Foto: Ojo Público / Paul Meza Castañeda

“(Esto) refleja la parte delincuencial del asunto, porque esto es crimen, y además que nuestra confianza en una organización tutelar como Dicapi se resquebraja, nos deja con una sensación de que cualquiera puede hacer lo que se le da la gana en el mar”, consideró.

Respecto a la posible responsabilidad de los titulares de las embarcaciones pesqueras, quienes finalmente fueron las favorecidas con estos certificados producto de inspecciones simuladas, el biólogo dijo que se tendría que ahondar en la investigación para determinar si las empresas hicieron el trámite o fueron los patrones de pesca.

“Con eso no quiero decir que la empresa sea inocente, definitivamente tiene un nivel de culpabilidad, pero bien puede ser que los patrones hayan tenido la culpa en el proceso de saltarse las vallas”, comentó el experto de Oceana Perú. Acotó que las compañías, algunas de las cuales se “hacen premiar” internacionalmente por su desempeño ambiental, deberían implementar mecanismos de verificación de estos procesos. 

Tres embarcaciones de la Pesquera Exalmar aparecen en la lista de inspecciones simuladas. “Desconocemos cualquier tipo de acto irregular que involucre inspecciones simuladas para la obtención de certificados. Todos los servicios de inspecciones y trámites ante Capitanías y Dicapi, así como gestiones vinculadas a la renovación de certificados, son tercerizados y se encuentran a cargo de la empresa Solmar Consulting SAC, consultora especializada en temas marítimos”, respondió esta compañía ante un cuestionario de este medio.

La empresa agregó que a la fecha no tienen ninguna información de estas presuntas irregularidades, que son respetuosos del cumplimiento de la normativa vigente y tampoco han sido notificados por ninguna autoridad que investiga estos casos. 

OjoPúblico también solicitó, mediante su área de Comunicaciones, el descargo de la Pesquera Hayduk, incluso se remitió un correo con un cuestionario. Al cierre de este reportaje no hubo respuesta.

Para el secretario general del Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos, Macedonio Vásquez Contreras, lo descubierto por la Contraloría no es novedad. El dirigente, quien es pescador activo en una embarcación industrial, señaló que incluso las inspecciones que se realizan no se hacen con rigor.

Por ejemplo, comentó que al inicio de cada temporada de pesca de anchoveta las naves deben pasar una inspección para garantizar que se encuentran en condiciones óptimas y no sean un riesgo para los pescadores; sin embargo, dijo que estas inspecciones no se realizan como se debería y los inspectores “solamente firman el pase de la inspección”.

Tres embarcaciones de la Pesquera Exalmar aparecen en la lista de inspecciones simuladas.

Respecto a la contaminación por aguas sucias y por restos de hidrocarburos, señaló que es cierto que la mayoría de embarcaciones tienen sistemas para evitar su arrojo directamente al mar, pero lo grave es que cuando llegan a puerto no cuentan con una empresa que descargue estas sustancias y las lleve a un lugar de disposición final.

“No hay una empresa que las recoja, ni tampoco la misma empresa las succiona y las lleva a un tratamiento en tierra. No hay un registro de eso, porque no se descarga, entonces ¿a dónde se está descargando? Se está descargando en el mar. Eso lo dimos a conocer al exministro (del Ambiente, Modesto) Montoya y le conminamos a que ordenará inspecciones y un control”, indicó.

Los investigados y los delitos

Las inspecciones a una embarcación pesquera para verificar si cumple las condiciones para el refrendo de sus certificados de prevención de la contaminación por hidrocarburos y por aguas sucias están a cargo de los inspectores navales de la Dicapi, apoyados de inspectores auxiliares, de acuerdo con las normas sobre inspección técnica y certificación de naves. 

La norma precisa que si hasta las 10 horas del día fijado para la inspección la nave no se hace presente en el punto establecido, el inspector anotará en el reporte técnico de inspección esa ausencia y, además, lo informará a la Capitanía de Guardacostas para su correspondiente registro. Elevada esa comunicación, el usuario deberá solicitar una nueva fecha de inspección.

Agregan las disposiciones que la omisión del reporte de novedades por parte de los inspectores representa el incumplimiento de las normas o un trabajo deficiente que “atenta contra la seguridad y la vida humana”.

En tal sentido, la Contraloría, en los tres informes relacionados al Callao, Chimbote y Paita, ha determinado que estas inspecciones simuladas descubiertas configuran presunta responsabilidad administrativa derivada del deber incumplido por los inspectores; asimismo, existe presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, lo que amerita el inicio del procedimiento administrativo a cargo de la entidad y de las acciones legales a cargo de la Procuraduría.

Del total de 18 inspectores fiscalizados, en los informes de control de la Contraloría se indica que solo dos tienen responsabilidad administrativa, por lo que la Procuraduría ha denunciado ante la Fiscalía a los 16 inspectores navales sobre quienes se ha detectado responsabilidad penal y administrativa.

Detalló que el 18 de junio del año pasado se presentó la primera denuncia contra los implicados en las inspecciones simuladas en el puerto del Callao y que el caso está en manos de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de ese puerto. El Ministerio Público del Callao informó a OjoPúblico que el caso fue archivado a nivel de investigación preliminar, pero una de las partes apeló, por lo que ahora será revisado en segunda instancia por la Fiscalía Superior Penal del Callao.

Contraloría agregó que otro grupo de inspectores, implicados en las inspecciones falsas en el puerto de Paita (Piura) fueron denunciados el 2 de febrero de este año por el delito de falsedad genérica, en agravio de la Marina de Guerra del Perú. 

El área de Comunicaciones del Ministerio Público de Piura indicó a OjoPúblico que las pesquisas están a cargo de la fiscal Diana Ortiz Tito, del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal corporativa de Paita, y se encuentra en formalización de investigación preparatoria. 

Respecto a las inspecciones cuestionadas de Chimbote, la denuncia fue presentada el 5 de enero de este año. La investigación está a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa, por los delitos de falsedad genérica. OjoPúblico constató que el caso se encuentra a cargo de la fiscal Jhuly Mori León. El estado es "en investigación preliminar". Inicialmente recayó en la Fiscalía Anticorrupción, pero fue derivada por competencia a la fiscalía penal. 

La abogada especializada en materia ambiental y coordinadora del Colectivo Chimbote de Pie, Yolanda Cadenillas Ortega, señaló que la actuación de los inspectores en estas inspecciones simuladas revela un abandono de sus funciones y el delito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos, el que puede acarrear pena privativa de la libertad.

El artículo 314 del Código Penal señala que “el funcionario público que sin observar leyes, reglamentos, estándares ambientales vigentes, por haber faltado gravemente a sus obligaciones funcionales, autoriza el otorgamiento, renovación o cancelación de autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante en favor de la obra o actividad será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de siete años, e inhabilitación de uno a siete años”.

CERTIFICADAS. Producto de las inspecciones simuladas las naves quedaron aptas para recibir sus certificados de prevención de la contaminación.

Foto: Ojo Público / Paul Meza Castañeda

La misma pena alcanza para el servidor público que, sin cumplir las leyes o reglamentos, se pronuncia a favor de informes u otro documento de gestión sobre el otorgamiento, renovación o cancelación de autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante. Precisamente, los inspectores navales denunciados, basados en inspecciones simuladas, recomendaron el refrendo de los certificados de prevención de la contaminación por aguas servidas y por hidrocarburos. 

Cadenillas Ortega indicó que si bien correspondía a Dicapi realizar, de acuerdo a ley, las inspecciones, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tenía la función de verificar que esa entidad cumpliera con lo que le correspondía. Al respecto, el Código Penal señala que se aplicará la misma pena antes señalada para el “funcionario público competente para combatir las conductas descritas… y que, por negligencia inexcusable o por haber faltado gravemente a sus obligaciones funcionales, facilite la comisión de los delitos”.

“El 5 de agosto he conversado en Lima con seis funcionarios de OEFA, les decíamos que en la Bahía El Ferrol no se cumple un Plan de Gestión de Manejo Ambiental, porque no tiene Dicapi este plan, que están obligados a tener, pero no quieren hacerlo”, comentó la abogada, quien señaló que no le sorprende la existencia de inspecciones simuladas, porque ha advertido que esa entidad no cumple con sus funciones, por ejemplo, en el aspecto de proteger la bahía chimbotana de la contaminación.

Respecto a la responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas en delitos contra el medio ambiente, el Código Penal en su artículo 314-A establece que son sus representantes legales los responsables penalmente. Para Yolanda Cadenillas, los titulares de las embarcaciones han cometido delitos ambientales, tipificados en el Código Penal, porque han operado sin garantizar la no contaminación del mar.  

Respecto a la vigencia de estos certificados, varios de los cuales tienen fecha de caducidad posterior, Cadenillas Ortega indicó que un título habilitante producto de una acción fraudulenta se extingue. “Tiene que retirarlo el mismo Dicapi, porque ellos lo han otorgado”, advirtió.

OjoPúblico solicitó descargos a la Dicapi. A través de un cuestionario, Jorge Portocarrero Castillo, secretario del comandante general de la Marina, respondió que se inició procedimiento administrativo contra los inspectores de Dicapi encontrados con responsabilidad administrativa en los informes de la Contraloría relacionados con inspecciones simuladas realizadas en el 2019. Este concluyó que "no hubo inspecciones simuladas, ya que la totalidad de las inspecciones auditadas fueron realizadas. Sin embargo, se incumplieron los establecimientos establecidos para tal fin".

También se informa que el personal militar fue sancionado administrativamente y se encuentra laborando en la institución. Además, se indica que como las inspecciones no fueron simuladas, los certificados se siguieron usando mientras permanecieron vigente y se encuentran sujetos a inspecciones ya sea por refrenda o renovación. 

Respecto a las investigaciones fiscales, Dicapi indicó que el caso que se indagaba en la Fiscalía del Callao se encuentra archivado de modo definitivo. Su versión difiere de la proporcionada a este medio por el Ministerio Público, que señaló que una de las partes apeló el archivo, entonces ahora el caso debe ser revisado por la Fiscalía Superior.