A menos de diez días del fin de la legislatura, el Congreso busca prolongar los millonarios beneficios tributarios a favor de empresas comerciales, mineras, petroleras, universidades y hasta grupos religiosos.

Uno de estos intentos se concretó el último martes en la Comisión de Constitución, luego que el congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, logró que se aprobara el dictamen que deroga el D.L 1419, promulgado por el Ejecutivo y que plantea cobrar un Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) por cada máquina tragamonedas y mesa de juego explotada. La medida pasó ayer por la Comisión de Economía, donde tuvo una opinión desfavorable, pero aún debe pasar por el Pleno extraordinario que ha sido convocado para este sábado.

Desde 1999, fecha en que se creó el beneficio, los establecimientos de casinos y tragamonedas gozan de un régimen especial que este año les ha permitido ahorrar unos S/437 millones en impuestos, según cifras de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Al cierre de este 2018 el Gobierno dejará de recaudar S/16.498 millones por la aplicación de privilegios tributarios a diversos sectores sin que se haya demostrado su eficacia.

“Si no derogamos esta norma, lo que va a suceder la próxima semana será una avalancha de acciones de amparo llevando al colapso a nuestro sistema judicial porque no se está gravando el consumo”, alertó el congresista. Torres es socio del estudio de abogados Torres y Torres Lara que defiende a importantes casinos y tragamonedas; dejó de ejercer el 2016, pero no se inhibió en el debate de esta propuesta, por el contrario, fue quien la sustentó.

Según documentos del propio bufete, sus principales clientes son las españolas Cirsa International Corporation S.L. y Gaming and Services S.A, filiales de CIRSA, empresa líder en juegos de azar en la región y miembro de la multinacional Nortia Corporación que se dedica al rubro inmobiliario y hotelero bajo la dirección de Manuel Lao Hernández, quien ocupa el puesto 15 en el ranking de millonarios de España.

También encontramos a ISA Perú Group S.A.C, que controla el Garden City Casino, en Trujillo; Unidesa Perú, fabricante de máquinas tragamonedas; y la misma Sociedad Nacional de Juegos de Azar (Sonaja), gremio que representa a las principales compañías del rubro y que en las últimas semanas difundió comunicados y comerciales en televisión para sostener que el decreto promulgado por el Gobierno era inconstitucional. Pedimos una entrevista con el presidente de Sonaja, Fernando Calderón, pero no respondieron.

El Ministerio de Economía (MEF) sustentó ante el grupo de trabajo que el impuesto sí logrará trasladarse a los usuarios, por lo que una demanda ante el Tribunal Constitucional no sería válida. El economista Marcel Ramírez, docente de la Escuela de Gestión Publica de la Universidad Del Pacifico, sostiene que es necesario aplicar un gravamen a este sector para reducir la ludopatía, pero la forma en que ha sido planteado el decreto no es clara. "Si el MEF quiere insistir en su posición va a tener que sustentar legalmente que el gravamen no será confiscatorio para las empresas", consideró.

Más privilegios con prórroga

Los beneficios tributarios son excepciones al sistema de cobro de impuestos que se crean a través de leyes o decretos supremos, a cambio de que las empresas favorecidas inviertan en el país y generen empleo. Algunas son vitalicias, pero la mayoría caduca al cabo de tres años. En esos casos el Congreso puede renovar su vigencia, pero –según disposición de la Sunat– debe analizar si cumplieron los objetivos bajo los que fueron creados. En la práctica esto no sucede; los beneficios se extienden a ciegas.

Precisamente, en la Comisión de Economía se aprobaron otros tres dictámenes con el fin de prorrogar múltiples exoneraciones tributarias que seguirán favoreciendo a determinadas empresas. Uno de ellos es el Proyecto de Ley 3310 presentado por el legislador aprista Elías Rodríguez e incluido en la agenda del Pleno de ayer. En el documento se propone extender la aplicación de 11 privilegios fiscales que rigen desde hace 14 años y que deberían caducar a fin de mes.

Algunos de estas excepciones responden a obligaciones internacionales, como la exoneración de impuestos a la remuneración que reciben los funcionarios de gobiernos extranjeros, y otras redundan directamente a favor del ciudadano, entre ellos, la anulación de intereses a los depósitos bancarios y a los espectáculos culturales.

Pero el Proyecto de Ley 3310 también plantea extender –hasta el 31 de diciembre del 2021– la omisión del Impuesto a la Renta a favor de asociaciones sin fines de lucro y de organizaciones religiosas distintas a la Iglesia Católica. Entre las primeras no solo se contempla a organizaciones de ayuda social, sino a partidos políticos, asociaciones de fútbol, colegios y universidades privadas.

Una de las principales beneficiadas será la Universidad San Martín de Porres (USMP), centro de estudios fuertemente ligado al APRA. Su rector José Chang Escobedo fue ministro de Educación (2006-2011) y Presidente del Consejo de Ministros (2010-2011) del segundo gobierno de Alan García, quien a su vez es Director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de dicha universidad. Las instalaciones de este instituto fueron elegidas por García Pérez para dar ayer su primer pronunciamiento público tras el frustrado pedido de asilo a Uruguay.

Las asociaciones sin fines de lucro incluyen a partidos políticos, asociaciones de fútbol, colegios y universidades

En la lista de universidades sin fines de lucro también se encuentran la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ESAN, la Universidad Ricardo Palma, la Universidad del Pacífico, entre otras. La condición de esta exoneración es que las entidades sin fines de lucro no distribuyan las utilidades o excedentes entre sus miembros, sino que reinviertan el dinero para sus fines sociales. En el caso de las universidades, por ejemplo, deberían destinarlo a mejorar la infraestructura, capacitar docentes y ampliar sus líneas de investigación.

Eso no ocurrió en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la cual fue investigada por la fiscalía tras revelarse que convirtió el ahorro en sueldos millonarios y bonificaciones especiales para sus allegados. Según un informe de Ojo-Publico.com, 41 universidades sin fines de lucro se ahorraron S/ 1.469 millones en Impuesto a la Renta durante la última década, sin considerar el monto que no pagan por también estar liberadas del IGV e ISC. El abogado tributarista Miguel Carrillo señaló que las exoneraciones no son dañinas en si misma, pero cuando el lucro excede sus funciones deberían aplicarse restricciones. 

Respecto a las organizaciones religiosas, informes de la División de Lavado de Acticos de la Policía permitieron conocer que la iglesia cristiana Movimiento Misionero Mundial, dirigida por el pastor Rodolfo González, logró recaudar S/34 millones en menos de cinco años a través de la donación de sus fieles. Por los diezmos no se paga impuestos, pues los tributos gravan las ganancias, la venta de bienes y la prestación de servicios. Pero de aprobarse este Proyecto de Ley, González, quien ha manifestado su intención de comprar el estadio Alianza Lima, seguiría recaudando millones sin pagar impuestos por los ingresos directos que obtiene.

Una propuesta que quedó rezagada fue la de Jorge del Castillo, del partido aprista, quien planteó exonerar de impuestos la venta e importación de medicamentos indicados para la salud mental, lo mismo que hoy sucede para enfermedades como el cáncer, VIH y diabetes, pero que han demostrado no reflejarse en una reducción de precio a favor del paciente.

La bancada oficialista Peruanos por el Kambio también presentó un proyecto de ley para pedir la continuidad de cuatro exoneraciones tributarias hasta el 2021, dos de ellas son para asegurar la devolución del IGV a los titulares de la actividad minera y al sector hidrocarburos durante la fase de exploración. La iniciativa 3674 logró un dictamen en la Comisión de Economía, pero hasta ahora no ha sido agendada en el Pleno.

Dos décadas en la Amazonía

Desde hace veinte años las empresas de la Amazonía gozan de múltiples beneficios tributarios. Están exoneradas del pago de IGV por la venta de bienes o servicios que desarrollan en su región, acceden a un crédito fiscal especial, pueden adquirir gas natural, petróleo y otros combustibles sin impuestos, y pagan una tasa reducida del Impuesto a la Renta que van del 0% al 10%. Estas cuatro excepciones están vigentes hasta el año 2049, gracias a la Ley 27037 publicada el 2011, pero no son las únicas.

El partido Fuerza Popular consiguió la aprobación de otros dos dictámenes que buscan prorrogar por un año los privilegios tributarios que caducan este mes. Uno de ellos es el Proyecto de Ley 3559 que plantea extender hasta fines del 2019 la exoneración del IGV a las empresas amazónicas que importan bienes para usarlos en las regiones de Amazonas, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Luego de este plazo, el Estado deberá compensarlos con S/68 millones anuales, durante las próximas cinco décadas, para que lo destinen a obras y servicios en favor de la población.

Algo similar sucede con el segundo Proyecto de Ley 3391, el cual prorroga por un año la devolución de impuestos que solo seguía vigente para Loreto, a cambio de establecer un fideicomiso de no menos de S/160 millones de soles a favor del gobierno regional. El 2003, la región San Martín, que tuvo como gobernador al titular del Consejo de Ministros, César Villanueva, renunció a tres beneficios tributarios a cambio de S/45 millones anuales que destinó para inversiones.

Según datos de la Sunat, entre los años 1998 y 2016, los comerciantes en la Amazonía recibieron S/ 1.528 millones de reintegro tributario. Los principales beneficiarios fueron Comercializadora San Juan S.A.C, dirigida por Julia Vásquez Valcárcel, candidata al gobierno regional de Loreto por Fuerza Popular a la región Loreto; Feria Oriente, empresa distribuidora del Grupo Gloria; Saga Falabella Iquitos, que pertenece al Grupo Falabella; y Boticas del Oriente, subsidiaria de uno de los principales grupos económicos del Perú, Intercorp.

El economista Marcel Ramírez dijo que la ineficacia del reintegro tributario en la selva ha quedado demostrada en diversos estudios, y "nada garantiza que este sea el fin de su aplicación y que a fines del próximo año se vuelve a extender el beneficio". "Pero más grave es que se están fijando montos de manera inconsulta. Cuando San Martín renunció a sus beneficios se aplicaron fómulas para calcular cuál sería una compensación suficiente para el desarrollo de su región", señaló. Por su parte, Carrillo consideró que el plazo de un año es justo para que las empresas culminen con los compromisos asumidos, pero lamentó que siempre se espere a fin de año para tomar estas decisiones.

El Congreso tiene hasta el sábado 8, fecha de la sesión extraordinaria, para decidir si convierten estos dictámenes en ley. A menos que todo quede en manos la Comisión Permanente que ha obtenido facultades para legislar hasta el 15 de febrero.

ACTUALIZACIÓN: 07-12-18 (14:35 p.m.]

Antes de publicar esta nota, Ojo-Publico.com pidió a la Oficina de Prensa del congresista Miguel Torres una entrevista con el legislador, pero no devolvieron la comunicación. Hoy, la misma oficina envía estas declaraciones:

"Actualmente (el congresista Miguel Torres) no es socio, ni accionista, ni participacionista, ni forma parte de ninguna manera del mencionado estudio desde julio del 2016. Antes de ser congresista se separó totalmente de esa entidad, de sus decisiones, beneficios, cargas, etc. (...) El congresista no tiene razón ni justificación para inhibirse. Pese a ello, él cumplió con el Reglamento del Congreso y su deber de transparencia al señalar en las sesiones legislativas lo siguiente: 'No pertenezco a ningún estudio de abogados desde antes de ser congresista y no tengo ningún interés económico directo o indirecto, solo mi interés y deber de responsabilidad como académico de docente universitario en derecho tributario'”.