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Segundo Pino Bolívar, líder del pueblo indígena kakataibo, encabeza, desde 2023, la Guardia Indígena del Pueblo Kakataibo del Perú (Gipkap), una organización nacida ante el avance del narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de tierras en la provincia de Padre Abad, región Ucayali.
“Creamos nuestra propia guardia porque, durante años, hemos visto la inacción de los gobiernos regionales y nacionales. Defendemos nuestro territorio contra el aumento de la inseguridad en las comunidades”, afirma el líder indígena.
Las guardias indígenas son formas de organización comunitaria para la vigilancia y defensa del territorio, promovidas por los pueblos amazónicos. Esta decisión surge ante la ausencia del Estado en la provisión de seguridad en amplias zonas de la Amazonía, sostiene Jacopo Tosi, antropólogo y autor de Las guardias indígenas amazónicas. Además de resolver conflictos entre los habitantes de su territorio, su labor se centra en proteger el ambiente de prácticas perjudiciales.
No están reguladas por una ley específica, pero se amparan en la jurisdicción indígena reconocida en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT).
Ni el Estado peruano ni la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) tienen un registro preciso de cuántas organizaciones y pueblos indígenas han conformado sus propias guardias.
Ante esta falta de información, OjoPúblico ha elaborado una base de datos —a partir de entrevistas con líderes indígenas, trabajos académicos e información gubernamental— que identifica siete grupos de autodefensa —con un aproximado de 2.500 integrantes— en Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali, Loreto, San Martín y Amazonas. Cuatro de estas guardias surgieron en los últimos cuatro años.
El auge de las guardias amazónicas
A diferencia de las rondas campesinas y los Comités de Autodefensa (CAD), que surgieron en los años 70 y finales de los 80, la organización estructurada de guardias amazónicas —respaldadas por organizaciones indígenas— es un fenómeno reciente, señala Jacopo Tosi.
Este surgimiento, refiere Tosi, es una respuesta a la presión constante sobre sus territorios, donde el Estado ha mostrado mayor interés en facilitar el acceso de grandes empresas a recursos como la madera, el petróleo o los minerales, en lugar de garantizar la titulación de tierras indígenas.
En Ucayali y Huánuco, la Guardia Indígena del Pueblo Kakataibo del Perú (Gipkap), liderada por Pino Bolívar, está compuesta por más de 160 miembros distribuidos en una docena de comunidades.
También en Ucayali y en Loreto, la Organización Regional Guardia Indígena (ORGI), integrada por el pueblo shipibo-konibo, agrupa a 23 bases comunitarias y cuenta con un número estimado de entre 500 y 600 integrantes, según líderes indígenas y la ONG Forest Peoples Programme. Cada comunidad tiene unos 20 miembros en la guardia, aunque no existe aún un registro oficial consolidado.
En Amazonas, el pueblo wampis impulsó, en 2024, el sistema de control medioambiental Charip, conformado por unos 35 miembros, que se encargan de vigilar zonas críticas. Ese mismo año, en territorios awajún de Amazonas y Loreto, se creó la Policía Comunal Awajún, que opera en coordinación con la Policía Nacional. El principal desafío de sus, aproximadamente, 100 miembros es frenar la expansión de la minería ilegal en los ríos Comaina y Cenepa.
En Loreto, los Guardias del Bosque de la Nación Chapra se formaron en paralelo a su gobierno territorial autónomo, en 2016. Desde entonces, han asumido un rol activo en el patrullaje de su territorio, ubicado en la cuenca del Pastaza Morona.
Por su parte, las guardias yáneshas, agrupadas bajo el nombre de Seguridad Indígena Yánesha (SIYA), operan en 40 comunidades en Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali. Cada grupo está conformado por entre 10 y 25 personas, que se turnan para realizar rondas periódicas de vigilancia.
Finalmente, en la selva central, el Ejército Asháninka, hoy conocido como Seguridad Indígena Amazónica (SIA), tiene una larga trayectoria. En los años 90, durante el conflicto armado interno, llegó a reunir a unos 2.000 miembros. Este año, 600 integrantes participaron en los encuentros de los comandos, como se denomina a los subgrupos de la SIA.
Quienes lideran estas guardias indígenas asumen un rol de alto riesgo: desde 2013, al menos 36 defensores del territorio han sido asesinados en Perú, según cifras de Aidesep.
Un caso emblemático es el de Pino Bolívar, comandante kakataibo y exmilitar de 48 años, quien recibe amenazas constantes por parte de cocaleros. Estos no solo cultivan hoja de coca ilícita en la zona, sino que también la procesan con agentes químicos en pozas de maceración, y construyen pistas de aterrizaje clandestinas para transportar la droga.
Por ello, está registrado como defensor ambiental en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Antes de ser elegido comandante por los apus de la Federación Indígena de Pueblos Kakataibo (Fenacoka), era presidente de esta organización.
Desde 2013, al menos 36 defensores del territorio han sido asesinados en Perú, según cifras de Aidesep.
Por su parte, la Organización Regional Guardia Indígena (ORGI), de los shipibo-konibo, enfrenta la ocupación de sus tierras por parte de colonos menonitas en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. Los menonitas talan sus bosques primarios, abren carreteras y hacen agricultura que pone en riesgo sus territorios, cuentan.
En junio y julio de 2024, la guardia de la comunidad indígena Caimito desalojaron a varias familias menonitas de las casas que habían construido en su territorio, sin permiso de las autoridades indígenas locales.
La ORGI es la mayor guardia indígena de Perú, en términos de número de integrantes y extensión geográfica, que se ha establecido en los últimos años. Según el Consejo Shipibo-Konibo-Xetebo (Coshicox), su territorio ancestral abarca 3 millones de hectáreas en Ucayali y Loreto.
Capacitación y colaboración
Las guardias indígenas amazónicas están fortaleciendo su labor a través de espacios de formación. Por ejemplo, la ORGI, de los shipibo-konibo, lleva a cabo una escuela itinerante en comunidades de Ucayali y Loreto, en la que también participan miembros de la guardia kakataibo (Gipkap).
Durante estas jornadas, los participantes reciben capacitaciones sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado peruano, derechos colectivos, historia ancestral y temas actuales como los mercados de carbono. Esto con el fin de que puedan adquirir herramientas para proteger sus territorios y negociar con empresas interesadas en comprar certificados de carbono sobre parcelas forestales de sus territorios.
En coordinación con el Instituto de Defensa Legal (IDL), la ORGI y la Gipkap han elaborado una guía para apoyar la creación de nuevas guardias comunitarias, que combina conocimientos tradicionales con tecnologías, como drones, GPS y celulares.
En la comunidad de Caimito, donde la guardia indígena de los shipibo-konibo es activa, se realizó, en noviembre de 2022, el primer encuentro internacional de guardias indígenas de la Amazonía en Perú.
ENCUENTRO. En 2022, guardias indígenas de Colombia, Ecuador y Perú se reunieron en Ucayali para compartir conocimientos.
Foto: Jacopo Tosi
Desde entonces, el evento se ha realizado con la participación de guardias de los kakataibo, shipibo-konibo, asháninka, así como representantes de las guardias indígenas colombianas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte.
Las mujeres de las comunidades Cofán y Siekopai, de la región amazónica ecuatoriana, también estuvieron en el último encuentro, realizado en Pucallpa, en 2024. “En Perú, esto [la creación de guardias indígenas en la región amazónica] es nuevo. En Ecuador y Colombia, los grupos son más antiguos. El intercambio de experiencias fue bueno y nos ayudó a organizarnos mejor”, cuenta Pino Bolívar.
La relación con la Policía
El sistema de control medioambiental Charip, creado por el pueblo wampis en Amazonas, se enfrenta a la minería ilegal. Con un puesto fijo a la orilla del río Santiago, los Charip realizan controles a embarcaciones para detectar cargamentos o pasajeros sospechosos.
Pocas semanas después de iniciar sus labores, los guardias de los Charip intervinieron a tres agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes viajaban en un barco que transportaba un motor sospechoso de ser utilizado para la minería ilegal.
“En el momento de la intervención, los policías, cargados de armamentos y pistolas, nos apuntaron a cada uno”, cuenta René Amuan Santiago Tí, presidente de los Charip y exsoldado de las Fuerzas Armadas.
En la Amazonía, no todas las guardias indígenas reportan sus hallazgos sospechosos a la Policía. En el caso de los Charip, de la Nación Wampis, el primer punto de contacto es su propio Gobierno Territorial Autónomo (GTANW). Aun así, en varias intervenciones, han entregado a la Policía municiones incautadas, como muestra de colaboración puntual.
La relación entre las guardias amazónicas y las fuerzas del orden varía según cada pueblo. “Informamos a las autoridades sobre nuestras acciones, pero no pedimos permiso. Queremos ser autónomos en nuestro territorio”, señala Pino Bolívar.
En contraste, la Policía Comunal Awajún, fundada en 2024, mantiene una colaboración estrecha con la Policía, que organiza capacitaciones para sus integrantes. Incluso el Ministerio del Interior ha expresado su interés en fortalecer este modelo de trabajo conjunto.
DEFENSA. Los Charip, guardias indígenas del pueblo wampis, usan lanzas y escopetas para controlar embarcaciones sospechosas en el río Santiago.
Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo
Un rasgo común entre varias de estas organizaciones es su vínculo con estructuras de autogobierno indígena. Tanto los Charip, como la Policía Comunal Awajún y los Guardianes del Bosque de la Nación Chapra, forman parte de los gobiernos autónomos, una figura que no está reconocida jurídicamente en Perú.
Informamos a las autoridades sobre nuestras acciones, pero no pedimos permiso", dice Segundo Pino Bolívar, comandante de la Gipkap
En tanto, el Coshicox —organización a la que pertenece la guardia shipibo-konibo— avanza, también, en la consolidación de su propio gobierno territorial.
Según el manual de los kakataibo y shipibo, las guardias indígenas forman “parte de los procesos de autogobierno” iniciados por algunos de la Amazonía para “fortalecer” su “peso político” y garantizar la protección de sus tierras, incluidos bosques, ríos y lagunas.
El fundamento jurídico
Además de los siete grupos de autodefensa identificados por OjoPúblico en la Amazonía peruana, hay una organización difícil de categorizar: el pueblo indígena de los kichwas de la región San Martín ha formado, desde 2020, una agrupación de seguridad denominada “ronda indígena”.
Pese al nombre, difiere de las rondas campesinas. Marisol García Apagüeño, dirigente de la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (Fepikecha), lo deja claro: “No somos parte de la Cunarc [Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú], porque ella representa a las rondas campesinas de la zona andina. Nuestra justicia viene de mucho más atrás, antes de que tuviéramos constitución. La ronda campesina es de los Andes; nosotros somos amazónicos”, dice.
La ronda de los kichwa no es la única de la Amazonía peruana. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), existen al menos seis con la misma denominación. Cuatro se encuentran en la región Amazonas, una en San Martín, y otra en Loreto.
Las rondas campesinas y las guardias indígenas amazónicas tienen orígenes y contextos muy distintos. Las primeras surgieron como una respuesta comunitaria a un vacío de poder tras la reforma agraria del general Juan Velasco Alvarado. “Las rondas nacen en un contexto de reestructuración social, sobre todo para la defensa de la propiedad privada y del ganado”, explica el antropólogo Jacopo Tosi.
Según la Sunarp, al 14 de abril de 2025, había 3.388 rondas campesinas inscritas en Perú. Más de la mitad de ellas (1.842) tenían presencia en tres regiones del norte: Piura (837), Cajamarca (565) y La Libertad (440). Moquegua, Tacna y Huancavelica tienen rondas campesinas, pero estas no aparecen registradas.
Desde 2004, el número de rondas registradas en el país no ha dejado de crecer. A diferencia de las guardias indígenas, estas organizaciones cuentan con una ley específica que define su rol y regula su inscripción.
El crecimiento ha sido sostenido: en las últimas dos décadas, la Sunarp ha registrado un promedio de 160 nuevas rondas cada año. Para Raquel Yrigoyen Fajardo, abogada del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), este aumento está vinculado al trabajo de la Dirección de Rondas Campesinas, creada por el Ministerio del Interior (Mininter) en 2017.
“[Esa dirección] les sirve como un sistema de inteligencia para controlar a las rondas, pero también ha desplegado abogados en varios lugares del país para ayudar a las rondas a inscribirse”, refiere.
Desde 2004, el número de rondas campesinas registradas en Perú no ha dejado de crecer.
Aunque las rondas campesinas y las guardias amazónicas tienen historias distintas y responden a necesidades específicas de sus territorios, ambas se sustentan en una base legal común: la jurisdicción especial indígena.
“Desde la Constitución de 1993 se reconoce la jurisdicción especial indígena y a las autoridades de las comunidades campesinas e indígenas. Pueden ejercer funciones judiciales, es decir, las mismas facultades que los jueces, pero en su propio territorio y bajo su propia ley. Solo se les prohíbe violar derechos humanos básicos”, señala Yrigoyen Fajardo.
Ni las rondas ni las guardias amazónicas —al igual que el propio Estado— pueden privar ilegalmente de la libertad a una persona, ni ejercer tortura o aplicar castigos degradantes, incluso dentro de sus propios territorios.
De acuerdo con el marco legal vigente, las rondas campesinas tienen el mismo nivel jurídico que otras autoridades estatales, como la Policía o el Poder Judicial, en el ejercicio de sus funciones ejecutivas, explica la abogada.
Sin embargo, en la práctica, esto no siempre es así. “Es muy difícil cambiar el chip mental, porque la Policía siempre ha considerado a los ronderos como sus ayudantes”, cuenta la abogada.
La persistencia de los CAD
En algunas regiones del país, la historia de la organización comunitaria armada no se puede entender sin repasar el conflicto armado interno. En zonas como la selva central, donde la violencia ejercida por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) dejó huellas profundas, la línea que separa a los guardias indígenas de los Comités de Autodefensa (CAD) se vuelve borrosa.
Los CAD surgieron durante los años más intensos del terrorismo, en el marco de una estrategia de contrainsurgencia promovida por el gobierno de Alberto Fujimori. A diferencia de las guardias indígenas amazónicas —impulsadas desde los propios pueblos y con enfoque en la defensa del territorio y la identidad cultural—, los CAD tienen un respaldo explícito de las Fuerzas Armadas.
En la actualidad, su existencia está regulada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), entidad que acredita formalmente a estos grupos. A febrero de 2025, existían 781 CAD en Perú, según el CCFFAA. La cifra es 68% más baja que lo registrado en 2014, cuando se contaban 2.475 comités.
Todos operan en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde aún persisten remanentes de grupos terroristas dedicados al narcotráfico. Su rol, definido por ley, es apoyar a la Policía en el control del orden interno y en la lucha contra la inseguridad ciudadana en zonas en estado de emergencia.
ACTIVOS. Los Comités de Autodefensa (CAD) surgieron durante el conflicto armado interno y aún siguen presentes en el Vraem.
Foto: Municipalidad Distrital de Pichari
Pese a que la norma los define como organizaciones “de existencia transitoria”, en la práctica, muchos de sus integrantes asumen su papel como permanente. Se estima que los actuales comités agrupan a 27.390 personas, con un promedio de 35 integrantes por comité.
Todos están armados, principalmente, con escopetas Windsor calibre 12, autorizadas por el Ministerio de Defensa. Una ley aprobada por el Congreso en 2022 también permite que los CAD adquieran armas de uso civil, ya sea por compra o donación del Estado o particulares.
La persistencia de los CAD en el Vraem responde a una lógica distinta a la de las guardias indígenas amazónicas: mientras estas últimas reivindican la autonomía territorial y la justicia consuetudinaria como expresión de soberanía cultural, los CAD son vistos por el Estado como una extensión de su aparato de seguridad. Un modelo de defensa comunitaria heredado del conflicto, que sobrevive en el contexto de una paz todavía frágil.
En busca de una ley
En 2022, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la norma que permitía a los CAD adquirir armas de uso civil con autorización del Estado.
Dos años después, en setiembre de 2024, el Tribunal Constitucional falló a favor del recurso y declaró a la ley como inconstitucional. La decisión dejó a los CAD en una situación ambigua: sin una norma nacional específica que regule su actuación, salvo el artículo 149 de la Constitución, que precisa el marco legal de actuación de los mecanismos de autodefensa indígena.
Ese mismo vacío afecta a las guardias indígenas amazónicas. Hasta hoy, ninguna ley concreta establece su funcionamiento, a pesar de su creciente protagonismo en zonas marcadas por el abandono estatal y la presión del narcotráfico, la tala y la minería ilegal.
En respuesta a esta omisión legal, organizaciones del pueblo asháninka, así como las guardias kakataibo (Gipkap) y shipibo-konibo (ORGI), respaldan un proyecto de ley denominado “Seguridad Indígena Amazónica” (SIA), actualmente en análisis de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso.
Según dirigentes asháninkas, la propuesta no solo busca dar reconocimiento legal a las guardias indígenas, sino también extender su cobertura a los CAD, eliminando la condición de operar únicamente bajo estado de emergencia.
El proyecto busca que la defensa del territorio amazónico por parte de sus habitantes sea reconocida como una forma legítima de organización autónoma. “En teoría [el Estado] tendría que verlas [a las guardias indígenas] como algo positivo, propositivo e incluso útil. Porque implicaría un ahorro de recursos, una mayor eficacia en el cumplimiento de las leyes en el territorio amazónico y, también, contribuiría a la lucha contra las economías ilegales”, sostiene el antropólogo Tosi.
Pino Bolívar, comandante de la Gipkap, subraya que reemplazar a la Policía o al Estado no está entre los objetivos de las guardias indígenas, pero demandan que el Estado reconozca la decisión de los pueblos originarios de defenderse por cuenta propia.