Cada año, el Estado peruano deja de recibir miles de millones de soles debido a incentivos, exoneraciones y deducciones en el pago de impuestos que favorecen a ciudadanos, empresas y organizaciones de diversos sectores. Solo en los últimos cinco años, se ha dejado de recibir un total de S/101.782 millones, según estimaciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

Un análisis de OjoPúblico –en base a las cifras del Marco Macroeconómico Multianual– determinó que con la suma que se dejó de recaudar por los privilegios fiscales en los últimos cinco años, se pudo haber construido 1.300 Escuelas Bicentenario, otorgar Pensión 65 para los 4.747.000 adultos mayores del país durante 20 años y aumentar en 21 veces el presupuesto de la Policía para la seguridad ciudadana.

Para estimar estos ejemplos, se consideró que el Estado ha asignado un presupuesto de S/5.915 millones para la construcción de 75 Escuelas Bicentenario. En el caso de las otras dos estimaciones, se utilizó el presupuesto asignado en 2025 para ambos rubros.

SIN RECAUDAR. Solo en los últimos cinco años, se ha dejado de recibir un total de S/101.782 millones que pudo invertirse para atender necesidades urgentes del país. 

Infografía: OjoPúblico / Eduardo Yaguas

Solo en 2025, los beneficios tributarios alcanzarán los S/24.010 millones, lo que representa un aumento de S/156 millones respecto a los S/23.854 millones registrados en 2024. Esta cifra equivale a casi seis veces el presupuesto anual de S/ 4.660 millones asignado para mejorar los servicios policiales orientados a combatir la inseguridad ciudadana en el Perú, que ya registra más de 500 homicidios en lo que va del año, de acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que enfrentan los peruanos. Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres), a mayo de 2024, el 85,9% de la población entrevistada dijo sentirse insegura y el 27,7% señaló haber sido víctima de algún hecho delictivo. A pesar de ello, el presupuesto destinado a seguridad ha sido insuficiente para mejorar el equipamiento, la infraestructura y el número de agentes de la Policía Nacional. 

Los S/24.010 millones que dejará de recaudar el Estado en 2025 representan un aumento de S/156 millones respecto a los S/23.854 millones registrados en 2024".

El monto que el Estado dejará de percibir este año también podría financiar la construcción de 300 Escuelas Bicentenario, con infraestructura y equipamiento innovador para los escolares, o cubrir durante dos años y medio el pago del programa Pensión 65 para los 4.747.000 adultos mayores del país, según los costos presupuestados por los sectores de educación y asistencia social.

LO QUE SE PIERDE. Lo que el Estado dejará de recaudar este año pudo financiar la construcción de 30 escuelas, o cubrir la Pensión 65 de más de cuatro millones de adultos mayores.

Infografía: OjoPúblico / Eduardo Yaguas

Más privilegios fiscales en agenda

A pesar de las alertas emitidas en los últimos meses por el Consejo Fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre los riesgos de estas medidas tributarias, el Congreso de la República se apresta a aprobar más privilegios fiscales.

Entre los proyectos en agenda está la nueva Ley Agraria, conocida como Ley Chlimper 2.0, que propone reducir del 29,5% al 15% la tasa del Impuesto a la Renta para las empresas agroexportadoras. Según el MEF, esta medida haría que el país deje de recaudar S/ 20.000 millones en los próximos diez años. 

Asimismo, se discute la aprobación de la Ley Marco de Zonas Económicas Especiales, que plantea exonerar del Impuesto a la Renta a empresas ubicadas en zonas como Chancay, el Callao y otras regiones del país.

El poder de los agroexportadores

El sector agroexportador ha sido el más beneficiado por las exoneraciones tributarias, concentrando casi un tercio del total otorgado en los últimos cinco años. En este período, las empresas agroexportadoras dejaron de pagar S/ 30.449 millones. Esta suma equivale a 80 veces el presupuesto asignado por el Estado a 19.000 comedores populares, a 46 veces los fondos destinados a otorgar créditos a pequeños productores agrarios y que podría financiar las Beca 18 de más de cinco millones de universitarios por un año, considerando que para este año el Estado está destinando 348 millones para 20 mil nuevas becas.

UN SECTOR PRIVILEGIADO. En los últimos cinco años, las empresas agroexportadoras dejaron de pagar S/30.449 millones por las exoneraciones tributarias. 

Infografía: OjoPúblico / Eduardo Yaguas

El economista agrario Eduardo Zegarra advierte que el sector agroexportador ya goza de un nivel excesivo de subsidios y exoneraciones. Señala que el 80% de estos beneficios están concentrados en apenas 150 empresas exportadoras. De aprobarse la llamada Ley Chlimper, los beneficios alcanzarían niveles históricos.

El sector agroexportador es el más beneficiado por las exoneraciones tributarias, concentrando casi un tercio de lo otorgado en los últimos cinco años". 

Entre las grandes agroexportadoras que serían beneficiadas con la nueva Ley Agraria destacan Camposol, Complejo Agroindustrial Beta, Danper Trujillo, Agrícola Cerro Prieto, Sociedad Agrícola Drokasa, Ecosac Agrícola y Agrovisión Perú, tal como lo reveló OjoPúblico, que accedió a un informe del Ministerio de Economía.

Por su parte, la economista Carolina Trivelli aclara que no todas las exoneraciones son negativas, aunque la mayoría sí son costosas. Explica que algunas tuvieron sentido, como las otorgadas en los inicios de la industria agroexportadora, pero advierte que los beneficios actualmente en debate “tienen poca evidencia y escaso análisis sobre sus impactos diferenciados, aunque sí sabemos claramente el alto costo fiscal que implican”.

“Aprobar beneficios tributarios masivos, es decir, para sectores completos, afectará la recaudación del Estado y eso va en contra de lo que el Perú necesita: mayores ingresos para atender las demandas de inversión, gasto y servicios públicos”, señala Trivelli, quien es miembro del Consejo Fiscal, una comisión autónoma y técnica encargada de supervisar las políticas fiscales y emitir informes no vinculantes.

En diciembre del año pasado, el Consejo Fiscal advirtió en su pronunciamiento sobre el Presupuesto Público 2025 que la creación y prórroga de beneficios para sectores específicos —como la reducción del IGV para restaurantes y hoteles, o la rebaja del Impuesto a la Renta para las actividades agropecuarias— no solo generan un alto costo fiscal, sino que también incentivan a otros sectores a exigir tratamientos similares.

UN ALTO COSTO. Con lo que el Estado dejó de recaudar del sector farmacéutico, más de 11 mil mujeres con cáncer de mama podrían haber accedido a tratamiento médico.

Infografía: OjoPúblico / Eduardo Yaguas

Ese mismo mes, el MEF publicó un comunicado expresando su preocupación por la intención del Congreso de extender la reducción del IGV para los restaurantes. En dicho pronunciamiento, recomendó limitar la creación de nuevos beneficios y revisar los ya existentes, reemplazándolos por gastos públicos que beneficien directamente a la ciudadanía. 

El entonces ministro de Economía, José Arista, se opuso a exonerar de impuestos a las empresas ubicadas en la zona económica especial de Chancay, e insistió en la necesidad de reducir los beneficios tributarios. Sin embargo, con el nuevo ministro José Salardi, el MEF ha cambiado de postura y ahora respalda estos beneficios.

En marzo último, una misión del FMI estuvo en Perú para analizar la evolución de la economía. Entre sus conclusiones se refiere a las recientes iniciativas legislativas cuyos costos pueden complicar el logro de las metas fiscales. Advirtió que las propuestas para establecer zonas económicas especiales con impuestos cero y beneficios tributarios para el sector agroindustrial “podrían erosionar aún más la base impositiva”.

Beneficios que pagan todos los peruanos

Este año, el Estado peruano ofrece 103 incentivos y beneficios tributarios, entre exoneraciones, deducciones, inafectaciones, devoluciones, pagos diferidos, ampliaciones de plazo, créditos tributarios, incentivos y tasas diferenciadas. Los principales beneficiarios pertenecen a los sectores agropecuario, financiero, educativo, hidrocarburos y de servicios. Gracias a ello, estas entidades pagan menos impuestos, lo hacen más tarde, o no los pagan.

Uno de los sectores más beneficiados es el farmacéutico. Aunque las farmacéuticas están exoneradas de impuestos desde 2001, los precios de los medicamentos para tratar enfermedades como cáncer, VIH y diabetes no han disminuido. Con los S/ 2.303 millones que se dejaron de recaudar de este sector en los últimos cinco años, más de 11.000 mujeres con cáncer de mama avanzado podrían haber accedido a tratamiento médico, considerando que cada paciente requiere en promedio S/ 200.000, según estimaciones de la Asociación Peruana de Seguros (Apeseg).

Aunque las farmacéuticas están exoneradas de impuestos desde 2001, los precios de medicamentos para tratar enfermedades no han disminuido".

El dinero que el Estado dejó de recibir de las farmacéuticas también podría haberse usado para duplicar el presupuesto que este 2025 se ha destinado a la mejora de hospitales y puestos de salud, o para triplicar el presupuesto anual de la lucha contra la anemia, enfermedad que afecta mayormente a la población infantil, de acuerdo con información del Ministerio de Salud.    

CUESTIONADO BENEFICIO. La devolución de aranceles a empresas exportadoras es otro beneficio controvertido. El sector ha presionado para mantener la tasa del drawback en 3%.

Infografía: OjoPúblico / Eduardo Yaguas

La anemia infantil afecta al 43,7% de los niños de entre 6 y 35 meses a nivel nacional, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024. Esta condición limita su desarrollo cognitivo y físico, y se agrava por la falta de acceso a alimentos ricos en hierro y servicios médicos preventivos en zonas rurales y urbano-marginales.

Otro beneficio controvertido es el drawback, la devolución de aranceles a empresas exportadoras. En enero de este año, el Poder Ejecutivo, tras la presión del sector agroexportador, decidió mantener la tasa del drawback en 3%, pese a que originalmente se había previsto su reducción progresiva hasta su eliminación a finales de este año.

“Los exportadores han logrado que el drawback se mantenga indefinidamente, lo cual es una barbaridad. Es un subsidio abierto, muy costoso, que todos terminamos pagando”, afirmó Eduardo Zegarra. Recordó que este mecanismo se creó hace 30 años y que ya no es necesario para las empresas beneficiadas.

Con los S/ 5.624 millones devueltos a las exportadoras en cinco años, se podría aumentar seis veces el presupuesto para dar agua potable a las 3.3 millones de personas que no tienen este servicio, considerando que este 2025 el Estado asignó un presupuesto de S/116 millones para que más de 417 mil personas puedan acceder a agua potable de calidad a través de sistemas alternativos.

Asimismo, con ese monto podría crecer diez veces el presupuesto anual para la lucha contra la violencia hacia la mujer, un problema que se agudiza, como lo evidencian los reportes de los Centros de Emergencia Mujer, que atienden en promedio 140.000 casos de violencia al año.

En enero de este año, el Poder Ejecutivo, tras la presión del sector agroexportador, decidió mantener la tasa del drawback en 3%".

En 2024, se reportaron 170 feminicidios y 7.097 notas de alerta de mujeres desaparecidas, según la Defensoría del Pueblo. Ante ello, esta institución hizo un llamado a los poderes del Estado e instituciones vinculadas a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, para implementar políticas más efectivas.

El dinero de los impuestos que no se cobra a los exportadores también podría ser usado para incrementar en 28 veces el presupuesto destinado por el Ministerio de Salud a la compra de medicamentos para el tratamiento oncológico de 120 mil personas.

Desde hace más de 15 años hay una brecha de acceso a nuevos tratamientos en los servicios oncológicos del sector público, según ha reconocido el propio Ministerio de Salud. El desabastecimiento de medicamentos oncológicos es constante, como ocurrió en 2024, cuando el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) destinó la mayor parte de su presupuesto de S/250 millones al pago de deudas pendientes del año anterior, en lugar de adquirir medicinas esenciales.

Sobre la resistencia de ciertos grupos de poder a eliminar o reducir estos privilegios tributarios, Zegarra destacó que estos sectores ejercen una fuerte influencia en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, el Congreso y, en particular, la Comisión Agraria.

“Este es un tema que deberá discutirse otra vez, con un nuevo gobierno y otro Congreso, porque es inaceptable que se estén haciendo estos regalos tributarios en un país con tantas carencias y necesidades”, remarcó el economista.

Carolina Trivelli señala que, desde el Consejo Fiscal, su labor consiste en “alertar, explicar y hacer notar” estos problemas, pero aclara que las decisiones recaen en el Poder Ejecutivo y el Congreso. Considera que ambos poderes están “muy seducidos” por la posibilidad de obtener réditos políticos al aprobar exoneraciones, aunque ello comprometa la capacidad futura del Estado para brindar servicios esenciales.

“Un grupo va a capturar privadamente los beneficios del esfuerzo colectivo que implica sacrificar ingresos tributarios. Si ese beneficio no se traduce en más crecimiento, empleo, inversión o desarrollo, no tiene sentido que lo financiemos entre todos”, concluye Trivelli.