A diferencia de otros parlamentarios que incrementaron su patrimonio desde que ingresaron al Congreso de la República en 2021, hay un grupo de legisladores que ha declarado una notoria reducción de las posesiones que registraron cuando eran candidatos o durante los primeros años de su labor parlamentaria.

OjoPúblico identificó que entre los que han declarado una mayor disminución figuran Digna Calle Lobatón (Podemos Perú), Héctor Valer Pinto (Somos Perú), María del Carmen Alva Prieto (no agrupada), y Jorge Montoya Manrique (Honor y Democracia). 

En los últimos tres años –de acuerdo al análisis de las declaraciones juradas de los congresistas entre 2021 y 2024–el valor de los bienes de Calle Lobatón se redujo en S/8’260.000, el de Valer Pinto en S/1’072.000, el de Alva Prieto en S/939.706, y el de Montoya Manrique en S/753.530. Además, Calle Lobatón declaró una disminución de S/11’909.074 en sus ahorros, inversiones, acciones e ingresos por ventas de inmuebles. 

Los que han declarado una mayor reducción de sus fortunas son Digna Calle, Héctor Valer, María del Carmen Alva, y Jorge Montoya.

Martín Cabrera Marchán, abogado y exgerente de relaciones institucionales de la Contraloría General de la República, señala que no solo hay que fijarse en el aumento del patrimonio de los funcionarios, sino también en su reducción. “Hay casos en los que se podrían evidenciar la existencia de fuentes de rentas irregulares, informales o ilegales y, por lo tanto, algunos declaran una reducción de su patrimonio”, advirtió el experto.

 

Negocios inmobiliarios

Al ingresar al Congreso, Digna Calle Lobatón declaró bienes por más de S/11 millones. Cada año se han ido reduciendo hasta llegar a un poco más de S/3 millones, en 2024. Al estar casada bajo el régimen de separación de bienes solo debe informar sobre su patrimonio personal.

 

En su declaración jurada de 2022, Calle Lobatón precisó que transfirió un departamento en Lince y otro en Surco, así como tres estacionamientos en este último distrito. Según los Registros Públicos, recibió USD 900.000 (S/3’438.000) por la venta de esos inmuebles. Esos ingresos no explican por qué ese año el valor del rubro “otros” se elevó de casi S/500.000 a más de S/12 millones.

Las partidas registrales de los inmuebles vendidos por Calle Lobatón revelan detalles inusuales. La congresista vendió el departamento en Lince por USD 80.000 (S/300.000) a pesar de que, en 2020, declaró que su valor de autovalúo era de S/1,5 millones. La compradora fue María Leticia de La Rosa Morote quien, en 2015, le vendió el mismo departamento a Calle Lobatón por USD 105.163 (S/334.000). De La Rosa había comprado la propiedad en 2010 a USD 15.000 (S/42.000).

Calle Lobatón vendió el departamento en Surco por USD 785.000 (S/2’990.000) y tres estacionamientos y un depósito por USD 35.000 (S/133.700). El comprador fue el Grupo Dafi Asociados, del cual es propietaria junto con su esposo. 

La empresaria adquirió ese inmueble en 2019 por USD 800.000 (S/ 2’680.000). En junio de 2024, el Grupo Dafi Asociados vendió el departamento por USD 667.000 (S/2’521.000) y los estacionamientos y el depósito por USD 33.000 (S/124.700).

En 2023, Calle Lobatón no solo declaró que el valor de sus bienes se redujo a casi la mitad sino que recibía S/0,01 soles de ingresos mensuales del sector público porque renunció a los S/31.000 de sueldo y otros beneficios del Congreso. La renuncia a su remuneración fue luego de los cuestionamientos por haber permanecido casi ocho meses en Estados Unidos, con una licencia sin goce de haber y ejerciendo su cargo de forma remota.

En 2023, Calle Lobatón no solo declaró que el valor de sus bienes se redujo a casi la mitad sino que recibía S/0,01 soles de ingresos mensuales".

Ese año, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento archivó dos denuncias contra Calle Lobatón por abandono de cargo presentadas por las congresistas Kelly Portalatino (Perú Libre) y Rosselli Amuruz (Avanza País), luego de que ambas las retiraron sin dar explicaciones. La Comisión de Ética también vio su caso, aunque solo aprobó una amonestación escrita.

VIAJERA. La congresista Digna Calle ha salido 25 veces a los Estados Unidos durante su labor parlamentaria.

Foto: Congreso de la República

 

El reporte de movimientos migratorios de Calle Lobatón evidencia que, desde el 29 de julio de 2021, ha salido 25 veces del Perú con destino a Estados Unidos, la última vez el 13 de diciembre de 2024. Viaja constantemente a ese país porque tiene propiedades allí y es accionista de la empresa inmobiliaria Dafi and Company LLC, creada el 25 de junio de 2021, en Florida. A pesar de eso, recién la incluyó en su declaración jurada de bienes y rentas en 2023.

Yeremi Espinoza Velarde e Irem Espinoza Calle, el esposo y la hija de Calle Lobatón, dirigen Dafi and Company LLC. Ambos registran direcciones en Florida. La congresista aparece como directiva inactiva, según el registro del Departamento de Corporaciones de Florida.

Desde su creación, Dafi and Company LLC ha comprado tres inmuebles en Florida, de acuerdo con informes periodísticos. Dos en 2021 (uno por USD 865.000 y el restante por USD 680.000, que vendió al año siguiente). En 2022, adquirió una vivienda por USD 875.000, en donde Calle Lobatón vive. Ese mismo año, su esposo compró un lote multifamiliar por USD 450.000 en el mismo estado. 

En Perú, la congresista reportó acciones en las cadenas de establecimientos médicos Grupo Dafi Asociados S.A.C., Dafi Salud S.A.C., y Dafi Medical S.A.C., aunque señala que la última nunca desarrolló actividades. Hasta 2021, fue gerente general en las tres empresas. Al ingresar al Congreso, su esposo la reemplazó en el puesto.

Espinoza Velarde fue congresista de Podemos Perú en el período 2020-2021 y es regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima por ese mismo partido desde 2023. Al igual que Calle Lobatón, ha solicitado licencias en el municipio por “temas personales” para viajar a Estados Unidos. 

En su declaración jurada de bienes y rentas de 2025, Espinoza Velarde informó que recibe ingresos mensuales de S/30.205 del sector privado y que tiene bienes y rentas por S/1'821.000. Además, precisó que dona a ollas comunes y otras organizaciones sociales los S/4.290 mensuales de dieta que recibe como regidor. 

Espinoza Velarde regaló a Calle Lobatón carteras de las marcas Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Prada y joyas cuyo valor económico la congresista declaró que no conoce, según figura en su declaración jurada del 2024.

En los últimos días se conoció que la Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares por el presunto delito de lavado de activos contra Calle Lobatón y su esposo, en base a un reportaje periodístico emitido en 2023 sobre sus negocios inmobiliarios. Sin embargo, el supuesto denunciante, Emerson Saavedra Vásquez, dijo que suplantaron su identidad.

A través de su asesor de prensa, este medio solicitó la versión de Calle Lobatón sobre sus movimientos por concepto de bienes y rentas que suman unos S/20 millones. Hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.

 

Sin propiedades ni empresas

Al iniciar su gestión parlamentaria, el abogado Héctor Valer Pinto declaró bienes por S/1’560.000 y S/5.662 en el rubro “otros”. Dos años después, reportó que el valor de los primeros se redujo a S/105.000 y el de los segundos aumentó a S/1’606.000 .

Según precisó en su declaración jurada de 2022, todos sus bienes estaban en proceso de declaratoria de herederos por la muerte de su esposa Ana María Montoya, el año previo. Eso no explica la reducción del valor de sus bienes y el incremento del rubro “otros” en 2023. De acuerdo con sus declaraciones juradas e información de la Sunarp, no realizó ninguna venta que le genere ingresos.

 

Las inconsistencias sobre el patrimonio de Valer Pinto se remontan a 2018, cuando fue candidato al Gobierno Regional de Lima por el partido Perú Nación. Tal como informó OjoPúblico, en esa ocasión declaró dos propiedades por un valor total de S/700.000, una en Francia y otra en Apurímac, y “unos terrenos comunales” en esta última región, aunque no detalló su valor. También reportó que tenía unos 2.000 libros valorizados en S/60.000 y una camioneta en litigio, que adquirió en 2008 por USD 25.000.

Sin embargo, al postular al Congreso por el partido Renovación Popular, en 2020, Valer Pinto declaró que su único bien era una camioneta valorizada en S/5.000, accidentada y en un taller mecánico, y que tenía ingresos anuales por S/52.084, aproximadamente S/4.300 mensuales. ¿Cómo fue posible que, un año después, apenas al inicio de su labor parlamentaria, declare bienes por más de S/1,5 millones e ingresos mensuales por más de S/30.000?

Al postular al Congreso en 2020, Valer Pinto declaró que su único bien era una camioneta valorizada en S/5.000, accidentada y en un taller mecánico".

Valer Pinto fue electo congresista por Renovación Popular. El mismo año que asumió su curul fue separado del partido y se unió a Somos Perú. En febrero de 2022, el exmandatario Pedro Castillo lo nombró presidente del Consejo de Ministros. Solo duró cuatro días, luego de que se hicieron públicas denuncias por violencia familiar presentadas por su esposa y una de sus hijas, en 2016. 

No eran las únicas denuncias contra Valer Pinto. Cuando postuló al Congreso figuraba como imputado en 10 investigaciones del Ministerio Público en Ucayali, Huaral y Lima. La Fiscalía Anticorrupción de Ucayali lo investigaba por concusión, corrupción de funcionarios  y peculado porque la Municipalidad de Pucallpa le habría concesionado irregularmente el camal municipal al consorcio Coincar, conformado por su empresa Ganadería El Pircal S.R.L.

ENDEUDADO. Las empresas del congresista Héctor Valer le deben miles de soles a la Sunat.

Foto: Congreso de la República

 

En junio de 2022, Valer Pinto fue detenido por la Policía. Tenía una orden de requisitoria por no presentarse a declarar en el Juzgado de Ucayali, que lo procesaba por el presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por dañar el ecosistema con las aguas residuales que generaba el camal municipal.

Valer Pinto tuvo participación en Ganadería El Pircal S.R.L. hasta 2021, aunque esta registró su baja en la Sunat en 2018. Otras cuatro empresas en las que ha declarado tener acciones también se encuentran de baja en la Sunat. Dos de ellas, además, tienen deudas con el Estado.

El Centro Jurídico Valer S.A.C. se encuentra de baja en la Sunat desde el 31 de enero de este año. Hasta el 24 de enero último, mantenía una deuda de S/2.398 con Essalud y de S/7.169 con la Oficina de Normalización Previsional (ONP). El Centro Jurídico Valer & Abogados S.A.C. está de baja desde el 31 de octubre de 2018. Tiene una deuda de S/7.865 con el tesoro público y de S/1.696 con la ONP. 

Cuando asumió su cargo de congresista, Valer Pinto detalló en su declaración jurada que él y su esposa tenían deudas por pagar ante la Sunat por S/32.306 y S/55.781, respectivamente. 

El parlamentario no posee ninguna propiedad inscrita en la Sunarp, en Lima, Apurímac y Ucayali. Tampoco figura que alguna vez haya tenido, vendido o transferido algún inmueble en esas regiones. En su última declaración jurada de 2024, consignó que sus bienes aumentaron a S/488.000 mientras que el valor del rubro “otros” creció a S/2’500.432.

Este medio buscó la versión de Valer Pinto. Una trabajadora de su despacho aseguró que devolvería la llamada. No ocurrió.

 

Menos bienes y acciones

Cuando María del Carmen Alva Prieto postuló al Congreso por Acción Popular declaró un cuantioso patrimonio en su hoja de vida. En 2020, tenía bienes inmuebles valorizados en S/634.072, mientras que en el rubro “otros” consignó S/17’308.826. Esta cifra incluía acciones por un total de S/892.929 en las empresas Global Concept Food Company S.A, Agrícola Huarmey S.A.C., Cemento Pacasmayo, Desarrollo Agrícola S.A.C. e Inmobiliaria La Esmeralda del Mar y ahorros por S/16’249.736.

Un año después, al iniciar su gestión en el Congreso, Alva Pietro declaró que tenía bienes por S/949.682. Asimismo, el monto en “otros” bajó hasta S/624.535. Su patrimonio se redujo en más de S/16 millones. En el caso de su participación accionaria, en sus declaraciones juradas de intereses solo consignó acciones en Global Concept Food Company S.A. 

Alva Prieto fue denunciada por el presunto delito de peculado por cargar a la cuenta del Congreso los pasajes aéreos de un viaje a Trujillo".

Su esposo, Eduardo Farah Bote, es el representante legal de Global Concept Food Company S.A. y de otras empresas donde Alva Prieto declaró que tenían acciones cuando era candidata al Congreso, como Agrícola Huarmey S.A.C., Desarrollo Agrícola S.A.C. e Inmobiliaria La Esmeralda del Mar.

 

En 2022, el valor de los bienes de Alva Prieto aumentó a S/1’584.283  pero en 2023 cayó a S/648.833. En su declaración jurada de bienes y rentas de un año antes, precisó que había transferido propiedades a su hija como adelanto de herencia. 

Actualmente, Alva Prieto registra tres propiedades en Sunarp: una casa en el distrito limeño de La Molina, otra en Lince y un terreno en Chorrillos. Las declaró cuando era candidata en 2020. Otras seis propiedades, dos inmuebles y cuatro estacionamientos, figuran como inactivas por haber sido transferidas o vendidas. 

En 2024, reportó que tenía bienes por S/644.576, mientras que la categoría “otros” subió a  S/2’116.192, aunque no hizo precisiones para explicar tal aumento.

INVESTIGADA. La congresista María del Carmen Alva fue denunciada por la Fiscalía por pagar un viaje personal con dinero público.

Foto: Congreso de la República

 

A pesar de sus cuantiosos bienes y rentas, Alva Prieto fue denunciada constitucionalmente por el presunto delito de peculado por cargar a la cuenta del Congreso los pasajes aéreos de un viaje a Trujillo en 2023 para celebrar el cumpleaños del congresista Diego Bazán (Avanza País). La denuncia, presentada por la Fiscalía de la Nación el 7 de enero de 2025, se encuentra para calificación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Al ser consultada sobre sus bienes para este reportaje, Alva Prieto respondió que “las declaraciones juradas reflejan el patrimonio conyugal, ya que estamos casados por bienes mancomunados. Cualquier otra interpretación es incorrecta”.

 

Transferencia de bienes

Cuando era candidato por el partido Renovación Popular, el vicealmirante en retiro, Jorge Montoya Manrique, declaró bienes por S/642.000 e ingresos anuales de S/168.276, un promedio de S/14.000 mensuales. 

En 2021, al asumir el cargo de congresista, renunció a su pensión de jubilación de S/8.573  en cumplimiento de la Ley Nº19846, que establece que los militares y policías retirados solo pueden recibir al mismo tiempo una pensión y un sueldo del Estado cuando uno de estos es por servicios de enseñanza en el sector público.

Montoya Manrique se quedó con los S/23.217 mensuales como congresista. Sin embargo, gracias a  las modificaciones a la Ley N.º 19846, publicadas en El Peruano el 14 de mayo de 2022, volvió a percibir su pensión militar. El parlamentario no incluyó ese ingreso en sus declaraciones juradas de ese año, del 2023 y del 2024.

 

Montoya Manrique es uno de los 11 congresistas miembros de la Comisión de Defensa 2021-2022 denunciados constitucionalmente por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, luego de haber emitido y aprobado el dictamen de la modificatoria de ley que permitió que los parlamentarios que eran militares retirados perciban simultáneamente un sueldo y una pensión, sin ninguna restricción ni límite del monto total.

La denuncia fue presentada por la Fiscalía de la Nación el 22 de enero de 2025 y se encuentra para calificación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Al postular al Congreso, Montoya Manrique reportó que tenía un departamento y tres estacionamientos en San Isidro, un predio en Bujama y otro en Cañete por un valor total de autovalúo de S/553.790. En sus declaraciones juradas de 2021 y 2022, declaró que sus bienes valían S/849.950. El primer año en el Congreso declaró S/359 en el rubro “otros”. Al año siguiente, la cifra subió a S/105.193. 

En el 2023, los bienes de Montoya Manrique se redujeron notoriamente de S/849.950 a S/96.420. El rubro “otros” bajó de S/105.193 a S/94.540. Ese año, el congresista inscribió en la Sunarp una adjudicación por sustitución de régimen patrimonial de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios, mediante el cual su esposa, María del Carmen Ruibal Muente de Montoya, quedó como única propietaria del departamento y los tres estacionamientos que ambos tenían en San Isidro, valorizados en más de S/300.000.

Cabrera Marchán advirtió que siempre deberían saberse los motivos de cualquier variación relativamente importante de patrimonios, hacia arriba o hacia abajo".

Desde marzo de ese año, en su declaración jurada de intereses, Montoya Manrique ha registrado un poder con el nombre de su esposa.

DOBLE SUELDO.  El congresista Jorge Montoya fue denunciado por la Fiscalía por el dictamen que le permite, a él y otros, percibir sueldo y pensión de manera simultánea. 

Foto: Congreso de la República

 

En 2024, Montoya Manrique declaró de nuevo S/96.420 por concepto de bienes. En “otros” registró S/152.360. Este es actualmente su único patrimonio.

OjoPúblico solicitó una entrevista con Montoya Manrique. A través de su asesor de prensa, respondió que no dará mayores detalles y que toda la información de las declaraciones juradas es de interés público y se encuentra en el portal del Congreso.

Los adelantos de herencia y las transferencias de bienes de funcionarios a terceras personas son prácticas legales que también suelen ser usadas por quienes podrían llegar a ser investigados por la Fiscalía y procesados por el Poder Judicial a fin de proteger sus patrimonios de medidas de embargo, según explicó el abogado Cabrera Marchán.

No está regulado en ninguna ley que los funcionarios tengan que justificar la disminución de sus bienes en sus declaraciones juradas, a menos que la Contraloría inicie un proceso de fiscalización de sus declaraciones juradas de bienes y rentas. Pese a ello, Cabrera Marchán advirtió que siempre deberían saberse los motivos de cualquier variación relativamente importante de patrimonios, ya sea hacia arriba o hacia abajo.