A diferencia de las comisarías, dedicadas a la prevención del delito, los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri) tienen la responsabilidad de investigar los crímenes comunes y complejos, entre ellos la extorsión y el homicidio. En regiones, estas unidades desconcentradas de la Policía Nacional del Perú (PNP) también están facultadas para perseguir a las organizaciones criminales. 

Sin embargo, esta investigación de OjoPúblico, basada en el análisis de reportes del Tribunal de Disciplina Policial emitidas, entrevistas a oficiales y visitas a estas unidades expone que las entidades policiales que deberían luchar contra el crimen urbano están presupuestalmente desmanteladas e infiltradas con efectivos que tienen vínculos con presuntas bandas u organizaciones criminales.

La precarización de las instalaciones fue alertada en 2018, por la entonces dirección de la Defensoría del Pueblo, cuando uno de sus informes reveló –tras recorrer 56 de los 74 de estas unidades– el alto nivel de precarización en las instalaciones. Pero la situación, no cambió, a pesar del incremento simultáneo de la violencia urbana.

Diversas fuentes policiales entrevistadas para esta investigación en Lima —que solicitaron la protección de su identidad ante posibles represalias—, explicaron que los miembros de estas unidad deben usar sus propios equipos (desde computadoras, impresoras y equipos móviles), pagan su propio servicios de Internet y emplean sus autos personales para cumplir sus labores. 

“Hace poco capturamos a una persona que estaba extorsionando, lo hemos capturado con drogas y armas. Lo hemos hecho a pesar de que somos pocos y no contamos con apoyo logístico”, contó un policía. 

El presupuesto asignado a los Departamentos de Investigación Criminal de Lima en 2025 se redujo 40% en comparación a 2023".

OjoPúblico accedió al presupuesto asignado para estas unidades de la Región Policial Lima y de La Libertad [la tercera región más violenta del Perú] de los últimos siete años, así como el presupuesto de apertura del 2025. Las cifras exponen que el monto asignado para la primera sufrió una disminución de poco más de S/3 millones entre 2023 y 2024. En la segunda, en tanto, la asignación aumentó solo S/184.390 en el mismo periodo, pese al avance de la criminalidad.

Los montos para este año —aunque pueden presentar modificaciones en los próximos meses— son todavía menores. En el caso del presupuesto para los Deprincris de Lima, lo asignado se redujo en poco más de S/4,7 millones en comparación a 2023, esto es un 40,6%. En La Libertad, mientras tanto, el presupuesto para este año disminuyó 4% con respecto a 2024. 

En los últimos dos años, el Gobierno no destinó ningún presupuesto a los 26 Depincris de Lima Metropolitana para computadoras, mobiliario, vestuario, máquinas y equipos, servicio de telefonía móvil, entre otros. Lo mismo ocurrió con la Región Policial de La Libertad. 

Otro problema que afecta a estas unidades, según fuentes entrevistadas, es la escasez de personal —sobre todo agentes especializados en criminalística e inteligencia—. Actualmente, indicaron, la unidad está conformada mayoritariamente por policías jóvenes y sin ningún tipo de experiencia. 

Lima y La Libertad son las dos regiones que registran más asesinatos en 2024: 844 y 274, respectivamente, de acuerdo al Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). La Libertad tiene, además, la mayor tasa de extorsiones en el Perú: el año pasado llegó a un pico histórico de 5.067 denuncias por este delito, según el Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol).

“[Los Depincris] son una de las [unidades policiales] más importantes porque trabajan de manera desconcentrada (...)  Creo que las limitaciones, principalmente, de logística y de tecnología terminan dificultando su labor. Esto evidencia una débil mirada estratégica [de las autoridades]”, dijo Frank Casas Sulca, experto en políticas de seguridad y crimen organizado.

 

A este problema se añade la infiltración del crimen. OjoPúblico analizó 141 resoluciones del Tribunal de Disciplina Policial emitidas el año pasado y halló que, al menos, 224 efectivos de esta unidad fueron investigados a nivel disciplinario por hechos graves y muy graves.

El propio ministro del interior, Juan José Santivañez, reconoció la reubicación de 120 efectivos de los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri) y de las unidades de inteligencia de la Policía de Trujillo debido a los indicios de vínculos con organizaciones criminales. 

Pese al aumento de la violencia urbana y la extorsión, que llegaron a un punto de quiebre con el reciente atentado a la sede de la Fiscalía en Trujillo, la presidenta Dina Boluarte se ha mostrado reacia a las críticas y ha decidido, en cambio, atacar a las organizaciones que defienden los derechos humanos en casos como los asesinados de personas en la violenta represión policial y militar del 2022 y 2023. 

 

La infiltración del crimen  

La precarización no es el único problema que afecta la labor de este departamento especializado. A ella se suma la constante presencia de policías vinculados a bandas criminales. OjoPúblico identificó que por lo menos 224 efectivos de los Departamentos de Investigación Criminal fueron investigados por faltas graves y muy graves, de acuerdo al análisis de 141 resoluciones del Tribunal de Disciplina Policial, emitidas en el 2024.

Lo más grave es que de este grupo, 14 agentes fueron procesados por vínculos con presuntas bandas u organizaciones criminales: seis de ellos fueron pasados al retiro y uno recibió una sanción simple. Los siete restantes aún continúan con un proceso abierto, luego de que el Tribunal decidiera retornar sus casos a la etapa preliminar. 

De los 224 investigados, 91 recibieron alguna sanción, 60 fueron absueltos y los procesos de 11 se archivaron. Asimismo, 67 expedientes retornaron a la etapa de diligencias preliminares. Cinco de los efectivos investigados estuvieron involucrados en más de un proceso. Las regiones con más investigaciones son Lima (114) y La Libertad (20). Le siguen Ica (16), Piura (11) y Ayacucho (10).

 

En los últimos meses se han detectado una serie de casos policías oficiales y suboficiales acusados de pertencer a bandas del crimen. En setiembre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur también detuvo a 10 agentes que integraban los Departamentos de Investigación Criminal de Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Arequipa. El Ministerio Público los acusa, en base a la evidencia, que serían parte de la presunta organización criminal "Los Arteros del Sur", dedicada a montar operativos ficticios y vincular a detenidos con pruebas falsas y luego extorsionarlos. 

En abril de 2024, la Dirección contra la Corrupción de la PNP detuvo a cuatro miembros de la oficina de Lima Cercado, incluído a su jefe, por el presunto cobro de coima a un detenido. Y, en julio del año pasado, el Ministerio Público intervino el Depincri de Comas y detuvo a cuatro efectivos por supuestamente haber solicitado dinero a un detenido a cambio de bajar el pesaje de la droga encontrada en su posesión. 

Para Rubén Vargas Céspedes, exministro del Interior y experto en crimen organizado, esta medida es cuestionable debido a que no se debe permitir que efectivos con estos antecedentes continúen en la institución. “Lo que tendrían que haber hecho [las autoridades] es dar la relación de los policías, procesarlos, ponerlos a disposición del Ministerio Público y expulsarlos”, indicó. 

 

Precarización histórica

En la práctica, los miembros de los Departamentos de Investigación Criminal realizan la recolección de evidencias, el control de la cadena de custodia, la toma de declaraciones, allanamientos, detenciones y solicitud de pericias. Además, hacen labores de inteligencia para desbaratar organizaciones y bandas criminales. Todo, de manera coordinada con la Fiscalía. 

En 2018, la Defensoría del Pueblo supervisó 56 Depincris de las 74 sedes que había, en ese entonces, en todo el país. 

En 2018, la Defensoría identificó falta de equipos, infraestructura y personal en los Depincris del ámbito nacional".

La inspección reveló la precariedad de la unidad: el 70% no tenía equipos criminalísticos (cámaras fotográficas, bolsas para recojo de cadáveres, cintas de seguridad, flexómetro, etc.), la mitad de sus vehículos estaban inoperativos, cinco Depincris no tenían ningún vehículo, el 16% de las oficinas tenían infraestructura en mal estado y el 82% no contaba con médicos legistas suficientes para cumplir con la demanda. 

El informe, a cargo del Programa de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales de la Defensoría, también evidenció que el 68% de los locales visitados eran alquilados o en comodato. Solo un 13% se encontraba en estado óptimo.

UNIDAD. Los miembros de los Depincris investigan casos de delitos comunes y complejos, como extorsión y homicidio. 

Foto: Policía Nacional del Perú

 

Un informe del propio Ministerio del Interior (Mininter) de 2023 reveló que 14 instalaciones de Depincris del ámbito nacional tenían una antigüedad de entre 41 y 60 años; dos, de 61 a 80 años, y una, de 81 a 100 años. 

Además, el 73% de los Depincris visitados por la Defensoría carecía de ambientes exclusivos para recibir denuncias y declaraciones de las víctimas. Mientras que un 78% de las oficinas visitadas no tenían depósito de custodia de evidencias. 

Con respecto a los vehículos, el informe reveló que tres oficinas de los Depincris de Lima (Carabayllo, Lurín y San Miguel) y dos en Ucayali y Madre De Dios no contaban con ninguna camioneta, auto o moto operativa.

 

Recursos mínimos

Pese a su relevancia, los Depincris han sido afectados por decisiones de altos mandos y el ministro, según fuentes policiales consultadas. En los últimos años, pasaron de estar bajo la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) a depender de las regiones y frentes policiales. Hasta 2023 había 70 oficinas en el ámbito nacional.

“Antiguamente, dependíamos de la Dirincri [unidad de la Dirnic] y teníamos más apoyo, había más logística, pero ahorita estamos en la región policial y te agarran para cualquier servicio y no puedes investigar. Entonces, eso merma al personal”, indicó un policía que pidió no ser identificado. 

A este cambio estructural se suma la inestabilidad presupuestal. De acuerdo a información proporcionada por la Región Policial de Lima, el monto asignado a las Depincris de la capital disminuyó de S/11,5 millones, en 2023, a S/8,5 millones, el año pasado. Para este 2025 se ha presupuestado S/6,8 millones, aunque el Gobierno aún puede modificar la cifra. 

En lo que respecta a computadoras, mobiliario, vestuario, productos químicos, equipos de telecomunicaciones, máquinas y equipos y servicio de telefonía móvil no se ha hecho ninguna asignación en los últimos dos años. Este 2025 la situación es la misma. “Intervenimos por caso de drogas, y no tenemos reactivos para determinar fehacientemente en ese momento que se trata de alcaloide de cocaína, cannabis sativa [u otra drogas]”, dijo un agente.

REDUCCIÓN. La Región Policial de Lima informó que en 2024 se redujo el presupuesto de los Depincris más de S/3 millones en comparación con el 2023.

Foto: Archivo/ Andina

 

En ese contexto, deben usar sus propios equipos y mobiliario, como laptops, impresoras, mesas, teléfonos, e, incluso, sus propios autos aseguraron policías consultados por OjoPúblico. De igual modo, señalaron, que algunos Departamentos de Investigación Criminal tienen apenas uno o dos vehículos operativos.

Otra fuente indicó que tampoco cuentan con unidades de transporte para realizar trabajo de inteligencia. Es decir, autos comunes, que no sean identificados por los delincuentes.

Según la información enviada por la PNP, el presupuesto de 2024 para las categorías relacionadas a vehículos suman solo S/23.152. Este año se asignó poco más de S/150.000.

Agentes informaron que tienen que usar sus equipos y hasta sus vehículos para realizar operativos".

Desde la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP informaron que, en los últimos dos años, a través de su unidad ejecutora, destinaron un presupuesto por año para la compra de “vehículos todoterreno” para los Depincris de Lima y Callao. Los montos varían desde los S/29.965 hasta los S/93.834. En la información enviada no se precisa el criterio de elección de las sedes. Este dinero es adicional a lo que reportan las regiones policiales, responsables de los Depincris. 

De acuerdo con esta dirección, el dinero fue enviado a los Departamentos de Investigación Criminal de Independencia y Los Olivos. También a los de Puente Piedra, Carabayllo, Comas, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Mala, Lima Cercado, Villa El Salvador, El Agustino y Bellavista. 

LOCAL. La sede del Depincri de Breña - Pueblo Libre se ubica en el segundo piso de la Comisaría de Breña.

Foto: OjoPúblico / Abel Cárdenas

 

Además, el pasado 24 de enero, el ministro del interior Juan José Santivañez informó que había recibido la donación de 26 vehículos de la Municipalidad de Lima, que serían entregados a los Depincris. Sin embargo, hasta ahora, no se ha confirmado si ya fueron distribuidos.

Asimismo, por medio de fuentes de la PNP, OjoPúblico conoció que algunas sedes de Lima todavía funcionan en locales alquilados, casas donadas por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) o en las mismas sedes de las comisarías. 

Lo mismo sucede en La Libertad, donde el pasado 20 de enero se produjo un atentado con explosivos contra la sede de la Fiscalía. El presupuesto de 2023 fue de S/1’726.378. En 2024 aumentó un 10% (alcanzó  S/1’910.768). Para 2025 se esperaba un nuevo incremento debido al contexto de criminalidad. No obstante, cayó 4%, hasta S/1’825.751 millones. Ese monto, no obstante, aún puede modificarse. 

Lima y La Libertad son las dos regiones que registran más asesinatos en 2024, según el Sinadef".

Como en Lima, desde 2023, no han recibido presupuesto para servicio de telefonía móvil, calzado, alimentos ni bebidas. Estos temas tampoco han sido contemplados en el presupuesto de este año. OjoPúblico solicitó una entrevista con un vocero del Ministerio del Interior y de la PNP. El primero no contestó. La PNP indicó que el personal estaba concentrado en sus actividades y no podría brindar entrevistas.