
Entre gritos y una carrera veloz, Juan Carlos Venegas Oliva, de 60 años, y su esposa interrumpieron su tranquila noche de mirar la televisión y abandonaron su casa alarmados. Un bombazo los sorprendió. Los vidrios no dejaban de caer. Sus vecinos estaban en la calle, igual de asustados. “Hubo un estruendo que pareció un terremoto, hizo remecer todo”, cuenta.
Una línea de humo que salía desde otra calle lateral les hizo entender, rápido, lo que había ocurrido. Desde la esquina, a unos metros de su casa, vieron los destrozos que había dejado la detonación de explosivos en la sede principal del Ministerio Público de Trujillo, capital de La Libertad. Eran las 12:26 de la madrugada del lunes 20 de enero.
Desde la época de la violencia terrorista, era la primera vez que una entidad pública sufría un atentado con dinamita. Los peritos de la Oficina de Criminalística de la Región Policial reconocieron el explosivo empleado: se trataba de varios cartuchos de dinamita utilizadas en la actividad minera.
Este ataque representa un hito en la escalada de la violencia criminal que experimenta La Libertad y el Perú durante los últimos años. Aunque, como muestran los hechos y los datos analizados por este equipo periodístico, el sicariato, las extorsiones y las amenazas de detonaciones de explosivos han ido en aumento en varias ciudades del país, siendo esta región del norte peruano uno de los focos de la violencia urbana.
En solo siete años, la tasa de homicidios en La Libertad se triplicó: pasó de 69 asesinatos por cada 100.000 habitantes, en 2017; a 240, el año pasado. Estas cifras la convierten en la tercera región con la mayor tasa del país, según un análisis de OjoPúblico a datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).
Solo la superan Madre de Dios —foco de la minería ilegal y el tráfico de madera — y Tumbes —una zona de frontera, atractiva para diversas actividades ilícitas, como el contrabando y el tráfico de armas—.
Si se observa la cantidad de homicidios la situación es peor: La Libertad es la segunda región que registró más asesinatos en todo el país (274), después de Lima (844) en 2024.
El ascenso de estos indicadores en la región gobernada por César Acuña Peralta —fundador de Alianza para el Progreso y quien ha ocupado altos cargos por casi dos décadas— coincide con la diversificación de actividades por parte de las bandas criminales instaladas en la zona. Su principal impulso, en los últimos años, ha sido la minería ilegal.
Explosivos de la minería
Ángel Santoyo Puicón, técnico PNP de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) de Trujillo, explica que los artefactos detonados contra el Ministerio Público de Trujillo tenían una particularidad: eran dinamita amarilla, la que se emplea para la minería.
“Esa dinamita causa mayor destrucción y se utiliza para las excavaciones en roca, para destruir algún cerro y encontrar oro”, contó. Otras dos fuentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo consultadas por OjoPúblico coincidieron con él.
La onda expansiva del ataque destrozó las ventanas y puertas de 23 viviendas aledañas, según un equipo técnico de emergencia del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, según los cálculos de Juan Carlos Venegas Oliva, alcalde vecinal de San Nicolás, la urbanización donde se ubica la sede fiscal, los inmuebles dañados llegan a 40.
La explosión también destrozó vidrios y marcos de ventanas del hospital de Essalud Albrecht, a espaldas del edificio del Ministerio Público, así como algunos pabellones de la Universidad Nacional de Trujillo, en frente de la sede fiscal, y a solo tres cuadras de la plaza de Armas de Trujillo.
Rubén Vargas Céspedes, especialista en crimen organizado, señala que este atentado coincide con una ola de criminalidad, que incluye ataques con armas largas, granadas y dinamita común a empresas de transporte público y comercios.
“No es un hecho coyuntural o aislado. [Pero] lo que hemos visto en Trujillo es un punto de quiebre. El nivel de sofisticación [de este ataque] no guarda relación con los explosivos que los extorsionadores lanzan cotidianamente”, dijo en entrevista con OjoPúblico.
PUNTO DE QUIEBRE.Para Rubén Vargas, el atentado con explosivos contra el Ministerio Público, es un punto de inflexión: la claudicación del gobierno al enfrentar el crimen organizado.
Video: OjoPúblico / Giuseppe Vicente
La relación de las bandas dedicadas al sicariato con las de minería ilegal ha permitido esa sofisticación en el ataque a la que hace referencia Vargas Céspedes. Además, hace casi un año, el Congreso aprobó una ley que, entre otras cosas, permite el uso de explosivos sin restricciones en la minería informal.
De pandillas a organizaciones criminales
En La Libertad, bandas como Los Pulpos iniciaron su negocio criminal a través de la extorsión a taxistas y conductores de mototaxis. Con el tiempo, las víctimas se multiplicaron porque los grupos criminales también incursionaron en otros delitos.
En los últimos siete años, las denuncias por extorsión se quintuplicaron en la región, de acuerdo a un análisis de OjoPúblico a datos del Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol): de 976, en 2018, aumentaron a 5.067, en 2024. Para entonces, alrededor de 240 personas cada 100.000 habitantes eran víctimas de extorsión en La Libertad, según datos oficiales.
Los primeros registros policiales de Los Pulpos datan de finales de los años 90, cuando estos practicaban la modalidad del cobro de cupos a transportistas que circulaban en el sector Cruz Blanca, distrito de El Porvenir, Trujillo. Así lo documenta Jorge Nureña Plasencia, historiador y autor del libro Esta bala lleva tu nombre: del hurto a la extorsión en Trujillo.
Hoy, Los Pulpos es una organización criminal que ha cobrado notoriedad mediática por sus acciones violentas y su expansión a varias provincias de La Libertad, otras regiones del Perú e, incluso, en Chile y Argentina.
“Desde que empezaron a ser bandas organizadas dedicadas a diferentes delitos, como el robo o la extorsión, la Policía les ha dado varios golpes, pero aprenden de sus errores, se fortalecen y se diversifican en otros delitos, como el tráfico de terrenos o los secuestros”, explicó Nureña Plasencia a OjoPúblico.
Así como Los Pulpos, otros grupos criminales, como La Jauría o Los 80, empezaron también a perpetrar delitos, principalmente el de la extorsión.
Para el historiador Jorge Nureña Plasencia, el primer gran salto en este tipo de pandillas se produjo el 27 de febrero de 2005. Ese día, ocho personas, presuntamente integrantes de una banda, fueron asesinados por sicarios de otro grupo rival. Las víctimas estaban tomando licor en una chichería del distrito La Esperanza.
“La misma naturaleza del crimen brindó un cierto estatus a los delincuentes y bandas que los perpetraron”, anota el historiador. Los Pulpos fueron los principales aliados para ejecutar este crimen, cuyo trasfondo era la disputa por el negocio de la extorsión a empresas de transporte público, agrega.
Ese hecho de violencia “no se había visto nunca en la criminalidad común [de Trujillo]. Y es lo que produjo que la comisión de asesinatos entre bandas se volviera más común y cotidiana”, explica Nureña Plasencia.
Otro detalle característico del ascenso de las bandas criminales es el uso de stickers o calcomanías sobre los bienes de sus víctimas. Así los marcan. En Trujillo, muchos taxis y negocios tienen pegado sobre sus ventanas o fachadas la figura de un puma, la cual representa a la organización criminal La Jauría. Calcomanías con otras figuras representan a otros grupos criminales.
En junio del año pasado, a cuatro cuadras del Ministerio Público, el conocido restaurante Doña Peta fue amedrentado con la detonación de dinamita. Fuentes policiales confirmaron que los dueños estaban siendo extorsionados. Tres meses después, el mismo local lucía el sticker de un puma amarillo.
Sicariato y minería ilegal
El negocio de la extorsión también llevó a las bandas a contratar asesinos a sueldo, conocidos como sicarios, para amedrentar a las víctimas y familiares y, de ese modo, cumplan con el pago de cupos.
El sicariato es ejercido mayormente por menores de edad, como en el caso de Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, alias Gringasho, señala Julio Corcuera Portugal, especialista en seguridad ciudadana y autor de Criminalidad y violencia juvenil en el Perú.
“Gringasho fue el síntoma de un problema mayor. Si una persona tiene una enfermedad y esta le causa heridas, lo grave no son las heridas, sino la razón que las generan”, explica Corcuera Portugal.
Hace más de una década, el especialista advirtió que factores como la desigualdad, la estigmatización o la segmentación residencial dentro de la provincia de Trujillo alimentaban la generación de este tipo de perfiles.
“Gringasho nunca fue el más violento ni el más avezado. Había otros sicarios juveniles que eran peligrosos y nadie conocía. La diferencia es que de él hay evidencia en vídeos. Cuando Gringasho fue detenido, el sicariato juvenil no desapareció”, dice Corcuera Portugal.
Otro gran salto de la criminalidad común es su vínculo con la minería ilegal, en 2020. Según Javier Méndez Yupanqui, exjefe de la Divincri de La Libertad, miembros de las organizaciones criminales de Trujillo se trasladaron hacia Pataz, en la sierra de la región, para trabajar con los mineros ilegales.
Pataz es la provincia liberteña que, al igual que Trujillo, se encuentra en estado de emergencia por su índice de criminalidad. “Con la pandemia, las bandas dedicadas al robo y la extorsión fueron a prestar seguridad y protección a los ‘parqueros’ o mineros ilegales”, cuenta Javier Méndez Yupanqui.
PATAZ.Organizaciones criminales de Trujillo han llegado hasta la provincia liberteña, según Javier Méndez Yupanqui, exjefe de la Divincri de la región, y mantienen vínculos con la minería.
Foto: Andina
Este encuentro entre miembros de las bandas que ejercían el robo y la extorsión con los denominados ‘parqueros’ de la minería ilegal, en la sierra liberteña, significó una evolución criminal.
El historiador Nureña Plasencia indica que esa fue la razón por la que las organizaciones criminales se tornaron más violentas al extorsionar. “Hasta antes de la minería ilegal, cuando intimidaban a sus víctimas por cupos, era a balazos en la puerta. Pero, al aparecer, con la minería aprendieron a utilizar explosivos”, cuenta.
La provincia de Pataz ha sido escenario de constantes hechos de violencia. Allí, uno de los principales focos de ataque ha sido Minera Poderosa. Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la empresa, contó a OjoPúblico que, hasta mediados de diciembre, la escalada de violencia incluyó asesinato de 18 trabajadores y la voladura de 16 torres de alta tensión.
En las últimas semanas, Pablo de la Flor también ha señalado pérdidas cercanas a los USD 300 millones en el primer semestre de 2024, principalmente a causa de robos por parte de la minería ilegal en sus concesiones. “Los cálculos que hemos hecho es respecto de la salida de volquetes cargados de mineral de nuestras propias concesiones”, señaló a Gestión.
La carga de dinamita en una caja de delivery —como se aprecia en el video de una cámara de seguridad—, que es arrojada al jardín de la sede principal del Ministerio Público de Trujillo y, luego, detonada de manera remota es una muestra de la evolución de las bandas en La Libertad.
William Rabanal Palacios, ex fiscal provincial titular penal corporativo de Trujillo, cree que este atentado marcará el inicio de una mayor violencia en la capital de La Libertad y en el Perú. “La delincuencia común ahora ha dado un paso más, ya empezó a atacar a las instituciones, con esto le perdió el miedo a las autoridades”, sostiene.
Desde julio de 2024, Rabanal Palacios está designado como fiscal adjunto supremo provisional transitorio en la Segunda Fiscalía Suprema Penal, en Lima. En su paso por Trujillo investigó a bandas como Los Pulpos.
Apresuramiento
El último miércoles, la fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, lamentó que se haya revelado información sobre las investigaciones de los presuntos responsables del ataque a la sede de su institución, en Trujillo. El mismo día del atentado, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, había dicho a la prensa nacional que se había identificado al autor intelectual.
“Fue dejado un artefacto explosivo específicamente para amedrentar el trabajo de la fiscal [Jennifer] Ludeña, quien tiene a su cargo la sustentación de una ampliación de prisión preventiva contra una organización criminal llamada Los Compadres. Es más, el líder de la organización, conocido como ‘Pequeño’, se ha atribuido este accionar criminal”, declaró Santiváñez en conferencia de prensa.
‘Pequeño’ es el alias de Jimmy Larry Bazán Valderrama, cabecilla de la banda Los Compadres y recluido en el penal de Huacariz, en Cajamarca. Este grupo criminal empezó a operar en el distrito La Esperanza, en Trujillo, y se dedica también a la extorsión.
El general PNP Guillermo Llerena Portal, jefe de la Región Policial La Libertad, se niega a confirmar lo dicho por el ministro Santiváñez. “Va por esa línea, más o menos, pero está en proceso. No podemos entorpecer las investigaciones”, dijo al ser consultado por OjoPúblico.
La hipótesis de su equipo, según conoció este medio, se basa en la creación de una alianza entre Los Compadres y Los Pulpos “con la finalidad de amedrentar e intimidar a los fiscales para que dejen de cumplir con su trabajo”.
El jueves, luego de una reunión de gabinete en Lima, el ministro Santiváñez informó que se había detenido a cinco involucrados en el atentado: Héctor Alejandro Oliveros Tablante, Camila Cristina Foglia Becerra, Erotides Eugenio Mercedes Calderón, Carmen Flor Castillo Rosario y Juan Carlos Valera Barros.
Contra Castillo Rosario, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva. De 43 años, Castillo Rosario es investigada por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de municiones. En su vivienda hallaron municiones y dos cacerinas, celulares y un croquis de la sede fiscal, según información de RPP Noticias.
Sin embargo, el general PNP Llerena Portal afirma que solo son cuatro los detenidos por el atentado. Otras dos personas, asegura, están “identificadas y en proceso de búsqueda”.
La detención de los implicados se realizó en flagrancia delictiva, cuyo plazo vence en las 24 horas siguientes del momento en que se produjo el delito. El fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, Alejandro Urtecho Navarro, lo indicó así el miércoles 22 de enero, cuando sustentó un pedido de ampliación de detención judicial ante la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
Luego del atentado a la Fiscalía se produjeron en cuatro días seis casos de extorsión con dinamita a pequeños negocios en Trujillo".
Los Pulpos —la pandilla que en los años 90 se dedicaba a la extorsión y otros delitos— está incluida en la investigación. ¨El general PNP Llerena Portal considera que más miembros de este grupo criminal pueden estar involucrados en el ataque.
Por su parte, la fiscal de la nación Delia Espinoza dijo en Trujillo que “las organizaciones criminales se sienten liberadas o confiadas con el debilitamiento de algunas normas, como la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Eso trae consecuencias: la criminalidad siente que puede actuar impunemente”, señaló.
La ley 32181, que elimina la detención preliminar en casos de no flagrancia, fue promulgada el 11 de diciembre por el gobierno de Dina Boluarte. Luego, antes los cuestionamiento de la opinión pública, el Congreso aprobó un proyecto de ley para restituirla, pero el Ejecutivo ha decidido observar la norma en lugar de promulgarla. Actualmente, la ley está siendo evaluada nuevamente por la Comisión de Justicia del Congreso.
“Lo que más temo es que, desde ahora, [estas bandas] empiecen a atacar selectivamente a jueces, fiscales o efectivos policiales. Lo que pasa es que, cuando a la delincuencia no se la frena, su grado de violencia es más feroz, más endiablada y va en ascenso”, advierte el fiscal penal William Rabanal Palacios.
Desde el atentado contra el Ministerio Público, los trujillanos no han dejado de enfrentar amenazas con explosivos. En solo cuatro días, la Policía detectó seis casos de extorsión a pequeños negocios con dinamita. Uno de ellos se ubica a media cuadra de una base de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), en el distrito de El Porvenir.