FISCALIZACIÓN. OSCE emitió, al menos, 49 sanciones entre febrero de 2023 y noviembre de 2024 que involucran a parientes de actuales congresistas.

Fuera de la ley: familiares de 20 congresistas sancionados por contratar con el Estado

Fuera de la ley: familiares de 20 congresistas sancionados por contratar con el Estado

FISCALIZACIÓN. OSCE emitió, al menos, 49 sanciones entre febrero de 2023 y noviembre de 2024 que involucran a parientes de actuales congresistas.

Composición: OjoPúblico / Gianella Rojas

Al menos, 21 parientes de 20 legisladores o sus empresas fueron sancionados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), entre febrero de 2023 y noviembre de 2024, por contratar con entidades públicas pese a estar impedidos por ley. Fuerza Popular, Bloque Magisterial y Podemos Perú son las bancadas con más familiares que infringieron la norma. De los 49 casos analizados por OjoPúblico, dos terminaron con la inhabilitación definitiva del proveedor.

26 Enero, 2025

Con la colaboración de Jonathan Hurtado y Gianfranco Huamán

 

Familiares de, al menos, 20 congresistas fueron sancionados en los últimos dos años por el Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿La razón? Dichos proveedores o sus empresas contrataron con entidades públicas —como municipalidades, ministerios o gobiernos regionales— pese a estar impedidos por ley. 

En noviembre pasado, OjoPúblico informó que 38 hermanos, hijos, cónyuges y otros parientes de hasta segundo grado de consanguinidad de 30 legisladores habían hecho contrataciones con el Estado entre julio de 2021 y octubre de 2024, aunque eso está prohibido. El monto comprometido ascendía a S/1’051.611.

Ahora, este medio encontró que 21 familiares de congresistas —o empresas donde son accionistas o tienen un rol directivo— fueron sancionados por contratar de manera indebida con instituciones estatales, entre febrero de 2023 y noviembre último.

Fuerza Popular, Bloque Magisterial y Podemos Perú son las bancadas con más familiares o empresas sancionadas". 

Este grupo involucra a parientes hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad de los funcionarios públicos. Es decir, a hermanos, abuelos, padres, hijos y nietos, así como familiares de su cónyuge. 

Estas personas se encuentran impedidas de proveer al Estado, sea como participantes, postores, contratistas o subcontratistas. La prohibición rige, incluso, hasta 12 meses después de que el parlamentario haya dejado el cargo, según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, de Contrataciones del Estado. 

Fuerza Popular, Bloque Magisterial de Concertación Nacional y Podemos Perú son las bancadas con más familiares o empresas sancionadas por tener un vínculo contractual con entidades públicas durante el actual periodo parlamentario. La primera agrupación política registra cinco proveedores sancionados. La segunda, cuatro; y la tercera, tres.

 

Las bancadas y los proveedores

A partir de la revisión de resoluciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) e información proporcionada por la entidad, OjoPúblico determinó que 21 familiares de legisladores o empresas donde ellos son accionistas o miembros de los órganos de administración fueron sancionados, entre febrero de 2023 y noviembre de 2024.

En ese periodo, el Tribunal de Contrataciones del Estado —última instancia administrativa del OSCE— emitió, al menos, 49 resoluciones de sanción a estos proveedores por infringir la Ley de Contrataciones del Estado

De estas, 47 concluyeron en inhabilitaciones temporales por tres, cuatro y cinco meses. Las dos restantes terminaron con la inhabilitación definitiva del proveedor.

Viñeta familiares congresistas sancionados_OjoPúblico_Claudia Calderón

 

Durante los procesos administrativos, a los familiares de los legisladores —o a sus empresas— también se les imputó haber presentado información inexacta en su declaración jurada. Esto teniendo en cuenta que, ante la entidad convocante del servicio, negaron tener impedimentos de contratación. Esa infracción se confirmó en 13 casos. 

“En general, las personas que tienen contrataciones de orden de servicio de menos de 8 UIT [Unidades Impositivas Tributarias] deben firmar declaraciones juradas, incluso, de que no tienen familiares trabajando en la institución. [Esto] para no incurrir, no solo en impedimentos, sino en potencial nepotismo”, explica Karla Gaviño Masías, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

El análisis de OjoPúblico considera 49 sanciones administrativas. Los contratos implicados en estos procesos —en su mayoría, órdenes de bienes y servicios— suman S/460.467 y se emitieron entre agosto de 2021 y diciembre de 2022. Es decir, luego de instalado el actual Congreso. 

Alegría

PROCESO. Además de la contratación con el Estado, los proveedores fueron imputados de presentar información inexacta al negar que se encontraban impedidos.
Foto: Captura resolución del OSCE

 

Las resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado corresponden a 21 proveedores. Cinco de ellos tienen vínculos con legisladores de Fuerza Popular. Cuatro están ligados a parlamentarios del Bloque Magisterial, otros tres a Podemos Perú, y dos a Honor y Democracia.

En paralelo, Somos Perú, Perú Libre, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Bloque Democrático Popular, Alianza Para el Progreso, Acción Popular, Renovación Popular y los no agrupados tienen un pariente o empresa sancionada en cada caso. 

Según las resoluciones, los cinco proveedores sancionados con vínculos con Fuerza Popular son Corporación Jesucristo Cautivo S.R.L.; Confecciones Herrera S.R.L.; Víctor Antonio Alegría García; Julio César y José David Revilla Villanueva.

El primer proveedor tiene como accionistas a los padres de la parlamentaria Tania Ramírez García: Doris Lidia García Hernández y José Antonio Ramírez García. En el segundo figura como accionista Glicerio Ulises Herrera Torres, cuñado de la legisladora Mery Eliana Infantes Castañeda, según su declaración jurada de intereses.

 Al menos, 21 familiares de legisladores o sus empresas fueron sancionados, entre febrero de 2023 y noviembre de 2024".

Víctor Antonio Alegría García, en tanto, es hermano del parlamentario Luis Arturo Alegría García. Los dos últimos casos, mientras tanto, corresponden a los hermanos del congresista César Manuel Revilla Villanueva: Julio César y José David, cuyos contratos fueron detallados por OjoPúblico en un informe previo.

Según la Ley de Contrataciones del Estado, el impedimento para contratar con entidades públicas también rige para las personas jurídicas donde los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad tienen o tuvieron una participación superior al 30% del capital o patrimonio social hasta 12 meses antes de la convocatoria del proceso de selección. 

Lo mismo ocurre si los familiares integran órganos de administración, son apoderados o representantes legales de personas jurídicas. La norma, no obstante, pronto será reemplazada en su totalidad. 

En su lugar, regirá la Ley de Contrataciones Públicas N° 32069, cuyo reglamento se publicó el 22 de enero pasado. Esta nueva norma se aplicará desde abril.

Pleno_Congreso

INFRACCIÓN. Desde el 28 de julio de 2021, al menos, 38 parientes de legisladores han contratado con entidades públicas pese a impedimento.
Foto: Congreso 

Tania Ramírez

CASO. Los padres de Tania Ramírez son accionistas de una empresa con contratos en el Estado. Según la resolución, ellos se comprometieron a asumir la responsabilidad.
Foto: Congreso

 

Los mayores montos y sanciones

De los 49 procesos administrativos que concluyeron en sanciones, el contrato de mayor monto es el de Luis Miguel Ciccia Vásquez, hermano del legislador de Renovación Popular, Miguel Ángel Ciccia Vásquez. 

El proveedor sancionado es Turismo CIVA S.A.C., que tiene como gerente general, presidente del directorio y accionista a Luis Miguel Ciccia Vásquez. El contrato, suscrito el 13 de octubre de 2021 con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, correspondía al servicio de traslado de personal en el marco de una colaboración interinstitucional con el Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del Perú. El monto ascendió a S/136.456,62.

De acuerdo a la resolución del OSCE del 17 de octubre de 2024, este proveedor fue sancionado con cinco meses de inhabilitación temporal por contratar con el Estado pese al impedimento y por presentar información inexacta. Es la única sanción que recibió la empresa del Tribunal de Contrataciones del Estado y rige hasta el próximo 25 de marzo.

OjoPúblico se comunicó con Miguel Ángel Ciccia Vásquez. El legislador dijo que desconocía la existencia de dicho contrato, hasta la comunicación de este equipo. Añadió que no le informó a su hermano sobre el impedimento de contratar con entidades del Estado, pero dijo estar de acuerdo con la sanción impuesta por el OSCE, si incumplió la norma.

Dentro de los 21 proveedores identificados, el que recibió la mayor cantidad de sanciones administrativas fue José Antonio Cornejo Acevedo, cuñado del legislador Abel Augusto Reyes Cam (Perú Libre). El médico pediatra tiene 11 resoluciones desfavorables, entre junio de 2023 y octubre de 2024. 

Estas involucran órdenes de servicio, emitidas entre el 24 de febrero y el 2 de diciembre de 2022, por atención médica en los hospitales de la Marina de Guerra del Perú y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Cada una oscila entre S/700 y S/2.800 y fueron suscritas con la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) de ambas Fuerzas Armadas.

 

Por estas adjudicaciones, Cornejo Acevedo fue sancionado nueve veces con inhabilitaciones temporales de hasta cinco meses. Otras dos culminaron en inhabilitaciones definitivas.

Esto prohíbe participar en cualquier proceso de selección y contratación con el Estado. Según la Ley N° 30225, esta sanción se aplica a quienes han recibido más de dos inhabilitaciones temporales en los últimos cuatro años, si es que, de manera conjunta, acumulan más de 36 meses.

Durante los procesos administrativos, José Cornejo Acevedo señaló que, como médico subespecialista en cardiología pediátrica, realizaba evaluaciones periódicas a pacientes delicados de salud. Esa labor, añadió, la desarrollaba de manera intermitente desde 2019, y solo con pacientes graves. Asimismo, reconoció su falta de conocimiento específico de la Ley de Contrataciones.

El cuñado del congresista perulibrista Abel Reyes fue inhabilitado de manera definitiva por registrar contratos en hospitales de FF.AA.".

Sobre las inhabilitaciones definitivas, la abogada especialista en contratos públicos Cecilia Ruiz Morales precisa que estas pueden ser revertidas —al igual que otras sanciones administrativas— a través de un proceso contencioso administrativo en el Poder Judicial. “Un juez hace el control de legalidad frente a ciertos requisitos (...) para ver si revoca la decisión que ha tomado el Tribunal en sede administrativa”, refirió.

En efecto, uno de los 49 casos analizados por este medio involucra a la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y a Eduardo Farah Hayn, suegro de la legisladora María del Carmen Alva (no agrupada). 

En mayo de 2023, el OSCE le imputó a Farah Hayn ser integrante del consejo directivo de la SNI. Esta última, en 2022, firmó un contrato con la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (Egasa), por S/35.200. 

A raíz de ello, el Tribunal sancionó a la SNI con cuatro meses de inhabilitación temporal. No obstante, en agosto de 2023, la decisión quedó suspendida por una medida cautelar del Sexto Juzgado Permanente Contencioso Administrativo de Lima, de acuerdo a información oficial del OSCE.

Miguel Ciccia_Congreso

PERSONAJES. Miguel Ciccia figura en una resolución de sanción, debido a que la empresa donde su hermano es gerente general contrató con el Estado. Detrás está Héctor Valer. 
Foto: Congreso

Abel Reyes

PARIENTES. El cuñado del legislador Abel Reyes, de Perú Libre, fue sancionado hasta 11 veces por el servicio de atención médica en hospitales de FF.AA.
Foto: Congreso

 

Más casos de contratos

En las resoluciones de sanción del organismo también figuran familiares de otros congresistas, como Darwin Espinoza Vargas (Podemos Perú), Paul Silvio Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial) y Javier Rommel Padilla Romero (Honor y Democracia), cuyos casos fueron descritos en el informe previo de OjoPúblico.

A ellos se suman parientes de Alex Antonio Paredes Gonzales y Lucinda Vásquez Vela (Bloque Magisterial), Ruth Luque Ibarra (Bloque Democrático Popular), Hilda Portero López (Acción Popular), Edgar Tello Montes (Podemos Perú). Lo mismo en el caso de Héctor Valer Pinto (Somos Perú) y Nieves Limachi Quispe (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo).

En los documentos del OSCE aparecen, asimismo, personas jurídicas o empresas con accionistas, miembros de órganos de administración o integrantes de directorio que son familiares de Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular), Francis Paredes Castro (Podemos Perú), y de los hermanos María Grimaneza y Segundo Héctor Acuña Peralta (Alianza Para el Progreso, y Honor y Democracia, de manera respectiva).

Dos congresistas

OTROS CASOS. Al medio, Alex Paredes y, a la derecha, Paul Gutiérrez, dos legisladores cuyos familiares han contratado con el Estado pese a impedimento.
Foto: Congreso

Darwin

REACCIÓN. En un informe anterior, Darwin Espinoza negó que su hermana haya contratado con el Estado durante su gestión. Sin embargo, OSCE ya la ha sancionado.
Foto: Congreso

 

No son los únicos que han incumplido el impedimento. Este medio identificó a 38 familiares de congresistas que registraron contratos con el Estado desde el 28 de julio de 2021. No todos ellos han recibido sanciones. 

Consultada sobre los procesos de fiscalización y sanción, la especialista Ruiz Morales cuestionó la labor de las entidades convocantes y el incumplimiento a brindar información al OSCE cuando detectan una irregularidad. Esto último permitiría iniciar los procesos sancionadores.

“Habría que ver cuánto tiempo tarda el OSCE en desarrollar [un proceso] y aplicar la sanción, en caso la hubiese. [Otro] aspecto sería abrir el proceso disciplinario a los funcionarios que hacen mal su tarea y que, a pesar de que hay herramientas para verificar [los impedimentos de contratación] donde hay vínculo de parentesco, no las han usado. Eso es una omisión de deberes funcionales”, recalcó. 

Osce

ETAPA. El Tribunal de Contrataciones es la máxima instancia administrativa para sancionar a proveedores. En algunos casos, estos han acudido, luego, al Poder Judicial.
Foto: Andina

 

Una de las entidades mencionadas en los procesos de OSCE es la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFA) de la FAP. Esta última contrató, entre febrero y mayo de 2022, al luego sancionado José Cornejo Acevedo, cuñado del legislador Abel Reyes Cam.

Al ser consultada por el tema, la FAP indicó a OjoPúblico, por escrito, que “en caso algún postor presente algún documento con información o documentación falsa, la responsabilidad recae sobre los mismos”. Sobre la contratación a Cornejo Acevedo, solo refirió que los hospitales fueron comunicados de las inhabilitaciones temporales y definitivas. Agregó que la alerta del OSCE sobre este caso llegó después de las contrataciones financiadas por la IAFA.

Entre los descargos que figuran en los documentos de OSCE, los familiares de los funcionarios públicos refirieron, por ejemplo, que su condición de proveedor —y su vínculo con la entidad contratante— era anterior a la instalación del actual Congreso. 

Entre otros argumentos también hay referencias a desconocer el impedimento o que este atentaba su derecho a trabajar. Otros, en tanto, aludieron a la sentencia 1087/2020 del Tribunal Constitucional, que declaró fundada una demanda de amparo frente a la aplicación del impedimento. Al respecto, el Tribunal del OSCE ha señalado que ello solo aplicó para el caso concreto que motivó la demanda.

OjoPúblico intentó comunicarse con Reyes Cam de manera telefónica y a través de correos, pero no hubo respuesta. También se buscaron sin éxito los descargos de Luis Ciccia Vásquez. Una encargada de prensa de Turismo CIVA indicó que el empresario estaba de viaje y que el área de márketing se comunicaría, aunque no ocurrió. 

De igual modo, se buscaron comentarios de José Antonio Cornejo Acevedo, las áreas de prensa de la Marina y OSCE. En ningún caso hubo respuesta hasta el cierre de este informe.

Reloj Se ha añadido un artículo a su lista de lecturas