Actualización: 2 de diciembre de 2024 - 12:10 p.m.

 

Hace seis años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió que los organismos reguladores de Perú —entidades técnicas a cargo de regular, supervisar y fiscalizar los mercados de servicios públicos— eran vulnerables ante eventuales injerencias del Poder Ejecutivo.

Aunque estas entidades tienen cierta autonomía técnica y administrativa, señaló el estudio Política Regulatoria en el Perú, toda “reorganización o cambio institucional” y modificación “a su regulación y funciones” requiere la aprobación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Una característica que, a criterio de la OCDE, “podría reducir su independencia”.  

El mes pasado, en un escenario de creciente degradación institucional, la PCM aprobó un decreto supremo que le permite designar sin concurso público a los miembros del consejo directivo de el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). 

PCM promovió y aprobó el decreto supremo que debilita a los organismos reguladores en apenas 12 días".

La norma abarca, en otras palabras, a los cuatro organismos reguladores del Perú. E incluye, asimismo, el nombramiento de los presidentes de estas entidades. Este cambio —cuestionado desde diversos sectores— ha validado el ingreso del nuevo presidente del Osiptel, Anivar Rodríguez Rodríguez, quien, a días de su nombramiento, realizó, por lo menos, seis cambios de altos funcionarios de confianza dentro de la entidad.

OjoPúblico reconstruye —a través de documentos obtenidos mediante la Ley de Transparencia y fuentes del sector— cómo se gestó, en apenas 12 días, esta modificación que le resta autonomía a los organismos reguladores. Además, identifica a los funcionarios involucrados y, con apoyo de especialistas, las principales contradicciones en los sustentos de la PCM. 

“[Los organismos reguladores] deben velar [por] que los servicios públicos se brinden en función de lo que necesite la población, no de los intereses de las empresas o de inescrupulosos en el Gobierno, que puedan estar pactando por lo bajo con mafias que quieren captar el Estado. Por eso, la elección meritocrática es tan importante”, advirtió Janeyri Boyer Carrera, expresidenta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

ANTEDECENTE. En mayo, la PCM ya había anunciado su intención de fusionar a los organismos reguladores. Propuesta fue criticada por riesgos de influencia política.

Foto: Andina

 

Norma exprés

El primer antecedente del Decreto Supremo 116-2024-PCM, que validó la designación de altos funcionarios en los organismos reguladores sin pasar por un concurso público, data del pasado 17 de octubre.

Ese día, el jefe del gabinete de asesores de la PCM —Aldo Prieto Barrera, quien responde de manera directa al presidente de la PCM, Gustavo Adriánzen— le pidió a la Oficina de Asesoría Jurídica de la cartera que evalúe si era viable modificar el Reglamento de la Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Público.

Prieto Barrera estaba interesado, sobre todo, en la posibilidad de hacer designaciones directas para los integrantes del consejo directivo de estas entidades, en casos de suspensión perfecta de labores. 

Ese documento, enviado con carácter de urgencia, tenía una particularidad: requería, además, la elaboración de una propuesta normativa para formalizar los cambios. En otras palabras, el jefe del gabinete de asesores daba por sentado que tendría una respuesta favorable del área técnica. 

Solo un día después, Richard Eduardo García Sabroso, jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la PCM, emitió un informe técnico que avaló el cambio. Y adjuntó, además, un proyecto de decreto supremo con la modificación solicitada. 

 

PROMOTOR. El funcionario que inició los trámites para la aprobación del decreto supremo fue Aldo Prieto, principal asesor de Gustavo Adrianzén. 

Documento: PCM

 

Para sustentar su respuesta, García Sabroso señaló que, a diferencia de los reemplazos en el consejo directivo de los organismos reguladores para casos de vacancia, la elección frente a suspensiones perfectas no estaba regulada en el Reglamento de la Ley N° 27332. 

Argumentó, en otras palabras, que existía un vacío legal en aquellos casos en que estos funcionarios se ausentan por permisos, licencia sin goce de haber o sanciones por más de seis meses, a causa de medidas disciplinarias. 

Aunque la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Supremo 116-2023-PCM señalan que todos los nombramientos en estas instancias deben realizarse mediante un concurso público, el análisis del abogado —al que accedió OjoPúblico— no hace referencia a estas normas al analizar el tema. 

Tampoco incluyó alguna cita a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esto pese a que la misma detalla cómo se realiza la elección de reemplazos o suplentes de los integrantes de entidades lideradas por órganos colegiados. 

“Lo que ocurría era que, ante una ausencia del presidente, asumía el vicepresidente. Esto no es una decisión casual, sino que la misma ley lo establece así para los órganos colegiados”, explica Gonzalo Ruiz Díaz, director de la maestría en Regulación de Servicios Públicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que los miembros de los órganos reguladores se eligen por concurso público".

El mismo 18 de octubre, Dalia Suarez Salazar, secretaria general de la PCM, le remitió el informe jurídico y la propuesta de decreto supremo al presidente de Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Guillermo Valdivieso Payva, a través de un oficio. Era necesario, le explicó, contar con su evaluación y opinión respectiva. 

La propuesta planteaba, entre otros puntos, modificar el artículo 6 del Reglamento de la Ley N° 27332, de modo que la PCM pueda designar temporalmente a reemplazos de los miembros del consejo directivo de los organismos reguladores con suspensión perfecta. 

Cuatro días después, el 22 de octubre, Gladys Ferreira Pinto, gerente de desarrollo de la Gerencia Pública de Servir, emitió un informe técnico, donde le dió el visto bueno al proyecto de la PCM. 

En el documento, al que también accedió OjoPúblico, la funcionaria afirmó, al igual que el documento de la PCM, que existía un vacío legal para los reemplazos en casos de suspensión perfecta de labores, y que esto “podría comprometer el normal funcionamiento del organismo regulador”. 

Para Janeyri Boyer Carrera, expresidenta de Servir, el informe tiene un sustento jurídico incompleto. “No se habla de cuales son las características de un organismo regulador, de la independencia técnica de los organismos, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. No se puede hacer un análisis de este caso solo con instrumentos de recursos humanos”, dijo a este medio.

RECIENTE. Guillermo Valdivieso, presidente de Servir, entidad que validó la norma que debilita a los organismos reguladores, fue designado por la PCM en abril de este año.  

Foto: Servir

 

Al día siguiente, Bettsy Rosas Rosales, titular de la Gerencia de Políticas de Gestión de Servir, emitió un informe técnico más. En el mismo, además de incluir un resumen del documento previo, le informó al presidente de la entidad, Guillermo Valdivieso Payva, que estaban declarando favorable la propuesta. Este último fue designado en el cargo por el presidente de la PCM, Gustavo Adriánzen, el pasado 17 de abril de 2024.

A diferencia de la funcionaria anterior, Rosas Rosales planteó dos recomendaciones: evaluar la posibilidad de que no sea solo el presidente de la PCM el facultado para hacer las designaciones, sino también el sector correspondiente. En paralelo, sugirió insistir en que solo es una medida excepcional y temporal “a efectos de respetar la regla de la incorporación de los miembros por concurso público”. 

Solo seis días después, el 29 de octubre último, se publicó el Decreto Supremo 116-2024-PCM en el diario oficial El Peruano. El documento lleva la firma de la mandataria Dina Boluarte y del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriánzen. No incorporó la sugerencia inicial de Rosas Rosales: el premier es el único autorizado para hacer el nombramiento. 

“Aquí vemos que hay una clara vulneración de una ley orgánica [del Poder Ejecutivo], porque esta no establece excepciones [para el concurso público]. No había pasado antes (...) Da la impresión de que se está buscando, por alguna razón, no sabemos si política, debilitar a los organismos reguladores”, dijo Ruiz Díaz.

La ley de procedimiento administrativo general establece que las entidades con órganos colegiados eligen a sus suplentes".

OjoPúblico solicitó una entrevista con un representante de la PCM para consultar mayores detalles. Desde el área de prensa, indicaron que solo atenderían preguntas por escrito. En su respuesta, pese a la evidencia, la entidad insistió con el argumento de la falta de regulación para casos de suspensión perfecta. 

Además explicaron que, aunque se modificó el Reglamento de Ley Marco de Organismos Reguladores para incluir el concurso público como la modalidad de elección en estos casos, se incluyó de manera excepción la designación temporal del reemplazo, teniendo en cuenta que los concursos pueden demorar.

“Este tipo de concursos tiende a dilatarse por un tiempo en el cual el Consejo Directivo no tendría la totalidad de sus integrantes o podría correr el riesgo de quedarse sin quórum, por lo que ante dicho supuesto la norma, excepcionalmente, permite una designación temporal directa, mientras se designa al reemplazante que es elegido a través de un concurso público”, señalaron. 

La nueva gestión de Osiptel también brindó sus descargos por escrito. En su carta afirmaron que la Ley de Procedimiento Administrativo General “no resulta aplicable para actos normativos que regulan la organización o funcionamiento de las entidades públicas”.

 

Autonomía en riesgo

No es la primera vez que el gobierno de Dina Boluarte intenta hacer cambios drásticos en los organismos reguladores. En mayo pasado, la PCM, ya liderada por Gustavo Adriánzen, anunció su intención de fusionar las cuatro instituciones en un “Organismo Regulador Multisectorial”. 

La medida fue rechazada públicamente por los cuatro reguladores por considerarla, entre otros motivos, “un riesgo de que las decisiones regulatorias pierdan su especialización técnica, por ser más propensa a una alta influencia política”.

Esta vez, la PCM logró la aprobación del decreto supremo que le permite designar sin concurso a los miembros del consejo directivo de dichas instituciones. Este debilitamiento ocurre, precisamente, cuando existe una demanda de Cosco Shipping —dueño del megapuerto de Chancay— contra Ositran, pues la empresa desconoce las competencias de la entidad. Además, coincide con una suspensión por 12 meses del presidente de Osiptel, Rafael Muente Schwarz, en un proceso cuestionado, a cargo de la propia PCM. 

Ositran, Sunass, Osinergmin y Osiptel, esta última antes de la designación del nuevo presidente de la entidad por parte de la PCM, emitieron informes técnicos en contra del Decreto Supremo 116-2024-PCM. Esto ocurrió tras un pedido de información del presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Idelso García Correa (Alianza para el Progreso), luego de la publicación de la norma por parte del Ejecutivo. 

La OCDE alertó que los organismos reguladores eran vulnerables por su vinculación a la PCM".

Los informes destacan que el decreto supremo de la PCM contradice la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y afecta la autonomía que debe prevalecer en los organismos técnicos y especializados. Un principio que, según los mismos entes, ha sido defendido por la OCDE en diferentes reportes. 

Entre ellos sobresalen, por ejemplo, la Guía práctica contra influencias indebidas (2017) y el informe Política Regulatoria en el Perú (2018), citado previamente. Gonzalo Ruiz Díaz, economista y especialista en regulación de servicios públicos, considera que el Gobierno ha realizado acciones para mantener debilitados a los organismos reguladores. 

“En los últimos años, [estos] se han venido quedando sin miembros del consejo directivo. Hubo concursos e, incluso, se llegó a tener una terna. Pero, luego, se quedaban en el limbo. Han venido ocurriendo una serie de situaciones [como el anuncio de la frustrada fusión de los organismos] que confirman que hay una hostilidad o una intencionalidad del Gobierno de debilitarlos”, aseguró.  

Solo cinco días después de la aprobación del decreto supremo, la PCM designó sin concurso público a Anívar Rodríguez Rodríguez como nuevo presidente de Osiptel, pese a que ya existía un presidente encargado, el consejero Jesús Guillén Marroquín. 

MENOR AUTONOMÍA. Los organismos afectados por la norma de la PCM son Osiptel, Osinergmin, Ositran y Sunass, encargados de supervisar, regular y fiscalizar los mercados de servicios públicos.

Composición: OjoPúblico

 

Antes, Rodríguez Rodriguez se había desempeñado como superintendente adjunto de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Con su ingreso se produjo, inmediatamente, la salida de Wendy Chávez Abanto, directora de la Oficina de Recursos Humanos, y Kelly Minchán Antón, directora de la Oficina de Asistencia Legal. A estas se suman las de Carmen Cárdenas Díaz, directora de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales; Cecilia Sobrino Ampuero, directora de la Oficina de Administración y Finanzas, y Esther Dongo Cahuas, directora de Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 

Rodríguez Rodríguez también removió a Sergio Cifuentes Castañeda, un profesional que tenía más de 20 años de experiencia en la institución, del cargo de gerente general. Tras esta decisión, Cifuentes Castañeda retornó a su plaza en la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia de Osiptel.

Al ser consultada, la PCM dijo que la designación de Rodriguez Rodríguez se realizó para “garantizar continuidad de la operatividad” de Osiptel, mientras se desarrolla el concurso público. Esta convocatoria fue lanzada, recién, el pasado 25 de noviembre.

Anivar Rodríguez ha removido a seis altos funcionarios de Osiptel, pese a que su designación es temporal".

En su respuesta, la PCM no hizo ninguna referencia a que el organismo ya contaba con un presidente encargado. La que sí se pronunció fue Osiptel. En su respuesta señaló que, aunque el vicepresidente del consejo directivo era Jesús Villanueva Napurí, quien se encargó del reemplazo fue el consejero Jesús Guillén Marroquín. Sobre este último, aseguró que “no contaba con la dedicación exclusiva necesaria para el adecuado cumplimiento de las funciones ejecutivas del Osiptel”. 

Tanto la PCM como el Osiptel remarcaron que la remoción de altos funcionarios de confianza, realizada por Rodríguez Rodríguez, corresponde a las prerrogativas de su cargo, así sea temporal. 

Por último, la PCM negó que la modificación normativa perjudique al proceso de postulación de Perú ante la OCDE. Este medio también solicitó descargos a Servir. Desde la PCM informaron que sus respuestas abarcaban las interrogantes planteadas a esta institución.

OjoPúblico también contactó al Ositran, Sunass y Osinergmin. En el primer caso, no se pudo concretar la entrevista. Desde Sunass, mientras tanto, señalaron que no darían declaraciones por haberse pronunciado en el informe técnico enviado al Congreso. El área de prensa de Osinergmin indicó, por último, que su presidente tampoco haría comentarios.

SUPLENTE.Jesús Guillén Marroquín (derecha) era presidente encargado del Osiptel antes de la designación de Anivar Rodríguez por parte de la PCM. 

Foto: Osiptel 

 

Proceso cuestionado 

Un mes antes de la aprobación del Decreto Supremo 116-2024-PCM, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la PCM suspendió por un año al presidente de Osiptel, Rafael Muente Schwarz. 

Según la resolución, a la accedió OjoPúblico, la sanción se debió a un supuesto favorecimiento con un capacitación para altos directivos y por presuntamente haber viajado a España para completar este entrenamiento sin autorización previa. 

Al ser consultado, Muente Schwarz descartó las acusaciones. El abogado sostuvo que las entidades reguladoras son órganos altamente especializados y, por lo tanto, sus trabajadores deben capacitarse de manera continua. 

En esa línea, contó que él, como presidente de la institución, solicitó el programa y su petición fue evaluada por un comité autónomo, que lo autorizó. Sobre el viaje, explicó que lo realizó mientras estaba de vacaciones y que lo pagó con su propio dinero.

En esa misma capacitación, según precisó, participaron altos directivos, pero solo él fue sometido a un proceso disciplinario. “Este era un programa de alta dirección para los altos funcionarios públicos y privados. No fui el único que fui. Estaban altos miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo al jefe del Comando Conjunto”, sostuvo en conversación con este medio.

También señaló que la Oficina de Control Interno (OCI) de Osiptel investigó el tema, y concluyó que no había existido ninguna irregularidad. Sobre este aspecto, la PCM indicó que las resoluciones de los órganos de control no son vinculantes, y que la OCI de Osiptel no evalúo todas las pruebas relacionadas al caso. 

PRESIDENTE. Rafael Muente, presidente de Osiptel, fue suspendido por un año por la PCM en medio de un proceso cuestionado. 

Foto: Andina 

 

DIFERENCIAS. En 2005, Muente Schwarz y el ahora premier Adrianzen tuvieron un conflicto personal, mientras elaboraban una consultoría para la PCM.

Foto: PCM

 

Durante esa investigación administrativa, Muente Schwarz presentó correos vinculados a un conflicto personal entre él y el premier Gustavo Adriánzen, que data de 2005, para solicitar que el funcionario se inhiba del caso. 

Hace casi dos décadas, según contó Muente Schwarz, ambos fueron parte de un equipo que brindó una consultoría a la PCM. Él, agregó, era el responsable del grupo en un contexto en que Adrianzen realizó “labores [de coordinación y vocería] que no le correspondían”.

“Tuvimos una relación que terminó muy mal. Adriánzen suplantaba mi rol. Yo envié un correo [a todo el equipo] indicando que, para las coordinaciones, solo debía haber una voz representando al proyecto”, explicó. 

OjoPúblico accedió a un correo que confirma las diferencias entre ambos. “[Muente Schwarz] pretende mostrar al equipo SIMTA [Sistema de Información y Monitoreo de Trámites Administrativos] y a sus profesionales, como carente de unidad de criterio y desintegrado, opinión personal que corresponde solo a (...) su afán personalista y protagónico”, se lee en la respuesta de Adriánzen al correo de Muente Schwarz, donde también están copiados los otros miembros del equipo. 

Pese a la evidencia, el presidente de la PCM no se apartó del proceso, y fue él quien firmó la resolución de sanción de Muente Schwarz. 

Al ser consultada por este medio, la PCM aseguró que el órgano de la entidad evalúo el correo, pero concluyó que no significaba causal de abstención, toda vez que se trataba de una “comunicación de hace casi 20 años atrás, cuyos alcances son explicaciones laborales en dicho contexto”. Adrianzen, agregaron, solo se limitó a ratificar la recomendación del órgano colegiado que investigó el caso. 

Para Janeyri Boyer, expresidenta de Servir, existen varios indicios del intento del Ejecutivo por controlar los organismos reguladores. “Creo que los hechos nos permiten inferir que habría una amenaza inminente de la captura de los reguladores, y eso debería dar marcha atrás. Sobre todo, en un contexto donde, como país, queremos entrar a la OCDE”, remarcó.